Jose Maria Flores Moreno
Expediente 1762/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1762/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/11/2022
Partes del expediente
- Jose Maria Flores Moreno
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Causa Estado. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de quince de noviembre de la presente anualidad, a través del cual se desechó la demanda de amparo, por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Anotaciones Y Archivo. En el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Calificación Del Expediente. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, consultable en el Diario Oficial de la Federación, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Tercero inciso XVIII) del Acuerdo citado. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. ... Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; quince de noviembre de dos mil veintidós. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por José María Flores Moreno, por derecho propio contra actos de la Jueza de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 1762/2022-VII. Desechamiento. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Ahora de la precisión del acto reclamado hecha con antelación, procede desechar de plano con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo. .... Aunado a lo anterior, cabe señalar que en términos del invocado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, las únicas excepciones para no observar el principio de definitividad contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, se presentan cuando: a) Los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Los actos consistan en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. c) Se trate de persona extraña al procedimiento. En el caso particular no se actualiza excepción alguna pues el acto reclamado lo constituye la determinación de tres de noviembre de dos mil veintidós dictado por la Jueza de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, en la causa de juicio oral 29/2022, que decretó el abandono de la defensa privada del aquí quejoso, en razón de no haber comparecido a la audiencia de veinte de octubre de dos mil veintidós, cuya naturaleza es diversa de los actos señalados en los incisos a) y b). Aunado a lo anterior, el quejoso no se ostentó como terceros extraños al procedimiento de donde deriva el acto reclamado, por el contrario, es parte del mismo. Por otra parte, este Juzgado de Distrito estima conveniente señalar que si bien el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, establecen la procedencia de la acción constitucional de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, lo cierto es que con anterioridad a su promoción deben agotarse los recursos o medios de defensa previstos en la ley ordinaria, a fin de observar el principio de definitividad. Por ende, aun cuando el proveído reclamado produjera una ejecución de imposible reparación, el juicio de amparo indirecto aun sería improcedente por haberse omitido interponer el recurso de revocación en su contra, ya que, como se adelantó, no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad; de ahí la obligación de los quejosos de agotar el recurso de revocación previsto en los artículos 465 y 466, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales (ley ordinaria que rige el acto reclamado). Lo expuesto encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de dos mil doce, tomo 1, página 729, del contenido siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Así como, la jurisprudencia 1859, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la Novena Época, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, página 2104, del contenido siguiente: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Por otra parte, este Juzgado de Distrito considera pertinente señalar que si bien el artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, exime de la obligación de agotar los recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; lo cierto es que tal disposición es aplicable, únicamente, cuando el acto reclamado emane de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, lo cual en la especie no acontece, pues como se mencionó, el acto reclamado deriva de un tribunal judicial, emitido dentro de un juicio de carácter penal. Sin que el quejoso se encuentren en alguna de las excepciones que contempla la propia fracción XVIII de la ley de la materia; en tal virtud que estaban obligados a combatir la resolución reclamada por medio del recurso ordinario antes de acudir al juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por José María Flores Moreno, por derecho propio contra actos de la Jueza de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México y otra autoridad, de conformidad con los artículos 61, fracción XVIII, así como 113 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ivacari Miguel Fiesco Martínez, por contar con la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Domicilio para oír y recibir notificaciones. De conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, practíquense las notificaciones aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija en este órgano de control constitucional, hasta en tanto la parte quejosa señale para tal efecto domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca, Estado de México. Correo electrónico y número de teléfono Ahora, por cuanto hace al correo electrónico y número telefónico que proporciona el quejoso, no obstante que la Ley de Amparo no contempla las notificaciones por esa vía, ténganse por señalados, ello a fin de poder hacerle del conocimiento las actuaciones trascendentes y/o establecer el contacto respectivo en los casos en que por su trascendencia se estime necesario. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el artículo 21 párrafo tercero de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. De conformidad en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. ... Se da vista con adscripción de nueva titular. Por otra parte, visto el contenido del oficio SEADS/707/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, del cual se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que mediante sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno de dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la adscripción de la Jueza Diana Abraján Peña, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con efecto a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente al quejoso.
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