José María Cú Matos

Expediente 112/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 22 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
112/2019
Año
2019
Actuaciones
22
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • José María Cú Matos
  • Carlos Cu Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y por cuanto de la misma aparece que el término que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer el RECURSO de INCONFORMIDAD en contra de la determinación de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se declaró sin materia el cumplimiento del fallo protector concedido, transcurrió sin que se haya hecho valer; en tal virtud, con fundamento en el referido artículo 202 de la Ley de Amparo, relacionado con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, como lo dispone su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicha determinación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. *** Notifíquese. Así lo acordó y firma Edgar Martín Gasca De la Peña, Juez Interino del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, de conformidad con el oficio SEADS/1102/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, firmado electrónicamente por el Secretario encargado del despacho de la Secretaria Ejecutiva de Adscripción, del Consejo de la Judicatura Federal, emitido en cumplimiento a lo ordenado en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre del mismo año; quien actúa asistido de Jorge Alfredo Ruiz Báez, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. ELABORÓ: cbg EN DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, el suscrito Actuario Judicial adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, hago constar: que siendo las nueve horas, notifico a las partes el acuerdo que antecede, por medio de la lista que fijo en los estrados de este órgano jurisdiccional, siendo este un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo.- Doy fe. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE Av. Patricio Trueba y de Regil, no. 245, colonia San Rafael, San Francisco de Campeche, Campeche. "2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN" REF. EXP. 618/14-2015/2F-I. AUTORIDAD RESPONSABLE. OF. NO. 31795-2 JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. P R E S E N T E . En el expediente relativo al juicio de amparo indirecto 112/2019, promovido por JOSÉ MARÍA CU MATOS, contra actos de usted, se proveyó lo siguiente: San Francisco de Campeche, Campeche, a siete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y por cuanto de la misma aparece que el término que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer el RECURSO de INCONFORMIDAD en contra de la determinación de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se declaró sin materia el cumplimiento del fallo protector concedido, transcurrió sin que se haya hecho valer; en tal virtud, con fundamento en el referido artículo 202 de la Ley de Amparo, relacionado con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, como lo dispone su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicha determinación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el capítulo 7, puntos 7.1 y 7.1.1. del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de DEPURACIÓN, pues se ubica en la hipótesis establecida en el inciso a), del artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo general, esto es, se trata de un asunto en el que CONCEDIÓ la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; habida consideración que carece de relevancia documental y, por ende, deberá conservarse por el término de tres años. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada juntamente con este proveído en que se acuerda su archivo como asunto concluido; tal y como lo establecen el penúltimo párrafo del numeral 18 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales y los puntos 7.3 y 7.6 del Manual anteriormente invocado. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, en términos de lo prevenido en el último párrafo del artículo 18 del acuerdo normativo en mención, interrelacionado con el punto 7.6 aludido líneas arriba; ello, previas las anotaciones en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Hágase constar en la carátula del expediente principal, la leyenda "DEPURABLE", acorde lo dispuesto por el ordinal 35 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir del acuerdo en el que se ordena el archivo, con fundamento en los artículos 20, 22, 23 y 24, Capítulo Octavo, y 35, Capítulo Décimo Tercero, del referido Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Incidental

    Visto el estado procesal de los presentes autos, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, inciso a), del artículo 18, de dicho acuerdo, habida cuenta que se concedió y negó, tanto en la provisional como en la definitiva, la medida cautelar solicitada; por lo que en su momento únicamente se dejaran para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la suspensión y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. *** Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA EL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE 2021 Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera, sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en relación con el artículo Tercero Transitorio de la propia Ley de Amparo, procede al análisis de oficio de dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el juicio; aunado a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia constitucional y el veintiséis de abril de ese mismo año se dictó la sentencia correspondiente (fojas 52-70), en la que en su resolutivo PRIMERO, se estableció lo siguiente: ". PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a *****, en el juicio de amparo 112/2019 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, en contra el acto reclamado y autoridad responsable que quedaron precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones contenidas, fundamentos invocados y para el efecto especificado en el considerando sexto de la misma..." En síntesis, el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para el efecto de que: ". la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, realice lo siguiente: A) Deje insubsistente la resolución de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, emitida en autos del juicio ordinario civil de desconocimiento de paternidad número 618/14-2015/2F-I, promovido por el tercero interesado Carlos Orlando Cu Vázquez, en contra de sus progenitores **** (aquí quejoso) y ****; y, B) Dicte una nueva determinación en la que modifique el auto apelado para el efecto de que al ordenar el desahogo de la prueba pericial en genética con el propósito de determinar si demandado es progenitor del actor, se dicten las medidas o apercibimientos necesarios para evitar que mediante dicha pericial se pongan al descubierto aspectos ajenos a la litis, con el objeto de evitar alguna posible afectación a la más absoluta intimidad de las partes...". En proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión presentado por el quejoso ****, en contra de la sentencia dictada en el presente asunto (foja 102). Mediante ejecutoria emitida el veintidós de julio de dos mil veinte, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán, en auxilio del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, relativo al recurso de revisión 186/2019, de su índice, en los puntos resolutivos determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ****, en el juicio de amparo 112/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, en contra del acto reclamado y autoridad responsable que quedaron precisados en el considerando segundo de la sentencia que se revisa, por las razones contenidas, fundamentos invocados Y para el efecto especificado en el considerando sexto de la misma.". (fojas 113-117) Atento a lo anterior, en proveído de treinta de octubre de dos mil veinte, requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento con la sentencia concesoria de amparo (foja 118). Por consiguiente, mediante oficio de 3446/20-2021/2F-I, de veintidós de junio de dos mil veintiuno, la Jueza Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, informó respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo al efecto copia certificada de diversas constancias que acreditan el mismo (fojas 128 a 152). Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197, 201 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, de las que se advierte lo siguiente: En veintisiete de noviembre de dos mil veinte, la autoridad responsable señaló el quince de diciembre de dos mil veinte, para que tuviera verificativo una junta de mejor proveer, con la finalidad de que las partes llegaran a un acuerdo en el juicio natural. (foja130). Mediante proveído de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, la Jueza responsable ordenó citar a ****, **** y **** así como a la Agente del Ministerio Público de la adscripción, señaló nueva hora y fecha para la celebración una junta de mejor proveer, con el propósito de que las partes llegaran a un acuerdo en el juicio natural. (foja142). Por escrito de cinco de marzo de dos mil veintiuno, ****, aquí quejoso, **** y **** terceros interesados por conducto de su apoderada **** , presentaron el convenio de tres del citado mes y año, un convenio con la finalidad de poner fin al juicio de origen (foja 147). El nueve de marzo de la presente actualidad, las partes del juicio de origen comparecieron a la audiencia pública para efecto de dar lectura al convenio presentado, en la cual manifestaron llegar a un acuerdo satisfactorio en el juicio de origen, por lo que la autoridad responsable al considerar que el convenio exhibido no contenía ninguna cláusula contraria a derecho, lo aprobó en todos sus términos y elevó a la categoría de cosa juzgada, dándole vista al ministerio público para su conocimiento (foja 149). En tales circunstancias, se concluye la imposibilidad jurídica de tener por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, en virtud de que las partes llegaron a un convenio en el juicio civil de origen, el cual se elevó a la categoría de cosa juzgada; por lo que, este órgano de control constitucional declara SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR CONCEDIDO a ****. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis 2a. CXXIV/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 586, del tomo X, Octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado resulta que cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y que por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente debe declararse sin materia, como acontece cuando la protección constitucional se otorga para que la autoridad responsable notifique un acuerdo que admite a trámite un recurso interpuesto por el quejoso, pero resulta que dicha autoridad, en lugar de notificar el acuerdo de referencia, procede a dictar la resolución correspondiente al recurso intentado, por lo que es evidente que en este supuesto se actualiza un cambio en la situación jurídica que prevalecía al momento en que se concedió al agraviado la protección federal y, por ende, existe imposibilidad jurídica para cumplir con la obligación exigida, pues resulta evidente que ningún caso tendría conminar a la responsable a que notifique el acuerdo de admisión del recurso, si a la fecha concluyó la instancia que en él se ordena iniciar; y, además, la resolución definitiva fue favorable al quejoso.". Asimismo, la tesis P. XCV/97, de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 165, del tomo V, Junio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA SU CUMPLIMIENTO. SÓLO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE AMPARO ES PROCEDENTE PARA OBTENERLO Y NO LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XVI, CONSTITUCIONAL. De la exposición de motivos de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el siete de enero de mil novecientos ochenta, que trajeron como consecuencia la posibilidad del cumplimiento sustituto de las sentencias protectoras, se advierte que la razón para introducir el incidente de daños y perjuicios en el cumplimiento de sentencias de amparo fue la existencia de múltiples ejecutorias del Poder Judicial de la Federación que no habían podido ser cumplidas por diversas causas, dentro de las que destacan la imposibilidad material o jurídica; por consiguiente, para que no permanecieran incumplidas se otorgó al quejoso la posibilidad de solicitar el cambio de la obligación de hacer de la autoridad, por la obligación de dar. Esta razón se reitera en la exposición de motivos de la reforma a la Ley de Amparo, publicada el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro en el Diario Oficial de la Federación, en la cual se menciona que cuando el interesado solicite el pago de daños y perjuicios para dar por cumplida una sentencia de amparo cuya ejecución no se ha logrado, el Juez de Distrito señalará el monto de los mismos. Por tanto, si el legislador hubiere pretendido que, en todo caso, se aplicaran las sanciones constitucionales a las autoridades responsables que no obedecieren las sentencias de amparo, sin importar si el cumplimiento era posible material o jurídicamente, así lo habría prescrito en el procedimiento de que se trata, pero sucede lo contrario, es decir, que consciente el legislador de la realidad, introdujo la figura del cumplimiento sustituto y, más aún, al reformarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 107, fracción XVI, facultó al alto tribunal para obtener el cumplimiento a través de los daños y perjuicios, de oficio, cuando lo considerara conveniente, extremo este que si bien aún no entra en vigor, sí permite inferir la necesidad de que las autoridades puedan demostrar si les es posible jurídica o materialmente acatar el fallo protector, dado que si los obstáculos resultan insuperables, no deben aplicarse las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, constitucional, sino que el quejoso debe optar por el cumplimiento sustituto o la reserva del asunto hasta en tanto cambie la situación jurídica del mismo, o entren en vigor las reformas del multimencionado artículo 107, fracción XVI, constitucional, pues pretender que se constriña a la autoridad a cumplir con la sentencia, en sus términos, cuando existe imposibilidad material o jurídica para ello, u ordenar la separación de su cargo y su consignación, significaría desatender la finalidad primordial perseguida por el legislador al instaurar el procedimiento en comento, que es la de evitar la desobediencia de las ejecutorias, y no se evita ordenando la separación del cargo de una autoridad y su consignación, cuando existe imposibilidad material o jurídica para el cumplimiento.". De igual manera, la tesis P. XCIV/97, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 167, del tomo V, Junio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TIENEN DERECHO A DEMOSTRAR LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación lógica sistemática de los artículos 104 a 112 de la Ley de Amparo, que consagran el procedimiento mediante el cual la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, pueden constreñir a las autoridades responsables al cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, se advierte que el legislador estableció dicho procedimiento obedeciendo a un principio unitario, con propósitos definidos, con espíritu de coordinación y enlace, como lo es el que se acaten los fallos protectores y no, primordialmente, la aplicación de las sanciones a las autoridades remisas; lo que se corrobora con la obligación que establece la ley a cargo de los Jueces de Distrito, o Tribunales Colegiados de Circuito, de hacer cumplir, por sí o por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública, si es necesario, la sentencia constitucional, cuando ello sea jurídicamente posible; con el hecho de la intervención de los superiores jerárquicos, quienes también son responsables del cumplimiento aun cuando no hayan sido señalados como tales en la demanda de amparo, cuya injerencia persigue el propósito de facilitar, por la presión que dicha intervención implica, la ejecución del fallo en los plazos determinados por el legislador; así como del deber de las autoridades sustitutas de las destituidas para cumplir con la ejecutoria; y, por último, con el establecimiento del procedimiento incidental de cumplimiento sustituto de la sentencia. Por consiguiente, si una autoridad, responsable del cumplimiento de una sentencia protectora, manifiesta la imposibilidad material o jurídica del mismo, tiene derecho a que se le dé oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así el Tribunal Pleno no podría imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que con la separación y consignación de la autoridad, no podría el Juez del conocimiento hacer cumplir la sentencia, ni tampoco lo podría hacer la autoridad sustituta y el único camino a seguir sería, a petición del quejoso, mientras no se reglamente el artículo 107, fracción XVI, constitucional reformado, el pago de daños y perjuicios, o el que el expediente se fuera a reserva, hasta en tanto cambiaran las condiciones o la situación jurídica en el asunto.". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por medio de lista a la parte tercera interesada.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera, sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en relación con el artículo Tercero Transitorio de la propia Ley de Amparo, procede al análisis de oficio de dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el juicio; aunado a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia constitucional y el veintiséis de abril de ese mismo año se dictó la sentencia correspondiente (fojas 52-70), en la que en su resolutivo PRIMERO, se estableció lo siguiente: ". PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a *****, en el juicio de amparo 112/2019 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, en contra el acto reclamado y autoridad responsable que quedaron precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones contenidas, fundamentos invocados y para el efecto especificado en el considerando sexto de la misma..." En síntesis, el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para el efecto de que: ". la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, realice lo siguiente: A) Deje insubsistente la resolución de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, emitida en autos del juicio ordinario civil de desconocimiento de paternidad número 618/14-2015/2F-I, promovido por el tercero interesado Carlos Orlando Cu Vázquez, en contra de sus progenitores **** (aquí quejoso) y ****; y, B) Dicte una nueva determinación en la que modifique el auto apelado para el efecto de que al ordenar el desahogo de la prueba pericial en genética con el propósito de determinar si demandado es progenitor del actor, se dicten las medidas o apercibimientos necesarios para evitar que mediante dicha pericial se pongan al descubierto aspectos ajenos a la litis, con el objeto de evitar alguna posible afectación a la más absoluta intimidad de las partes...". En proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión presentado por el quejoso ****, en contra de la sentencia dictada en el presente asunto (foja 102). Mediante ejecutoria emitida el veintidós de julio de dos mil veinte, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán, en auxilio del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, relativo al recurso de revisión 186/2019, de su índice, en los puntos resolutivos determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ****, en el juicio de amparo 112/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, en contra del acto reclamado y autoridad responsable que quedaron precisados en el considerando segundo de la sentencia que se revisa, por las razones contenidas, fundamentos invocados Y para el efecto especificado en el considerando sexto de la misma.". (fojas 113-117) Atento a lo anterior, en proveído de treinta de octubre de dos mil veinte, requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento con la sentencia concesoria de amparo (foja 118). Por consiguiente, mediante oficio de 3446/20-2021/2F-I, de veintidós de junio de dos mil veintiuno, la Jueza Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, informó respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo al efecto copia certificada de diversas constancias que acreditan el mismo (fojas 128 a 152). Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197, 201 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, de las que se advierte lo siguiente: En veintisiete de noviembre de dos mil veinte, la autoridad responsable señaló el quince de diciembre de dos mil veinte, para que tuviera verificativo una junta de mejor proveer, con la finalidad de que las partes llegaran a un acuerdo en el juicio natural. (foja130). Mediante proveído de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, la Jueza responsable ordenó citar a ****, **** y **** así como a la Agente del Ministerio Público de la adscripción, señaló nueva hora y fecha para la celebración una junta de mejor proveer, con el propósito de que las partes llegaran a un acuerdo en el juicio natural. (foja142). Por escrito de cinco de marzo de dos mil veintiuno, ****, aquí quejoso, **** y **** terceros interesados por conducto de su apoderada **** , presentaron el convenio de tres del citado mes y año, un convenio con la finalidad de poner fin al juicio de origen (foja 147). El nueve de marzo de la presente actualidad, las partes del juicio de origen comparecieron a la audiencia pública para efecto de dar lectura al convenio presentado, en la cual manifestaron llegar a un acuerdo satisfactorio en el juicio de origen, por lo que la autoridad responsable al considerar que el convenio exhibido no contenía ninguna cláusula contraria a derecho, lo aprobó en todos sus términos y elevó a la categoría de cosa juzgada, dándole vista al ministerio público para su conocimiento (foja 149). En tales circunstancias, se concluye la imposibilidad jurídica de tener por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, en virtud de que las partes llegaron a un convenio en el juicio civil de origen, el cual se elevó a la categoría de cosa juzgada; por lo que, este órgano de control constitucional declara SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR CONCEDIDO a ****. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis 2a. CXXIV/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 586, del tomo X, Octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado resulta que cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y que por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente debe declararse sin materia, como acontece cuando la protección constitucional se otorga para que la autoridad responsable notifique un acuerdo que admite a trámite un recurso interpuesto por el quejoso, pero resulta que dicha autoridad, en lugar de notificar el acuerdo de referencia, procede a dictar la resolución correspondiente al recurso intentado, por lo que es evidente que en este supuesto se actualiza un cambio en la situación jurídica que prevalecía al momento en que se concedió al agraviado la protección federal y, por ende, existe imposibilidad jurídica para cumplir con la obligación exigida, pues resulta evidente que ningún caso tendría conminar a la responsable a que notifique el acuerdo de admisión del recurso, si a la fecha concluyó la instancia que en él se ordena iniciar; y, además, la resolución definitiva fue favorable al quejoso.". Asimismo, la tesis P. XCV/97, de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 165, del tomo V, Junio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA SU CUMPLIMIENTO. SÓLO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE AMPARO ES PROCEDENTE PARA OBTENERLO Y NO LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XVI, CONSTITUCIONAL. De la exposición de motivos de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el siete de enero de mil novecientos ochenta, que trajeron como consecuencia la posibilidad del cumplimiento sustituto de las sentencias protectoras, se advierte que la razón para introducir el incidente de daños y perjuicios en el cumplimiento de sentencias de amparo fue la existencia de múltiples ejecutorias del Poder Judicial de la Federación que no habían podido ser cumplidas por diversas causas, dentro de las que destacan la imposibilidad material o jurídica; por consiguiente, para que no permanecieran incumplidas se otorgó al quejoso la posibilidad de solicitar el cambio de la obligación de hacer de la autoridad, por la obligación de dar. Esta razón se reitera en la exposición de motivos de la reforma a la Ley de Amparo, publicada el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro en el Diario Oficial de la Federación, en la cual se menciona que cuando el interesado solicite el pago de daños y perjuicios para dar por cumplida una sentencia de amparo cuya ejecución no se ha logrado, el Juez de Distrito señalará el monto de los mismos. Por tanto, si el legislador hubiere pretendido que, en todo caso, se aplicaran las sanciones constitucionales a las autoridades responsables que no obedecieren las sentencias de amparo, sin importar si el cumplimiento era posible material o jurídicamente, así lo habría prescrito en el procedimiento de que se trata, pero sucede lo contrario, es decir, que consciente el legislador de la realidad, introdujo la figura del cumplimiento sustituto y, más aún, al reformarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 107, fracción XVI, facultó al alto tribunal para obtener el cumplimiento a través de los daños y perjuicios, de oficio, cuando lo considerara conveniente, extremo este que si bien aún no entra en vigor, sí permite inferir la necesidad de que las autoridades puedan demostrar si les es posible jurídica o materialmente acatar el fallo protector, dado que si los obstáculos resultan insuperables, no deben aplicarse las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, constitucional, sino que el quejoso debe optar por el cumplimiento sustituto o la reserva del asunto hasta en tanto cambie la situación jurídica del mismo, o entren en vigor las reformas del multimencionado artículo 107, fracción XVI, constitucional, pues pretender que se constriña a la autoridad a cumplir con la sentencia, en sus términos, cuando existe imposibilidad material o jurídica para ello, u ordenar la separación de su cargo y su consignación, significaría desatender la finalidad primordial perseguida por el legislador al instaurar el procedimiento en comento, que es la de evitar la desobediencia de las ejecutorias, y no se evita ordenando la separación del cargo de una autoridad y su consignación, cuando existe imposibilidad material o jurídica para el cumplimiento.". De igual manera, la tesis P. XCIV/97, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 167, del tomo V, Junio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TIENEN DERECHO A DEMOSTRAR LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación lógica sistemática de los artículos 104 a 112 de la Ley de Amparo, que consagran el procedimiento mediante el cual la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, pueden constreñir a las autoridades responsables al cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, se advierte que el legislador estableció dicho procedimiento obedeciendo a un principio unitario, con propósitos definidos, con espíritu de coordinación y enlace, como lo es el que se acaten los fallos protectores y no, primordialmente, la aplicación de las sanciones a las autoridades remisas; lo que se corrobora con la obligación que establece la ley a cargo de los Jueces de Distrito, o Tribunales Colegiados de Circuito, de hacer cumplir, por sí o por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública, si es necesario, la sentencia constitucional, cuando ello sea jurídicamente posible; con el hecho de la intervención de los superiores jerárquicos, quienes también son responsables del cumplimiento aun cuando no hayan sido señalados como tales en la demanda de amparo, cuya injerencia persigue el propósito de facilitar, por la presión que dicha intervención implica, la ejecución del fallo en los plazos determinados por el legislador; así como del deber de las autoridades sustitutas de las destituidas para cumplir con la ejecutoria; y, por último, con el establecimiento del procedimiento incidental de cumplimiento sustituto de la sentencia. Por consiguiente, si una autoridad, responsable del cumplimiento de una sentencia protectora, manifiesta la imposibilidad material o jurídica del mismo, tiene derecho a que se le dé oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así el Tribunal Pleno no podría imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que con la separación y consignación de la autoridad, no podría el Juez del conocimiento hacer cumplir la sentencia, ni tampoco lo podría hacer la autoridad sustituta y el único camino a seguir sería, a petición del quejoso, mientras no se reglamente el artículo 107, fracción XVI, constitucional reformado, el pago de daños y perjuicios, o el que el expediente se fuera a reserva, hasta en tanto cambiaran las condiciones o la situación jurídica en el asunto.". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por medio de lista a la parte tercera interesada.

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