José María Gastelum Romero

Expediente 261/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
261/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • José María Gastelum Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Acuerdo. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad; mediante el cual remite la ejecutoria dictada dentro del recurso de queja 71/2023, interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno dictado dentro del juicio de amparo 261/2023 del índice de este Juzgado. En dicha ejecutoria se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Es INFUNDADO el recurso de queja. SEGUNDO. Este asunto no tiene relevancia documental en términos del último considerando" Acuse. Acúsese el recibo correspondiente. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se desechó la demanda de amparo. Certificación de la carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Incidente. Sin que en el caso se haya tramitado incidente de suspensión. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio con auto inserto de catorce de marzo del año en curso, signado electrónicamente por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, del cual se advierte que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictado dentro del presente juicio de amparo, el cual quedó registrado bajo el expediente de recurso de queja administrativo 71/2023-I, de su índice. Se autoriza acceso a expediente electrónico. Ahora, respecto a la solicitud de la Superioridad, relativa a que este órgano jurisdiccional realice las medidas necesarias para que ese Tribunal Colegiado cuente con acceso al expediente electrónico del presente Juicio de Amparo; con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en los diversos 35, 39, 55, y demás relativos y aplicables del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente, como lo solicita la superioridad, realícense las gestiones correspondientes a efecto que el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, tenga acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo; lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a ocho de marzo de dos mil veintitrés. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por ********************, y, en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Recurso de queja. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de expresión de agravios que se agregue a los presentes autos, se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del auto de veintisiete de febrero de la presente anualidad, que desechó la demanda de amparo. Remisión a la Superioridad. Con apoyo en el último de los numerales invocados, remítase el escrito original del recurso interpuesto, copia certificada de las constancias respectivas, así como el informe sobre la materia de la queja, al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno de esta ciudad. Informe. Se rinde informe, en el sentido de que es cierto el acto que se reclama, en cuanto a que en el expediente principal se dictó el proveído recurrido que desechó la demanda de amparo, anexando para ello las constancias necesarias a fin de apoyarlo. Notifíquese.

  4. Principal

    Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA ******, NO ATENDIO EL AVISO QUE LE FUE DEJADO DEL 2 DE MARZO DE 2023, SE LE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL MISMOS Y SE LE NOTICICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO QUE EN LO CONDUCENE DICE: Mexicali, Baja California, a veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de San Felipe, Baja California; fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 261/2023. Improcedencia. Una vez analizada en forma íntegra el escrito inicial de demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Para sustentar tal aserto, conviene citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de advertir motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; lo "indudable" consiste en la certeza y plena convicción de algún hecho, lo que no puede dudarse por lo claro y evidente; de esta manera, motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio constitucional es el que está plenamente demostrado, advertida de manera patente y clara de la demanda de amparo, escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de tal suerte que no sería posible concluir en sentido contrario aun con los elementos que se pudieran obtener de tramitarse el juicio constitucional. ***En el caso, se actualiza de forma indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, que la misma ley, aplicado en sentido contrario, los cuáles establecen lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: ****En efecto, en primer lugar se hace énfasis en que dicho acto no afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales establecidos en nuestra carta magna, pues de ninguna forma es constitutivo de derechos ni de condena, simplemente está relacionado con una etapa dentro del procedimiento de origen; siendo que los efectos de dicho acto, evidentemente no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó; lo que, sin duda, en contraposición a lo propuesto por la impetrante, genera que sus consecuencias no se igualen con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia. Esto es así, a partir de la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, el catorce de julio de dos mil catorce, dicho precepto y fracción establece una precisión para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación", contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos, como el que nos ocupa en el caso concreto. En esa disposición, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de "imposible reparación", ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que, en los procedimientos judiciales propiamente dichos (artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo), se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, ? La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, conforme al artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo vigente, los actos en juicio que se consideran de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos protegidos por la Constitución y que la afectación que generan de manera directa e inmediata no es susceptible de repararse obteniendo sentencia favorable en el procedimiento. En cambio, quedan excluidos de esta categoría aquellos actos que sólo afectan derechos adjetivos y procesales dado que, por su naturaleza, sí es posible reparar su afectación mediante sentencia favorable dado que su afectación recae sobre cuestiones meramente formales. Lo que de suyo implica que el quejoso no se encontrará en condiciones de promover amparo contra tantos actos procesales se vayan emitiendo durante la tramitación del procedimiento y que sólo produzcan afectación a derechos adjetivos. Cabe precisar que los derechos sustantivos garantizados por la Constitución de imposible reparación son los derechos personales o reales. Estos derechos surten efectos independientemente de la existencia de algún juicio o procedimiento. Por ejemplo, figuras jurídicas como el arresto, arraigo o embargo limitan las garantías de libertad de tránsito, de propiedad, de posesión, entre otras, y, dada su naturaleza, sus consecuencias son de imposible reparación, ya que aunque el afectado obtenga sentencia favorable nada ni nadie podrá restituirle el tiempo que dejó de gozar de los derechos a los que se le privó. Por otro lado, los derechos adjetivos o procesales surgen durante el trámite de algún procedimiento o juicio y, por ende, si el ciudadano sufre una afectación en los mismos éstos pueden ser subsanados mediante sentencia definitiva favorable o, en caso de obtener sentencia en contra, el ciudadano puede reclamar las violaciones procesales sufridas a través del amparo directo, de acuerdo con el artículo 107 Constitucional, fracción III, inciso a), y los artículos 170 a 174 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si en el caso concreto el acto reclamado se hizo consistir en el proveído de siete de febrero de dos mil veintitrés, en autos del juicio ordinario civil número 129/2022, mediante el cual el Titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de San Felipe, Baja, declaró improcedente el recurso de revocación, promovido por el hoy quejoso contra el auto de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, en el que se negó abrir el citado juicio ordinario civil a pruebas; por tanto, resulta inconcuso que dicho acto únicamente pudiera perturbar, cuando mucho, derechos adjetivos o procesales; de lo que claramente emerge que en el presente asunto los efectos del acto que se reclama no son de imposible reparación -como lo pretende hacer valer la parte impetrante-, ya que por en contraposición a ello, no afectan materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; ello al margen de su "trascendencia predominante o superior"; pues, como se anticipó, en la vigente Ley de Amparo se abandonó ese criterio, para dar lugar a la procedencia del juicio de amparo biinstancial, únicamente contra actos en juicio que tengan efectos de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos, lo que por sí, descarta cualquier posibilidad de procedencia del amparo indirecto contra actos de naturaleza procesal. En efecto, es incuestionable que las presuntas violaciones que reclama la parte quejosa no afectan materialmente sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, como podrían ser la vida, la libertad, la propiedad, la integridad personal, etcétera, y, por ende, no resultan de imposible reparación; incluso, la afectación que ahora reclama podría quedar reparada posteriormente al dictarse la sentencia definitiva, en la que se resuelva en favor a sus intereses. *Por lo anterior, válidamente puede decirse que el acto atacado en este juicio de amparo no constituye una actuación de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía, porque sus consecuencias no afectan de forma material, inmediata y cierta uno de los derechos fundamentales previstos en nuestra carta magna, ni ocasionan a la parte quejosa un perjuicio actual, real y presente, dado que el acto reclamado es un acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, pues si la aquí quejosa obtiene sentencia definitiva favorable en el procedimiento de origen, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio y, si le fuera desfavorable, podría reclamarla vía amparo directo, como violación procesal. Así, las razones anteriores conducen a estimar que, en el caso, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de ese ordenamiento legal, aplicado en sentido contrario, precisamente, porque el acto reclamado en este juicio de amparo, atento a su naturaleza jurídica, los efectos y las consecuencias que produce, carece de una ejecución de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía. Resta precisar que en el caso resulta innecesario esperar a admitir, tramitar y tener a la vista las constancias del informe justificado que en su caso emita el Juez responsable, para constatar todo lo antes expuesto, ya que el acto reclamado fue establecido con base en las manifestaciones externadas en la demanda de amparo por la parte quejosa, en forma expresa y bajo protesta de decir verdad, de las que se desprende que se trata de un acto dentro de un juicio en el que la hora quejosa es parte demandada, donde ya se encuentra integrada la litis y que está en trámite, según el capítulo denominado antecedentes. Afirmaciones de la parte gestora del amparo que constituyen una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a la cual es dable otorgar valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del mismo código. ***No se inadvierte que en la demanda de amparo la parte quejosa hace alusión que en la plataforma electrónica exclusiva para los litigantes como Tribunal electrónico (FIREC), se dictó un acuerdo en el juicio natura, en donde el Juez responsable apertura el término para ofrecer pruebas a las partes en litigio, y en dicha plataforma de notificación apareció publicado que se recibió un exhorto debidamente diligenciado por diverso juzgador de la ciudad de Mexicali, sin que hubiera aparecido visualizado la apertura el término para ofrecer pruebas, dentro del termino de los diez días, para ofrecerlas, en el juicio civil 129/2022; sin embargo, dicha manifestación en nada modifica lo aquí determinado, pues, dicho juicio civil -129/2022- se encuentra en trámite -etapa de pruebas-, por lo que si dicha violación que hace vale la quejosa trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, podría reclamarla vía amparo directo, como violación procesal. En consecuencia, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia aludida; por consiguiente, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de la materia. Precedente. En idénticos términos se pronunció este Juzgado dentro del amparo 1756/2022, el cual fue confirmado por el Sexto Tribunal Colegiado de este Circuito, al resolver el recurso de queja 257/2022. Determinación que constituye un hecho notorio para quien resuelve, toda vez que la versión electrónica de la resolución aludida se encuentra almacenada y capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), conforme lo autoriza la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, son: ***Domicilio. ***. En el claro entendido de que, acorde al citado precepto, tal cuenta de correo personal, es única y exclusivamente con el fin de facilitar el contacto con personal de este órgano jurisdiccional, no así para recibir notificaciones electrónicas por dicho medio de comunicación privada, toda vez que ello debe realizarse únicamente desde el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, mediante su firma electrónica certificada (FIREL o FIEL) y nombre de usuario registrado en dicho portal. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Exhortación a todas las partes a continuar juicio en línea. Con fundamento en el artículo 22 y 28, segundo párrafo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, dado que el presente juicio fue promovido inicialmente de manera física, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; ello, con la finalidad de mejorar la comunicación con las partes. Se instruye a los actuarios judiciales adscritos. Por otro lado, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, a efecto de que una vez que lleven a cabo las notificaciones respectivas integren de inmediato y debidamente el expediente electrónico del presente juicio de amparo. Asimismo, en tanto el presente juicio no se tramite en su totalidad bajo el esquema de juicio en línea, se les instruye a los actuarios para que las notificaciones personales que en su caso sean ordenadas, las realicen con estricta observancia a lo dispuesto por la normatividad aplicable en relación a la protección de la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. En virtud de lo antes citado, por cuestiones de seguridad e higiene, con la intención de salvaguardar tanto la integridad física y salud del personal de este juzgado como de las partes que intervienen en el presente juicio, además de cortar probables cadenas de contagio del virus SARS-CoV2 que ocasiona la enfermedad denominada COVID 19, se solicita de los actuarios adscritos a este juzgado que para la práctica de notificaciones personales, en el acta de notificación respectiva, asienten que leyeron y entregaron copia de los acuerdos relativos, además deberán abstenerse de recabar las firmas relativas, lo que también deberán anotar en el acta, con la finalidad de respetar los protocolos sanitarios de sana distancia, en términos de los artículos 2 y 23 fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales Ante la Contingencia por el Virus Covid-19. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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