José María Romero Ríos
Expediente 232/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 232/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Titula de la Secretaría de Bienestar, con sede en Juárez, Chihuahua
- José María Romero Ríos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. Por lo que, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Luego, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, pues en el presente asunto se sobreseyó por todos los actos reclamados. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cuatro, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo ******************** promovido por ********************, contra actos del Delegado de la Secretaría del Bienestar en el Estado de Chihuahua, con sede en la localidad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, que por razón de turno el mismo día se remitió a este órgano federal, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la autoridad responsable, Delegado de la Secretaría del Bienestar en el Estado de Chihuahua, con sede en la localidad. Señalando que se vulneraron sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, como antecedentes de los mismos relato bajo protesta de decir verdad, los que consideró pertinentes. SEGUNDO. Por auto dictado el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda de amparo promovida por el quejoso ********************, en contra de actos del Delegado de la Secretaría del Bienestar en el Estado de Chihuahua, con sede en la localidad, por la omisión de dar contestación a la petición que ingresó el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, demanda de amparo que se registró con el expediente ********************; asimismo, la parte quejosa amplió su demanda de amparo, el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, la cual fue admitida mediante acuerdo de fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, en contra del Delegado de la Secretaría del Bienestar en el Estado de Chihuahua, con sede en la localidad, respecto del oficio ********************de catorce de febrero de dos mil veintitrés, emitido por la autoridad responsable descrita; consecuentemente, se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; se dio la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. En virtud de que el desarrollo y estado actual de los autos correspondientes, no han afectado la jurisdicción y la competencia implícitamente reconocidas en el auto admisorio de la demanda de amparo, este juzgado es legalmente competente para resolver esta controversia, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 37 y 107, de la Ley de Ampao, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que es en el lugar en que ejerce Jurisdicción este Juzgado Federal, donde pueden tener ejecución los actos reclamados. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y en observancia al criterio establecido en la Jurisprudencia P./J.40/2000, por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y de las demás constancias que obran en el expediente, los actos reclamados en el presente juicio de garantías, en concreto, se hicieron consistir en lo siguiente: -Así, el acto reclamado en la demanda inicial de amparo al Delegado de la Secretaría del Bienestar en el Estado de Chihuahua, con sede en la localidad, consistió en la omisión de dicha responsable, de dar contestación a la petición que ingresó el quejoso, el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, ante dicha autoridad responsable, a efecto de que se realizara de manera inmediata la reposición de la tarjeta bancaria del Bienestar Banorte, que se otorga a las personas que se encuentran en el "Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores." -Con relación a la ampliación de la demanda de amparo formulada por la parte quejosa y presentada ante este órgano jurisdiccional, el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, el acto reclamado a la autoridad responsable, Delegado de la Secretaría del Bienestar en el Estado de Chihuahua, con sede en la localidad, consistió en el oficio ********************de catorce de febrero de dos mil veintitrés, emitido por la autoridad responsable descrita, por carecer de fundamentación, motivación y congruencia, respecto a su derecho de petición ejercido el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós (foja 6), mediante escrito de esa misma fecha, ingresado en la oficina del Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Chihuahua de la Secretaría del Bienestar en el Estado de Chihuahua, con sede en la localidad. En tales condiciones, esos serán los actos que constituyan la materia de análisis de este juicio. Es apoyo a lo considerado, por no contravenir lo dispuesto en la ley de la materia, la Tesis P.VI/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Existencia de los actos reclamados en la demanda inicial y cesación de efectos. Así, respecto de la demanda inicial de amparo, la autoridad responsable, el Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Chihuahua de la Secretaría del Bienestar en el Estado de Chihuahua, con sede en la localidad, negó los actos que se le reclaman. Sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada, pues del estudio efectuado al informe justificado, contenido en el oficio ********************de tres de marzo de dos mil veintitrés, emitido por la autoridad responsable, al que se adjuntó como medio de prueba, el oficio ********************de catorce de febrero de dos mil veintitrés, dirigido al Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en esta ciudad, del que se advierte que son ciertos los actos atribuidos al Delegado responsable, puesto que contestó la petición formulada por la parte quejosa, la cual le fue notificada el ocho de marzo de dos mil veintitrés (foja 33), por conducto del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en esta ciudad, por tanto, se tiene que son ciertos los actos que se reclaman a la autoridad responsable descrita (fojas 31 a 35). En esa asociación de ideas, es inconcuso que para el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Cabe puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que han cesado los efectos del acto reclamado cuando todas sus consecuencias han desaparecido o se han destruido de forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, es decir, que el acto que hubiere invadido la esfera jurídica del particular no deje huella alguna. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, del tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Además, debe decirse, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que han cesado los efectos del acto reclamado, y sus consecuencias, al haber desaparecido o destruido de forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, es decir, que el acto que hubiere invadido la esfera jurídica del particular no dejó huella alguna, al contestarse la petición dirigida a la autoridad responsable, la cual fue notificada al quejoso por conducto del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en la localidad, el ocho de marzo de dos mil veintitrés (foja 33). Sobre el particular, es oportuno citar la jurisprudencia 2ª./J.205/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 605, del Tomo XXIX, Enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." En ese contexto, se tiene que han cesado los efectos del acto reclamado, al considerarse que la omisión reclamada consistente en la negativa a contestar el escrito de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, dirigido a la autoridad señalada como responsable y su falta de notificación, se subsanó con el oficio número ********************de fecha catorce de febrero de dos mil veintitrés, el que le fue notificado al quejoso por conducto del Instituto Federal de la Defensoría Pública, el ocho de marzo de dos mil veintitrés, como se aprecia de la recepción de dicho oficio, estampada en la parte superior izquierda de esa comunicación oficial, fue en esa fecha -ocho de marzo de dos mil veintitrés-, cuando tuvo conocimiento de los actos reclamados por la parte quejosa (foja 33); conforme a lo antes dicho, acaece la existencia de la causa que hace improcedente el presente juicio de amparo, contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por tanto, lo procedente es, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, sobreseer en el presente juicio, en lo relativo a la omisión de dar contestación a la petición formulada en la demanda inicial por la parte quejosa. CUARTO. Existencia de los actos reclamados en la ampliación de la demanda de amparo. Así, se tiene que la autoridad responsable al rendir su informe justificado respecto de la ampliación de la demanda de amparo en estudio, fue omisa en señalar la existencia o inexistencia de los actos que se le reclaman, no obstante ello, son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable ordenadora, en virtud de que dicho Delegado responsable, fue el que signó y remitió el oficio ********************de catorce de febrero de dos mil veintitrés, el cual fue notificado al quejoso por conducto del Instituto Federal de la Defensoría Pública, el ocho de marzo de dos mil veintitrés, fecha en la que tuvo conocimiento de los actos reclamados la parte quejosa, por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable descrita (foja 33) documental pública a la cual, le corresponde pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia de los actos reclamados que nos ocupan, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo a pesar de que la autoridad responsable haya aceptado los actos reclamados o éstos se hubieran tenido como ciertos, ya que constituye una cuestión de orden público en términos de la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo; máxime porque al actualizarse alguna causal de improcedencia de la acción, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 191, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro electrónico 206296, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." Del análisis de las constancias que obran en el sumario, este Órgano de Control Constitucional advierte de oficio que procede sobreseer en este juicio, al actualizarse la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, siendo su tenor el siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." De los preceptos legales transcritos, se evidencia que el plazo preprocesal al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días contados de la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo, que por regla general es de la siguiente forma: 1) Desde el día siguiente al en que a la quejosa le hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; 2) Desde el día siguiente al en que la quejosa hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, 3) Desde el día siguiente al en que la quejosa se hubiese ostentado sabedora de la existencia del acto reclamado. Los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de biinstancial se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días siguientes al mismo. La referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se contemplan en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que antes fue transcrito, de cuya intelección se pone de manifiesto que ahora el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal a los gobernados para promover el juicio de amparo con relación a algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente como excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Ciertamente, la causa que torna inejercitable la acción constitucional tiene lugar cuando éste no se promueve dentro del plazo de quince días que consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones que pueden llegar a la imprescriptibilidad de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cuando realice actos equivalentes a los de autoridad. Sobre el tema de la causa de improcedencia que se invoca, es dable citar la jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del Tomo IX, Junio de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO." La jurisprudencia que precede, y que se considera afín a la nueva Ley de Amparo, al tratar un tópico que recoge de nueva cuenta el legislador, pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, siendo los siguientes: a) Un acto de autoridad. b) Una persona afectada por tal acto. c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención. d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción. e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. De igual modo, se precisa como marco teórico referencial relacionado con la causa de improcedencia que se estima actualizada en la especie, que la misma es de estudio preferente a las demás causales de improcedencia; ello es así, en razón de que de los múltiples aspectos que como presupuestos procesales se pueden observar con motivo del cumplimiento de las causas de improcedencia, el relativo a la oportunidad es básico frente a los restantes porque si la demanda de amparo no se presentó en tiempo, los restantes problemas procesales ya no tendrían utilidad para analizarlos. Al respecto es aplicable por similitud, la tesis I.3°.A.135 K, del Tercero tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 619 del tomo XIV, agosto de 1994, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMÁS CAUSALES." Al respecto, resulta procedente realizar un breve resumen de los antecedentes de la demanda de amparo en análisis: 1. El quejoso ********************, interpuso demanda de amparo indirecto, el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta localidad, demanda de amparo que fue turnada en la misma fecha a la Oficialía de Partes de este juzgado federal; por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo en estudio, registrándola bajo el número de expediente ********************, del índice de este tribunal. 2. Asimismo, el quejoso señaló como autoridad responsable, al Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Chihuahua de la Secretaría del Bienestar en el Estado de Chihuahua, con sede en la localidad, a quien le reclamó inicialmente, la violación al Derecho Humano de Petición consagrado en el artículo 8º de la Constitución Federal, por la omisión de dar contestación a la petición que ingresó ante la autoridad responsable, el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, consecuentemente, se requirió a la responsable, que rindiera su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. 3. El tres de abril de dos mil veintitrés, la autoridad responsable, Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Chihuahua de la Secretaría del Bienestar en el Estado de Chihuahua, con sede en la localidad, rindió su respectivo informe justificado, contenido en el oficio ********************de tres de marzo de dos mil veintitrés (foja 31), negando el acto que le fue reclamado, negativa que fue desvirtuada, en razón de que contestó la petición formulada por la parte quejosa, precisando que ha dicho informe justificado, se adjuntó como medio de prueba, el oficio ********************de catorce de febrero de dos mil veintitrés (foja 33), dirigido al Instituto Federal de la Defensoría Pública, el cual fue notificado al quejoso, por conducto de dicha defensoría pública, el ocho de marzo de dos mil veintitrés, comunicado oficial por el que se le informó al quejoso, que se encontraba activo en el Programa para el Bienestar de las personas adultas mayores. 4. El impetrante de amparo, mediante escrito presentado a este órgano jurisdiccional, el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, amplió su demanda de amparo, señalando como acto reclamado, el oficio ********************de catorce de febrero de dos mil veintitrés (foja 33). Como se dijo con antelación, la parte quejosa consintió tácitamente el acto materia del reclamo, respecto de la interposición de la ampliación de la demanda de amparo, consistente en el oficio número ********************de fecha catorce de febrero de dos mil veintitrés, emitido por la autoridad responsable, el cual le fue notificado al inconforme de amparo, el ocho de marzo de dos mil veintitrés, por conducto del Instituto Federal de la Defensoría Pública, residente en esta localidad. En tal sentido, debe señalarse que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que el quejoso no interpuso la ampliación de la demanda de amparo, dentro de los quince días señalados en el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de la Materia, fecha en la cual, el quejoso tuvo conocimiento del oficio ********************de fecha catorce de febrero de dos mil veintitrés, a partir de la notificación del acto que se controvierte, el ocho de marzo de dos mil veintitrés, por conducto del Instituto Federal de la Defensoría Pública, residente en esta localidad (foja 33). Atento a lo anterior, se pone en evidencia, que a la fecha de presentación de la ampliación de la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, ya había fenecido el plazo de quince días que tenía para presentar la referida ampliación de la demanda de amparo, en razón de que el oficio reclamado ********************de fecha catorce de febrero de dos mil veintitrés, le fue notificado al inconforme, el ocho de marzo de dos mil veintitrés, por conducto del Instituto Federal de la Defensoría Pública (foja 33). Por lo que el plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, empezó a correr, a partir de la notificación al quejoso del oficio reclamado, el ocho de marzo de dos mil veintitrés, notificación que surtió efectos, el nueve de marzo del año en curso, por lo que el plazo de quince días señalado, inició el diez de marzo de dos mil veintitrés y concluyó el tres de abril de dos mil veintitrés, siendo inhábiles los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintiséis de marzo de dos mil veintitrés, así como los días uno y dos de abril de dos mil veintitrés; por tanto, se aprecia que la ampliación de la demanda de amparo, fue interpuesta de manera extemporánea, el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, (foja 50), puesto que el plazo de quince días previsto en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, inició el diez de marzo de dos mil veintitrés y concluyó el tres de abril de dos mil veintitrés, por lo que, la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado, en virtud de que no promovió la ampliación de la demanda de amparo, dentro de los quince días a que se refiere el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo. Bajo esta tesitura, el acto reclamado en la ampliación de la demanda de amparo, es un acto consentido al no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la ley reglamentaria. En mérito de lo anterior, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en la fracción XIV, en relación con el numeral 17, interpretado este último en sentido contrario y fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Además, dicha circunstancia, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó; acorde con tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335 del Tomo VI, relativo a la Materia Común, de la Compilación de Ejecutorias correspondiente a los años de 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. De conformidad con los considerandos Tercero y Quinto de esta sentencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así, lo resolvió y firma, el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, Licenciado José Universo Bautista Fuerte, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en que así lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.
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En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las diez horas con veinte minutos del tres de agosto de dos mil veintitrés, encontrándose en audiencia pública el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa en unión de su Secretario de Acuerdos, Licenciado José Universo Bautista Fuerte, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional del Juicio de Amparo 232/2023-I-A, promovido por José María Romero Ríos, sin la comparecencia de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario procede a la lectura de la demanda de amparo y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, de la Octava Época, de la Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Acto continuo, se abre el periodo probatorio, y con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen 21/02/24 16:56:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6a.b3 JOSE UNIVERSO BAUTISTA FUERTE por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas documentales que obran en autos, por así permitirlo su propia y especial naturaleza, sin que existan otros elementos de prueba pendientes de desahogo, y se hace constar que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), no se advierte promoción alguna pendiente de proveer, por ende se cierra dicha etapa; enseguida, se apertura la fase de alegatos, sin que obre escrito alguno que los contenga, por lo que se declara cerrada la misma; habiéndose dado a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, dicha representación social no presentó pedimento. Con lo anterior, se dan por concluidas las dos primeras fases de esta audiencia constitucional y se procede a dictar la siguiente sentencia que en derecho corresponda, para lo cual firman esta acta el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, en unión del Secretario con quien actúa y da fe. Juez Sexto de Distrito en el Estado. Secretario de Juzgado.
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Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que la autoridad responsable C. DELEGADO DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, con sede en Chihuahua capital, no remitió las constancias relativas a la ampliación de la demanda que se contienen en el oficio BIE/128.01.01.23/068, de fecha catorce de febrero de dos mil veintitrés; en tal virtud, se le requiere la autoridad responsable a fin de que remita las referidas documentales. Para efecto de lo anterior, se le comunica que deberán hacer llegar la contestación al requerimiento efectuado al correo institucional siguiente 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. En consecuencia, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para verificarse el día de hoy, y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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