José Maria Carrillo Pineda

Expediente 174/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 39 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
174/2015
Año
2015
Actuaciones
39
Última actuación
17/07/2018

Partes del expediente

  • Congreso del Estado De Baja California
  • José Maria Carrillo Pineda y Otros.
  • José Maria Carrillo Pineda
  • Sara Pineda Sepulveda y Otros.
  • Sara Pineda Sepulveda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    Visto el escrito de cuenta, formulado por el quejoso José María Carrillo Pineda; atento a su contenido, dígasele al promovente que se esté a lo acordado en proveído de cuatro de abril de dos mil diecisiete, en el cual se acordó lo conducente sobre dichas copias certificadas ahora solicitadas.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, cuatro de abril de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta, formulado por el quejoso José María Carrillo Pineda; atento a su contenido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase a su costa COPIA CERTIFICADA de las constancias que indica, previa razón de recibo que se asiente en autos, las cuales se expedirán en un solo tanto, y no por duplicado como lo solicita. Ahora, se estima que lo anterior no vulnera los derechos del promovente, pues en su ocurso omite justificar las razones por las cuáles requiere las constancias en dos tantos. Lo anterior aunado al hecho de que si bien es cierto, el juicio en que se actúa fue iniciado a instancia de dos personas, también lo es que, en sentencia definitiva únicamente el quejoso obtuvo el amparo y protección de la justicia federal; por lo que se insiste, al dejar de razonar los motivos que justifican su petición, es que ésta resulta improcedente. Refuerza lo anterior, la Jurisprudencia 20/2017, Décima Época, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de uno de marzo de dos mil diecisiete, derivada de la contradicción de tesis 233/2016, suscitada entre el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuya denominación y texto, establecen lo siguiente: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo solo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas, se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." Por último, comuníquese a las partes que por sesión ordinaria celebrada el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó que el nuevo titular de este Juzgado a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, es quien firma la presente determinación. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, con número de registro 164217, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, notable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, julio de dos mil diez, página trescientos doce, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Notifíquese.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, a treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio de fecha uno de julio de dos mil dieciséis, el Delegado del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en la ciudad de Mexicali manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo.Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo.Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Congreso del Estado de Baja California, Gobernador del Estado, Secretario General de Gobierno del Estado, Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California, y Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, de quienes reclamó lo siguiente:IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: 1.- Del Congreso del Estado de Baja California y del Gobernador del Estado de Baja California se reclama la iniciativa, discusión, aprobación y expedición con todas sus consecuencias y efectos de los siguientes decretos:A)se reclama el Decreto 215 publicado el 13 de febrero de 2015 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California que aprueba la reforma al artículo 99 a la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Baja California. B). se reclama el Decreto 203 publicado el 17 de febrero de 2015 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California por el cual se expide a la Ley que regula a los trabajadores que refiere la fracción II, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de Seguridad Social.C).se relama el Decreto 205 publicado el 17 de febrero de 2015 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California por el cual se expide la Ley que regula a los trabajadores que refiere la fracción I, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en Materia de Seguridad Social. D).se reclama el Decreto 204 publicado el 17 de febrero de 2015 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California por el cual se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California.2.Del Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California se reclama la rúbrica, autorización, referendo y trámite en el periódico oficial del Estado de Baja California, de los decretos descritos con los incisos A, B, C y D descritos en la parte superior, dentro del presente capítulo de actos reclamados, con todas sus consecuencias y efectos.3.Del Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California se reclama la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California de los decretos descritos con los incisos A, B, C y D descritos en la parte superior, dentro del presente capítulo de actos reclamados, con todas sus consecuencias y efectos.El treinta y uno de diciembre de dos mil quince, se dictó sentencia en la que se sobreseyó el juicio de amparo promovido por los quejosos JOSÉ MARÍA CARRILLO PINEDA y SARA PINEDA SEPÚLVEDA, interponiendo el primero de ellos, recurso de revisión en contra de dicha sentencia, misma que fue revocada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en la ciudad de Mexicali, Baja California, y amparó a dicho quejoso, requiriendo este Juzgado de Distrito a las autoridades responsables, el catorce de junio del presente año, para que dieran cumplimiento a los lineamientos contenidos en el fallo protector.Los efectos de la concesión de amparo fueron en los siguientes términos:Para el efecto de que no se le apliquen los preceptos legales reclamados contenidos en 1). Decreto 215 que reforma el artículo 99, de la Constitución Política del Estado de Baja California 2) la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, contenida en el decreto 204, publicado en el diecisiete de febrero de dos mil quince en el Periódico Oficial del Estado de Baja California y su aplicación y 3) la Ley que Regula a los Trabajadores que se refiere la fracción II, Apartado B, del Artículo 99, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social, contenida en el decreto 203, publicado el diecisiete de febrero de dos mil quince en el Periódico Oficial del Estado de Baja California y su aplicación. Ahora bien, mediante misiva suscrita por la Delegada del Gobernador del Estado, Secretario General de Gobierno y de la Oficialía Mayor de Gobierno y Directora del Periódico Oficial del Estado de Baja California, registrada con folio 9402, indicó que sus representados no les correspondía hacer actos materiales en cumplimiento al fallo protector. De igual manera, mediante oficio y anexos, suscrito por el Delegado del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con registro 10210 (foja setecientos nueve), indicó haber dado cumplimiento al fallo protector, pues notificó al quejoso José María Carrillo Pineda, que se le inaplicarán los preceptos legales contenidos en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y de la ley que Regula a los Trabajadores que refiere la fracción II, Apartado B del Artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, relativos a la edad para obtener la jubilación, pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, la modificación de los montos de pensiones y jubilaciones contenidas en las reformas de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, por lo que el porcentaje de las cuotas que deberá seguir cubriendo al Instituto Asegurador, es el mismo que pagaba antes de la interposición del presente amparo.Documentales anotadas en párrafos que anteceden, que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.Así pues, se estima que el fallo protector se encuentra debidamente cumplido, al haber acatado la autoridad responsable el núcleo esencial de la misma y se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada pues al quejoso se le restituyeron las garantías al dejar de aplicar aquellas disposiciones que le perjudicaban, con motivo de las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y de la ley que Regula a los Trabajadores que refiere la fracción II, Apartado B del Artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida.Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y ARCHÍVESE el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al ponderar que en el presente juicio de amparo se aperturó el incidente de suspensión en el que se negó la suspensión provisional y definitiva, aunado a que se otorgó la protección federal solicitada por el quejoso, se estima que este expediente carece de relevancia documental; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, incisos III, párrafo segundo y IV del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEL ASUNTO, DEBIENDO CONSERVAR LA DEMANDA, LA SENTENCIA DEFINITIVA Y LA EJECUTORIA EMITIDA POR LA SUPERIORIDAD. Considerando el grosor del cuaderno original del incidente de suspensión consérvese por separado, asimismo, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III del acuerdo en cita, el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBERÁ SER DESTRUIDO en el plazo de SEIS MESES a que alude el propio acuerdo; mismo que también deberá conservarse por separado. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA... Ensenada, Baja California, a treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio de fecha uno de julio de dos mil dieciséis, el Delegado del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en la ciudad de Mexicali manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo.Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo.Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Congreso del Estado de Baja California, Gobernador del Estado, Secretario General de Gobierno del Estado, Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California, y Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, de quienes reclamó lo siguiente:IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: 1.- Del Congreso del Estado de Baja California y del Gobernador del Estado de Baja California se reclama la iniciativa, discusión, aprobación y expedición con todas sus consecuencias y efectos de los siguientes decretos:A)se reclama el Decreto 215 publicado el 13 de febrero de 2015 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California que aprueba la reforma al artículo 99 a la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Baja California. B). se reclama el Decreto 203 publicado el 17 de febrero de 2015 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California por el cual se expide a la Ley que regula a los trabajadores que refiere la fracción II, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de Seguridad Social.C).se relama el Decreto 205 publicado el 17 de febrero de 2015 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California por el cual se expide la Ley que regula a los trabajadores que refiere la fracción I, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en Materia de Seguridad Social. D).se reclama el Decreto 204 publicado el 17 de febrero de 2015 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California por el cual se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California.2.Del Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California se reclama la rúbrica, autorización, referendo y trámite en el periódico oficial del Estado de Baja California, de los decretos descritos con los incisos A, B, C y D descritos en la parte superior, dentro del presente capítulo de actos reclamados, con todas sus consecuencias y efectos.3.Del Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California se reclama la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California de los decretos descritos con los incisos A, B, C y D descritos en la parte superior, dentro del presente capítulo de actos reclamados, con todas sus consecuencias y efectos.El treinta y uno de diciembre de dos mil quince, se dictó sentencia en la que se sobreseyó el juicio de amparo promovido por los quejosos JOSÉ MARÍA CARRILLO PINEDA y SARA PINEDA SEPÚLVEDA, interponiendo el primero de ellos, recurso de revisión en contra de dicha sentencia, misma que fue revocada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en la ciudad de Mexicali, Baja California, y amparó a dicho quejoso, requiriendo este Juzgado de Distrito a las autoridades responsables, el catorce de junio del presente año, para que dieran cumplimiento a los lineamientos contenidos en el fallo protector.Los efectos de la concesión de amparo fueron en los siguientes términos:Para el efecto de que no se le apliquen los preceptos legales reclamados contenidos en 1). Decreto 215 que reforma el artículo 99, de la Constitución Política del Estado de Baja California 2) la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, contenida en el decreto 204, publicado en el diecisiete de febrero de dos mil quince en el Periódico Oficial del Estado de Baja California y su aplicación y 3) la Ley que Regula a los Trabajadores que se refiere la fracción II, Apartado B, del Artículo 99, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social, contenida en el decreto 203, publicado el diecisiete de febrero de dos mil quince en el Periódico Oficial del Estado de Baja California y su aplicación. Ahora bien, mediante misiva suscrita por la Delegada del Gobernador del Estado, Secretario General de Gobierno y de la Oficialía Mayor de Gobierno y Directora del Periódico Oficial del Estado de Baja California, registrada con folio 9402, indicó que sus representados no les correspondía hacer actos materiales en cumplimiento al fallo protector. De igual manera, mediante oficio y anexos, suscrito por el Delegado del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con registro 10210 (foja setecientos nueve), indicó haber dado cumplimiento al fallo protector, pues notificó al quejoso José María Carrillo Pineda, que se le inaplicarán los preceptos legales contenidos en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y de la ley que Regula a los Trabajadores que refiere la fracción II, Apartado B del Artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, relativos a la edad para obtener la jubilación, pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, la modificación de los montos de pensiones y jubilaciones contenidas en las reformas de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, por lo que el porcentaje de las cuotas que deberá seguir cubriendo al Instituto Asegurador, es el mismo que pagaba antes de la interposición del presente amparo.Documentales anotadas en párrafos que anteceden, que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.Así pues, se estima que el fallo protector se encuentra debidamente cumplido, al haber acatado la autoridad responsable el núcleo esencial de la misma y se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada pues al quejoso se le restituyeron las garantías al dejar de aplicar aquellas disposiciones que le perjudicaban, con motivo de las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y de la ley que Regula a los Trabajadores que refiere la fracción II, Apartado B del Artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida.Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y ARCHÍVESE el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al ponderar que en el presente juicio de amparo se aperturó el incidente de suspensión en el que se negó la suspensión provisional y definitiva, aunado a que se otorgó la protección federal solicitada por el quejoso, se estima que este expediente carece de relevancia documental; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, incisos III, párrafo segundo y IV del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEL ASUNTO, DEBIENDO CONSERVAR LA DEMANDA, LA SENTENCIA DEFINITIVA Y LA EJECUTORIA EMITIDA POR LA SUPERIORIDAD. Considerando el grosor del cuaderno original del incidente de suspensión consérvese por separado, asimismo, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III del acuerdo en cita, el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBERÁ SER DESTRUIDO en el plazo de SEIS MESES a que alude el propio acuerdo; mismo que también deberá conservarse por separado. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

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