José María Villarrreal Poblano

Expediente 159/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 24 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
159/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • José María Villarrreal Poblano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    . Promoción. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el licenciado ...., mediante el cual solicita copia certificada de la sentencia constitucional dictada en el presente asunto, así como de la resolución que resolvió el recurso de revisión respectivo. 1.1 Solicitud de copias. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2 de la legislación de la materia, expídase a su costa la copia certificada que refiere en su ocurso, y entréguesele previa razón de recibo que se agregue al sumario.

  2. Principal

    1. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: El acuerdo de ocho de febrero de dos mil diecinueve dictado en el expediente 53/2019, relativo al interdicto para retener la posesión promovido por la aquí parte quejosa. La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: i) Deje insubsistente el acuerdo de ocho de febrero de dos mil diecinueve dictado en el expediente 53/2019 relativo al interdicto para retener la posesión promovido por José María Villarreal Poblano, mediante el cual se inhibió de seguir conociendo el asunto. ii) Dicte otra en la que con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, se pronuncie sobre la solicitud de incompetencia por inhibitoria planteada por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veinte, con residencia en Monterrey, Nuevo León. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, remitió constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional. Documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2. Con ello, mediante proveído de seis de agosto de mil veinte, se dio vista a las partes para que en el plazo de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieran señalado nada al respecto. 3.1 De las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que en cumplimiento a la sentencia constitucional, el once de febrero de dos mil veinte la autoridad responsable dejó insubsistente el auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve. 3.2 Del auto de once de febrero de dos mil veinte, se advierte que la autoridad responsable se pronunció de forma fundada y motivada respecto a la solicitud del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veinte, con residencia en Monterrey, Nuevo León para inhibirse de conocer el juicio, suspendiendo el procedimiento por el plazo de cinco días a fin de determinar si acepta o no la inhibición. Posteriormente, por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, la autoridad responsable se inhibió de seguir conociendo y substanciando el expediente 53/2019 relativo al interdicto para retener la posesión promovido por José María Villarreal Poblano. 4. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y el oficio remitido por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, se concluye que la responsable atendió a satisfacción los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 6. Valoración. Toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 7. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, deberá realizarse la depuración y transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido del Secretario Francisco Alejandro López Rodríguez, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Certifico y doy fe.JMDR/FALR/CMPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a cinco de marzo de dos mil veintiuno. 1. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: El acuerdo de ocho de febrero de dos mil diecinueve dictado en el expediente 53/2019, relativo al interdicto para retener la posesión promovido por la aquí parte quejosa. La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: i) Deje insubsistente el acuerdo de ocho de febrero de dos mil diecinueve dictado en el expediente 53/2019 relativo al interdicto para retener la posesión promovido por José María Villarreal Poblano, mediante el cual se inhibió de seguir conociendo el asunto. ii) Dicte otra en la que con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, se pronuncie sobre la solicitud de incompetencia por inhibitoria planteada por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veinte, con residencia en Monterrey, Nuevo León. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, remitió constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional. Documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2. Con ello, mediante proveído de seis de agosto de mil veinte, se dio vista a las partes para que en el plazo de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieran señalado nada al respecto. 3.1 De las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que en cumplimiento a la sentencia constitucional, el once de febrero de dos mil veinte la autoridad responsable dejó insubsistente el auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve. 3.2 Del auto de once de febrero de dos mil veinte, se advierte que la autoridad responsable se pronunció de forma fundada y motivada respecto a la solicitud del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veinte, con residencia en Monterrey, Nuevo León para inhibirse de conocer el juicio, suspendiendo el procedimiento por el plazo de cinco días a fin de determinar si acepta o no la inhibición. Posteriormente, por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, la autoridad responsable se inhibió de seguir conociendo y substanciando el expediente 53/2019 relativo al interdicto para retener la posesión promovido por José María Villarreal Poblano. 4. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y el oficio remitido por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, se concluye que la responsable atendió a satisfacción los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 6. Valoración. Toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 7. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, deberá realizarse la depuración y transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  3. Principal

    1. Causa ejecutoria. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia en la que se sobreseyó y se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa, no fue recurrida por alguna de las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria. Comuníquese a las autoridades responsables y hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Requerimiento de cumplimiento. Requiérase a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la concesión del Amparo otorgado en la ejecutoria de referencia e informe a este Juzgado de Distrito de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo. 2.1 Apercibimiento de multa. Con el apercibimiento que de ser omisa al respecto, se le impondrá una multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258, de la Ley de Amparo, en caso de no demostrar que dio cumplimiento a la sentencia constitucional. 3. Devolución de constancias. Hágase devolución al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, del tomo I de pruebas, el cual contiene copia certificada del expediente ***, así como al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veinte, con residencia en Monterrey Nuevo León, de los tomos II, III y IV de pruebas, los cuales contienen copias certificadas del juicio agrario **, mismos que se aperturaron al momento de que las referidas autoridades responsables rindieron sus informes justificados, solicitando el acuse de recibo respectivo.

  4. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el licenciado Héctor Eduardo Chapa García, en su carácter de autorizado de Dionicio Alberto García Cortez, apoderado legal de la tercera interesada María Guadalupe Cortez García, mediante el cual solicita copia simple de la sentencia definitiva dictada en el presente asunto. 1.1. Acuerdo. Como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa la copia simple que refiere, previa razón de su recibo que se deje en el expediente para constancia legal.

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