José María Moreno Santiago

Expediente 21/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
21/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
03/04/2023

Partes del expediente

  • José María Moreno Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA III.."Ciudad del Carmen, Campeche, tres de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso ***, interpusiera recurso de revisión en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, transcurrió del nueve al veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, con exclusión de los días once, doce, dieciocho y diecinueve de marzo de dos mil veintitrés, por ser inhábiles (sábado y domingo), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, así como del veinte de marzo de dos mil veintitrés, en términos de la fracción tercera, del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y, el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, en términos de lo dispuesto en los artículos 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 19 de la Ley de Amparo; sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Patricia Guadalupe Avendaño López, Secretaria Proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA III "... Ciudad del Carmen, Campeche, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio ***, de la Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, en cumplimiento a lo requerido en auto de diez de enero de dos mil veintitrés, remite copia certificada de los proveídos de seis de octubre de dos mil veintidós y nueve de enero de dos mil veintitrés. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Por otra parte, es criterio preponderante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la existencia del acto reclamado debe relacionarse con la fecha en que se presenta la demanda de amparo. El anterior criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Octava Época, intitulada: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado federal, el once de enero de dos mil veintitrés, ***, promovió demanda de amparo contra los actos y autoridades siguientes: a) De la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, le reclamó: 1. Omisión de acordar el desahogo del resto de las pruebas ofrecidas por las partes dentro de los autos del juicio labora ****. b) Al Actuario de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, le reclamó: 2. Omisión de notificar las pruebas que tienen señalada fecha de desahogo, en autos del expediente número ***. Ahora bien, la Presidenta y el Actuario de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, en su informe justificado manifestaron que no era cierto el acto reclamado, ya que el seis de octubre de dos mil veintidós, y nueve de enero de dos mil veintitrés, se fijaron nuevas fechas para el desahogo de las pruebas testimoniales pendientes por desahogar, asimismo, informaron que las partes ya habían sido notificadas de los respectivos proveídos. Para acreditar lo anterior, remitieron copias certificadas de las constancias de notificación de los proveídos de seis de octubre de dos mil veintidós y nueve de enero de dos mil veintitrés, emitidas dentro de los autos del juicio laboral ***. Copias certificadas a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió. Sin embargo, en razón de que la autoridad responsable, no remitió los proveídos de seis de octubre de dos mil veintidós y nueve de enero de dos mil veintitrés, mediante auto de diez de enero de dos mil veintitrés, se requirió a la Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, para que remitiera copias certificadas de los proveídos de seis de octubre de dos mil veintidós y nueve de enero de dos mil veintitrés, dictados en autos del expediente laboral ****. En atención a lo anterior, mediante oficio, ***, la Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, remitió copias certificadas de los proveídos de seis de octubre de dos mil veintidós y nueve de enero de dos mil veintitrés, emitidos en los autos del expediente laboral ***, de los que se advierte de forma clara y manifiesta que el seis de octubre de dos mil veintidós, se fijaron las nueve horas del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, para el desahogo de la testimonial a cargo de ***, así como las diez horas del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, para el desahogo de la testimonial a cargo de ***. Asimismo, el nueve de enero de dos mil veintitrés, se fijaron las diez horas del tres de marzo de dos mil veintitrés para la inspección ocular y se giraron oficios al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Banco Nacional de México SA Banamex, para las documentales en vía de informe. Copias certificadas a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió. Bajo ese contexto, si el once de enero de dos mil veintitrés, el quejoso ***, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, a quien le reclamó la omisión de acordar el desahogo del resto de pruebas ofrecidas por las partes dentro de los autos del juicio laboral ****. Y, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, se advierte de forma clara y manifiesta que el seis de octubre de dos mil veintidós, se fijaron las nueve horas del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, para el desahogo de la testimonial a cargo de ***, así como las diez horas del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, para el desahogo de la testimonial a cargo de ***. Asimismo, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que mediante proveído de nueve de enero de dos mil veintitrés, se fijaron las diez horas del tres de marzo de dos mil veintitrés para la inspección ocular y se giraron oficios al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Banco Nacional de México S.A. Banamex, para las documentales en vía de informe. Por tanto, resulta evidente que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, a saber, el once de enero de dos mil veintitrés, la omisión de acordar el desahogo del resto de pruebas ofrecidas por las partes dentro de los autos del juicio laboral ****, no existía. Por consiguiente, al estar claramente demostrado que son inexistentes los actos reclamados consistentes en la omisión de acordar el desahogo del resto de pruebas ofrecidas por las partes dentro de los autos del juicio laboral ***, en relación a la fecha de la presentación de la demanda, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 69, agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, intitulada: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Por otra parte, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de notificar las pruebas que tienen señalada fecha de desahogo dentro de los autos del expediente laboral número ***, es menester mencionar que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento legal. Asimismo, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Bajo ese contexto, al haberse notificado los acuerdos de seis de octubre de dos mil veintidós y nueve de enero de do mil veintitrés, el uno y dos de febrero de dos mil veintitrés, respectivamente; cuya falta de notificación constituía uno de los actos aquí reclamados; resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Agente Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de María del Cielo Mata Ramírez, Secretaria Proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA III "... Ciudad del Carmen, Campeche, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio ***, de la Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, en cumplimiento a lo requerido en auto de diez de enero de dos mil veintitrés, remite copia certificada de los proveídos de seis de octubre de dos mil veintidós y nueve de enero de dos mil veintitrés. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Por otra parte, es criterio preponderante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la existencia del acto reclamado debe relacionarse con la fecha en que se presenta la demanda de amparo. El anterior criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Octava Época, intitulada: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado federal, el once de enero de dos mil veintitrés, ***, promovió demanda de amparo contra los actos y autoridades siguientes: a) De la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, le reclamó: 1. Omisión de acordar el desahogo del resto de las pruebas ofrecidas por las partes dentro de los autos del juicio labora ****. b) Al Actuario de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, le reclamó: 2. Omisión de notificar las pruebas que tienen señalada fecha de desahogo, en autos del expediente número ***. Ahora bien, la Presidenta y el Actuario de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, en su informe justificado manifestaron que no era cierto el acto reclamado, ya que el seis de octubre de dos mil veintidós, y nueve de enero de dos mil veintitrés, se fijaron nuevas fechas para el desahogo de las pruebas testimoniales pendientes por desahogar, asimismo, informaron que las partes ya habían sido notificadas de los respectivos proveídos. Para acreditar lo anterior, remitieron copias certificadas de las constancias de notificación de los proveídos de seis de octubre de dos mil veintidós y nueve de enero de dos mil veintitrés, emitidas dentro de los autos del juicio laboral ***. Copias certificadas a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió. Sin embargo, en razón de que la autoridad responsable, no remitió los proveídos de seis de octubre de dos mil veintidós y nueve de enero de dos mil veintitrés, mediante auto de diez de enero de dos mil veintitrés, se requirió a la Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, para que remitiera copias certificadas de los proveídos de seis de octubre de dos mil veintidós y nueve de enero de dos mil veintitrés, dictados en autos del expediente laboral ****. En atención a lo anterior, mediante oficio, ***, la Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, remitió copias certificadas de los proveídos de seis de octubre de dos mil veintidós y nueve de enero de dos mil veintitrés, emitidos en los autos del expediente laboral ***, de los que se advierte de forma clara y manifiesta que el seis de octubre de dos mil veintidós, se fijaron las nueve horas del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, para el desahogo de la testimonial a cargo de ***, así como las diez horas del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, para el desahogo de la testimonial a cargo de ***. Asimismo, el nueve de enero de dos mil veintitrés, se fijaron las diez horas del tres de marzo de dos mil veintitrés para la inspección ocular y se giraron oficios al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Banco Nacional de México SA Banamex, para las documentales en vía de informe. Copias certificadas a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió. Bajo ese contexto, si el once de enero de dos mil veintitrés, el quejoso ***, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, a quien le reclamó la omisión de acordar el desahogo del resto de pruebas ofrecidas por las partes dentro de los autos del juicio laboral ****. Y, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, se advierte de forma clara y manifiesta que el seis de octubre de dos mil veintidós, se fijaron las nueve horas del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, para el desahogo de la testimonial a cargo de ***, así como las diez horas del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, para el desahogo de la testimonial a cargo de ***. Asimismo, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que mediante proveído de nueve de enero de dos mil veintitrés, se fijaron las diez horas del tres de marzo de dos mil veintitrés para la inspección ocular y se giraron oficios al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Banco Nacional de México S.A. Banamex, para las documentales en vía de informe. Por tanto, resulta evidente que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, a saber, el once de enero de dos mil veintitrés, la omisión de acordar el desahogo del resto de pruebas ofrecidas por las partes dentro de los autos del juicio laboral ****, no existía. Por consiguiente, al estar claramente demostrado que son inexistentes los actos reclamados consistentes en la omisión de acordar el desahogo del resto de pruebas ofrecidas por las partes dentro de los autos del juicio laboral ***, en relación a la fecha de la presentación de la demanda, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 69, agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, intitulada: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Por otra parte, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de notificar las pruebas que tienen señalada fecha de desahogo dentro de los autos del expediente laboral número ***, es menester mencionar que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento legal. Asimismo, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Bajo ese contexto, al haberse notificado los acuerdos de seis de octubre de dos mil veintidós y nueve de enero de do mil veintitrés, el uno y dos de febrero de dos mil veintitrés, respectivamente; cuya falta de notificación constituía uno de los actos aquí reclamados; resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Agente Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de María del Cielo Mata Ramírez, Secretaria Proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, diez de enero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios siguientes: 1. Oficio S.A./0457/2023, del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante el cual, rinde su informe justificado en el sentido de que no es cierto el acto que reclama el quejoso. Como justificación a su informe, remite copias certificadas de las constancias de notificación de seis de octubre de dos mil veintidós y nueve de enero de dos mil veintitrés, relativos al expediente laboral 544/2014. 2. Oficio S.A./0456/2023, del Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante el cual, rinde su informe justificado en el sentido de que no es cierto el acto que reclama el quejoso. Asimismo, informa que en proveídos de seis de octubre de dos mil veintidós y nueve de enero de dos mil veintitrés, se señaló fecha para el desahogo de las testimoniales e inspección ocular. Como justificación a su informe, remite copias certificadas de las constancias de notificación de seis de octubre de dos mil veintidós y nueve de enero de dos mil veintitrés, relativos al expediente laboral 544/2014. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con los informes justificados, rendidos y anexos, 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 2 dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de las autoridades responsables, la documentales que adjuntan a su informe justificado; las cuales, se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y en ese acto se tengan por recibidas, aunque no exista gestión expresa del interesado. Ahora bien, toda vez que la Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación, con residencia en Ciudad del Carmen, no remitió las copias certificadas de los proveídos de seis de octubre de dos mil veintidós y nueve de enero de dos mil veintitrés, relativos al expediente laboral 544/2014, por tanto, con fundamento en los artículos 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia debidamente certificada, los proveídos de seis de octubre de dos mil veintidós y nueve de enero de dos mil veintitrés, relativos al expediente laboral 544/2014. Se apercibe a la Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, con residencia en Ciudad del Carmen, que de no dar cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en los artículos 192 y 193, en relación con el numeral 258, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), que resulta de 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ Juicio de Amparo 21/2023-III 3 multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $103.74 (ciento tres pesos, setenta y cuatro centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintitrés, en términos de los artículos 1, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.

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