José Mario Rosas Marín

Expediente 1918/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 25 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1918/2017
Año
2017
Actuaciones
25
Última actuación
25/06/2018

Partes del expediente

  • José Mario Rosas Marín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 142 y 143), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso José Mario Rosas Marín. En relación con lo anterior, por auto de seis de junio de la presente anualidad (foja 144), se dio vista a la parte agraviada con el cumplimiento del fallo protector, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte solicitante del amparo el doce de junio del año en curso (foja 147); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del catorce al dieciocho del mes y año en cita, como se advierte de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la legislación de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, por sentencia dictada el veintisiete de noviembre dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Mario Rosas Marín., para el efecto de que: a) Las autoridades responsables Secretario de Administración y Finanzas, Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, desincorporen de la esfera jurídica del gobernado el contenido del artículo 20, fracción II, y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y se abstengan de aplicarlo en su contra, hasta en tanto sea reformado el contenido de los mismos. b) Las autoridades responsables ejecutoras, denominadas Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, deberán dejar insubsistente el dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio concedido con efectos a partir del dieciséis de enero de dos mil diecisiete; y emitir uno nuevo en el cual den un trato igual al gobernado a aquel que señala la tabla que establece el arábigo 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, para el caso de las mujeres. c) El Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, deberá cubrir al quejoso el importe de su pensión, en los términos antes señalados, previo dictamen que se sirvan emitir las autoridades citadas en el párrafo anterior. Asimismo, deberá reintegrarle el pago retroactivo de las cantidades que dejó de percibir el quejoso con motivo de la normativa declarada inconstitucional; ello en razón de que la pensión debe otorgarse en los términos precisados en la presente sentencia, desde la fecha en que se generó el derecho a la misma, que fue el dieciséis de enero de dos mil diecisiete. De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consistían en desincorporar de la esfera jurídica del gobernado el contenido de los numerales de referencia, dejar insubsistente el dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio y emitir uno nuevo en el cual se de un trato igual al gobernado a aquel que señala la tabla que establece el artículo 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, para el caso de las mujeres, que en el caso concreto asciende al 100.00% de sus percepciones económicas en el momento de su retiro, de igual manera, debía cubrir al quejoso las diferencias económicas que dejó de percibir en virtud del diverso porcentaje consignado en el dictamen declarado insconstitucional. Luego, mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 94 a 95), dos de marzo de la presente anualidad (fojas 121 y 122) y cinco de junio del año en curso (fojas 142 y 143) , le informó al quejoso, que se le había desincorporado de su esfera jurídica los numerales declarados inconstitucionales e inconvencionales, así también, que se dejó sin efectos el dictamen de pensión de dieciséis de enero de dos mil diecisiete y remitió copia certificada del nuevo dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio relativo al aquí quejoso, el cual se ajustó a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo; además, se le hizo la devolución de las diferencias económicas que dejó de percibir en virtud del diverso porcentaje consignado en el dictamen que se dejo insubsistente. De ahí, que resulte evidente que se ha restituido al aludido promovente del amparo en el goce de sus derechos y garantías violados, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto 196, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que resulte necesario realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, en virtud de que no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    , NAYARIT, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 142 y 143), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso José Mario Rosas Marín. En relación con lo anterior, por auto de seis de junio de la presente anualidad (foja 144), se dio vista a la parte agraviada con el cumplimiento del fallo protector, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte solicitante del amparo el doce de junio del año en curso (foja 147); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del catorce al dieciocho del mes y año en cita, como se advierte de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la legislación de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, por sentencia dictada el veintisiete de noviembre dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Mario Rosas Marín., para el efecto de que: a) Las autoridades responsables Secretario de Administración y Finanzas, Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, desincorporen de la esfera jurídica del gobernado el contenido del artículo 20, fracción II, y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y se abstengan de aplicarlo en su contra, hasta en tanto sea reformado el contenido de los mismos. b) Las autoridades responsables ejecutoras, denominadas Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, deberán dejar insubsistente el dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio concedido con efectos a partir del dieciséis de enero de dos mil diecisiete; y emitir uno nuevo en el cual den un trato igual al gobernado a aquel que señala la tabla que establece el arábigo 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, para el caso de las mujeres. c) El Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, deberá cubrir al quejoso el importe de su pensión, en los términos antes señalados, previo dictamen que se sirvan emitir las autoridades citadas en el párrafo anterior. Asimismo, deberá reintegrarle el pago retroactivo de las cantidades que dejó de percibir el quejoso con motivo de la normativa declarada inconstitucional; ello en razón de que la pensión debe otorgarse en los términos precisados en la presente sentencia, desde la fecha en que se generó el derecho a la misma, que fue el dieciséis de enero de dos mil diecisiete. De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consistían en desincorporar de la esfera jurídica del gobernado el contenido de los numerales de referencia, dejar insubsistente el dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio y emitir uno nuevo en el cual se de un trato igual al gobernado a aquel que señala la tabla que establece el artículo 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, para el caso de las mujeres, que en el caso concreto asciende al 100.00% de sus percepciones económicas en el momento de su retiro, de igual manera, debía cubrir al quejoso las diferencias económicas que dejó de percibir en virtud del diverso porcentaje consignado en el dictamen declarado insconstitucional. Luego, mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 94 a 95), dos de marzo de la presente anualidad (fojas 121 y 122) y cinco de junio del año en curso (fojas 142 y 143) , le informó al quejoso, que se le había desincorporado de su esfera jurídica los numerales declarados inconstitucionales e inconvencionales, así también, que se dejó sin efectos el dictamen de pensión de dieciséis de enero de dos mil diecisiete y remitió copia certificada del nuevo dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio relativo al aquí quejoso, el cual se ajustó a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo; además, se le hizo la devolución de las diferencias económicas que dejó de percibir en virtud del diverso porcentaje consignado en el dictamen que se dejo insubsistente. De ahí, que resulte evidente que se ha restituido al aludido promovente del amparo en el goce de sus derechos y garantías violados, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto 196, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que resulte necesario realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, en virtud de que no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo, mediante el cual informa el cumplimiento al fallo protector; sin embargo, sólo agréguense a sus autos sin mayor pronunciamiento, en virtud de que en proveído de seis de los cursantes, se acordó al respecto.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta presentado por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, así también, con los diversos que obran a fojas noventa y cinco y ciento veintiocho, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este juzgado federal, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

Quedan 21 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano