José Mario Hernández Vargas

Expediente 561/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
561/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • José Mario Hernández Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta se determina que ha transcurrido el término que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la resolución mediante la cual se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que la parte interesada lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión que deriva de este juicio. De conformidad con el artículo 15 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Además, en términos del artículo 21, inciso a) del mismo Acuerdo General, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Realícense las anotaciones conducentes en el libro e gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así como en la carátula del mismo. Por ende, debido a que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Incidental

    Visto el estado de autos y lo asentado en la cuenta secretarial, se advierte que por acuerdo de esta fecha emitido en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente, causó estado la resolución emitida en el mismo y se ordenó su archivo definitivo; por ende, se determina que en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente incidente no es de relevancia documental. Asimismo, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que el original de la presente incidencia es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión en sus aspectos provisional y definitivo; debiéndose conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Mientras que, el duplicado es destruible por ubicarse en el supuesto del contenido en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo General. En tal virtud, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en términos del artículo 154 de la Ley de amparo, queda sin efectos la suspensión definitiva decretada en autos. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así como en las carátulas de los cuadernos. Por tanto, debido a que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Encargada del Despacho de la Dirección General del Registro del Estado Familiar, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento de trece de octubre del presente año y remite copia certificada del acta de defunción a nombre de José Mario Hernández Vargas. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora, toda vez que el acta de defunción número 212093765, de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, expedida por la Oficial del Registro Familiar en el Estado, acredita la muerte del impetrante ***, documental pública, conforme al artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le concede valor probatorio pleno, en términos de los diversos numerales 197 y 202 del invocado ordenamiento adjetivo, ya que fue expedida por funcionario público en el ámbito de su ejercicio. En ese sentido, esta juzgadora federal estima que en el presente juicio de amparo, sobreviene la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona". El artículo y fracción transcritos disponen que procede sobreseer en el juicio de amparo cuando el quejoso fallezca y el acto reclamado sólo afecte a su persona. Como excepción a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que no procedía sobreseer en el juicio de amparo cuando durante su tramitación falleciera el quejoso, si la materia del mismo versa respecto de sus derechos patrimoniales y no los estrictamente personales; tal criterio se encuentra sustentado en la tesis XXIV, noviembre de 2006, página 190, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CUANDO DURANTE SU TRAMITACIÓN FALLECE EL QUEJOSO, SI LA MATERIA DEL MISMO VERSA RESPECTO DE SUS DERECHOS PATRIMONIALES Y NO SOBRE LOS ESTRICTAMENTE PERSONALES. Conforme al artículo 15 de la Ley de Amparo, no procede sobreseer en el juicio de garantías por la sola circunstancia de que el quejoso fallezca durante su tramitación, si los actos reclamados no son de índole meramente personal y, por consiguiente, existe la posibilidad de que se afecten sus intereses económicos. Lo anterior es así, porque si bien el artículo 74, fracción II de la referida Ley sostiene que procede el sobreseimiento cuando el agraviado muera durante el juicio si la garantía reclamada sólo afecta a su persona, dicha disposición coincide con el citado artículo 15, al señalar con claridad que esto sólo es posible cuando se afecten derechos estrictamente personales. En consecuencia, cuando el acto reclamado proviene de un juicio en el que se vean afectados derechos patrimoniales del quejoso, es incuestionable que la garantía reclamada no sólo afecta a su persona y, por tanto, en la referida hipótesis no procede sobreseer en el juicio de amparo." Para arribar a tal consideración, es necesario precisar que la parte quejosa señaló como actos reclamados: De lo que se colige que dichos actos solo afectaban a su persona. En ese sentido, cobra aplicación la hipótesis prevista en el numeral 63, fracción III, antes transcrito, dado que el quejoso falleció durante la tramitación del presente juicio de amparo hecho valer en contra de actos del Ayuntamiento de Tizayuca, Hidalgo; sin embargo, en el particular caso y sólo para efecto del presente juicio, se tiene que no existe garantía que tutelar en este momento, al haberse quedado el juicio de amparo sin parte quejosa. Por lo tanto, al no existir la parte agraviada, ni sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de restituirlo en el goce de la garantía violada; presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 constitucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del sumario constitucional, lo que impide se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado; no cabe entonces otra conclusión que estimar que en el caso, respecto del juicio de amparo, al quedar sin parte quejosa y sin garantía qué tutelar, se surte la causa de sobreseimiento prevista en la fracción III del artículo 63 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 2a./J. 34/2019 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, Febrero de 2019, tomo I, página 1086, que al tenor dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO. PROCEDE DECRETARLO SI LOS ACTOS RECLAMADOS SÓLO AFECTAN SUS DERECHOS PERSONALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HUBIESEN OCASIONADO DAÑOS Y PERJUICIOS A SUS FAMILIARES, SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN. En atención a los principios constitucionales de instancia de parte agraviada y de relatividad que rigen el juicio de amparo, la sentencia sólo puede ocuparse del quejoso, esto es, de quien lo promovió, limitándose a protegerlo contra los actos declarados inconstitucionales a efecto de que se le restituya en el goce del derecho fundamental violado; por tanto, el supuesto de sobreseimiento previsto en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando aquél fallece durante el trámite del juicio y los actos que reclamó sólo afectan sus derechos personales, aunque pudiesen trascender a la estabilidad económica, psicológica o emocional de sus familiares, en tanto carecería de lógica y sentido práctico analizarlos, si anticipadamente se advierte que su eventual declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, al no ser jurídicamente posible conceder el amparo a personas que no lo solicitaron, aun cuando por su cercanía con el quejoso, dichos actos les hayan ocasionado daños y perjuicios susceptibles de reparación mediante una compensación económica o cualquier otra medida resarcitoria, habida cuenta que existen otros mecanismos legales para garantizar su derecho a una reparación integral". De igual forma la diversa tesis dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 552 del Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXXIII, Quinta Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO POR LA MUERTE DEL QUEJOSO. La muerte del quejoso ocurrida durante la substanciación del juicio de amparo, rige el sobreseimiento en relación con las garantías que sólo afectan a su persona". Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XVI, visible en la página 1325, cuyo contenido versa: "MUERTE DEL QUEJOSO. Cuando las garantías reclamadas en un juicio de amparo, afectan sólo a la persona del quejoso, si éste fallece, debe sobreseerse en el juicio". Asimismo, la tesis XVI.5o.8 K sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito., visible en la página 1793, tomo XXI, Febrero de 2005 del Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXXIII, novena época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. SE ACTUALIZA ÉSTE CUANDO ACAECE EL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO AFECTANDO SÓLO SUS DERECHOS PERSONALES. Sin la presencia de sucesión alguna, o bien, designación de herederos, luego del conocimiento del fallecimiento del quejoso, la garantía reclamada afecta entonces sólo a su persona y, por tanto, se trata de un derecho personalísimo cuya extinción por la muerte del agraviado produce sin duda la extinción del juicio de amparo en la medida en que no reviste significación ni importancia patrimonial, en cuanto a que después de su muerte no trascendió dicha garantía a su sucesión por inexistencia de la misma. De manera que, como nadie intervino con legitimación para continuar con la acción de amparo y, por tanto, no existe la parte agraviada ni, por lo mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de la garantía violada; presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 constitucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del juicio de garantías, lo que impide que se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados; no cabe entonces otra conclusión que estimar que, en el caso, respecto del juicio de garantías, al quedar sin parte agraviada y sin garantía qué tutelar, se surte la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 74 de la Ley de amparo." Por otra parte, si bien es cierto que el quejoso señaló a los licenciados ***, como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; sin embargo, dichos profesionistas no pueden continuar con el trámite del juicio de amparo ante la muerte del quejoso. Se sostiene lo anterior, ya que el artículo 12 de la Ley de Amparo, establece: ".Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral tratándose del patrón, o administrativa, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior. Del análisis del precepto legal transcrito se pueden precisar las siguientes consideraciones: 1. Que el quejoso y el tercero interesado en el juicio de amparo, podrán nombrar como autorizados para oír notificaciones a cualquier persona ajena a la relación procesal, con la única condicionante de que dicha persona cuente con capacidad legal. 2. Que la autorización otorgada por el quejoso o el tercero interesado puede hacerse de manera restringida, o bien, de manera amplia. La primera se trata de una autorización solo para oír notificaciones e imponerse de los autos y, la segunda, consiste en una autorización que faculta al autorizado para: a) Interponer los recursos que procedan, b) Ofrecer y rendir pruebas, c) Alegar en las audiencias, así como solicitar su suspensión o diferimiento, y d) Realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa del autorizante. En relación con este precepto legal, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el autorizado no puede realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación debe ser congruente con las demás reglas y principios que rigen el juicio de amparo, y limitarse a aspectos procesales, que no incidan con cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del quejoso que influyan en la litis constitucional. Por lo tanto, el autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, no puede ampliar la demanda, señalar autoridades responsables y actos reclamados, y formular conceptos de violación. Ilustra lo anterior la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido señalan: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional". Como se advierte, el autorizado en términos amplios de acuerdo al multicitado artículo, no ostenta el carácter de representante legal del quejoso, al que alude el artículo 16 de dicho ordenamiento, sino únicamente su autorización es procesal; tan es así, que su actuación está limitada a realizar aquellos actos que no deriven directamente de la voluntad del quejoso, como la ampliación de demanda, señalamiento de actos reclamados y autoridades responsables; incluso, no está legitimado para desistir de los recursos. En ese contexto, se concluye que el autorizado en términos del referido artículo no es un representante legal del impetrante, por ende, a falta de dicha figura procesal y de quien legítimamente lo represente, no puede continuar con este asunto. Por lo tanto, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, en el presente juicio de amparo. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las diez horas con treinta minutos del diez de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre únicamente como corresponda el informe justificado signado por la autoridad responsable Sindico Jurídico del Ayuntamiento Constitucional de Tizayuca, Hidalgo; sin realizar mayor pronunciamiento al respecto, dado que en proveído de once de octubre del año en curso, se tuvo por rendido. Por otra parte, téngase como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que designa Notifíquese

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano