José Martín Figueroa Lara
Expediente 548/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 548/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 03/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Martín Figueroa Lara
- Congreso del Estado de Zacatecas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
El tres de agosto de dos mil dieciocho, la secretaria certifico: Que el término de quince días que prevé el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del trece de julio al dos de agosto del año en curso, sin que hubiera interpuesto recurso de inconformidad contra la resolución que declaró el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a tres de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de diez de julio del año en curso, que declaró cumplida la sentencia de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha determinación ha causado estado; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de depuración con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida en autos, en razón de que se considera que no reviste valor jurídico o histórico. Luego, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial del Poder Judicial de la Federación. Por último, visto el estado que guardan los autos del presente asunto de los que se advierte que mediante auto de ocho de junio del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada dentro del presente asunto, en el que además se acordó que sí habían documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto el Acuerdo General Conjunto número 1/2009; luego, toda vez que el mismo se ordenó notificar por medio de lista; por tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, se determina notificárselo de manera personal. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma José de Jesús Martínez Torres, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2608/2018 de cinco de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante María Concepción García Jacobo, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
El diez de julio de dos mil dieciocho, el secretario certifica: Que el término de tres días que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa por auto de veintisiete de junio del año actual (foja 268), para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados por la autoridad responsable en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, transcurrió del dos al cuatro del mes y año en curso, sin que lo hubiere hecho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a diez de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación asentada por el secretario de este Juzgado, en el sentido de que transcurrió el término de tres días concedido al quejoso para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia del rubro: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, en apoyo a este órgano jurisdiccional, el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, dictó sentencia en el presente juicio constitucional (fojas 117 a 135), en la que, por una parte sobreseyó, por otra negó y por último concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso José Martín Figueroa Lara, para los efectos siguientes: "(.) "NOVENO [Efectos del amparo]. De conformidad con el artículo 74 fracción IV de la Ley de Amparo, se precisan los efectos de la concesión de amparo, que se traducen en lo siguiente: I. Que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa el Decreto número 109, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en específico los artículos 78 a 90, así como los artículos transitorios tercero y cuarto de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; y, el Decreto número 272, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico el artículo 1 numerales 1.8.1 y 1.8.2 de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2018; por lo que ninguna autoridad podrá volver a aplicarlos en su perjuicio, mientras se encuentren vigentes en los términos analizados. II. Que el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, devuelva a la parte quejosa la cantidad pagada por concepto de impuesto adicional para la infraestructura e impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, causado con base en los artículos declarados inconstitucionales. III. La autoridad en mención, deberá sumar a dicha cantidad la que corresponda a su actualización, de conformidad con las disposiciones legales aplicables." (foja 134 anverso y reverso). Posteriormente, en proveído de ocho de junio de dos mil dieciocho (fojas 249 y 250), dicha sentencia causó ejecutoria y en el mismo auto se procedió a requerir a la autoridad responsable secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, para que cumpliera con la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias que acreditaran dicha circunstancia. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio número PF/2557/2018 recibido en este Juzgado Federal el veintiséis de junio del año en curso (fojas 263 y 264), el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, informó que devolvió al quejoso las cantidades pagadas por los conceptos declarados inconstitucionales; y para acreditarlo, entre otros documentos remitió copia certificada del cheque 0000454, por la cantidad de $ 518.76 (quinientos dieciocho pesos 76/100 M.N), la póliza relativa al mismo y las operaciones aritméticas en que se basó para determinar la cantidad a devolver a la parte quejosa por el impuesto adicional a la infraestructura e impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas (fojas 265 y 266). Ahora bien, a fin de determinar si la cantidad de $ 518.76 (quinientos dieciocho pesos 76/100 M.N), efectivamente corresponde a la suma que erogó el quejoso con su respectiva actualización, conviene acotar que, como antes se expuso, en la sentencia dictada en este juicio de derechos únicamente se concedió el amparo para que el secretario de Finanzas devolviera al quejoso lo erogado por impuesto adicional para la infraestructura y el diverso para la Universidad Autónoma de Zacatecas con sus actualizaciones correspondientes, conceptos que se desglosan de la manera siguiente: Impuesto adicional a la infraestructura $ 705.00 Estimulo impuesto adicional a la infraestructura $ 282.00 Adicional UAZ + $ 92.00 Total impuesto adicional a la infraestructura más el diverso para la Universidad Autónoma de Zacatecas $ 515.00 En ese tenor, la cantidad a devolver a la parte quejosa arroja un total de $ 515.00 (quinientos quince pesos 00/100), sin incluir su respectiva actualización. Ahora, para calcular la actualización correspondiente, debe atenderse al mes anterior en que la responsable hace la devolución del importe por el concepto de que se trata, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor de dicho mes entre el factor de ese índice del mes anterior al en que se hizo la erogación, en términos del artículo 8 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. En ese sentido, de conformidad con el artículo 8 del Código Fiscal para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, el cual señala que debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza la devolución, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. Pues bien, del recibo que anexa el quejoso se advierte que el veintidós de enero de dos mil dieciocho pagó un monto neto de $ 515.00 (quinientos quince pesos 00/100 M.N), por el impuesto adicional para la infraestructura e impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, que fueron materia de la protección constitucional. La autoridad responsable remitió copia certificada del cheque 0000454 por la cantidad de $ 518.76 (quinientos dieciocho pesos 76/100 M.N); constancia de la que se advierte que el veinticinco de junio del año en curso, se reintegró al quejoso la cantidad que pagó por concepto de impuesto adicional para la infraestructura e impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, con su respectiva actualización (foja 266). Así, teniendo en cuenta esos datos, como antes se dijo, el factor de actualización se obtiene de la división del índice en comento correspondiente al mes anterior al en que se hizo el pago relativo (en el caso concreto el mes que precede al pago realizado por el quejoso es el de diciembre de dos mil diecisiete), entre el mes inmediato anterior (mayo del año en curso) al en que se realizó la devolución en su favor, lo que ocurrió el veinticinco de junio de dos mil dieciocho (al haberse reintegrado en éste mes la cantidad total por concepto de infraestructura e impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas con sus respectivas actualizaciones); por lo que se debe tener en consideración el indicado mes de mayo de dos mil dieciocho para realizar el cálculo correspondiente; lo anterior, teniendo en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa antes citada. Así, el índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de mayo de dos mil dieciocho fue de 131.773; y para el mes de diciembre de dos mil diecisiete fue de 130.813. Luego, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización del cobro por el concepto de infraestructura e impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas. Las operaciones se esquematizan a continuación: INPC MAYO 2018 131.773 1. 0073 INPC DIC 2017 130.813 Importe que pagó el quejoso por el impuesto a la infraestructura $ 515.00 x 1.0073 (factor de actualización) = $ 518.75 $ 518.75 - $515.00 = $3.75 (esta última cantidad corresponde a la actualización fiscal). De lo anterior resulta que la cantidad total a devolver a la parte quejosa por concepto de impuesto a la infraestructura e impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, debidamente actualizada es por un monto total de $ 518.75 (quinientos dieciocho pesos 75/100 M.N). Ahora, como antes se dijo, la referida responsable acreditó haber entregado a la parte quejosa el cheque 0000454 por la cantidad de $ 518.76 (quinientos dieciocho pesos 76/100 M.N) [foja 266], lo que revela que si bien le faltó reintegrar la suma de $ 0.01 (cero pesos 01/100 M.N), ésta es irrelevante por ser una cantidad mínima; por lo que resulta ocioso requerir a la autoridad responsable por su devolución. Luego, se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector, al haberse devuelto a la parte quejosa lo erogado por concepto de impuesto adicional para la infraestructura e impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, con base en los artículos declarados inconstitucionales, con la actualización correspondiente. En las relatadas condiciones, se considera que se acataron los extremos de la concesión del amparo en los términos precisados en párrafos que anteceden; por tanto, este Juzgado de Distrito, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Carlos Saucedo Ramírez, secretario que autoriza y da fe. Vicky
- Principal
El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 12684 y anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se encuentra en vías de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que el procedimiento interno de devolución de las cantidades a reintegrar no está concluido y la elaboración de los títulos de crédito se encuentran en trámite; por lo que solicita una prórroga para realizar la devolución del referido pago; al respecto, dígasele que se le concede un término de diez días hábiles siguientes a su legal notificación, para que realice las gestiones necesarias a fin de devolver a la parte quejosa lo erogado por el mencionado impuesto, debiendo remitir en el indicado plazo a este Tribunal Federal, las constancias relativas al cumplimiento total de la sentencia protectora dictada en este juicio constitucional en los términos que en la misma se precisan y que deberán comprender la actualización fiscal e intereses correspondientes; bajo apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este Circuito para seguir el trámite que prevé el artículo 196 del citado ordenamiento legal, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. Notifíquese. ...."
- Principal
En ocho de junio de dos mil dieciocho, el suscrito Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICO que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión transcurrió para las autoridades responsables del veintitrés de mayo al cinco de junio de dos mil dieciocho, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el diecisiete de mayo de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo 548/2018. Dicho término transcurrió para las demás partes del veinticuatro de mayo al seis de junio del año en curso, sin que tampoco hayan interpuesto recurso de revisión contra la indicada sentencia. Que dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión. No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio el diecisiete de mayo del año en curso, en la que por una parte se negó al quejoso el amparo y protección de la justicia federal y por otra se concedió; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Sin que en el presente caso sea necesario requerir a las autoridades responsables Congreso del estado y Gobernador, ambos con sede en esta ciudad, que participaron en el proceso legislativo del acto reclamado en cuanto a su creación se refiere; lo anterior, en términos del artículo 192, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que este juzgado determina no requerirlas para el cumplimiento de la ejecutoria. Es aplicable al respecto la tesis de clave siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 la Ley de Amparo, requiérase únicamente a la autoridad responsable secretario de Finanzas de Gobierno del estado, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, dé cabal cumplimiento a la sentencia protectora de garantías en los siguientes términos: "Concesión de amparo En suma de lo hasta aquí expuesto y en acatamiento a las disposiciones contenidas en los artículos 74, fracción V, y 77, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se determinan con precisión los efectos de la concesión de amparo, especificando las medidas que la responsable debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución de la quejosa en el goce del derecho. En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén el impuesto adicional para infraestructura, sean desincorporados de la esfera jurídica de la parte quejosa, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devuelva las contribuciones erogadas por la parte quejosa por el Impuesto adicional para la Infraestructura, con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo fiscal exhibido por el solicitante del amparo, lo que debe incluir la actualización fiscal e intereses correspondientes a ese primer acto de aplicación; y, de existir subsecuentes actos de aplicación que en su caso hubieren realizado, demostrados ante este órgano jurisdiccional, la devolución de tales pagos, así como de las actualizaciones de estos últimos." Asimismo, remita las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se le impondrá una multa que en su momento se determinará y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Finalmente, en virtud de que dentro del presente sumario obra un documento original exhibido por la parte quejosa, se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio que tiene señalado en autos y requiera a la quejosa, con fundamento en el último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, a fin de que con identificación oficial vigente, en horario de labores, acuda ante este Juzgado a recoger el documento de mérito, el cual se pone a su disposición por el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido, al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio en que se actúa. Notifíquese. ...
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