José Mario Ojeda Flores y Otros.

Expediente 417/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
417/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
07/03/2019

Partes del expediente

  • José Mario Ojeda Flores y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese al expediente el oficio remitido vía electrónica por la Secretaria para el Tramite de Solicitudes de Acceso a la Información de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en México, Distrito Federal, mediante el cual comunica que se requiere que se le proporcione información de los autos emitidos en el presente juicio, por lo que solicita se verifique su disponibilidad y se rinda informe respecto de los siguientes puntos: Existencia de la información. Si dicha información está en posesión de los Centros Archivísticos Judiciales, Centros de Manejo Documental y Digitalización en Apizaco, Tlaxcala o las Casas de la Cultura Jurídica, a raíz de la transparencia de los archivos judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Consejo de la Judicatura Federal. Precisar si la totalidad de la información solicitada, actualiza los supuestos de información reservada o confidencial, en términos de los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o si resulta procedente su entrega a través de una versión pública. Plazo de reserva. Modalidad de entrega, tomando en consideración aquélla preferida por el solicitante, y de no ser procedente otorgarla en la modalidad requerida, indique el motivo de ello. En razón a lo anterior, debe decirse que en lo referente al punto 1), sí existe el juicio de amparo 417/2018 del índice de este Órgano Jurisdiccional, en el cual obra, en lo que interesa: Papeleta de turno expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Quinto, Sexto y Octavo de Distrito; Escrito de demanda; Auto de quince de mayo de dos mil dieciocho, por el que se desechó; y. Auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en el que se declaró firme el desechamiento. Por lo que hace al punto 2), el expediente aludido no ha sido transferido, por lo que se encuentra al resguardo de este órgano jurisdiccional. En atención al numeral 3), se estima que la información solicitada, en si misma, no se considera información reservada, ya que no se ubica en los supuestos previstos por el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, por lo que ve al contenido inmerso en la información solicitada, debe decirse que de conformidad con el artículo 113 de la legislación antes citada sí es información confidencial, toda vez de que en ella se expresan datos personales de las partes. Ahora bien, se hace de su conocimiento que en atención al numeral 3, fracción XXI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, únicamente se enviara en versión pública el auto de quince de mayo de dos mil dieciocho, por el cual se desechó la demanda promovida, atendiendo a que sólo en esa resolución se han eliminado u omitido las partes o secciones clasificadas. Las diversas constancias solicitadas serán escaneadas y enviadas en formato PDF. En cuanto al punto 4), la información que se peticiona, no cuenta con plazo de reserva atendiendo a que no tiene ese carácter. Se considera que la información se puede entregar en parte a la solicitante, toda vez de que debido al principio de publicidad tutelado por los artículos 1° y 2°, de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 1, 2, fracciones XIII y XIV, y 5° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley citada, la solicitante tiene derecho a conocer los criterios emitidos por los órganos jurisdiccionales dependientes del Poder Judicial de la Federación, ya que tales preceptos disponen: "LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los terminus previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley: I. Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos; II. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral; Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados; IV. Regular los medios de impugnación que le compete resolver al Instituto; V. Fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados; VI. Consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano, mediante iniciativas de gobierno abierto, que mejoren la gestión pública a través de la difusión de la información en formatos abiertos y accesibles, así como la participación efectiva de la sociedad en la atención de los mismos; VII. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a fin de contribuir a la consolidación de la democracia, y VIII. Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública. "REGLAMENTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA GUBERNAMENTAL. Artículo 1o. El presente reglamento tiene por objeto establecer los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y se basa en reconocer que, en principio, la misma es pública, por lo que, salvo las restricciones establecidas en las leyes, puede ser consultada por cualquier gobernado. Artículo 2o. Además de las definiciones contenidas en el artículo 3o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para los efectos de este reglamento, se entenderá por: (.) XIII. Publicación: Acto de poner a disposición del público la información en medios impresos, tales como libros, compendios o archivos públicos en formatos electrónicos consultables en internet o por cualquier otro medio que permita a los interesados su consulta o reproducción. XIV. Resoluciones públicas: Las sentencias ejecutorias, las demás resoluciones que se dictan dentro de un juicio y las determinaciones adoptadas dentro de los procedimientos de ejecución de las referidas sentencias. Artículo 5o. Es pública la información que tienen bajo su resguardo la Suprema Corte, el Consejo y los órganos jurisdiccionales, con las salvedades establecidas en la Ley." Además de que en términos del artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como los artículos 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dicha información puede ser entregada a la solicitante, en virtud de que el auto de quince de mayo de dos mil dieciocho por el que se desechó la demanda de amparo quedó firme el veinticinco del citado mes y año; asimismo, no obra en el expediente alguna oposición de las partes respecto de la publicación de sus datos personales, lo que se robustece con lo acordado en el citado proveído, en el que se le tuvo a la parte quejosa aceptando la publicación de sus datos personales, dado que, por su parte, no existe oposición expresa. Se arriba a esta conclusión, en virtud de que este resolutor adopta el criterio sostenido por la Comisión para la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al resolver en el recurso 2/2006, que en lo medular dice: ".es obligación del Poder Judicial de la Federación hacer públicas todas sus resoluciones, tanto sentencias definitivas como resoluciones intermedias, para lo cual deviene indefectible que se encuentren ejecutoriadas o hayan causado estado, según sea el caso.". En ese contexto, cuando se solicite acceso a una sentencia definitiva dictada en un expediente del índice de un órgano jurisdiccional, éste debe verificar que se encuentre ejecutoriada, posteriormente debe analizar si obra en el expediente alguna oposición a la difusión de datos personales, a fin de determinar si la misma surte efectos, de ser así, se entregará al módulo que haya recibido la solicitud, una versión de la resolución en la cual se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, siempre y cuando no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Debe puntualizarse que aun cuando no exista oposición de las partes, si se advierte que en la sentencia existe información que tiene carácter confidencial o reservado, se entregará una versión impresa o electrónica, en términos similares a los señalados en el párrafo precedente." En relación al numeral 5), se hace de su conocimiento que se enviara la información de manera electrónica; en el entendido de que la determinación de quince de mayo de dos mil dieciocho se enviara en versión pública y la información restante en documento digitalizado en formato PDF. Por otra parte, es menester puntualizar que debe efectuarse la supresión de datos personales y sensibles en términos de los artículos 3, fracción III, 4, fracción III y 18, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en términos del artículo 2°, fracciones XXI y XXII, Título Primero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de lo dispuesto en los numerales 79 y 80 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales. Al efecto, disponen lo siguiente: "Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: (.) III. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; Artículo 4. Son objetivos de esta Ley: (.) III. Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados. Artículo 18. Como información confidencial se considerará: I. La entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con lo establecido en el Artículo 19, y II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. No se considerará confidencial la información que se halle en los registros públicos o en fuentes de acceso público. Artículo 2o. Además de las definiciones contenidas en el artículo 3o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para los efectos de este reglamento, se entenderá por: (.) XXI. Datos de carácter personal: cualquier información concerniente a personas físicas o jurídicas identificadas o identificables. XXII. Datos sensibles: el dato personal que revela el origen racial o étnico, la convicción religiosa, filosófica o de otro género, la opinión política, la adhesión a un partido, sindicato, asociación u organización de carácter religioso, filosófico, político o sindical, o cualquier otro dato personal que revele el estado de salud o la vida sexual del titular de los datos personales. Artículo 79. En la versión pública que se elabore de la información que tienen bajo su resguardo el Consejo y los Órganos Jurisdiccionales, dependiendo del caso concreto podrán suprimirse, entre otros, los siguientes datos: I. Los nombres, alias, pseudónimos o cualquier otra denominación que identifique o haga identificable a una persona, así como las firmas del quejoso o partes en un juicio, víctimas y ofendidos, representantes y personas autorizadas, testigos, peritos, terceros mencionados en juicio y cualquier otra persona referida en las constancias del expediente o en la propia sentencia, con la salvedad de que correspondan a servidores públicos en ejercicio de sus funciones; II. Cuando resulte necesario para la comprensión del fallo, se deberán sustituir los nombres de los sujetos antes señalados por los numerales (1, 2, 3, así sucesivamente), que permitan distinguir la relevancia de su participación en el procedimiento; III. El domicilio en cualquier caso, con la salvedad de que se trate de la ubicación de monumentos, inmuebles o áreas u oficinas públicas; IV. Los números, letras, o cualquier carácter que conforme alguna clave permita identificar a una persona, tales como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la Clave Unica de Registro de Población (CURP), entre otros. Ello no implica suprimir el tipo de documento que contiene estas claves; V. Las cuentas bancarias de una persona física o moral. Esta información puede estar contenida en documentos diversos como cheques, pagarés, letras de cambio, pólizas de fianza, estados de cuenta, recibo de nómina, entre otros; VI. En el caso de servidores públicos, no se suprimirán sus sueldos y prestaciones derivadas del ejercicio de sus funciones; VII. Las características físicas e intelectuales descriptivas de las personas, tales como: color de piel, cabello, iris, estatura, peso, complexión, edad, coeficiente intelectual, discapacidades físicas o mentales, entre otras; y VIII. Los datos de registro e identificación de vehículos, con la salvedad de los que tengan el carácter de oficial. Deberán tomarse en consideración aquellos criterios de reserva y confidencialidad de información, contenidos en las disposiciones legales aplicables a cada caso, y que deriven de la interpretación de la Comisión y del Comité. Podrá quedar exceptuada la supresión de los datos anteriores si resultaran indispensables para comprender lo determinado en el documento, y previa ponderación entre el interés público que derive de comprender el documento y el derecho a la protección de los datos personales y/o el derecho a la privacidad. Artículo 80. De manera enunciativa más no limitativa constituyen documentos susceptibles de contener datos personales, las listas de notificación; pasaportes; formas migratorias; cartillas; credenciales de elector; licencias de conducir; cédulas profesionales; registro federal de contribuyente (R.F.C.); clave única de registro de población (C.U.R.P.); cheques, pagarés, letras de cambio, y cualquier otro título de crédito; pólizas de seguros; estados de cuenta bancarios; recibos de nómina; currícula; cédulas de notificación; contratos y convenios; expedientes, constancias y evaluaciones médicas; títulos profesionales; constancias expedidas por instituciones y autoridades educativas; evaluaciones psicométricas; evaluaciones con fines de reclutamiento o selección de personal; declaraciones de impuestos; actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción, así como las escrituras constitutivas y documentos en los que conste la disolución de sociedades y asociaciones; constancias expedidas por asociaciones religiosas; fotografías de personas físicas; cualquier documento de identificación independientemente de que no tenga el carácter de oficial, tales como credenciales de escuelas, centros recreativos o deportivos, empresas o instituciones privadas, afiliaciones políticas, entre otras; facturas y recibos ajenos a la comprobación del ejercicio del presupuesto del Consejo; entre otros." Lo anterior se estima así, en virtud de que, si bien, como se ha establecido las sentencias emitidas por este resolutor se encuentran regidas por el principio de publicidad, por el simple factor de ser información gubernamental emitida por un órgano dependiente del Poder Judicial de la Federación, lo cierto es, que la determinación requerida contiene datos personales que en términos de los artículos antes citados son considerados como información confidencial. Habida cuenta de que el principio de publicidad que regula a las resoluciones jurisdiccionales, tutelado por la garantía de acceso a la información, no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los propios gobernados. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, a velar por dichos intereses como sujeto pasivo de la citada garantía, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera. Apoya lo anterior la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número P. LX/2000, se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, de la Novena Época, visible a foja 74, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.- El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados." En virtud de lo antes expuesto, remítase la information mediante oficio a la Unidad de Transparencia de la Secretaría para el Tramite de Solicitudes de Acceso a la Información, al correo electrónico dtsai@correo.cjf.gb.mx; se solicita de la manera más atenta al oficiante que de no tener inconveniente alguno, acuse de recibo. Finalmente, se informa que el servidor público que fungirá como enlace para el trámite que nos ocupa, lo será el licenciado ***************, secretario adscrito, con número de teléfono 01 461 61 4 10 77 y número de extension de red #708 1039.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por ********************, por medio del cual solicita se expida a su favor constancia o certificación de la instauración del presente juicio de amparo; en atención a ello, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que dentro del expediente en que se actúa, no tiene reconocido carácter de parte.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el juez Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato; en atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su solicitud de copias certificadas a favor de **********, toda vez que se reitera, que dentro del expediente en que se actúa, ni la oficiante ni la persona que refiere, tienen reconocido carácter de parte; por lo que, no se encuentran en el supuesto establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que sea procedente su petición.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el juez Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato; en atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su solicitud de copias certificadas a favor de **********, toda vez que dentro del expediente en que se actúa, ni la oficiante ni la persona que refiere tienen reconocido carácter alguno. Además, de no justificar jurídicamente la causa por la cual solicita dicha expedición de copias.

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