José Mario Lara Mendoza

Expediente 960/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 32 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
960/2016
Año
2016
Actuaciones
32
Última actuación
26/05/2017

Partes del expediente

  • José Mario Lara Mendoza
  • Juez de Primera Instancia Penal de Cortazar, Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Visto el estado de autos se advierte que el presente juicio se encuentra totalmente concluido y que resulta innecesaria la retención de las constancias que la responsable Juez Único Penal Partido en Cortazar, Guanajuato, adjuntó a su informe justificado, consistentes en copia certificada de la causa penal 3/2016 de su índice (cuatro tomos); en razón de lo anterior, devuélvansele.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por ende, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Ahora, del estado de autos, se advierte que la Juez Único Penal de Partido en Cortazar, Guanajuato, informó que en la causa penal subyacente, se dio cumplimiento a la orden de aprehensión girada contra el quejoso José Mario Lara Mendoza, y por diversa comunicación remitió copia certificada de la declaración preparatoria y el auto de plazo constitucional en el que dictó auto de formal prisión contra el nombrado, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude y afectación al ordenamiento urbano. En tal virtud, esta potestad considera que no existe materia sobre la cual requerir el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con base en los siguientes argumentos: El quejoso **********, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos reclamados siguiente: Acto reclamado: "La eventual orden de aprehensión que pudiese haber librado la responsable ordenadora en mi perjuicio." Autoridades responsables: 1. Juez Único Penal de Partido en Cortazar, Guanajuato; 2. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial en Cortazar, Guanajuato; y 3. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Grupo de Mandamientos Judiciales en Cortazar, Guanajuato (autoridad responsable declarada inexistente [F. 14]). Por sentencia de veinte de abril pasado, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para efecto de que ".para que la juez responsable únicamente por lo que ve al aquí quejoso ********** deje insubsistente el mandato de captura reclamado así como sus consecuencias, y con plenitud de jurisdicción dicte otro en el mismo o diverso sentido pero purgando los vicios de inconstitucionalidad aquí vertidos, esto es: I. Precise de cuáles medios de convicción obtiene cada una de sus conclusiones, y por consiguiente el valor probatorio de cada uno de ellos de acuerdo con las reglas establecidas en ley adjetiva aplicable, citando los preceptos legales pertinentes al caso, y además, todas aquellas circunstancias que tenga en consideración para ello (el porqué de su apreciación considerando las reglas, ya sea valoración tasada o libre), estableciendo la adecuación entre los motivos que aduzca y las normas que aplique; II. Puntualice, en su caso, las circunstancias de modo, tiempo, ocasión y lugar en que se llevaron a cabo cada una de las conductas delictivas; y, De ser necesario, al abordar la probable responsabilidad del activo en su comisión, expresar el valor que otorgue a cada una de las pruebas, citando los preceptos legales pertinentes al caso, precisando la adecuación entre los motivos que aduzca y las normas que aplique, y las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se ejecutaron de forma probable las conductas atribuidas al aquí quejoso, debiendo en todo momento, ser claro con el hecho de que se encuentra analizando la probable participación y no el cuerpo de cada uno de los delitos, estableciendo incluso, en su caso, la manera en que el activo perpetró los ilícitos y agravió en específico a cada uno de los ofendidos o víctimas, a la que se les cometió las conductas antisociales." Fallo concesorio que fue declarado firme en el presente auto. En tanto que, según fue señalado, la juez responsable remitió un oficio al que adjuntó copia certificada de la declaración preparatoria, así como del auto de término constitucional de veintiocho de abril pasado, en el que decretó auto de formal prisión contra el quejoso José Mario Lara Mendoza, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude y afectación al ordenamiento urbano, en la causa penal 3/2016 de su índice [F. 326-355]. Por tanto, se considera que existe imposibilidad para lograr el cumplimiento del fallo protector, dado que la resolución declarada inconstitucional, lo era para lograr la aprehensión del aquí quejoso, y quedar sometido a la potestad de la responsable; sin embargo, esto ya aconteció [F. 323], incluso ya se resolvió su situación jurídica con el auto de formal prisión de veintiocho de abril pasado [F. 333-354], decretado en su contra por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude y afectación al ordenamiento urbano. Al respecto, resulta pertinente destacar que el artículo 214 de la Ley de Amparo, establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional, o exista materia para la ejecución, caso éste último que se refiere a cuando la sentencia carece de efectos restitutorios y debe estimarse concluido el asunto sin que se hayan operado actos de ejecución; lo que en la especie acontece, dado el cambio de situación jurídica del impetrante. Así se ha interpretado tal precepto normativo -cuyo texto correspondía al artículo 113, y no fue en esencia modificado en la actual Ley de Amparo-, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en la página cien, del Semanario Judicial de la Federación, sexta época, primer parte, volumen IV, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO CARENTES DE EFECTOS RESTITUTORIOS." Cabe precisar que una de las causas por las que puede desaparecer la materia para la ejecución de una sentencia de amparo es la prevista en la fracción XVII del dispositivo 61, de la Ley de Amparo que dispone la improcedencia del juicio constitucional por cambio de situación jurídica, cuestión que ha sido aplicada por extensión e identidad de razón en los juicios de amparo en los que, concedida la protección federal, resulta imposible su ejecución, por existir diferente situación jurídica a la que prevalecía al momento de la concesión del amparo. Resultan aplicables las tesis de la Suprema Corte identificadas con el distintivo XXXII/90, visible en la página ciento setenta y cuatro, y la LXXXVIII/90, impresa en la página ciento setenta y cinco, ambas del Semanario Judicial de la Federación, tomo V, primera parte, octava época, cuyo rubro y texto enseguida se cita: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE SI CAMBIÓ LA SITUACIÓN JURÍDICA CORRESPONDIENTE Y EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y DE HECHO DE CUMPLIRLA." "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA SI CAMBIÓ LA SITUACIÓN JURÍDICA Y EXISTE IMPOSIBILIDAD LEGAL DE CUMPLIRLA." Ahora bien, la fracción XVII, del numeral 61, de la Ley Reglamentaria, en vigor, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. De lo anterior se concluye que al haberse cambiado la situación jurídica del aquí quejoso , esto es de ser prófugo de la justicia por virtud de la orden de aprehensión reclamada, al esta ahora procesado con motivo del auto de formal prisión que le fue decretado en su contra, resulta innecesaria su aprehensión para enfrentar la imputación formulada en su contra; lo que impide se analice la materia de la concesión a favor de la parte peticionaria de la tutela federal sin afectar la nueva situación jurídica creada; por tanto, no podrá examinarse el cumplimiento al fallo protector, toda vez que dejó de subsistir el acto reclamado y por ende, se declara SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y sistema correspondiente. Por tanto, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral antes referido de la Ley de la materia, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente y original del cuaderno incidental son susceptibles de depuración, una vez que transcurran cinco años, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se concedió el amparo, así como la suspensión provisional y definida solicitada; debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexos, suscrito por el Juez Único Penal de Partido en Cortazar, Guanajuato, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado el once de los corrientes, lo que hace remitiendo copias certificadas de la declaración preparatoria y auto de formal prisión dictado contra el quejoso José Mario Lara Mendoza, en la causa penal 3/2016 de su índice (de donde deriva el acto reclamado); por lo que, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten y se tienen por desahogadas dada su naturaleza. Así, tómense en consideración en el momento procesal oportuno.

  4. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Juez de Partido Único Penal en Cortazar, Guanajuato, mediante el cual informa que en la causa penal 3/2016 de su índice (de donde deriva el acto reclamado), se cumplimentó la orden de aprehensión girada contra el quejo José Mario Lara Mendoza, sin embargo no remite constancias con las que lo acredite; por tanto, requiérase vía fax, al oficiante para que de inmediato, remita las constancias respectivas con las que acredite su dicho; así como del fallo que resolviera su situación jurídica. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada cincuenta días, en términos a lo dispuesto en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

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