Jose Maria Sosa Alvarez

Expediente 302/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
302/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
19/06/2019

Partes del expediente

  • Jose Maria Sosa Alvarez
  • Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 85 a 119), la cual por una parte sobreseyó en el juicio de amparo y por otra negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otro lado, se hace la observación que debido a que por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y por otra se negó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, no es de relevancia documental y es susceptible de depuración transcurridos cinco años a partir de esta fecha, de conformidad con la fracción IV del punto Vigésimo Primero fracción IV del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve. En cuanto al original del incidente de suspensión en virtud de que se concedió la medida cautelar, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable 1. Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, así como las diversas requeridas de oficio, consistentes en copia certificada del incidente no especificado de revisión, modificación y cese de medida cautelar de prisión preventiva derivado de la causa penal 374/2015, de su índice, así como copia certificada del referido proceso, con las que se formaron los anexos I a X, devuélvansele las mismas; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de los documentos descritos.

  2. Principal

    Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por José María Sosa Álvarez, contra el acto, autoridad y por los motivos precisados en el considerando tercero, Apartado A, de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José María Sosa Álvarez, respecto a la resolución dictada el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, dentro del incidente no especificado promovido en términos del artículo 5° transitorio del decreto por el que se reformaron el Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos -publicado el 17 de junio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación-, derivado de la causa penal 374/2015 del índice del Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta sentencia. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Visto, con conocimiento de las partes, intégrese a sus autos el escrito signado por el quejoso José María Sosa Álvarez, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado por esta autoridad en proveído de trece de mayo pasado, manifiesta que la irregularidad advertida en su escrito inicial de demanda de amparo se debe a un error involuntario, por lo que -refiere- dicha circunstancia debe ser omitida al resolver el presente controvertido constitucional. En tal virtud, al momento de resolver el presente juicio, entiéndase que no existe la irregularidad señalada, por lo que, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar, corriéndoles traslado con copia autorizada del ocurso que se provee.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de mayo de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio signado por el 1. Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado por esta autoridad en proveído de tres de mayo pasado, remite copia certificada de todo lo actuado dentro de la causa penal 374/2015 de su índice (de la que emana el acto reclamado). Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 117, párrafo quinto, y 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la citada autoridad responsable, las documentales que anexa a su oficio de cuenta, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno, esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. Dado el cuantioso número de constancias que remite la autoridad oficiante en apoyo a su oficio de cuenta, fórmense los cuadernos de prueba II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, para la mejor facilidad de su manejo, respetando folio, sello y rúbrica de los mismos. Por otro lado, no escapa a la atención de quien aquí provee, que en el escrito inicial de demanda que dio origen al presente controvertido constitucional se encuentra un espacio en blanco en la página dieciocho de la misma, pues esta última termina en "(.) o de la investigación, etc."; y la hoja siguiente comienza con: "Y de lo anterior, pudiera generarse alguna solicitud de revisión (.)". En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación Supletoria y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y se requiere al accionante de amparo, para que en el plazo de cinco días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, aclare la irregularidad detectada en su demanda de amparo. Lo anterior con el fin de analizar íntegramente dicha demanda y que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para resolver el presente sumario constitucional. Sustenta a lo antes expuesto la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, contenido y datos de localización, se indican a continuación: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA. No debe el juez desecharla de plano, sino mandar que sea aclarada en los términos de la ley." Hágase del conocimiento del quejoso que el presente requerimiento es con el fin de que subsane la irregularidad precisada con antelación, sin que ello signifique que pueda cambiar o modificar su demanda, ni ampliarla. Se apercibe al aquí quejoso José María Sosa Álvarez que, de no dar cumplimiento integral al presente requerimiento en el plazo señalado, se resolverá el juicio de amparo en que se actúa, conforme a lo señalado en su escrito inicial de demanda, con las consecuencias legales que procedan. Ante tal circunstancia, y toda vez que no se encuentra debidamente integrado este juicio de amparo para dictar sentencia, la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del quince de mayo próximo, se difiere anticipadamente y se señala como nueva fecha las trece horas con cincuenta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten.

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