José María Pasos Borges

Expediente 908/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
908/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
13/05/2019

Partes del expediente

  • José María Pasos Borges

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de doce de abril del año en curso, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, en razón de que dicho asunto encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA POR MEDIO DE LISTA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, doce de abril de dos mil diecinueve. Visto: agréguese a los presentes autos el oficio 1117/2019 de la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, así como la certificación que al mismo acompaña, remitidos en cumplimiento al requerimiento que se le formuló mediante acuerdo de cuatro de abril del año en curso; el que se tiene por cumplido, para los efectos legales correspondientes. En dicho oficio, la Juez responsable precisa que mediante acuerdo de ocho de abril del año que transcurre, ordenó el archivo del expediente laboral 821/2013 de su índice, como asunto total y definitivamente concluido, por carecer de materia; lo que le fue notificado a la parte quejosa por medio de la lista de estrados de ese órgano jurisdiccional el nueve siguiente. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad oficiante que hoy se agregan a los autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, en el auto inicial se estableció que la parte quejosa reclamó del Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y actuario de su adscripción, la omisión de acordar su escrito de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, en autos del expediente laboral 821/2013, mediante el cual solicitó se dicte auto de ejecución de laudo en dicho asunto y como consecuencia de ello, la abstención del actuario adscrito, de realizar el requerimiento de pago y embargo correspondientes. Ante ello, la autoridad responsable dictó un acuerdo el treinta de agosto de dos mil dieciocho, en el que requirió al demandado Instituto Mexicano del Seguro Social, exhibiera dentro del término de cinco días la resolución definitiva de incremento y ajuste de pensión de la parte actora, debiendo acreditar con documento fehaciente el pago y regularización correspondientes. Por lo anterior, este Juzgado Federal, decretó el sobreseimiento fuera de audiencia con relación a los actos reclamados por la parte quejosa a las autoridades responsables el dieciocho de septiembre de ese mismo año y al estar inconforme el peticionario del amparo por lo decidido en este juicio, impugnó dicha resolución a través del recurso de revisión del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Luego, en ejecutoria de trece de febrero del año en curso, la Superioridad determinó revocar el fallo impugnado al señalar además que el acto reclamado consistente en la omisión de pronunciarse respecto al escrito de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, el quejoso también se dolía en relación a la inejecución del laudo citado en el juicio de origen. De igual manera ordenó reponer el procedimiento a efecto de que se previniera a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, para que en el término de quince días hábiles, manifestara si era su deseo señalar como nuevo acto reclamado de la Junta responsable, el auto de treinta de agosto antes citado. Ante la abstención de la parte quejosa con relación a dicha prevención con relación al nuevo acto reclamado, por acuerdo de uno de abril del año que transcurre, se hizo efectivo el apercibimiento formulado en autos, de lo que fue notificado el promovente en forma personal el dos siguiente, por lo que se ordenó resolver este asunto, únicamente por los actos inicialmente reclamados en la demanda del amparo. No obstante lo anterior, se requirió a la Junta responsable, remita las constancias relativas al juicio de origen, de las que se advirtiera el estado actual del procedimiento; siendo que, de las mismas, se observa que por acuerdo de ocho del actual mes, la Presidenta de la Junta ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido, al tener al actor por conforme con la documentación exhibida por la parte demanda, relativa a la resolución definitiva de incremento y ajuste de pensión reclamadas. Lo que le fue notificado al actor del juicio mediante la publicación que se realizó de dicha determinación en la lista de estrados de esa Junta, el nueve de los corrientes. Ahora bien, de lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos humanos que estimaron violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea el caso dar vista a la parte quejosa con lo informado por la referida autoridad responsable en el informe de ley, a fin de que estuviese en aptitud de ampliar su demanda de amparo, toda vez que el acto reclamado deriva de un procedimiento jurisdiccional seguido en forma de juicio, por lo que se ubica en el supuesto de una violación al artículo 17 Constitucional, esto es al derecho humano de seguridad jurídica, y no propiamente de una violación al derecho de petición previsto en el artículo 8º Constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del siete de mayo del año actual, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de abril de dos mil diecinueve. Vistos: toda vez que se encuentra transcurriendo el término de tres días hábiles que se le concedió a la autoridad responsable, mediante acuerdo de fecha cuatro del actual mes, para que remita copia certificada y legible de las constancias conducentes que integran el expediente laboral 821/2013 de su índice. En atención a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del siete de mayo del año que transcurre, como nueva hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de abril de dos mil diecinueve. Visto: toda vez que de las constancias que obran glosadas a los autos, se advierte que la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por acuerdo de veinticinco de febrero del año en curso, concedió a la parte actora del juicio laboral 821/2013, un plazo de tres días para que manifestara lo que a su derecho corresponda con relación al escrito de cumplimiento total de laudo exhibido por la parte demandada. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la ley de la materia, requiérase a la Junta antes citada, por conducto de su Presidenta, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente, al en que reciba el oficio que derive de este proveído, remita copia certificada y legible de todo lo actuado en el expediente laboral de origen, a partir del veinticinco de febrero del año en curso; mismas que el suscrito Juzgador Federal considera necesarias para resolver en definitiva en el presente asunto. Con el apercibimiento, que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo que para tal fin se le confiere, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo establece la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la ley de la materia. Notifíquese y cúmplase.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano