José Martín Espinoza Báez
Expediente 499/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 499/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Martín Espinoza Báez
Actuaciones
- Principal
...Agréguese únicamente para obre como corresponda el oficio 401-T-DGAJ-DGAGPL-DAC-1318/2019 signado por la Directora General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del diverso 4045, por el que se notificó el proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, y se remitió el billete de depósito número N 784635, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., valioso por la cantidad de dos mil pesos 00/100 M.N., que exhibió el depositante y quejoso..., para garantizar la suspensión provisional del acto reclamado, toda vez que en auto de seis de mayo de dos mil diecinueve, dicha información fue acordada. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la demanda de amparo promovida por JOSÉ MARTÍN ESPINOZA BÁEZ, contra actos del Ayuntamiento de La Piedad, Michoacán, de la que se advierte que resulta notoriamente improcedente la misma, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior" [.] Del articulo transcrito se desprende que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o bien le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Ahora bien, de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se tiene que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis aislada P. VI/2004, se estima procedente fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, los cuales se advierten del análisis integral de la demanda de garantías, en vinculación con la totalidad de la información en las constancias que anexó. Así, se advierte que la parte quejosa reclama los siguientes actos: Del Subdirector de Urbanismo de la Dirección de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento de La Piedad, Michoacán: 1. La emisión del oficio S2-163/19, a través del cual el Subdirector de Urbanismo del Ayuntamiento de La Piedad, Michoacán, le solicitó suspendiera la obra del inmueble ubicado en Privada Tacámbaro, Número 1 y Número 2, Colonia 245, Vasco de Quiroga, en La Piedad, Michoacán. 2. Asimismo reclama, como consecuencia del citado oficio, del Ayuntamiento, Presidente Municipal y Director de Obras Públicas y Urbanismo, todos del Ayuntamiento de La Piedad, Michoacán: La emisión de una orden verbal o escrita para suspender la obra de construcción que le fue autorizada, el requerimiento de su presencia, la determinación de una sanción, la posible realización de una inspección sobre la construcción del inmueble de su propiedad, la inminencia de ejecutar la sanción que le fue impuesta en el oficio de referencia; así como la solicitud de uso de la fuerza pública para ejecutar los actos antes descritos. Atento a tal reclamación, como ya se dijo, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en razón de que previamente a la promoción de esta vía Constitucional, la parte solicitante del amparo debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo, es decir, debió impugnar dicho acto a través del recurso de revisión en sede Administrativa, ya que mediante esa vía se puede revocar, nulificar o dejar sin efectos el acto reclamado. Es así, porque como quedó plasmado en líneas precedentes, del mencionado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desprende que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se actualiza la causa de improcedencia de mérito. Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados, por lo que antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Ahora bien, la ley que rige los actos reclamados, es el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, cuyo artículo 457 establece: "Artículo 457.- Los actos y resoluciones emitidos por las autoridades, que afecten el interés jurídico de los particulares, podrán ser impugnados en los términos del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y la Ley Orgánica Municipal, según corresponda". Esto es, tal numeral establece la posibilidad de recurrir, en sede administrativa, los actos como el ahora reclamado. En efecto, los artículos 151, 152, 165 y 166 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, disponen: "Articulo 151. Los actos y resoluciones dictadas por el Ayuntamiento, por el Presidente Municipal y por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, podrán ser impugnadas mediante el recurso de revisión, cuando afecten intereses jurídicos de los particulares. "Artículo 152. El recurso de revisión a que hace referencia el artículo anterior deberá interponerse ante el propio Ayuntamiento. En este caso el Secretario del Ayuntamiento, fungirá como instructor del procedimiento del recurso de revisión, integrando el expediente". "Artículo 165. Recibido el escrito de revisión, se abrirá un término de prueba de diez días hábiles, a efecto de que se desahoguen aquellas que se hayan admitido y ofrecido. "Artículo 166. Concluido el período de pruebas, la autoridad, dentro del término de cinco días hábiles dictará resolución". De los citados numerales se advierte que los actos emitidos por el Ayuntamiento, por el Presidente Municipal y por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, pueden ser impugnados mediante el recurso de revisión, ante el propio ayuntamiento. En ese orden, si el artículo 151 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, prevé como recurso ordinario el de revisión, para impugnar los actos y resoluciones emitidos por el Presidente Municipal y por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, entre los que se encuentra el oficio número S2-163/19, de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se le solicitó al aquí quejoso suspendiera la obra del inmueble ubicado en Privada Tacámbaro, Número 1 y Número 2, Colonia Vasco de Quiroga, en La Piedad, Michoacán, emitido por el Subdirector de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal de La Piedad, Michoacán, autoridad perteneciente a la Dirección de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal de La Piedad, Michoacán, esto es, tal autoridad constituye una dependencia de la Administración Pública Municipal, creada por el Ayuntamiento para ejercer funciones de desarrollo urbano en el ámbito municipal, entre ellas, vigilar los programas de desarrollo urbano, por lo tanto, es evidente que el aquí quejoso se encontraba obligado a agotar tal medio de defensa, previo a la promoción del presente juicio de garantías. Además, conforme a las leyes que rigen dicho juicio se suspenden sus efectos sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión. En apoyo de lo anterior, aplica, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 3/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo". En efecto, no se actualiza la excepción al principio de definitividad, consistente en que no existe obligación de agotar el recurso procedente cuando la ley que rige el acto reclamado exige más requisitos que la Ley de Amparo para suspenderlo. Se afirma lo anterior, en virtud de que el artículo 167 de la propia Ley Orgánica Municipal del Estado, prevé la suspensión de los actos impugnados a través del recurso de revisión antes referido y lo hace sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Para clarificar lo anterior, el citado artículo 167 de la citada orgánica, en lo atinente a la suspensión de los actos impugnados en esa sede administrativa, establece: "Artículo 167. Podrá suspenderse la ejecución del acto reclamado, cuando no se afecte el interés público y se garanticen suficientemente, mediante fianza o depósito fijado por la autoridad, los posibles daños o perjuicios que pudieran causarse al confirmarse la resolución impugnada." Por otra parte, la Ley de Amparo, en sus artículos 128 y 132, establece los requisitos para decretar la suspensión de los actos reclamados, a saber: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos". El examen comparativo de la disposición legal de la Ley Orgánica Municipal del Estado, así como de las diversas de la Ley de Amparo, tratándose de los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto reclamado, lleva a la conclusión de que no son mayores las condiciones establecidas en el ordenamiento citado en primer término, que las que se consignan en los mencionados preceptos de la ley de la materia, atendiendo a las siguientes razones: 1) El artículo 167 de la Ley Orgánica Municipal del Estado prevé la procedencia de la suspensión cuando no se afecte el interés público y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, ese también es un requisito común exigido para la procedencia de la suspensión del acto, al establecer que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. 2) La Ley Orgánica Municipal del Estado exige que se garanticen suficientemente, mediante fianza o depósito fijado por la autoridad, los posibles daños o perjuicios que pudieran causarse al confirmarse la resolución impugnada. Por su parte, la Ley de Amparo, en su artículo 132 dispone, en esencia, el mismo requisito, al aludir que cuando se pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, la medida suspensional se concederá si el quejoso otorga garantía bastante con la finalidad de reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. De la confrontación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el recurso de revisión ante el propio Ayuntamiento, previstas en la Ley Orgánica Municipal del Estado, y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, se advierte claramente que el primero de los ordenamientos legales en consulta no exige mayores requisitos para la suspensión de los actos de autoridad que los establecidos en la citada Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por el contrario, la comparación de tales disposiciones legales pone de relieve que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes. Tampoco es obstáculo para tener por acreditada la causal de improcedencia invocada, la circunstancia de que la quejosa refiera que se infringió lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, relativo a la fundamentación y motivación, toda vez que si bien es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 61, fracción XX, de la Ley de la Materia, otra excepción al principio de definitividad la constituyen aquellos casos en los que el acto reclamado carece de fundamentación, también lo es que para que un acto sea considerado carente de este requisito, la autoridad que lo haya emitido debió omitir totalmente invocar el precepto que justifique el acto de molestia o privación, caso en el cual se estima que no existe obligación de agotar un recurso, por desconocer los fundamentos del acto y, por ende, la ley que lo rige. Empero, en el caso, específicamente del oficio a través del cual solicitó al quejoso, suspendiera la obra del inmueble ubicado en Privada Tacámbaro, Número 1 y Número 2, Colonia Vasco de Quiroga, en La Piedad, Michoacán, y compareciera ante ella, por lo que la autoridad responsable sí motivó el acto reclamado, pues precisó que tal suspensión obedecía a que de acuerdo a la inspección realizada por el inspector Roberto Delgado Rodríguez, se tenía un problema relativo al desarrollo y además existía un problema por afectación al colindante y que de no comparecer en tres días, se haría acreedora a las sanciones económicas previstas por los artículos 435, 442 y 443 del Código de Desarrollo Urbano del Estado y los Artículos 3, Fracción VII, 15, 49, 183 del Reglamento de Construcción vigente de La Piedad, Michoacán. Lo que implica que motivó el acto reclamado; por tanto, no carece de absoluta fundamentación y motivación, motivo por el cual sí existe obligación de agotar el recurso ordinario que establece dicha ley que los rige. Sustenta lo anterior la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, identificado a fojas 375, Tomo XIII, Abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "FUNDAMENTACION, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCION AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCION XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, contiene la obligatoriedad de agotar los medios de defensa que se establecen en las leyes en contra de los actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos, o del trabajo, la propia fracción en su última parte prevé una excepción a este principio que consiste en la falta de fundamentación del acto reclamado, la que obedece a que no es posible obligar a los particulares a agotar un recurso cuando no se le han dado a conocer los fundamentos del acto y por ende de la ley en donde se contemple el mismo. De esta manera, si la autoridad emite un acto de molestia pero en él se omite invocar precepto alguno que lo justifique, entonces el juicio de amparo sí es procedente, sin necesidad de agotar previamente algún medio de defensa, pero esta omisión debe ser total, esto es, el acto en sí debe carecer de precepto alguno y no debe confundirse con una indebida fundamentación, porque este último supuesto implica que el acto sí tiene fundamentación, ya que si se citan preceptos, pero éstos son inaplicables o están indebidamente citados, caso en el cual, si existe obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, atacando precisamente dicha circunstancia. Así, la falta de fundamentación del acto de molestia, no tiene el mismo alcance de la indebida fundamentación, porque el primer supuesto, es una violación directa a la Constitución, y esto sucede cuando no se cita precepto alguno en el acto, esta hipótesis es la que se establece en la última parte de la fracción en comento. En cambio, el segundo supuesto (indebida fundamentación), produce una ilegalidad del acto, en el cual, sí se deben agotar los medios ordinarios previo al amparo. Lo anterior obedece a que la primera es una violación formal al artículo 16 constitucional, porque hay ausencia de fundamentación, y el acto de molestia es en sí mismo inconstitucional, porque no evidencia norma alguna que pudiera justificarlo, mientras, habrá una violación material a este precepto constitucional, por una incorrecta fundamentación en el acto de molestia.". Tampoco obsta para resolver como se hace, el hecho de que la quejosa aduzca, en sus motivos de inconformidad, violaciones directas a las garantías contenidas en los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales, puesto que además de esas violaciones directas a la constitución, también alega cuestiones de legalidad, al señalar: Argumentos que se relacionan con la pretendida ilegalidad del acto reclamado, pues la parte quejosa aduce que la responsable se apartó del cumplimiento de la ley. ".Acto que en ninguna parte de éste refieren que pertenecen o deriva de algún Procedimiento Administrativo o judicial, por un lado, y, por otro lado, es nulos de pleno derecho en términos del Código de Justicia Administrativa del Estado al no cumplirlo. Por principio de cuenta, es de señalar que la norma que va a regir el procedimiento administrativo y actos administrativos que las responsables debieron emitir y emiten, en el Estado de Michoacán, al ser un Ayuntamiento, lo es el Código de Justicia Administrativo del Estado de Michoacán. [ ] .Y a lo largo de su título tercero dicho Código, expone como debe ser dicho procedimiento Administrativo, pudiendo ser de incluso de oficio, exigiendo dicho Código en su artículo 46, que no se pueden exigir mayores formalidades que las que señalan." Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 449, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se haya el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad al acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". En ese contexto, ciertamente se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que en contra del acto aquí reclamado, procede el recurso de revisión ante el propio Ayuntamiento; por tanto, previo a la promoción del presente juicio de amparo, el quejoso se encontraba obligado a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo, pues como ya se ha visto, en la especie no se actualizó excepción alguna para relevar al impetrante de aquella carga. Sirve de apoyo, a contrario sensu, la tesis aislada número 2a. LVI/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 156, Tomo XII, Julio de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avenida Del Campestre, número 890, interior 2 y/o 3, colonia Club Campestre, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a JORGE ALVARADO AYALA, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó la cédula profesional número 5844901, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho y únicamente para imponerse de los autos a Gabriela Tafolla Moreno, en tanto acredite encontrarse legalmente facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa y únicamente para recibirlas a Erick Iván Virrueta Zepeda, Rita Ivonne Sedano Domínguez, Gabriela Romero Castro y Ramiro Villa Ayala, toda vez que el promovente manifiesta que son pasantes de la citada licenciatura. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran".
- Principal
Agréguese el oficio número 436/2019, signado por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, por medio del cual acusa recibo de los comunicados 7375 y 7376, con los cuales se notificó la sentencia engrosada el veintitrés de abril del año en curso, tanto a la autoridad oficiante como al Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
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