José María Sepúlveda Mendoza
Expediente 973/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 973/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José María Sepúlveda Mendoza
- Director General de Registros Públicos Y Notarias
Actuaciones
- Principal
Juzgado Federal informa. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta remitido por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, a través del cual hace del conocimiento del contenido del auto dictado el diez de noviembre de la presente anualidad, por el órgano jurisdiccional de su adscripción, mediante el cual se avocó a la tramitación de la demanda de amparo que dio origen al cuaderno de antecedentes que se actúa, en razón de que el Tribunal de Alzada al resolver el conflicto competencial 12/2022, de su estadística, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el oficiante, determinó que este último es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, se tiene por recibida la información proporcionada por la autoridad oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. II. Recepción de testimonio del conflicto competencial 12/2022. Finalmente, agréguese el oficio remitido por la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, resolvió: "PRIMERO. Si existe conflicto de competencia.-- SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Juez Primero de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato, para conocer de la demanda de amparo promovida por José María Sepúlveda Mendoza, en contra del acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria y remítasele los autos para tal efecto." Acúsese recibo. En atención a lo anterior, se tiene por recibida la información proporcionada por la autoridad oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Tomando en consideración lo informado por la autoridad oficiante, se provee: III. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se declara incompetente para conocer del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Tribunal colegiado informa. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes, el oficio de cuenta signado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, por medio del cual comunica que se admitió a trámite el conflicto competencial, relativo al juicio de amparo del que derivó el cuaderno de antecedentes en que se actúa, el cual quedó registrado bajo el número 12/2022.
- Principal
Conflicto competencial. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta presentado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual comunica que no se acepta la competencia declinada por este Juzgado Federal, por las razones que ahí se exponen, asimismo, devuelve el expediente original. Acúsese recibo. Ahora bien, con base en los argumentos planteados en proveído de veintitrés de septiembre del año en curso, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, y los formulados por la autoridad oficiante, este órgano jurisdiccional insiste en declinar la competencia al citado Juzgado de Distrito, por razón de territorio, puesto que el peticionario del amparo acude a reclamar de la autoridad Director General de Registros Públicos y Notarías, con residencia en Guanajuato capital, el exceso del plazo para juzgar en el procedimiento administrativo S.G.SSSC/11.5/86-091/2018, instaurado en su contra como titular de la Notaría Pública Número 26, de esta ciudad, por lo que dicho acto que reclama no tiene ejecución material en esta ciudad. Entonces, deviene inconcuso que dicho acto no tiene ejecución material dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, sino que sus efectos perjudiciales tienen verificativo precisamente en el domicilio donde se ubica la autoridad señalada como responsable (Guanajuato capital), de ahí que se estime que la competencia para conocer del presente asunto deba recaer en el Juzgado de Distrito en Turno, situado en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Asimismo, se destaca que este órgano de control constitucional, en los juicios de amparo indirecto 41/2021-I, 48/2021-III, 52/2021-II y 76/2021-I, se declaró legalmente incompetente para conocer de los mismos, dado que en esencia se reclamaron actos similares a los que dieron origen al presente asunto, invocándose el mismo criterio al aquí adoptado; asuntos que por turno, conoció el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato capital, los cuales fueron registrados en su índice bajo los números 84/2021-II, 89/2021-II, 93/2021-I y 94/2021-II, respectivamente y en los que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, de lo que se hace del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por lo que con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en Turno, con sede en Guanajuato capital, para la substanciación del conflicto competencial que se presenta; de igual forma, se ordena hacerlo del conocimiento del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, Guanajuato, para los efectos a que se refiere el numeral precisado en primer término. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 31/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 26, Tomo II, Octubre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO ENTRE TRIBUNALES UNITARIOS O JUECES DE DISTRITO. COMO DIRIMIR EL CONFLICTO POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO."
- Principal
Incompetencia. Resulta necesario analizar la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y preferentes. Así, este Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, se declara incompetente para conocer del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se Divide la República Mexicana; y al Número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, atento a las consideraciones que enseguida se exponen. El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito se desprenden las tres hipótesis que rigen la competencia de los jueces de distrito, las cuales son, a saber: 1) Con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro para determinar la competencia consiste en que será competente el que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución el acto reclamado, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En dicho supuesto se atiende a la naturaleza material de ejecución del acto reclamado, es decir, si necesita la participación de al menos una autoridad ejecutora que deba ejecutarlo, trate de ejecutarlo o lo haya ejecutado. Esta regla de competencia es la general e implica que el juicio de amparo debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción tenga verificativo o pueda tener verificativo la materialización del acto reclamado, de ahí que resulte aplicable cuando el acto está pendiente de ejecutarse, se está ejecutando o ya se ejecutó. 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Si el acto reclamado no precisa ejecución material, es decir, no requiere de acto de ejecución alguno, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo antes expuesto puede concluirse que la competencia en materia de amparo, guarda relación con la naturaleza de los actos reclamados, siendo la primera regla competencial de carácter general, en tanto que las otras dos solo desarrollan la casuística de la naturaleza de los mismos. Por tanto, la competencia territorial de un juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere o no de ejecución material, se está en posibilidad de determinar la competencia al juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, o de ser el caso, no lo requiera. Por su parte, el artículo 48, primer párrafo, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." De la porción normativa reproducida, se desprende que en el supuesto de que se promueva un juicio de amparo ante jueza o juez de Distrito legalmente incompetente, se debe declinar la competencia en favor del diverso juzgador que, en su concepto, deba conocer de dicho asunto. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo de cuenta, se advierte que el quejoso acude a reclamar de la autoridad Director General de Registros Públicos y Notarías, con residencia en Guanajuato capital, el exceso del plazo para juzgarlo en el procedimiento administrativo S.G.SSSC/11.5/86-091/2018, instaurado en su contra como titular de la Notaría Pública Número 26, de esta ciudad. Por tanto, si el peticionario del amparo acude a reclamar de la autoridad Director General de Registros Públicos y Notarías, con residencia en Guanajuato capital, el exceso del plazo para juzgarlo en el procedimiento administrativo S.G.SSSC/11.5/86-091/2018, instaurado en su contra como titular de la Notaría Pública Número 26, de esta ciudad; es inconcuso que dicho acto no tiene ejecución material dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, sino que sus efectos perjudiciales tienen verificativo precisamente en el domicilio donde se ubica la autoridad señalada como responsable (Guanajuato capital) y, por ende, conforme al precepto legal antes invocado, la autoridad competente para conocer de la demanda de amparo es el Juez de Distrito en Turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Guanajuato capital, pues es dentro de su jurisdicción donde se llevan a cabo las consecuencias del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 15, Volumen 65, Segunda Parte, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Así las cosas, se advierte que resulta imperativo que se atiendan a las consecuencias jurídicas del acto reclamado por el quejoso, es decir, si requiere o no ejecución material, según lo establece la tesis I.1o.A.44 A del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1299, del Tomo XIV, Agosto 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En ese tenor, con fundamento en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgado de Distrito se declara incompetente legalmente para resolver el juicio de amparo en estudio. Fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo y remítase el presente expediente, con sus anexos, al Juzgado de Distrito en Turno en el Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato capital, quien se estima competente para conocer y resolver el mismo, a fin de que analice la competencia que se declina y, en su caso, sea quien determine la procedencia de la demanda de amparo. Asimismo, solicítese el acuse de recibo de estilo correspondiente. V. Realización de notificaciones electrónicas y autorizados. Toda vez que el quejoso solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las determinaciones que se dicten en el presente juicio y que ameriten notificación personal, al usuario que proporciona (JosemariaSepulveda), toda vez que se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se comisiona a la Oficial Judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la realización de notificaciones electrónicas, al quejoso. Sin que pase inadvertido para la suscrita que el quejoso también señaló un domicilio físico para oír y recibir notificaciones; sin embargo, al haber solicitado expresamente que las notificaciones se le hicieran de manera electrónica, deben priorizarse de esta forma, debido a la contingencia actual de salud por el virus COVID-19, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se tienen como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a José María Sepúlveda Reynoso, José de Jesús Muñoz Gutiérrez y Salvador Gutiérrez Arredondo, por no contar con cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Se exhorta a las partes. Por otro lado, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VIII. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. IX. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Comuníquese a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la Secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). Para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Es menester precisar que, si bien es cierto la demanda de amparo fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintiuno de septiembre del año en curso, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 16/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento.
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