José María Paz Hernández
Expediente 132/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 132/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José María Paz Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los autos, se advierte que, por acuerdo de treinta de octubre de dos mil veintitrés, se dio trámite a los recursos de revisión interpuestos por la parte quejosa y delegada de las autoridades responsables, en contra de la sentencia dictada en autos. En consecuencia, sin mayor demora, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, el oficio que contenga inserto este acuerdo y los escritos de agravios respectivos. Asimismo, desde este momento, se pone a disposición del Tribunal Colegiado de Circuito que por razón de turno conozca de este medio de impugnación, el expediente electrónico del presente juicio de amparo, en el cual se encuentra agregado el escrito original de expresión de agravios. Debido a la habilitación de la consulta del expediente electrónico para la Superioridad, se estima innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, ya que este juzgado de distrito tendrá a su resguardo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa José María Paz Hernández, así como a sus autorizados, el contenido de la determinación de fecha treinta de octubre de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, a treinta de octubre de dos mil veintitrés Agréguense a los autos el escrito y el oficio firmados por Erik Torres Castro, y Mayra Nayeli Meléndez Piedra, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa y delegada de las autoridades responsables, respectivamente, mediante los cuales interponen recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada dentro del presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa y a las autoridades responsables interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio. Se ordena distribuir entre las partes, las copias de los escritos de expresión de agravios y dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, infórmese al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, sobre la interposición del presente medio de impugnación y póngase a su disposición el expediente electrónico de este juicio, en el cual se encuentra agregado el escrito y el oficio de expresión de agravios presentado, para lo que tenga a bien determinar. Debido a la habilitación de la consulta del expediente electrónico para la Superioridad, se estima innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, ya que este juzgado de distrito tendrá a su resguardo el expediente en que se actúa. Por otra parte, notifíquese personalmente la presente determinación a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito, corriéndole traslado con el escrito de expresión de agravios, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de octubre de dos mil veintitrés Agréguense a los autos el escrito y el oficio firmados por Erik Torres Castro, y Mayra Nayeli Meléndez Piedra, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa y delegada de las autoridades responsables, respectivamente, mediante los cuales interponen recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada dentro del presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa y a las autoridades responsables interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio. Se ordena distribuir entre las partes, las copias de los escritos de expresión de agravios y dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, infórmese al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, sobre la interposición del presente medio de impugnación y póngase a su disposición el expediente electrónico de este juicio, en el cual se encuentra agregado el escrito y el oficio de expresión de agravios presentado, para lo que tenga a bien determinar. Debido a la habilitación de la consulta del expediente electrónico para la Superioridad, se estima innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, ya que este juzgado de distrito tendrá a su resguardo el expediente en que se actúa. Por otra parte, notifíquese personalmente la presente determinación a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito, corriéndole traslado con el escrito de expresión de agravios, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa, así como de sus autorizados, el contenido de la determinación de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: VISTO para resolver el juicio de amparo 132/2023 y su acumulado 176/2023, promovidos por José María Paz Hernández y Sandra Gaeta Miranda, contra actos de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Trámite del juicio de amparo 132/2023. Mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, José María Paz Hernández, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables: Actos reclamados: Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos. "1. La resolución dictada en sesión extraordinaria de. 19 de noviembre del. 2021." "2. El oficio RJD/JUNTAADMON/1033/2022, mismo que deriva como consecuencia del acto señalado con el numeral 1." "3. La resolución definitiva de. 22 de noviembre del. 2022, en los autos de la queja administrativa. 37/2022, formado con motivo del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en contra del suscrito." Visitaduría General del Poder Judicial del estado de Morelos. "4. La ejecución de la resolución dictada en sesión extraordinaria de. 19 de noviembre de noviembre del. 2021." "5. La ejecución de la resolución definitiva de. 22 de noviembre del. 2022." Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Morelos. Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Morelos. "6. La ejecución de la resolución de. 22 de noviembre del. 2022." Director General de Administración, de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos. Encargado del Departamento de Recursos Humanos, de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos. "7. .8. La ejecución de la resolución. de. 22 de noviembre de 2022." El treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 132/2023, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. SSEGUNDO. Trámite del juicio de amparo 176/2023. Mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Sandra Gaeta Miran, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables: Actos reclamados: Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos. "Primero. La resolución dictada en sesión extraordinaria con fecha diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno." "Segundo. El oficio RJD/JUNTAADMON/1033/2022, mismo que deriva como consecuencia del acto señalado con el numeral primero." "Tercero. La resolución definitiva de. 22 de noviembre del. 2022, dictada en los autos de la queja administrativa. 37/2022, formado con motivo del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en contra de la suscrita." Visitaduría General del Poder Judicial del estado de Morelos. "Primero. La ejecución de la resolución dictada en sesión extraordinaria de. 19 de noviembre de noviembre del. 2021." "Segundo. La ejecución de la resolución definitiva de. veintidós de noviembre del. dos mil veintidós." Director General de Administración, de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos. Encargado del Departamento de Recursos Humanos, de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos. ".La ejecución de la resolución. de. 22 de noviembre de 2022." Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Morelos. ".la ejecución del acto reclamado consistente en la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintidós." El nueve de febrero de dos mil veintitrés, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 176/2023, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Acumulación del juicio de amparo 176/2023, al 132/2023 En auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó la acumulación del juicio de amparo 176/2023, al diverso 132/2023, ambos del índice de este Juzgado de Distrito. El veintiséis de junio de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la novena época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a las demandas y el análisis de las constancias de autos, se desprende que los quejosos reclaman: De la autoridad ordenadora: Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos. La resolución de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno y como consecuencia el oficio RJD/JUNTAADMON/1033/2022. La resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el recurso de queja 37/2022. De las autoridades ejecutoras: Visitaduría General del Poder Judicial del estado de Morelos. Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Morelos. Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Morelos. Director General de Administración, de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos. Encargado del Departamento de Recursos Humanos, de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos. La ejecución de resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el recurso de queja 37/2022. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Magistrado Presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de la queja administrativa 37/2022, que adjuntó a su informe justificado, las cuales fueron remitidas como complemento al informe justificado, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. El Magistrado Visitador General de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, del Poder Judicial del estado de Morelos, en su informe justificado aceptó haber dado inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa 37/2022. La Directora de Recursos Humanos, del Poder Judicial del estado de Morelos, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado. El Director General de Administración, del Poder Judicial del estado de Morelos, en su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado. El Director General de Responsabilidades, de la Secretaría de la Contraloría del estado de Morelos, al rendir su informe justificado no manifestó si era cierto o no el acto reclamado, pero informó que llevó a cabo el registro de las medidas de apremio emitidas en contra de los quejosos, en el expediente 37/2022. En tal virtud, se tiene por cierto el acto reclamado consistente en el registro de la referida resolución reclamada de veintidós de noviembre de dos mil veintidós. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales se denominan causas de improcedencia. La improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Este órgano jurisdiccional, de oficio, advierte que tocante a los actos reclamados consistentes en La resolución de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno y como consecuencia el oficio RJD/JUNTAADMON/1033/2022, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Precepto del que se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, considerándose por tales aquellos contra los que no se promueva ese juicio dentro de los plazos previstos. La citada fracción regula la improcedencia por consentimiento tácito; es decir, se refiere a la promoción del juicio constitucional de forma extemporánea. Tal norma jurídica tiene su explicación y fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. Lo anterior, ya que el juicio de derechos fundamentales es un medio extraordinario de defensa, que procede cuando el gobernado resiente en su esfera jurídica una afectación a sus derechos fundamentales. Sin embargo, la propia ley de la materia prevé plazos para acudir a la instancia constitucional, pues no puede quedar al arbitrio del individuo solicitar la protección constitucional en cualquier momento, ya que se entiende que desde la emisión del acto se produce afectación a sus derechos y, al no hacerlo en los plazos fijados, se entiende que no hubo tal perjuicio. Así, para poder determinar si el juicio de amparo fue presentado de forma extemporánea, se debe atender a los plazos previstos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, que expresamente disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En los numerales trascritos se precisan las bases para la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, haciendo una distinción en los plazos para tal efecto, atendiendo a la naturaleza de la norma. En ese orden de ideas, el juicio de amparo es improcedente respecto de normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se ejerza la vía de amparo dentro de los términos señalados en el artículo 17, que de manera genérica es el de quince días, salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, que será de treinta días; la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, que es de hasta ocho años; contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, que será de siete años; y, actos que impliquen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Federal, así como incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, que podrá ser en cualquier tiempo. Estos plazos se contarán desde el día siguiente: a) Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Al en que el agraviado haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que el impetrante se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Salvo cuando se impugne una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ilustra lo expresado, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 1931, registro 165582, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En esas condiciones, es claro que la intención del legislador radicó en establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. La primera hipótesis implica la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación- de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este "tuvo conocimiento" del acto reclamado en determinada fecha, lo que implica tener la convicción de que el interesado se enteró del mismo en forma directa, plena y completa. Por su parte, el último supuesto que se contiene en el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso "...se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución", lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación reclamada, conducta que puede considerarse como una confesión expresa del afectado. Ahora, respecto del acto reclamado materia del presente asunto, se actualiza la primera de las hipótesis anotadas, por las razones que enseguida se expondrán. En el caso, los quejosos fueron parte en la queja administrativa 37/2022, quienes fueron notificados del aludido acuerdo de inicio de procedimiento el catorce de marzo de dos mil veintidós, por lo que si las demandas de amparo se presentaron el veintisiete de enero y siete de febrero de dos mil veintitrés, es evidente que su promoción se realizó de forma extemporánea, por lo que los quejosos consintieron los actos que ahora reclama. Importa acotar que el plazo para la promoción de este juicio de amparo es el genérico de quince días, porque en el caso no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, anotados en párrafos que anteceden. Lo anterior, porque no se reclama una norma con motivo de su entrada en vigor. Tampoco se controvierte un procedimiento de extradición o una sentencia definitiva condenatoria en proceso penal, ni se ordenó en forma alguna la privación total o parcial, temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a algún núcleo de población ejidal o comunal. Por último, los actos reclamados no ponen en peligro la vida de la parte quejosa, ni ataca su libertad personal fuera del procedimiento, tampoco implican incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución, que se traducen en pena de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales; además, en modo alguno ordenan su incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales. En consecuencia, se considera que la presentación de la demanda de amparo resulta extemporánea, lo que trae como consecuencia que se actualice el supuesto de actos consentidos tácitamente, pues por tales se entiende aquellos contra los que no se promueve el juicio constitucional dentro del término de quince días que señala el citado artículo 17 de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Quinta ´poca, Tomo XLI, página 658, registro 360827, que establece: "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORÁNEA. Si la demanda se presenta después de quince días de que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio." Ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede sobreseer en este juicio de derechos fundamentales, por lo que hace a la resolución de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno y como consecuencia el oficio RJD/JUNTAADMON/1033/2022. Solo resta establecer que la anterior determinación no deja en estado de indefensión a los quejosos, pues, en su caso, se podrán analizar tales actuaciones a través de motivos de disenso, como violaciones procesales ocurridas durante el procedimiento, si por virtud de éstas hubieren quedado sin defensa los quejosos, en términos del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Al no existir alguna otra causa de improcedencia invocada por las partes o analizada por este juzgado, se continúa con el análisis constitucional del acto reclamado. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. De las constancias remitidas por la Junta responsable, se advierten los siguientes antecedentes esenciales: ? Por oficio RJD/JUNTAADMON/1033/2022, de uno de marzo de dos mil veintidós, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial de esta entidad federativa, le informó al Magistrado Visitador General, que esa Junta, en sesión extraordinaria de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, determinó iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa a Sandra Gaeta Miranda y a José María Paz Hernández, en su carácter de Titular y Actuario adscrito del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos. De dicho documento se obtiene la eventual conducta que se atribuyó a los servidores públicos investigados. ? Por auto del cuatro de marzo de dos mil veintidós, se ordenó registrar e iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativo bajo el número 37/2022. ? Dicho procedimiento administrativo se notificó personalmente a los quejosos el catorce de marzo de dos mil veintidós. ? Mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, el servidor público investigado José María Paz Hernández, rindió informe en la queja administrativa, y ofreció diversas pruebas. ? Mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, la servidora pública investigada Sandra Gaeta Miranda, rindió informe en la queja administrativa, y ofreció diversas pruebas. ? En auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se provee sobre la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por los funcionarios investigados. ? El dieciséis de agosto de dos mil veintidós, la Visitaduría General del Poder Judicial del Estado de Morelos, emitió el dictamen correspondiente en el que se determinó la existencia de responsabilidada administrativa, proponiendo se impusiera a los servidores públicos las sanciones ahí establecidas. ? Seguido que fue el procedimiento, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictó la sentencia definitiva, determinando la existencia de responsabilidad administrativa de los quejosos, imponiéndoles las sanciones ahí establecidas, ordenándose realizar la anotación correspondiente en su expediente personal, y remitir copia de la resolución a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Morelos, para su ejecución. Esta sentencia definitiva de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, es el acto reclamado materia de análisis en esta instancia constitucional. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora bien, para un mejor entendimiento de este asunto, en primer lugar se realizará una síntesis del sexto concepto de violación expuesto en las demandas de amparo; luego, se procederá a su estudio y análisis respectivo. 1. Síntesis de los conceptos de violación. Los quejosos estiman que se violan los principios de legalidad, seguridad, certeza jurídica, debido proceso, así como los de debida fundamentación y motivación previstos en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, porque la Junta responsable determinó desechar pruebas que ofrecieron a efecto de demostrar la complejidad de las actividades desplegadas, no obstante que en torno a ello y a la carga de trabajo implicada, giró la defensa que plantearon. José María de Paz Hernández, ofreció la prueba de informe que se sirva rendir el Director General de Recursos Humanos, del Poder Judicial del estado de Morelos y/o quien lleve el registro y control del personal del Poder Judicial de esta entidad federativa; también ofreció la prueba de inspección a cargo del personal facultado por parte de la Visitaduría, con la finalidad precisada en la contestación dada, como se muestra enseguida: "Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos narrados en la presente declaración y se ofrece con la finalidad de acreditar que en ningún momento se ha incurrido en alguna responsabilidad de carácter administrativo o de ninguna otra especie, siendo importante el desahogo de la misma en razón de que con la misma se acreditará la veracidad. .los traslados para realizar las notificaciones de los asuntos de que conoce el Juzgado al cual me encuentro adscrito, tomando en consideración que el distrito judicial al cual pertenece el mencionado Juzgado comprende los municipios de Yautepec, Atlatlahucan, Tlayacapan, Totolapan y Tlanepantla, como se dijo al momento de producir contestación a los hechos imputados, por tanto como actuario debe trasladarte muchas veces a diversos sitios de dichas municipalidades y las circunstancias que existen en dichos viajes varían según diversas condiciones como puede ser horario, día etcétera afectando en mayor o menor grado la actividad a desempeñar, por tanto la pertinencia de esta prueba se surte a fin de demostrar la complejidad de las actividades desempeñadas por esta parte." Sandra Gaeta Miranda, ofreció la prueba de informe de autoridad a cargo de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos, con la finalidad precisada en la contestación dada, como se muestra enseguida: "Prueba que ofrezco para acreditar la ausencia de Secretarios de Acuerdos y Proyectistas, y con lo que demuestro la falta de personal para tener operatividad al 100% en la labor jurisdiccional y logar un pleno cumplimiento con plazos procesales." Se puede notar, estiman los quejosos, que ellos buscaban demostrar la complejidad de las actividades desplegadas y la actividad jurisdiccional generada en materia de emisión de sentencias, motivo por los cuales la admisión de las pruebas resultaba pertinente; sin embargo, esas pruebas fueron desechadas por considerarlas excesivas, improcedentes, no ser materia de la litis, ello sin expresar los motivos y fundamentos por los cuales se surten dichas consideraciones, más aún si tenemos en cuenta que ello es un acontecer en el trabajo diario que desempeña, por lo que las pruebas resultaban más que idóneas para demostrar las aseveraciones expuestas. Sobre este tema, el impetrante José María Paz Hernández, recuerda que la autoridad responsable estimó que el cúmulo de actividades diarias fue ciento veinticuatro, y que no justificaban una carga de trabajo excesiva, al no estar descrita la complejidad de ellas y para que eventualmente se considerara carga de trabajo excesiva debió haber demostrado la complejidad de éstas; pero, dice el quejoso, ello fue imposible dado el desechamiento de las pruebas ofrecidas, pues de haberse desahogado fácilmente se hubieran demostrado las distancias, tiempos aproximados y circunstancias que inciden en la realización de las diligencias que se efectúan fuera del juzgado, con lo cual se hubiera arribado a la firme convicción que la carga de trabajo resultaba excesiva y, en consecuencia, su conducta se encuentra plenamente justificada. La quejosa Sandra Gaeta Miranda, aduce que el desahogo de la prueba ofrecida era legal, pues guardaba relación con los hechos controvertidos, además de que tendía a demostrar una circunstancia que justificaba plenamente su actuar, pudiendo en consecuencia trascender al sentido del fallo definitivo que se dictara, pues incluso, la autoridad responsable podía haber valorado todas las circunstancias descritas (carga de trabajo y complejidad de las actividades jurisdiccionales y de los asuntos analizados), considerar la complejidad de los mismos, sea por el volumen, por la dificultad del problema jurídico a resolver, por las circunstancias que se tenían en relación con los elementos materiales y humanos con los que contaba, para el ejercicio de la actividad jurisdiccional. En apoyo a estos argumentos se citan los siguientes criterios: Tesis aislada P XXV/99, con número de registro digital 194078: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. Conforme a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las previstas en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional, señalando este último precepto en su fracción I, entre aquéllas, el no "cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión". De la interpretación literal de este supuesto normativo deriva que la causa de responsabilidad prevista en él contiene dos hipótesis relacionadas, la primera, consistente en el deber de cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado al servidor público, y la segunda, conforme a la cual los servidores públicos deberán abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. De ahí, que la conducta que colma alguna de tales hipótesis encuentra una distinción de origen, pues en el caso de la primera debe estimarse que para valorar el cumplimiento de la máxima diligencia en el servicio encomendado, el órgano de control ha de tomar en cuenta el cúmulo de actividades desarrolladas por el servidor público, durante el lapso en que ha desempeñado el cargo, y en el caso de la función judicial, deberá apreciar los factores que han incidido en su desempeño, como son, la carga de trabajo con que cuente el juzgado o tribunal; la premura con que deban resolverse los asuntos; la complejidad de los mismos, sea por el volumen, por la dificultad del problema jurídico a resolver o por ambas; y, en general, todas aquellas circunstancias que tengan relación con los elementos materiales y humanos con que cuente el juzgador para apoyarse en su actividad. En cambio, respecto de la segunda hipótesis, para su actualización basta una conducta singular, que valorada conforme a los factores antes expuestos, provoque la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión y que, por ende, lleve a concluir que el servidor público no cumple con la máxima diligencia el servicio encomendado." Tesis aislada XXI.1° P.A.48 A, con número de registro digital 176132: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY LOCAL DE RESPONSABILIDADES. Conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta entidad federativa, serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial, las previstas en el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, señalando este precepto en su fracción I, entre aquéllas, el no "Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión". De la interpretación de este supuesto normativo deriva que la causa de responsabilidad prevista en él contiene dos hipótesis relacionadas, consistentes, la primera, en el deber de cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado al servidor público, y la segunda, en que los servidores públicos deberán abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. De lo anterior se colige que la conducta que colma alguna de tales hipótesis encuentra una distinción de origen, pues en el caso de la primera, debe estimarse que para valorar el cumplimiento de la máxima diligencia en el servicio encomendado, el órgano de control ha de tomar en cuenta el cúmulo de actividades desarrolladas durante el lapso en que ha desempeñado el cargo, y en el caso de la función judicial, deberá apreciar los factores que han incidido en su desempeño, como son, la carga de trabajo con que cuente el juzgado o tribunal; la premura con que deban resolverse los asuntos; la complejidad de los mismos, sea por el volumen, por la dificultad del problema jurídico a resolver o por ambas; y, en general, todas aquellas circunstancias que tengan relación con los elementos materiales y humanos con que cuente el juzgador para apoyarse en su actividad. En cambio, respecto de la segunda hipótesis, para su actualización basta una conducta singular, que valorada conforme a los factores antes expuestos, provoque la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión y que, por ende, lleve a concluir que el servidor público no cumple con la máxima diligencia el servicio encomendado." 2. Estudio de los conceptos de violación Atendiendo a la causa de pedir, son fundados los motivos de disenso en los que se sostiene que indebidamente se desecharon las pruebas que ofrecieron los quejosos, las que resultaban necesarias para acreditar su defensa. Asiste razón a los impetrantes, pues de las constancias que integran el expediente de queja administrativa 37/2022, que remitió la responsable como complemento a su informe justificado, se obtiene que una vez que los aquí quejosos fueron emplazados a dicho procedimiento, rindieron el informe que les fue requerido, donde -entre otras- ofrecieron los siguientes medios de prueba: José María de Paz Hernández, ofreció la prueba de informe que se sirva rendir el Director General de Recursos Humanos, del Poder Judicial del estado de Morelos y/o quien lleve el registro y control del personal del Poder Judicial de esta entidad federativa; también ofreció la prueba de inspección a cargo del personal facultado por parte de la Visitaduría, con la finalidad precisada en la contestación dada, como se muestra enseguida: "Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos narrados en la presente declaración y se ofrece con la finalidad de acreditar que en ningún momento se ha incurrido en alguna responsabilidad de carácter administrativo o de ninguna otra especie, siendo importante el desahogo de la misma en razón de que con la misma se acreditará la veracidad. .los traslados para realizar las notificaciones de los asuntos de que conoce el Juzgado al cual me encuentro adscrito, tomando en consideración que el distrito judicial al cual pertenece el mencionado Juzgado comprende los municipios de Yautepec, Atlatlahucan, Tlayacapan, Totolapan y Tlanepantla, como se dijo al momento de producir contestación a los hechos imputados, por tanto como actuario debe trasladarte muchas veces a diversos sitios de dichas municipalidades y las circunstancias que existen en dichos viajes varían según diversas condiciones como puede ser horario, día etcétera afectando en mayor o menor grado la actividad a desempeñar, por tanto la pertinencia de esta prueba se surte a fin de demostrar la complejidad de las actividades desempeñadas por esta parte." Sandra Gaeta Miranda, ofreció la prueba de informe de autoridad a cargo de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos, con la finalidad precisada en la contestación dada, como se muestra enseguida: "Prueba que ofrezco para acreditar la ausencia de Secretarios de Acuerdos y Proyectistas, y con lo que demuestro la falta de personal para tener operatividad al 100% en la labor jurisdiccional y logar un pleno cumplimiento con plazos procesales." Además, como lo afirman los quejosos en sus demandas de amparo, se puede notar que buscaban demostrar la complejidad de las actividades desplegadas y la actividad jurisdiccional generada en materia de emisión de sentencias y de notificaciones de determinaciones judiciales, motivo por los cuales la admisión de las pruebas resultaba pertinente; sin embargo, esas pruebas fueron desechadas por considerarlas excesivas, improcedentes, no ser materia de la litis, ello sin expresar los motivos y fundamentos por los cuales se surten dichas consideraciones, más aún si tenemos en cuenta que ello es un acontecer en el trabajo diario que desempeña, por lo que las pruebas resultaban más que idóneas para demostrar las aseveraciones expuestas. Sobre este tema, el impetrante José María Paz Hernández, recordó que la autoridad responsable estimó que el cúmulo de actividades diarias fue ciento veinticuatro, y que no justificaban una carga de trabajo excesiva, al no estar descrita la complejidad de ellas y para que eventualmente se considerara carga de trabajo excesiva debió haber demostrado la complejidad de éstas; pero, dice el quejoso, ello fue imposible dado el desechamiento de las pruebas ofrecidas, pues de haberse desahogado fácilmente se hubieran demostrado las distancias, tiempos aproximados y circunstancias que inciden en la realización de las diligencias que se efectúan fuera del juzgado, con lo cual se hubiera arribado a la firme convicción que la carga de trabajo resultaba excesiva y, en consecuencia, su conducta se encuentra plenamente justificada. La quejosa Sandra Gaeta Miranda, aduce que el desahogo de la prueba ofrecida era legal, pues guardaba relación con los hechos controvertidos, además de que tendía a demostrar una circunstancia que justificaba plenamente su actuar, pudiendo en consecuencia trascender al sentido del fallo definitivo que se dictara, pues incluso, la autoridad responsable podía haber valorado todas las circunstancias descritas (carga de trabajo y complejidad de las actividades jurisdiccionales y de los asuntos analizados), considerar la complejidad de los mismos, sea por el volumen, por la dificultad del problema jurídico a resolver, por las circunstancias que se tenían en relación con los elementos materiales y humanos con los que contaba, para el ejercicio de la actividad jurisdiccional. De lo expuesto por los quejosos se advierte que dichas pruebas, se relacionaron con los hechos expresados en los informes, en específico, con las cargas de trabajo que imperaron en el periodo a que se refiere la Junta responsable, así como las condiciones particulares en que se prestó el servicio jurisdiccional, relacionado con los elementos humanos y materiales, así como el impacto que en las labores jurisdiccionales generó la pandemia por covid-19, las licencias médicas y por motivos personales concedidas a funcionarios involucrados en la investigación y del propio Órgano Jurisdiccional al que se encontraban adscritos y con las cuales refirieron se acreditarían las circunstancias que debían considerarse al determinarse la existencia de responsabilidad. A las referidas probanzas, les recayó el acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en el que se desecharon de plano bajo el argumento de que lo que se pretendía acreditar con ellas no era materia de la litis, que resultaban excesivas e improcedentes. Como se advierte de lo antes expuesto, fue desacertada la consideración de la responsable al desechar las pruebas de referencia, pues al rendir el informe, los impetrantes de amparo las relacionaron correctamente con los hechos narrados en el mismo, particularmente con las cargas de trabajo que imperaron en el periodo a que se refiere la Junta responsable, así como las condiciones particulares en que se prestó el servicio jurisdiccional, relacionado con los elementos humanos y materiales, así como el impacto que en las labores jurisdiccionales generó la pandemia por covid-19, las licencias médicas y por motivos personales concedidas a funcionarios involucrados en la investigación y del propio Órgano Jurisdiccional al que se encontraban adscritos. Por ello, las pruebas desechadas sí tenían relación con la litis, ya que en el caso ésta se formó con las manifestaciones que realizaron en el informe que rindieron los aquí quejosos en el procedimiento administrativo en los términos relatados. Además, fue incorrecto que se adujera que las pruebas resultaban excesivas en relación con diversa probanza, toda vez que los quejosos estaban en aptitud de ofrecer diversas pruebas que podrían ser complementarias entre sí, máxime que si bien es cierto que el precepto 53, fracción VII, de la Ley Estatal de los Servidores Públicos, faculta al resolutor a desechar de plano una probanza cuando resulte en número excesivo en relación con otras probanzas sobre los mismos hechos, el aspecto de que de alguna manera pudiera relacionarse indirectamente con la probanza especificada con el número tres, no se estima actualice la condición de un número excesivo de probanzas en relación con los mismos hechos. En tal virtud, se considera que el proceder de la responsable vulnera los derechos fundamentales de los impetrantes de amparo, pues tal actuación les impidió acreditar el extremo pretendido en su defensa, y primordialmente relacionado con los aspectos que ya quedaron precisados. A mayor abundamiento, las probanzas aludidas están orientadas a demostrar las circunstancias particulares que en su caso, deberán tomarse en cuenta como condiciones en que los quejosos prestaban el servicio jurisdiccional, aspectos que resultan indispensables analizar por parte de la responsable, dada la naturaleza del procedimiento de responsabilidad. Orientan esta determinación, por identidad sustancial, las tesis que son del tenor literal siguiente: "NOTORIA INEPTITUD O DESCUIDO COMO CAUSA DE RESPONSABILIDAD PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El referido precepto, en la fracción aludida, dispone que será causa de responsabilidad para los servidores públicos de dicho Poder, actuar con notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar. El sustento de la notoria ineptitud es el error inexcusable, el que deberá valorarse tomando en cuenta los antecedentes personales, profesionales y laborales del agente, tales como su preparación, honorabilidad, experiencia y antigüedad tanto en el ejercicio profesional en el Poder Judicial de la Federación y, específicamente, en el órgano jurisdiccional en que labore; asimismo, resulta relevante para llegar a la calificación del error inexcusable, apreciar otros factores, como lo son, la carga de trabajo con que cuente el juzgado o tribunal; la premura con que deban resolverse los asuntos, dados los términos que para ese fin marca la ley; la complejidad de los mismos, sea por el volumen, por la dificultad del problema jurídico a resolver o por ambas cosas; y en general, todas aquellas circunstancias que tengan relación con los elementos materiales y humanos con que cuente el juzgador para apoyarse en su actividad como tal; pues sólo así se podrá llegar a una conclusión que revele precisamente la ineptitud o descuido del funcionario en virtud de la comisión de errores inexcusables. Es preciso señalar que la notoria ineptitud o descuido inexcusable puede manifestarse en cualquier etapa o faceta de la actividad judicial, bien sea en la meramente administrativa o de organización del órgano jurisdiccional, al sustanciar los procedimientos a su cargo, o al dictar las resoluciones con que culminan dichos procedimientos." "MAGISTRADOS Y JUECES. ELEMENTOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD POR DILACIÓN EN EL DICTADO DE SENTENCIAS. La labor jurisdiccional se encuentra sujeta a la garantía derivada del artículo 17 de la Constitución Federal, que exige la atención personal de cada asunto, dado que el texto señala "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia ...", obliga al análisis completo y directo de cada asunto sometido al conocimiento de los órganos jurisdiccionales. En ese sentido, si bien es cierto que en los ordenamientos, por lo general, está previsto un plazo para que los funcionarios judiciales emitan las resoluciones correspondientes, también lo es que para determinar si existe responsabilidad administrativa a cargo del funcionario judicial, por la inobservancia del mismo, se deben tomar en cuenta necesariamente, entre otras, las siguientes circunstancias: 1) El número de asuntos que ingresaron; 2) Los egresos; 3) El remanente; 4) La complejidad de los asuntos; 5) Las condiciones particulares en que se presta el servicio jurisdiccional, incluyendo las circunstancias personales del funcionario (como pueden ser si ha solicitado licencias o incapacidades médicas, o si ha sido comisionado para atender asuntos ajenos a su función judicial), así como las materiales (como si cuenta o no con personal suficiente, si se le ha provisto oportunamente o no de los elementos o instrumentos de oficina, tales como equipo de cómputo y papelería); y 6) Las condiciones propias del proceso en cada juicio (verbigracia, el problema jurídico planteado, la mayor o menor dificultad para integrar el expediente, el número de fojas o tomos de que consta, el número de pruebas ofrecidas o los recursos interpuestos). Además, en la resolución que emita el órgano de investigación o de acusación en la que determine si es administrativamente responsable el funcionario judicial, se deben analizar las circunstancias particulares de cada juicio en el que se adujo que existió dilación, sin que esto último implique ejercer atribuciones jurisdiccionales y, por ello, no impide que se tomen en consideración. Consecuentemente, para determinar si un Juez o Magistrado es administrativamente responsable de la dilación en el dictado de las sentencias, se deben tomar en cuenta las circunstancias antes precisadas y, en particular, la carga de trabajo que tenía el funcionario judicial en el momento de la falta que se le imputa." "DILACIÓN EN EL DICTADO DE SENTENCIAS. EN EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO A JUECES Y MAGISTRADOS SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE IMPERAN EN LA MATERIA PENAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en la tesis 2ª CLXXXIII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 718, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL RELATIVA TAMBIÉN SE RIGEN POR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY QUE IMPERA EN LAS DE CARÁCTER PENAL, AUN CUANDO SEAN DE DIVERSA NATURALEZA.", que la materia de responsabilidades de los servidores públicos se rige también por los principios constitucionales que imperan en la materia penal. Derivado de ello, se concluye que entre los principios que resultan aplicables a todo procedimiento seguido a un Juez o Magistrado, se encuentran el de presunción de inocencia y como consecuencia, el relativo a la carga de la prueba. Del principio de presunción de inocencia se desprenden entre los más importantes, los siguientes derechos: a) que no está obligado a probar que es inocente, sino que la carga probatoria recae en la parte acusadora; b) que no puede ser obligado a confesar en su contra; c) que, en caso de duda, ésta debe beneficiar al sujeto. Los referidos principios y derechos son plenamente aplicables cuando se examina la actuación de los juzgadores, en virtud de que tienen a su favor la presunción de que ejercen la función jurisdiccional atendiendo, entre otros, a los principios de honradez e imparcialidad, así como, que han cumplido con los requisitos previstos en los ordenamientos relativos para ser designados como Jueces o Magistrados, lo que se traduce en que se les considera como personas responsables, honorables y competentes que han prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la impartición de justicia. Por tanto, corresponde en todo caso al órgano de investigación o acusador (verbigracia Consejo de la Judicatura) la carga de la prueba para acreditar que el funcionario judicial es administrativamente responsable de la conducta irregular que se le imputa, por ejemplo, tratándose de la dilación en el dictado de las sentencias; ello, sin perjuicio de que el funcionario pueda ofrecer todas las pruebas que estime pertinentes en su defensa." "PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL. ES INDEBIDO SU DESECHAMIENTO CUANDO TIENE POR OBJETO QUE EL FUNCIONARIO JUDICIAL REALICE MEDICIONES ESTIMADAS. Resulta incorrecto el desechamiento de la prueba de inspección judicial bajo el argumento de que no es idónea para acreditar las pretensiones del quejoso, sino que es la prueba pericial, cuando con aquélla se persigue que el funcionario judicial proporcione meras estimaciones de distancias y superficies con el fin de establecer ciertos hechos para su adminiculación con otras pruebas. Lo anterior es así, en virtud de que para el desahogo de dicha probanza no se requiere contar con conocimientos técnicos que justifiquen la asistencia de un perito en la materia, sino que bastan los del común denominador para hacer aproximaciones de distancia entre uno y otro predio y señalamientos de superficies también apreciativas, además de que, en todo caso, técnica y jurídicamente será motivo de análisis el darle o no valor al acta de hechos resultado de tal prueba inspeccional." "INSPECCIÓN OCULAR. ES ILEGAL SU DESECHAMIENTO BAJO EL ARGUMENTO DE QUE EL ACTUARIO CARECE DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS. Es indebido el desechamiento de una inspección ocular, bajo el argumento de que el actuario judicial adscrito a un Juzgado de Distrito, carece de conocimientos técnicos, dado que el conocimiento de alguna ciencia o arte atiende a la prueba pericial, tal como lo dispone el artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, la inspección ocular tiene como finalidad el observar área, objetos o personas, que se señalen como materia de dicha probanza, describiendo de manera circunstanciada en el acta que se formule, qué fue lo que captó el actuario por medio de los sentidos, durante el desarrollo de la diligencia respectiva, para lo cual no se requiere mayor conocimiento técnico sino sólo el sentido común." En ese orden de ideas, el acto reclamado en esta instancia constitucional resulta violatorio de los derechos fundamentales de debido proceso y audiencia, previstos en el artículo 14 de la Constitución Federal. En tales condiciones, procede conceder a los quejosos, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitan. SÉPTIMO. Efectos del amparo. La autoridad responsable Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos, en el plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que sea legalmente notificada del acuerdo por el que la presente determinación cause ejecutoria, deberá dejar insubsistente la resolución emitida el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en los autos de la queja administrativa 37/2022, y siguiendo los lineamientos de esta sentencia, reponga el procedimiento, y ordene la admisión de las pruebas ofrecidas por los aquí quejosos al rendir su informe, que quedaron detalladas en el considerando sexto de este fallo, y en uso de sus atribuciones continúe con el desahogo procedimental en esa instancia. Concesión que se hace extensiva a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras, al no reclamarse por vicios propios. En virtud de la conclusión alcanzada, resulta innecesario el estudio del resto de los conceptos de violación hechos valer, toda vez que la naturaleza de la violación advertida deja sin efectos los demás puntos que se señalan en los motivos de inconformidad, ya que en ellos se controvierten aspectos relacionados violaciones procesales y con el fondo del asunto, análisis que está supeditado, y dependerá de lo que resuelva la autoridad responsable en cumplimiento a esta ejecutoria de amparo, de ahí que tampoco resulte relevante pronunciarse con relación a los criterios invocados en los mismos. Son aplicables, en lo conducente, las tesis aisladas que son del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la justicia federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CASO EN QUE SU ESTUDIO ES INNECESARIO AUN TRATÁNDOSE DE ASPECTOS PROCESALES. La técnica jurídica que rige al juicio de amparo hace innecesario el estudio de los conceptos de violación relativos al fondo del asunto cuando se otorga la protección federal por aspectos procesales, pero en los juicios laborales en los que se alega un despido injustificado y se advierte la omisión por parte de la patronal de hacer entrega al trabajador del aviso a que se refiere el último párrafo del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, es preferente el estudio, en primer término, de ese requisito o "presupuesto procesal" que exige la legislación laboral; luego, si de autos se advierte que la parte patronal no acreditó ese extremo, resulta irrelevante o innecesario entrar al estudio de los restantes conceptos de violación, aun tratándose de una violación procesal o de fondo encaminada a demostrar la injustificación del aludido despido, si precisamente ya quedó definido éste al no haber dado cumplimiento la parte demandada al último párrafo del mencionado precepto legal." Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, por los actos y motivos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a José María Paz Hernández y Sandra Gaeta Miranda, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo de este fallo, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia, respectivamente. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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