José Martín Enrique Pérez Guerrero
Expediente 1113/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1113/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/08/2021
Partes del expediente
- José Martín Enrique Pérez Guerrero
Actuaciones
- Principal
Se declara prescrito el billete de depósito **** a favor del Erario Federal. Remítase debidamente endosado a favor de la Tesorería de la Federación, por haber operado la prescripción, solicitándole el acuse de recibo en un plazo de tres días. Notifíquese.
- Principal
Se advierte que han transcurrido los quince días para interponer el recurso, contra el proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno, a través del cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, y puesto que a la presente fecha no se ha recibido promoción alguna, con relación a dicho proveído; consecuentemente, se declara firme el auto referido. Por lo tanto, se ordena el archivo de este expediente, como asunto totalmente concluido. Luego, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia. Notifíquese.
- Principal
AL NO HABER ACUDIDO A NOTIFICARSE LA PARTE QUEJOSA DEL PROVEÍDO DE VEINTIDOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA DICHA RESOLUCIÓN, LA CUAL REFIERE LA SIGUIENTE SÍNTESIS: Vista la demanda física de amparo promovida por *****. Ahora, la parte quejos reclama de la autoridad responsable: "La falta de respuesta al escrito presentado desde el treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021)". Del análisis integral de la demanda y del anexo que se ofreció como prueba, consistente en el acuse de recibo de la petición cuya omisión de respuesta se reclama, se advierte que esta se trata específicamente de una solicitud de acceso a la información, y no solo de un escrito libre. Luego, que si bien ante la omisión de la dependencia o autoridad de responder a una solicitud de esa naturaleza, el gobernado puede estimar válidamente que se cometió en su perjuicio una transgresión al derecho de petición contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual garantiza la obligación de las autoridades de responder cualquier solicitud en breve término y de dar a conocer la respuesta al interesado, con independencia de que las leyes federal y local de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental regulan, a través de un medio de defensa o mediante un procedimiento, cómo debe respetarse el derecho de acceso a la información, por lo que es valido promover el juicio de amparo indirecto en contra de tal omisión. También es cierto que es tipo de peticiones, tienen un procedimiento específico y determinado por la ley para otorgar la información, el cual debe respetarse tanto por la autoridad como por el solicitante de la información pública gubernamental. Por ende, este juzgador estima que en relación al acto reclamado se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en tanto que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la omisión atribuida a la responsable no genera agravio en la esfera jurídica del quejoso. En el caso concreto, el acto reclamado no es susceptible de afectar el interés jurídico del quejoso; virtud que, como se dijo, a la fecha de presentación de la demanda de amparo [17/07/2021], la omisión reclamada no puede genera ni materializar un agravio en la esfera jurídica del particular que pueda ser reparada a través del juicio de amparo, pues como se ve del acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información de mérito, que fue aportado como prueba anexo a la demanda, el plazo legal que la autoridad responsable tiene para atender la solicitud de información formulada aún no fenece, por lo que en el caso la autoridad responsable no ha incurrido en la omisión pretendida por el impetrante. Ello, pues desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión; ya que en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. El sujeto obligado deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará uso de la prórroga. No podrán invocarse como causales de ampliación motivos que supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud. De lo anterior, es evidente y seguro que la autoridad responsable aún se encuentra dentro del plazo de veinte días hábiles que la ley le otorga para emitir respuesta a la solicitud de acceso a la información cuya omisión de respuesta se reclama en el presente juicio. Por tanto, no puede considerarse que el acto reclamado genere un agravio en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues como se ve, en el artículo 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, se señala que el plazo máximo con el que cuenta la responsable para atender la solicitud de información es de veinte días hábiles siguientes a su presentación, por lo que en ese sentido ese término no ha fenecido, pues como se dijo, ese tipo especifico de peticiones (solicitudes de acceso a la información pública) cuentan con un procedimiento legal especifico para obtener respuesta. Por tal motivo al actualizarse la causa de improcedencia invocaa, lo procedente es desechar la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la legislación en cita. En otro tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones personales de la quejosa el que indica en su demanda; y, por autorizados a Pedro Calderón Barrios y Luis Antonio Palacios Templos, en términos amplios de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, al encontrarse registradas sus cédulas profesionales, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, hágase de su conocimiento que el correo electrónico proporcionado, únicamente serán considerados como medio de comunicación no procesal, en términos del artículo 22 fracción II del Acuerdo 21/2020 del Pleno el Consejo de la Judicatura, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, ya que la reanudación de labores presenciales de los órganos jurisdiccionales incluye la práctica de las notificaciones en las formas, términos y plazos contenidos en la Ley de Amparo. Respecto a que se le autorice la consulta del expediente electrónico al usuario "CODEX", al haberse corroborado la existencia de dicho usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 37 y 56 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se autoriza la consulta electrónica del presente expediente con el referido usuario. Notifíquese personalmente.
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