José María González Sáenz

Expediente 247/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 20 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
247/2017
Año
2017
Actuaciones
20
Última actuación
01/04/2019

Partes del expediente

  • José María González Sáenz
  • Administrador Local de Recaudación, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    I. Estado procesal de los autos. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente asunto, se advierte que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, toda vez que la ejecución de las sentencias es una cuestión de orden público, pues la sociedad está interesada en que las resoluciones judiciales sean acatadas, es procedente pronunciarse respecto si el fallo protector ha quedado cumplido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. ll. Antecedentes. Mediante proveído de ocho de enero del año en curso (fojas 276 a 278), se tuvo por recibido el testimonio de la resolución de tres de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, dentro del amparo en revisión administrativa 1216/2017, de la que se advierte que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José María González Sáenz, contra los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV, 82-A, 184 al 188, así como el tercero transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para los efectos precisados en la sentencia recurrida". Por lo anterior, se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza y Administrador Local de Recaudación de Piedras Negras, por si y en suplencia del Administrador Central de Recaudación de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo. Asimismo, se requirió al Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable administrativa mencionada en el párrafo que antecede. En el entendido que los efectos de la concesión de amparo, fueron los siguientes: 1. Las autoridades no apliquen en lo presente ni en lo futuro los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV y 82-A, 184 a 188, y tercero transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuya inconstitucionalidad se ha declarado en el presente juicio de amparo. (tesis) 2. Asimismo, desincorporen de la esfera jurídica de la parte agraviada los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV y 82-A, 184 a 188, y tercero transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 3. El Administrador Fiscal del Estado, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza y Administrador Local de Recaudación de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, deberán de devolver las cantidades que enteró el impetrante del amparo, consistente en la recepción del pago erogado con motivo de las contribuciones a que se refieren los preceptos legales en cita por concepto de inscripción del contrato de compraventa, apertura de crédito, mutuo con garantía hipotecaria e impuestos para el fomento a la educación y seguridad e impuesto adicional, que se señalan en los recibos de pago 758126853, 758126827 y 758126866. 4. En congruencia con lo anterior, es menester precisar que la autoridad responsable que se encuentra vinculada con el cumplimiento de la presente sentencia, también tiene la facultad de descontar del numerario a devolver a la parte quejosa, la cantidad mínima fijada en el artículo 79-B de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, como pago de los derechos de inscripción, que asciende a la cantidad de $1,648.00 (mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); pues la restitución en el goce del derecho fundamental vulnerado, sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa establecida en los numerales 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV, 82-A, 184 a 188 y tercero transitorio de dicho ordenamiento legal, pero sin relevarla de la obligación de enterar cuota alguna, ya que éste monto, conforme a lo establecido en el referido artículo 79-B, es la cantidad mínima que dicho sistema normativo establece para la inscripción de documentos, sin considerar el monto de operación contenida en el documento a registrar...". El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (fojas 287 y 288), se recibió en la Oficialía de Partes de este juzgado, el oficio CGAJ/303/2018, remitido por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación de Piedras Negras, con sede en esta ciudad, por medio de cual, hizo del conocimiento que giró instrucciones al Administrador Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de que en el ámbito de su competencia, diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por acuerdo de diecinueve de febrero del año en curso (foja 295), se tuvo al Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, informando que resolvió devolver a la parte quejosa, la cantidad que pagó por concepto de Derechos del Registro Público, por la inscripción de documentos; por ende, con fundamento en el artículo 193, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se le concedió una prórroga por el término de cinco días a fin de que diera total cumplimiento al fallo protector. El veintisiete siguiente (fojas 297 a 302), la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de la de la resolución de trece de febrero de dos mil diecinueve, en la que se ordenó la devolución de la cantidad que la parte quejosa pagó por concepto de Derechos de Registro Público, se dejó insubsistente la cuantificación y cobro de los derechos registrales relativos a los recibos de pago con número de folio 758126866, 758126853 y 758126827; además, desincorporó de la esfera jurídica del quejoso únicamente las obligaciones comprendidas en los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV, 82-A, 186, 187 y tercero transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila; por lo que, se le requirió para que se pronunciara respecto a los artículos 184, 185 y 188 de la citada ley. Posteriormente, mediante proveído de ocho de marzo del año que transcurre (foja 322), se tuvo a la responsable de trato, comunicando que el cheque correspondiente al pago que realizó la parte quejosa por concepto de inscripción de documentos, se le entregó el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve (foja 321). Por oficio recibido el ocho de marzo del año en curso (foja 325), el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, informó que las obligaciones contenidas en los artículos 184 a 188 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, quedaron desincorporados de la esfera jurídica del quejoso ***. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, expresara lo que a su derecho conviniera; acuerdos que se tuvieron por notificados el once y doce de marzo siguientes (fojas 323 y 327), sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. III. Se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Precisado lo anterior, se estima que los efectos para los cuales fue concedido el amparo en el presente asunto, se encuentran cumplidos, ya que la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, devolvió a la parte quejosa ***, las cantidades que pago por concepto de Derechos del Registro Público, es decir, por la inscripción del contrato de compraventa, apertura de crédito, mutuo con garantía hipotecaria e impuestos para el fomento a la educación y seguridad e impuesto adicional que se señalaron en los recibos de pago 758126853, 758126827 y 758126866, mismos que se dejaron insubsistentes mediante resolución de trece de febrero de dos mil diecinueve. Además, desincorporo de la esfera jurídica del quejoso las obligaciones contenidas en los artículos 79, fracción ll, 79-A, 82, fracción IV, 82-A, 184 a 188 y tercero transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza; acatando con ello los lineamientos del fallo protector. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos uno, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con registro 165807, la cual establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Por tales razones, se estima cumplida la ejecutoria de amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la materia; archívese este expediente y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. IV. Valoración del expediente. Toda vez que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, por medio del cual cumple con el requerimiento de seis de marzo del año en curso (foja 314), y al respecto informa que las obligaciones contenidas en los artículos 184 a 188 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, han quedado desincorporadas de la esfera jurídica del quejoso ***. En consecuencia, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga; en la inteligencia de que una vez transcurrido el plazo otorgado, con o sin desahogo de la vista, éste órgano jurisdiccional dictará la determinación a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, a través del cual se advierte que el seis de los actuales (foja 321), se entregó al quejoso el cheque correspondiente a la cantidad que pagó por concepto de Derechos del Registro Público. En consecuencia, dése vista a la parte quejosa, con el oficio y anexos de cuenta, para que en el término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio remitido por el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, por medio del cual pretende cumplir con el requerimiento de veintiocho de febrero del año en curso (fojas 303 y 304), y al respecto remite de nueva cuenta copia certificada de la resolución de trece del año y mes en cita, emitida por el Administrador General Jurídico de la Administración Fiscal General del Estado, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. En consecuencia, requiérase nuevamente y por última ocasión a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se pronuncie respecto a la desincorporación en la esfera jurídica de la parte quejosa de las obligaciones contenidas en los artículos 184, 185 y 188 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila; lo anterior, por así haberse decretado en el fallo protector, como se refleja a continuación: 1. Las autoridades no apliquen en lo presente ni en lo futuro los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV y 82-A, 184 a 188, y tercero transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuya inconstitucionalidad se ha declarado en el presente juicio de amparo. (tesis) 2. Asimismo, desincorporen de la esfera jurídica de la parte agraviada los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV y 82-A, 184 a 188, y tercero transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 3. El Administrador Fiscal del Estado, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza y Administrador Local de Recaudación de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, deberán de devolver las cantidades que enteró el impetrante del amparo, consistente en la recepción del pago erogado con motivo de las contribuciones a que se refieren los preceptos legales en cita por concepto de inscripción del contrato de compraventa, apertura de crédito, mutuo con garantía hipotecaria e impuestos para el fomento a la educación y seguridad e impuesto adicional, que se señalan en los recibos de pago 758126853, 758126827 y 758126866. 4. En congruencia con lo anterior, es menester precisar que la autoridad responsable que se encuentra vinculada con el cumplimiento de la presente sentencia, también tiene la facultad de descontar del numerario a devolver a la parte quejosa, la cantidad mínima fijada en el artículo 79-B de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, como pago de los derechos de inscripción, que asciende a la cantidad de $1,648.00 (mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); pues la restitución en el goce del derecho fundamental vulnerado, sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa establecida en los numerales 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV, 82-A, 184 a 188 y tercero transitorio de dicho ordenamiento legal, pero sin relevarla de la obligación de enterar cuota alguna, ya que éste monto, conforme a lo establecido en el referido artículo 79-B, es la cantidad mínima que dicho sistema normativo establece para la inscripción de documentos, sin considerar el monto de operación contenida en el documento a registrar. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo establecido, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos del artículo 258 de la ley de la materia . Asimismo, hágase del conocimiento del quejoso que la cantidad que pagó por concepto de Derechos del Registro Público, se encuentra a su disposición en las instalaciones de la Administración Local de Recaudación, de esta localidad, a fin de que acuda a recibir el cheque correspondiente.

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