José María Covarrubias Cornejo

Expediente 938/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
938/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
09/12/2019

Partes del expediente

  • José María Covarrubias Cornejo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintiuno de noviembre de la presente anualidad, en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. téngase por recibida la demanda de amparo presentada por José María Covarrubias Cornejo, por propio derecho y como apoderado de Agustín Mota Román, Juan Ignacio Álvarez Gutiérrez, Benjamín Álvarez Mota, Agustín Mora Marín y Raudel Covarrubias Cornejo, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La resolución interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, que resuelve el recurso de revocación contra el auto de veintidós del mismo mes y año, que negó la petición de la parte quejosa de tener por desistida a la tercera de interesada la declaración de partes a cargo de Agustín Mota Román, Agustín Mora Marín y Raudel Covarrubias Cornejo, dentro del juicio ordinario civil 184/2018, el Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 938/2019-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMENTO DE LA DEMANDA. Este juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que impone desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. En acato a ello, es de indicarse que la parte quejosa, hace consistir el acto reclamado en la resolución interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve que resuelve el recurso de revocación contra el auto de veintidós del mismo mes y año, que negó la petición de la parte quejosa de tener por desistida a la parte tercera interesada de la declaración de partes, a cargo de Agustín Mota Román, Agustín Mora Marín y Raudel Covarrubias Cornejo, dentro del juicio ordinario civil 184/2018. Puntualizado lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, éste último aplicado en sentido contrario y 172, fracciones III y XII, del citado numeral, y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. ... Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley de Amparo, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Pues, se reitera que los actos en el juicio tienen una ejecución de imposible reparación, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, cuando de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, también llamados derechos fundamentales, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone nuestra Carta Magna. Siendo el juicio de amparo indirecto el medio para hacer efectiva esa finalidad, mediante la restitución al quejoso en el goce de esos derechos fundamentales en los que sufra una perturbación, restricción, privación, etcétera, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidos como derechos fundamentales, pero nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. Luego, si como ya se precisó, el acto reclamado consiste en la resolución interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve que resuelve el recurso de revocación contra el auto de veintidós del mismo mes y año, que negó la petición de la parte quejosa de tener por desistido a la parte tercera interesada de la declaración de partes a cargo de Agustín Mota Román, Agustín Mora Marín y Raudel Covarrubias Cornejo, dentro del juicio ordinario civil 184/2018, solo produce efectos intraprocesales, que pueden ser reclamados una vez que se dicte la sentencia definitiva en caso de que ésta sea desfavorable a la parte inconforme, mediante el juicio de amparo directo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, pues no tiene una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, a través de los derechos fundamentales. En efecto, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, y en el caso en estudio, el acto que se impugna no reúne esa característica, pues la determinación tomada, es un acto procesal que no tiene una ejecución irreparable, en la medida que, se reitera, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados por los derechos fundamentales, como la vida, la libertad, propiedad, posesión o cualquier otro de ese tipo, sino que, en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal y el amparo indirecto sólo procederá cuando el acto que pretenda reclamarse tenga una ejecución que sea de imposible reparación. ... De lo anterior, podemos establecer como actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la agraviada. Luego, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento de que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en los derechos fundamentales, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la afectada. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del accionante del amparo y trasciendan al resultado del fallo adverso. Entonces, dadas las consideraciones antes expuestas, se concluye que el acto controvertido en la presente instancia constitucional no tiene ejecución de imposible reparación en perjuicio del impetrante de amparo. Lo anterior es así, porque el acto reclamado no es la resolución que ponga fin a la etapa procesal en que se advierte se encuentra ese juicio, sino que se trata de una resolución interlocutoria que resuelve un recurso de revocación, contra un auto en el que se determinó no tener a la parte contraria de la quejosa, por desistida de la prueba de declaración de partes, que previamente se había admitido en el juicio de origen. Por consiguiente, como ya se indicó, resulta incuestionable que los actos controvertidos en la presente instancia constitucional, no tienen una ejecución de imposible reparación sobre el quejoso en sus derechos personales o reales, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que emana tal acto procesal, aunque se obtuviera una resolución favorable, pues éstos no afectan directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela nuestra Carta Magna, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, sino sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. ... Sentado lo anterior, y una vez acreditada la causa de improcedencia en análisis, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por José María Covarrubias Cornejo, por propio derecho y como apoderado de Agustín Mota Román, Juan Ignacio Álvarez Gutiérrez, Benjamín Álvarez Mota, Agustín Mora Marín y Raudel Covarrubias Cornejo, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, con sustento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con lo dispuesto por el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Ténganse por autorizadas para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Víctor Hugo Flores Flores y Juan José Mota Campos; y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Insurgentes, número trescientos veinte (320), tercer piso, de esta ciudad de Zacatecas.

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