José María García Ramírez
Expediente 1178/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1178/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares
- José María García Ramírez
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; seis de enero de dos mil veintitrés. Visa la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental en términos del artículo 15 del referido Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, en la caratula del presente expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que no obra la notificación electrónica a la parte quejosa del auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós; por lo que, se comisiona a la actuaria judicial adscrita a efecto de que proceda a su realización. Notifíquese.
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN: SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, MEDIANTE LISTA ELECTRONICA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN POR MEDIO DE SU USUARIO PROPORCIONADO Y LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL; ACUERDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por José María García Ramírez, por su propio derecho, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1178/2022, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA. Ahora, previo a proveer sobre su admisión, se tiene que el quejoso reclama: 1. Del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, la orden de descuento por concepto de pensión alimenticia dictada dentro del expediente 993-2/2022, promovido por Silvia Gallardo Morán en contra de José María García Ramírez, al cual se le emplazó el dieciséis de diciembre actual. 2. Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las Fuerzas Armadas de México y el Jefe de Departamento de Recursos Humanos del 68° Batallón, el cumplimiento al mandato de descuento y pago de la pensión alimenticia decretada a favor de su acreedores alimentarios. Sobre el primero de los actos descritos con antelación, el Pleno de Circuito de Vigésimo Primer Circuito, al resolver la Contradicción de Tesis 4/2014, determinó que en contra del auto que fija alimentos provisionales procede el recurso de apelación. Lo anterior en la Jurisprudencia PC.XXI.J/5 C (10a), consultable en la página 1428, del Tomo II, noviembre de 2015, materia civil, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ALIMENTOS PROVISIONALES. CONTRA EL AUTO QUE LOS FIJA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De la interpretación de los artículos 140, 375, 381, 386, 393, fracción III y 566 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, deriva que el auto que fija alimentos provisionales es impugnable mediante el recurso de apelación, y no a través del de reconsideración, en virtud de que este último excluye su procedencia respecto de aquellas determinaciones impugnables en apelación. Al respecto, de los citados artículos 393, fracción III, y 566, se colige que las resoluciones sobre alimentos que fueran apeladas (entre éstas, las que fijan alimentos provisionales) serán ejecutables sin necesidad de caución, lo cual revela la procedencia de dicho recurso en su contra; lo anterior, aunado a que la fracción V del numeral 238 del citado código señala que el auto de entrada a la demanda es apelable en el efecto devolutivo, momento procesal en que precisamente se fijan los alimentos provisionales, sin que trascienda que tal regla esté dirigida a los juicios ordinarios, en virtud de que, conforme al diverso artículo 524 de ese mismo ordenamiento legal, en todo lo no previsto y en cuanto no se oponga a lo ordenado en el título relativo, se aplicarán las reglas generales del propio código". El criterio anterior es obligatorio para este juzgado de Distrito, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la resolución reclamada lo constituye el auto que fija alimentos provisionales, contra el cual procede un recurso ordinario y conforme con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la obligación de agotarlo previamente a la interposición del juicio constitucional por ser el idóneo, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el citado numeral. Ello en virtud de que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de modo que no es optativo para el ahora agraviado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio" El criterio anterior es obligatorio para este juzgado de Distrito, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Por tanto, si el acto reclamado se encuentra dentro del auto que fijó alimentos provisionales, pues ello se deriva del hecho de que una vez que fue emplazado, se efectuó el descuento relativo; contra dicha determinación procede un recurso ordinario y conforme con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la obligación de agotarlo previamente a la interposición del juicio constitucional por ser el idóneo, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el citado numeral. Ello en virtud de que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de modo que no es optativo para el ahora agraviado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio. Por otro lado, respecto de las autoridades señaladas como responsables el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las Fuerzas Armadas de México y el Jefe de Departamento de Recursos Humanos del 68° Batallón, en contra del acto que se les reclama, también es improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción I, de la propia ley; atento a lo siguiente: De la interpretación sistemática de los artículos 73, fracción XVIII, y 1, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada, se concluía que el juicio de amparo era improcedente cuando los actos reclamados no provenían de una autoridad; ya que dicha legislación, preveía que era autoridad responsable la que dictaba, promulgaba, publicaba, ordenaba, ejecutaba o trataba de ejecutar la ley o el acto reclamado. En diversas tesis y jurisprudencias, el Máximo Tribunal de la Nación construyó con el devenir histórico la definición del concepto de autoridad para los efectos del amparo, abandonándose el primigenio concepto de fuerza pública para distinguir los actos de autoridad del de los particulares, para arribar a una nueva concepción definida acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. Así, durante la vigencia de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, se fijó como criterio para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Luego de que la indicada legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedó abrogada con motivo de la entrada en vigor de Ley de Amparo a partir del dos de abril de dos mil trece, en la última de las codificaciones en cita se retomó el criterio antes descrito para definir el concepto de autoridad para los efectos del juicio de garantías, ya que sobre el particular el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente prevé que tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior quiere decir que a partir de la entrada en vigor de la llamada Nueva Ley de Amparo, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad con esa naturaleza formal, para los efectos del juicio de garantías, debe considerarse si al dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, el ente u organismo del Estado, viole los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente en su segundo párrafo dispone lo siguiente: "Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La anterior porción normativa revela entonces que en tratándose de actos provenientes de entidades estaduales o incluso provenientes de quienes carecen formalmente de tal naturaleza, para ser considerados como provenientes de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, no solamente debe verificarse si al dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, violen los derechos fundamentales constitucional y convencionalmente protegidos, sino también habrá de confirmarse si las funciones que despliega al realizar tales conductas están determinadas por una norma general. En el presente caso, de lo narrado por el quejoso se advierte que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las Fuerzas Armadas de México, sólo tiene el carácter de patrón del acreedor alimentario dentro del juicio de alimentos 993-2/2022, y que por ende, la autoridad judicial le dirigió la comunicación relativa para que procediera a hacer el descuento en la proporción que ahí determinó, y que el Jefe de Departamento de Recursos Humanos del 68° Batallón, es únicamente quien se encarga de realizar los pagos a los trabajadores del mismo; de ahí que, el cumplimiento a lo anterior no puede ubicarse dentro de los parámetros a que se refieren los numerales invocados, habida cuenta que dichas entidades designadas como responsables, no lo hacen dotadas de facultades y atribuciones por las normas legales, ni mucho menos su cumplimiento crea, extingue o modifica situación jurídica alguna en forma unilateral u obligatoria en perjuicio de la solicitante del amparo, pues su actuar se encuentra vinculado a acatar un mandato judicial, inclusive, con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, lo cual corrobora que la observancia a la orden de descuento y pago está sometida a la jurisdicción de la autoridad judicial, quien le requirió en su carácter de empleador. De ahí, se estima que se actualiza la causa de improcedencia que se analiza, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar la demanda de amparo únicamente por lo que respecta a los actos que se le reclaman al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las Fuerzas Armadas de México y el Jefe de Departamento de Recursos Humanos del 68° Batallón. Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda y el escrito del desahogo de la misma e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. AUTORIZADOS. Se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Tomás Gutiérrez Álvarez, Eduardo Torres León y Rigoberto Larumbe Aivar, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a David Jiménez Fombona, Yadira Santos Reyes y Miguel Ángel Mercado Salgado, por no cumplir con el requisito anterior. EXPEDIENTE, MEDIOS ELECTRÓNICOS Y NOTIFICACIONES PERSONALES POR VÍA ELECTRONICA. Asimismo, como lo solicita se le autoriza la consulta del expediente electrónico en el presente asunto, por medio de la cuenta de usuario que proporciona (TomasGutierrezAlvaezl), por lo que désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal; y hágasele las subsecuentes notificaciones personales por vía electrónica, a través del mencionado usuario, salvo aquellas que este juzgado realice por medio de lista que se fije en los estrados del mismo. De igual forma, en términos del artículo 5, fracción I, en relación con el 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase como datos de contacto de su parte para comunicaciones no procesales el correo electrónico que proporciona. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, ASÍ COMO LO ORDENADO EN VEINTITRES DEL ACTUAL...
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