Jose María Guillermo Diaz Navarro

Expediente 835/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
835/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • Jose María Guillermo Diaz Navarro
  • Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, doce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad en contra del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por cumplido el fallo protector, transcurrió sin que se haya hecho uso del recurso a que refiere el precepto legal citado; en consecuencia, se tiene por consentido el cumplimiento dado al fallo protector en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), comuníquese a las partes para los efectos legales procedentes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno del juicio de amparo es susceptible de depuración, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo.

  2. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, sin que haya hecho manifestación alguna sobre el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria dictada en el presente asunto; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, por lo que este juzgado procede a pronunciarse al respecto. Antecedentes En el caso, el quejoso José María Guillermo Díaz Navarro solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que se precisan a continuación: "III.- Autoridad Responsable: Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Municipios del Estado Baja California (ISSSTECALI). IV.- Acto Reclamado: Único.- Se reclama de la autoridad responsable la omisión de dar respuesta a mi escrito presentado el día 23 de diciembre de 2020, el cual a la fecha de presentación de la demanda de garantías que nos ocupa, ha superado más de seis sin que se realice la contestación y/o respuesta correspondiente, transgrediéndose y vulnerando con tal silencio y en perjuicio de mi persona el derecho fundamental constitucional contemplando el artículo 8 de nuestra Carta Magna.". Efectos de la sentencia En cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia constitucional en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que la responsable, con libertad de jurisdicción, diera respuesta por escrito en el ámbito de sus facultades, a la solicitud formulada por el quejoso de manera congruente; asimismo, la determinación que se emitiera al respecto, debería ser notificada de inmediato. Contra dicha resolución la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, el cual por razón de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, correspondiéndole el amparo en revisión 538/2021-I, en el cual se confirmó la sentencia dictada en el presente juicio, por lo que se requirió a la responsable para que en el término de tres días diera cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Actos relativos al cumplimiento del fallo Previos requerimientos y prórroga concedidos a la responsable, en primer término, por auto de tres de octubre de esta anualidad, se tuvo al delegado de ésta remitiendo copia certificada del oficio SGPES/2315/2022, de siete de septiembre del año en curso, dirigido al aquí quejoso, con el cual se dio respuesta a su escrito de solicitud de pago de indemnización global y, posteriormente, por auto de veinticuatro de octubre de este año, se tuvo por recibida copia certificada del acta de entrega a la parte quejosa del cheque 14527, de diecinueve de octubre de este año, por el concepto de pago de indemnización global, con firma autógrafa en fresco de su autorizado. Documento que cuenta con valor demostrativo pleno al tratarse de actuaciones certificadas por autoridad en ejercicio de sus facultades, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Análisis evaluativo En tales condiciones, de conformidad con lo constatado a través de los medios de prueba descritos, es posible establecer que las autoridades responsables efectivamente acataron los extremos de la concesión de amparo, pues tal como se les conminó en la sentencia amparatoria, se dio respuesta a la petición presentada por la parte quejosa de manera completa y congruente, remitiendo al efecto copia certificada del oficio relativo, así como del acta de entrega a la parte quejosa del cheque 14527, de diecinueve de octubre de este año, por el concepto de pago de indemnización global -base del escrito de petición-, con firma autógrafa de recibo de su autorizado; constancia con la que se permite colegir que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos vulnerados tal como lo exige el artículo 77, fracción I, en relación con el 196, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considera que el fallo protector dictado en el presente juicio quedó totalmente cumplido y no existe defecto o exceso en su cumplimiento. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    AUTO. Mexicali, Baja California, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta signado por la Delegada de las autoridades dependientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado Baja California, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, anexando al efecto copia certificada del acta de entrega a la parte quejosa del cheque 14527, de diecinueve de octubre de este año, por el concepto de pago de indemnización global. Visto lo anterior, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que en un término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, concluido dicho término, éste Juzgado de oficio, se pronunciará sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

  4. Principal

    AUTO. Mexicali, Baja California, tres de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta firmado por la Delegada de las responsables dependientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipio del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, por medio del cual se le tiene informando los actos que se encuentran realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual anexa copia certificada del oficio de ****, de siete de septiembre de este año, dirigido al quejoso José María Guillermo Díaz Navarro, con firma del Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales de ese Instituto, notificado por conducto de su autorizado, del cual se advierte en esencia que la petición formulada por este fue enviada para su autorización a la Subdirección General de Administración de dicha institución. Por lo expuesto, resulta procedente vincular al cumplimiento del fallo protector al Subdirector General de Administración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; por tanto, requiérasele mediante oficio para que dentro del término de tres días, contado a partir de su recepción, cumpla con la ejecutoria de amparo, esto es, con plenitud de jurisdicción, se otorgue respuesta por escrito en el ámbito de sus facultades a la solicitud realizada por la parte quejosa de manera congruente, debiendo notificarle la respuesta en el domicilio señalado para tal efecto. Con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado, se le impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con el artículo 237 fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se le apercibe que no cumplir en los términos indicados y desatender el procedimiento para el otorgamiento de pensiones conforme al reglamento antes invocado, se podrá considerar que incurre en evasivas injustificadas o tramite ilegal lo cual también constituye causa para la inejecución de la sentencia. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), Décima Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, registro 2007914, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso.

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