José María Huerta González

Expediente 639/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
639/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • José María Huerta González
  • María del Consuelo Rodríguez Reyes, responsable del área Coordinadora de Archivos del Centro de Control de Confianza del Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó en el juicio en que se actúa. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que esa determinación ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes en trámite. b) En términos de los artículos 14, fracción III, 20, fracción I del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia. c) El cuaderno único del incidente de suspensión, es destruible, de conformidad con el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo, toda vez que se negó la suspensión definitiva. d) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el primer párrafo, del artículo 20, del Acuerdo en comento, el presente expediente y el original del incidente de suspensión, serán destruidos una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Finalmente, de conformidad, con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Del estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que en proveído de doce de septiembre del año en curso, la Jefa de la Unidad de Normatividad e Igualdad de Género por derecho propio y en su carácter de representante legal del Presidente del Comité de Transparencia, Responsable del Área Coordinadora de Archivos, Directora Médica y Toxicológica y Servidora Pública Encargada de la Protección de Datos Personales, todos integrantes del Comité de Trasparencia y Titulares de Unidades Administrativas del Centro de Control de Confianza, rindió su informe justificado y remitió diversas constancias anexas al mismo. Luego, toda vez que el acto reclamado en el presente juicio de amparo lo es: La contestación emitida en el acta ******************** emitida por el Comité Técnico de Transparencia del Centro de Control de Confianza del Estado de México. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Este Juzgador estima lo anterior, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, es conveniente precisar que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio se encuentra también el llamado principio de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I, del artículo 107 Constitucional, relacionado con el diverso 6º, de la Ley de Amparo, El referido principio se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la ley suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para el juicio de amparo. Cabe destacar que por "agravio", se debe entender todo menoscabo u ofensa a la persona (física o moral), que puede ser o no patrimonial, siempre que sea material y apreciable de manera objetiva. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca la parte quejosa debe ser real y no sólo subjetivo; y, ese agravio debe recaer en persona determinada, concretarse en ésta, no ser abstracto ni genérico y de realización pasada, presente o inminente; es decir, se debe haber producido o estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio; luego, el agravio es considerado como cualquier afectación cometida a la persona en su esfera jurídica. Es necesario establecer que para que el agravio pueda ser causa generadora del juicio de amparo, necesita también ser personal, esto es, que recaiga sobre persona determinada (física o moral). Por ende, todos aquéllos daños o perjuicios en que se pueda manifestar el agravio que no afecten a persona específica de manera concreta, no pueden reputarse como agravios desde el punto de vista constitucional y no origina por tanto, la procedencia del amparo. Además de la personal determinación del agravio, éste debe ser directo, lo cual significa que sea de realización presente, pasada o futura de manera inminente. En consecuencia, aquéllas posibilidades o eventualidades en el sentido de que cualquier autoridad cause a persona determinada daño o perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse como integrantes del concepto de agravio. En conclusión, dicho principio consiste en que el acto que se reclame en la vía de amparo, invariablemente debe causar un perjuicio directo a los derechos e intereses de quien solicite la protección constitucional, situación que en el caso, no se materializa. En esa circusntancia, del estudio de la demanda en cuestión, no se advierte que exista algún acto que produzca un agravio personal, directo y sobre todo actual al promovente, esto es, la causa de un daño o perjuicio que se cometa directamente en la esfera jurídica del gobernado ,que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza que se vaya a causar, por lo que se reitera que la citada demanda resulta improcedente, en atención a lo estatuido en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 6, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Luego, toda vez que de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la contestación emitida en el acta ******************** emitida por el Comité Técnico de Transparencia del Centro de Control de Confianza del Estado de México, y toda vez que de las copias certificadas anexadas al oficio sin número (con anexos), remitido por la Jefa de la Unidad de Normatividad e Igualdad de Género por derecho propio y en su carácter de representante legal del Presidente del Comité de Transparencia, Responsable del Área Coordinadora de Archivos, Directora Médica y Toxicológica y Servidora Pública Encargada de la Protección de Datos Personales, todos integrantes del Comité de Trasparencia y Titulares de Unidades Administrativas del Centro de Control de Confianza, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones de servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones, se aprecia que, si bien es cierto, la autoridad responsable participó en la emisión del ******************** de la primera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Transparencia del Centro de Control de Confianza del Estado de México, en la que determinó la clasificación de la información requerida en la solicitud de información ********************, presentada el veintidós de febrero del año en curso, por David Encarnación Márquez, tal y como se advierte de dicha constancia y no por el ahora quejoso ********************, como pretende hacer valer, y tampoco se advierte diversa solicitud presentada por el ahora quejoso, pues de las constancias remitidas únicamente se advierte la solicitud de diversas personas, sin que se aprecie alguna presentada por el citado ********************, por lo que se colige que no existe ninguna afectación al mismo. De tal manera, procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 356, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, en atención a la determinación anterior, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las trece horas del once de octubre de dos mil veintitrés, se deja sin efectos. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de María de Lourdes Rivero Zamora, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  3. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que se encuentra prevista la audiencia constitucional para el día de la fecha, como se determinó en auto de diecisiete de agosto del presente año, sin embargo, se advierte que se encuentra trascurriendo el plazo de ocho días para que las partes puedan manifestar lo que a su interés convenga respecto del informe justificado que rindió la Jefa de la Unidad de Normatividad e Igualdad de Género por derecho propio y en su carácter de representante legal del Presidente del Comité de Transparencia, Responsable del Área Coordinadora de Archivos, Directora Médica y Toxicológica y Servidora Pública Encargada de la Protección de Datos Personales, todos integrantes del Comité de Trasparencia y Titulares de Unidades Administrativas del Centro de Control de Confianza, en determinación de doce de septiembre del año en curso. En consecuencia, a fin de integrar debidamente el presente sumario, la audiencia constitucional señalada para el día de la fecha se difiere y en su lugar se fijan las trece horas del once de octubre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexos), a través del cual, la Jefa de la Unidad de Normatividad e Igualdad de Género por derecho propio y en su carácter de representante legal del Presidente del Comité de Transparencia, Responsable del Área Coordinadora de Archivos, Directora Médica y Toxicológica y Servidora Pública Encargada de la Protección de Datos Personales, todos integrantes del Comité de Trasparencia y Titulares de Unidades Administrativas del Centro de Control de Confianza, rinde informe justificado al presente expediente; asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, delegados y ofrece pruebas. Por tanto, con su contenido dese vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Luego, respecto a la causal de improcedencia y sobreseimiento que hace valer, en su caso, se proveerá lo conducente al emitir la sentencia que en derecho corresponda. Además, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el físico que indica; asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que menciona. Por otro lado, en relación a las pruebas que ofrece consistentes en: 1.- Documentales públicas, consistentes en copias certificadas de los siguientes documentos: Acuse de solicitud de información pública con número de folio 00004/CCCEM/IP/2023 y archivo adjunto en pdf, correspondiente a un escrito de solicitud de información signado por el C. David Encarnación Márquez, recepcionado en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Acuse de solicitud de información pública con número de folio 00005/CCCEM/IP/2023 y archivo adjunto en pdf, correspondiente a un escrito de solicitud de información signado por el C. Gonzalo Ulises Pantoja Flores, recepcionado en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Acuse de solicitud de información pública con número de folio 00006/CCCEM/IP/2023 y archivo adjunto en pdf, correspondiente a un escrito de solicitud de información signado por el C. Edgar Iván Soto Flores, recepcionado en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Acuse de solicitud de información pública con número de folio 00007/CCCEM/IP/2023 y archivo adjunto en pdf, correspondiente a un escrito de solicitud de información signado por el C. Jesús Rosas Mendieta, recepcionado en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Acuse de solicitud de información pública con número de folio 00008/CCCEM/IP/2023 y archivo adjunto en pdf, correspondiente a un escrito de solicitud de información signado por el C. Federico Martínez Romero, recepcionado en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Acuse de solicitud de información pública con número de folio 00011/CCCEM/IP/2023 y archivo adjunto en pdf, correspondiente a un escrito de solicitud de información signado por el C. Jorge Alberto Gómez Alcántara, recepcionado en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Con lo cual, refiere acreditar que ninguna de las solitudes de información a las que se dio respuesta con el acta CT/O-001/2023, fue suscrita por el hoy quejoso José María Huerta González. 2.- Acuse de recibo del oficio número 203C0201000300S/UT/017/2023, de fecha veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, y su anexo consistente en el Acta CT/O-001/2023, mismo que se ofrece para acreditar que mediante este oficio se dio respuesta a la solicitud con número de folio 00004/CCCEM/IP/2023, realizada por el C. David Encarnación Márquez, y que por tanto le fuera entregado al mismo, tan es así, que obra de puño y letra su nombre, fecha, hora, firma y huela dactilar de recibido de dicha persona, datos todos que acreditan que la solicitud de información registrada con el número de folio 00004/CCCEM/IP/2023, no corresponde a una solicitud del C. José María Huerta González. 3.- Presuncional en su doble aspecto legal y humana, en todo lo que le favorezca a esa autoridad. 4.- Instrumental de actuaciones, consistente en todo lo que se actúe en el presente juicio y que beneficie a sus intereses. En ese contexto, en relación a las pruebas referidas en los arábigos 1, 2 y 3, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la celebración de la audiencia constitucional. Luego, en relación a la prueba referida en el número 4, se reserva acordar lo propio hasta en tanto se encuentre debidamente integrado este sumario constitucional. Notifíquese.

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