José María Ramírez Romero

Expediente 866/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
866/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • José María Ramírez Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto pronunciado el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se declara que dicho auto ha causado estado, en consecuencia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Como se advierte de la certificación de cuenta, en este asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, que el expediente electrónico y el físico coinciden en su totalidad. Así, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no tiene relevancia documental, ni valor jurídico, por lo que, es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    En razón de no haber acudido la parte quejosa, a las instalaciones de este Juzgado, a efecto de notificarle personalmente el auto de veintiuno de julio del año en curso, no obstante el aviso dejado en su domicilio con anterioridad, se le notifica por lista de estrados el referido auto, que en lo conducente dice: Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la Jueza de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo ****, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Precisión de actos reclamados. En la especie, los actos reclamados se hacen consistir en: Ahora bien, de la lectura integral del ocurso de que se trata, se advierte que el quejoso reclama: a) La citación para formularle imputación en el cuadernillo para audiencia inicial en libertad **** del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, con residencia en esta ciudad juzgado responsable, así como su ejecución. Sin que sea obstáculo a dicha precisión, el hecho de que en el líbelo inicial se haga referencia a una posible orden de detención, así como su ejecución, ya que el justiciable no tiene la obligación de establecer la denominación técnica del mandamiento que combate. b) La posible solicitud por parte del ministerio público de que se le aplique prisión preventiva oficiosa en el citado expediente. Ahora bien, respecto del acto destacado en el inciso a), según se obtiene de los datos de la demanda de amparo y del propio citatorio que exhibió el quejoso, el cual tiene valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que aquél fue citado a las dieciséis horas del veintiuno de julio del año que transcurre para audiencia inicial para formulación de imputación por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual agravado cometido contra la infanta con resguardo de identidad de iniciales C.G.V.G., con el apercibimiento que de no asistir sin causa justificada, la agente del ministerio público podrá solicitar orden de comparecencia a través de la fuerza pública, de ahí que por cuanto hace a este acto el amparista en realidad combate la citación para formularle imputación; ello en términos de la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, página 287 registro 189287, de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN". En esa tesitura, se advierte la actualización de la causal de improcedencia que prevé la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la citada legislación reglamentaria, en virtud de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en contra de la citación para formular imputación es improcedente la vía constitucional, ya que se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239, registro 2018093, de rubro y texto: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". Criterio de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, lo que como se dijo, torna sin lugar a dudas la improcedencia de este juicio de derechos fundamentales. Por otra parte, por cuanto hace al restante acto reclamado, consistente en la posible solicitud por parte de la Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos Sexuales, Región Centro, de que se le aplique prisión preventiva oficiosa al momento de comparecer a la citada audiencia de formulación de imputación, se advierte diverso motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los artículos 5o, fracción I y 6o, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley...) "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. En ese tenor, de lo narrado con anterioridad, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama la posible solicitud por parte de la Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos Sexuales, Región Centro, de que se le aplique prisión preventiva oficiosa al momento de comparecer a la citada audiencia de formulación de imputación. Por lo que se estima que tal acto no causa un perjuicio directo e inmediato en la esfera jurídica del impetrante de garantías, puesto que para que un acto de autoridad pueda ser reclamado mediante el juicio de amparo, debe causar perjuicio a una persona mediante una lesión directa de sus intereses jurídicos, en su persona, en sus bienes o en su patrimonio y, sólo es hasta entonces cuando nace precisamente la posibilidad de iniciar la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada mediante la instauración del juicio de garantías, pero de ninguna forma, como acontece en la especie, el juicio de amparo es procedente antes de que se presente dicha afectación. Por tanto, resulta inconcuso que a la fecha de presentación de la demanda no ha surgido el derecho al ejercicio constitucional del amparo, puesto que como quedó establecido, se requiere de la certeza y afectación actual del acto en la esfera jurídica del gobernado, lo que en la técnica del juicio de amparo se conoce como el principio de agravio personal y directo, que encuentra su fundamento en la parte inicial del precepto 6o de la Ley de Amparo, que como se evidencia en el caso, no se actualiza al no observarse que con dicha información se restringa o menoscabe de manera real y actual derecho del peticionario; por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los artículos 5o, fracción I y 6o, de la Ley de Amparo, a contario sentido. Lo anterior es así, ya que en la Ley de Amparo, en sus artículos 6o y 61, fracción XII, se obtiene de una interpretación armónica y sistemática, que para la procedencia del juicio de garantías se requiere, como presupuesto indispensable, que el peticionario de amparo acredite el perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, actual y real para que se encuentre debidamente facultado para acudir ante el órgano de control constitucional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. En el caso, el peticionario de amparo manifestó bajo protesta de decir verdad que el catorce de julio de dos mil veintitrés, al llegar a su domicilio aproximadamente a las dieciocho horas, encontró debajo de la puerta un documento suscrito por la Jueza de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, en el cual se le cita para que comparezca a las dieciséis horas del veintiuno de julio de dos mil veintitrés, en la sala de audiencias "C", a fin de que se lleve a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación, en el cuadernillo para la audiencia en libertad 832/2023; sin embargo, de ello no se sigue de manera ineludible que a consecuencia de esto se generen los efectos que supone el justiciable, ya que como se indicó, no se aprecia una afectación real ni actual a su esfera jurídica, por lo que el acto que se combate en esta vía constitucional resulta ser futuro de realización incierta, toda vez que no existe la certeza de que al momento de presentarse a la audiencia de formulación de imputación, en su caso, la Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos Sexuales, Región Centro, solicite como medida cautelar que se le aplique prisión preventiva oficiosa. En dicho sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la jurisprudencia que señala que el agravio necesario para justificar la acción de amparo, debe ser actual, como se corrobora con la siguiente trascripción del referido criterio jurisprudencial con registro 232192, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, volumen 199-204, primera parte, página 135, que a la letra dice Volumen 199-204, Primera Parte "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL." De lo anterior, es válido reiterar que tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización, no procede el juicio de amparo indirecto, puesto que éstos no producen ningún efecto de derecho, al ser precisamente de realización incierta. Por tanto, es inconcuso que el acto reclamado, es acto futuro de realización incierta, respecto del cual es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues la actualización de dicho acto depende de diversos factores futuros de realización incierta, ya que se insiste si bien al quejoso se le citó para que comparezca a las dieciséis horas del veintiuno de julio de dos mil veintitrés, en la sala de audiencias "C", a fin de que se lleve a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación, en el cuadernillo para la audiencia en libertad 832/2023, del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, lo cierto es que ello no tiene como consecuencia inminente que se le aplique como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa; de ahí que, hasta este momento, se trate de un acto futuro de realización incierta. Máxime que para que ello ocurriera, en su caso, dependerá en primer lugar de la comparecencia del quejoso a la audiencia y, por otra parte, de que en dicha audiencia podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar, lo que denota que la prisión preventiva oficiosa que dice se le podría imponer, no sea un acto inminente. Cobra aplicación por analogía la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.), con registro 2010813, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 2321, libro 26, enero de 2016, Tomo III, Décima Época, de rubro siguiente: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En efecto, los actos futuros de inminente realización son los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de tal manera que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve, así como todos aquellos actos que en forma razonable puedan estimarse como consecuencia lógica del acto existente o que se trate de actos derivados de éste en forma tal que la realización de aquéllos se halle condicionada a la existencia legal de éste. Mientras que por actos futuros e inciertos deben entenderse aquellos actos cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones distintas a las que originó el acto reclamado. Máxime que la presentación de la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no contra actos concretos o de realización cierta e inminente. En esas condiciones, con fundamento en el precepto 113 de la invocada normatividad, se desecha de plano la demanda.

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