José Martín Díaz Mendoza
Expediente 766/2018 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 766/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 29/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- José Martín Díaz Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Juicio de Amparo Directo
Se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria de amparo dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y terceros interesados, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto, como se hizo constar por este tribunal, en el diverso proveído de siete de noviembre de dos mil diecinueve. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veinte de septiembre de dos mil diecinueve este órgano colegiado dictó ejecutoria, en la que se concedió la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: ".a). Deberá dejar sin efecto el citado laudo. b). Hecho lo anterior, procederá a la emisión de uno diverso, donde reitere lo que no fue materia de concesión, atendiendo también lo determinado en el diverso juicio de garantías 767/2018, de nuestro índice y relacionado con el presente juicio de garantías, por ende resuelto en la misma sesión. c). Al momento de pronunciarse respecto de la incapacidad parcial permanente, derivada de un accidente de trabajo, reclamada por el actor, procederá al estudio de todas las pruebas aportadas al juicio, para determinar si en su conjunto se demuestra la procedencia o no de la citada prestación, estudio que plasmará con la correcta y debida motivación, así como atinada fundamentación, esto es, exponer los razonamientos lógicos y jurídicos suficientes, a fin de concluir si procede o no la incapacidad parcial permanente, derivada de un accidente de trabajo, hecho lo anterior con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda. En el entendido que el nuevo laudo puede pronunciarse en el mismo o diverso sentido del que es materia de este juicio de garantías..". Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que en auto de tres de octubre de dos mil diecinueve, dejó insubsistente el laudo emitido el dieciocho de junio del año dos mil dieciocho, en el expediente laboral 271/2008 de su índice. Posteriormente, el catorce de octubre de dos mil diecinueve, en cumplimiento a la ejecutoria emitió nuevo laudo. En el nuevo laudo, la autoridad laboral responsable reiteró lo que no fue materia de concesión; de igual manera atendió a lo establecido en la diversa ejecutoria emitida en el juicio de amparo 767/2018 de nuestro índice, en ese tenor procedió al cumplimiento de la sentencia ejecutoria. Por lo que al momento de pronunciarse respecto de la prestación consistente en incapacidad parcial permanente, procedió al estudio de todas las pruebas ofrecidas por la parte actora al juicio y concluyó que en cuanto a las pruebas confesionales a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como las diversas a cargo de las personas físicas ***, el oferente se desistió de las mismas. Y, en relación a la confesional a cargo de la persona moral denominada ***, por conducto de su apoderado, expuso que la misma no benefició al oferente porque no fue encaminada para acreditar el accidente de trabajo; en relación a las testimoniales a cargo de José Armando Cruz Rojas y Heriberto Montalvo Hernández, señaló la responsable, que las preguntas formuladas a dichos atestes, fueron para acreditar la existencia del despido alegado por el actor, más no de la existencia del accidente de trabajo; en relación con la prueba de inspección desahogada el ocho de febrero de dos mil diez, la misma fue respecto de los recibos de pago quincenal y controles de asistencia por el período comprendido de veinticuatro de marzo de dos mil siete al veinticuatro de marzo de dos mil ocho, al igual que respecto de los recibos de pago de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional correspondientes a los años dos mil siete y dos mil ocho, contrato individual de trabajo de treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, a nombre del actor ***. Concluyó que la citada probanza fue para acreditar las diversas prestaciones laborales, pero no para el accidente de trabajo. En cuanto al informe requerido al Instituto Mexicano del Seguro Social, con el fin de acreditar la fecha cuando fue dado de alta ante el citado instituto el trabajador, así como su fecha de baja laboral, el motivo de esa baja, sin que se advirtiera de ese informe la existencia del accidente de trabajo. Seguidamente analizó los hechos de la demanda laboral en su apartado tres, así como lo manifestado sobre tal hecho por la empresa demandada ***, de donde obtuvo que la citada empresa aceptó haber llenado un formato ST-1, para calificar un probable riesgo de trabajo, concluyendo que esa manifestación consistía en una confesión expresa y espontánea de la citada demandada, la cual concatenó con diversa probanza, concluyendo que con ello se sostiene la presunción que el trabajador sufrió un accidente de trabajo, sumando la prueba consistente en pericial médica, ofrecida por el actor, así como la ofrecida por la demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, y de un perito tercero en discordia, de cuyo estudio consideró que el accionante sí sufrió un accidente de trabajo el veintiuno de junio de dos mil cuatro, lo que ocasionó en el trabajador una secuela postraumática y postquirúrgica de tibia derecha que disminuye en forma parcial la movilidad de la rodilla en un diez por ciento. En consecuencia y por el porcentaje de incapacidad, conforme al artículo 63 y 65 fracción II de la Ley del Seguro Social, en sustitución de la pensión mensual condenó al pago de una indemnización global equivalente a cinco anualidades de la pensión calculada, esto es por un monto de $***, así como cubrir la asistencia médica quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, aparatos de prótesis y ortopedia y rehabilitación. Por otra parte absolvió al demandado de una pensión de invalidez e incrementos reclamados. De igual manera condenó a la moral ***, al pago de indemnización constitucional, por concepto de noventa días prima de antigüedad, aguinaldo de los años dos mil siete y dos mil ocho, vacaciones y prima vacacional por el citado año, salarios devengados, salarios caídos desde la fecha del despido hasta el cumplimiento del laudo, conforme al salario establecido en dicho laudo. Como puede verse la responsable, cumplió con lo ordenado en la sentencia ejecutoria pues en principio reiteró lo que no fue materia de concesión, analizó las pruebas aportadas por la actora a efecto de estimar si se actualizaba la pensión de incapacidad parcial permanente por accidente de trabajo por ende la condena correspondiente. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, dio cumplimiento al fallo protector, pues de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y los actos que efectuó la autoridad responsable precisados en párrafos anteriores, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; procédase a dictar la resolución correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual remite el duplicado del laudo emitido por la citada junta. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, así como con el diverso oficio y sus respectivos anexos, para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés convenga. Dejando en los estrados de este tribunal a disposición de la parte tercera interesada ***, la copia del citado laudo, para el efecto de la vista.
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