José María González Valencia
Expediente 304/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 304/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José María González Valencia
Actuaciones
- Principal
MESA I.- Téngase por recibida la razón signada por la Actuaria de la adscripción, mediante el cual hace del conocimiento que no fue posible notificar el oficio 17383/2018 de diez de mayo de este año, a la autoridad responsable Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, en razón de que es incorrecta su denominación; ahora bien, toda vez que se precisa que lo correcto es Subprocurador de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Procuraduría General de la República, por tanto, en obvio de mayores dilaciones, se ordena reexpedir el oficio con la denominación correcta. Se instruye a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, realice los ajustes necesarios en ese sistema.
- Principal
MESA I.- Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el auto diecinueve de abril del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio (fojas 171 a 176). En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que éste ha causado estado. En vista de lo anterior, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido. Por lo anterior, archívese el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; por lo cual, transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que a la fecha no se cuente con el acuse de recibo del oficio relativo al citado auto, girado a la autoridad responsable foránea, dado que dicha determinación no le afecta; por tanto, carece de legitimación para interponer el recurso de revisión, en términos del artículo 87, de la Ley de Amparo.
- Principal
MESA II Vista la cuenta que antecede, en atención al oficio signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta Ciudad, al que adjuntó el juicio de amparo 1105/2017 de su índice, promovido por José María González Valencia, por propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 304/2018-I-L. COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo y artículo 46, párrafo sexto y séptimo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado el quince de marzo del año en curso, este Juzgado SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO, dado que el actos reclamados son idénticos a los del juicio 37/2018 de este Juzgado; por tanto, acúsese recibo. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS En ese sentido, de autos se advierte que reclama: 1. LA OMISIÓN DE SOLICITAR AL GOBIERNO DE BRASIL LA EXTRADICIÓN DEL HOY QUEJOSO JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ VALENCIA, NO OBSTANTE QUE CUENTO CON UNA ORDEN DE APREHENSIÓN GIRADA POR UN JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE JALISCO. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA Se otorga a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le corresponde, en términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia. CAUSA DE SOBRESEIMIENTO Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte que en este órgano jurisdiccional está radicado el juicio de amparo 37/2018-I-L, promovido por José María González Valencia, contra el propio acto reclamado y mismas autoridades responsables. Por tanto, en el caso, se advierte que respecto al acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 217, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo que dicen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley..." "ARTÍCULO 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Es necesario destacar que el acto reclamado consistente en LA OMISIÓN DEL GOBIERNO MEXICANO DE SOLICITAR AL GOBIERNO DE BRASIL LA EXTRADICIÓN DEL QUEJOSO, ya fue resuelto mediante diversa resolución en el juicio de amparo 37/2018-I-L, de la estadística de este Juzgado de Distrito, la cual no fue impugnada por el solicitante del amparo, en consecuencia, resultaría innecesario analizar nuevamente este rubro, en este juicio biistancial, atendiendo al principio de cosa juzgada, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 85/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 589, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 168959 que dice: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales." Cabe decir que la resolución que resolvió el juicio de amparo 37/2018-I-L, se cita como un hecho notorio. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido substancial la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 285, Tomo XXV, junio de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.- Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Así como también es aplicable el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicado en la página 2023 Tomo XXXII, agosto del dos mil diez, del Semanario en cita, Novena Época, que dice: "HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS.- Los hechos notorios se encuentran previstos en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y pueden ser traídos a juicio oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, aun sin su invocación por las partes. Por otro lado, considerando el contenido y los alcances de la jurisprudencia 2a./J. 27/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 117, de rubro: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.", resulta inconcuso que, en aplicación de este criterio, los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden invocar como notorios en los términos descritos, tanto las ejecutorias que emitieron como los diferentes datos e información contenidos en dichas resoluciones y en los asuntos que se sigan ante los propios órganos y, en esa virtud, se trata de aspectos que pueden valorarse de forma oficiosa e incluso sin su invocación por las partes, con independencia de los beneficios procesales o los sustantivos que su valoración pudiera reportar en el acto en que se invoquen." De lo anterior, es evidente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia en estudio, toda vez que el primer juicio de amparo, es decir en el 37/2018-I-L, ya fue resuelto mediante sentencia de siete de marzo de dos mil dieciocho, el cual fue promovido, como ya se dijo, por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y mismo acto reclamado que en la presente demanda. En estas condiciones, resulta procedente SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio en términos de lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXIII, y el diverso 127, todos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 287, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 193, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." También, la tesis de la anterior Segunda Sala de ese Alto Tribunal, consultable en la página 58, Tomo 16, Tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES E IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS. La Ley de Amparo exige para que opere la causal de improcedencia por existencia de juicio de amparo anterior, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, únicamente la presencia de los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen, sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el ordinal 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se habilita a los Actuarios Judiciales adscritos, para que en su caso, en días y horas inhábiles, realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio y en el incidente de suspensión. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte impetrante el que señala en su escrito de demanda, y como autorizados de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Víctor Francisco Beltrán García, Carlos González Roldán, Moisés Enrique González Pacheco, Herman Enrique González Pacheco, Reyna González Escobar y Alfonso Reyes Estrada, en virtud de contar con cédula profesional registrada en el Sistema, descrito en la certificación secretarial. Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizada para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que refiere, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, en virtud que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema descrito en la certificación secretarial. Lo anterior, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de Licenciada en Derecho o Abogada, para lo cual deberán registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, y del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, la anterior determinación
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