José María Bravo Negrete (Representante)
Expediente 818/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 818/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José María Bravo Negrete (Representante)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL.
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CONSTANCIA. En cumplimiento al CITATORIO de veintinueve de septiembre del año en curso, por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de veintiocho de septiembre del año en curso, en atención a que no compareció los días treinta de septiembre o uno de octubre del presente año, para tal efecto, el cual en lo conducente dice: Visto el escrito de cuenta, se tiene a ----- quien se ostenta como representante legal de -----, dando cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil quince, por lo que se provee: El numeral 113 de la Ley de Amparo vigente establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Cierto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia. ... Ahora bien, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos artículos 5, fracción I, 6 y 15, todos de la ley de amparo vigente, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. Preceptos de los que se advierte que el juicio de garantías debe promoverse a instancia de parte agraviada, y solamente en las causas de excepción que prevé la legislación de amparo, dicha protección federal puede solicitarse por una tercera persona, incluso, menor de edad. Lo anterior es así, toda vez que en todos los procedimientos, la legitimación constituye un requisito de procedibilidad de la acción, incluido en el juicio de amparo, y por tanto, corresponde al Juez de amparo analizarla de oficio. Ahora, al analizar el escrito de demanda en su integridad, se aprecia interpuesta por -----, quien aduce ser representante legal de -----, sin que haya acreditado dicha calidad con documento alguno, quien según informa en su escrito aclaratorio, se encontraba privado de su libertad en Tijuana, Baja California. De manera que, el acto que por esta instancia constitucional reclama, no le irroga un perjuicio a -----, toda vez que no es él, el titular del derecho de acción, el cual es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, siendo el dueño de tal derecho ----- y por tanto, el único legitimado para decidir qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada, estatuido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa tesitura, se requiere que el acto reclamado cause al quejoso algún agravio de manera que trascienda a su esfera jurídica generándole un perjuicio, lo cual como se explicó no acontece en el caso. ... De lo anterior, puede deducirse que, doctrinalmente, la legitimación en la causa es la aptitud de hacer valer un derecho del cual se tiene la titularidad. Al respecto, el Máximo Tribunal ha sustentado en diversos criterios que la legitimación en la causa, es un elemento o condición de la acción misma, la cual implica que el derecho existente que se invoca corresponda precisamente a quien lo hace valer. ... Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la legitimación activa en la causa presupone que la demanda sea presentada por el titular del derecho que se cuestiona, es decir, que la acción sea entablada por aquella persona que el orden jurídico considera como particularmente idónea para excitar, en el caso concreto, la función jurisdiccional. A ese tipo de legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el proceso realmente es ejercido por quien tiene la aptitud jurídica para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad del derecho cuestionado en el litigio. Esto es, la legitimación en el proceso se produce cuando la acción se entabla por quien tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o porque sin tener dicha titularidad, cuente con la representación legal necesaria para actuar en el litigio. Así las cosas, en palabras del Alto Tribunal, la legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, en tanto que la ad causam lo es para que se pronuncie sentencia favorable. De lo anteriormente expuesto se desprenden las siguientes dos ideas: 1. La legitimación en la causa implica tener la titularidad del derecho ejercido en el juicio, constituye un elemento indispensable para obtener una sentencia favorable. 2. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercida en el litigio por quien tiene aptitud para hacerlo, ya sea porque se ostenta como titular de ese derecho o porque cuenta con la representación legal de su titular. En vinculación con lo anterior, retomando, el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, establece el principio de parte agraviada como requisito de procedencia del juicio de amparo, el cual debe concebirse como la intención del justiciable de inconformarse con un acto específico de autoridad que califica como transgresor de sus derechos y pretende dejarlo sin efecto, sin importar la vía, que pervive la finalidad de controvertir el acto que le perjudica y lograr un fallo favorable. A su vez, el artículo 5o. de la Ley de Amparo en vigor, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada por la emisión de un acto autoritario o, en su caso, por su especial situación frente al ordenamiento; en tanto que el diverso 6o. de la legislación en comento, prevé que el juicio de garantías sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o, en su caso, por su defensor; o como lo prevé el artículo 15 de la ley en cita, por cualquier otra persona en su nombre, aunque se amenor de edad cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. En otras palabras, sólo el directamente agraviado es quien está en la aptitud jurídica de demandar, por sí o por conducto de apoderado, la protección de la Justicia Federal, dado que es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo. En materia penal, la demanda de amparo debe formularse por el agraviado o por su defensor, señalándolo este bajo protesta de decir verdad tener esa calidad, sin perjuicio de que con posterioridad se solicite al Juez o Tribunal responsable la certificación correspondiente, como lo prevé el artículo 14 de la ley de la materia; de igual forma, puede ser promovida por cualquier persona, inclusive un menor de edad, a nombre del quejoso, siempre y cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, lo que en el caso no acontece, pues de la lectura integra de la demanda no se advierte alguno de los citados como acto reclamado. Asimismo, no sería dable que en el caso, promoviera el defensor del quejoso a su nombre, toda vez que no se advierte que exista un proceso o juicio instaurado en contra de -----. Máxime que del escrito de demanda y aclaratorio a la misma, no se evidencia que dicha persona se encuentre impedido para solicitar de manera directa el amparo de la Justicia Federal, ya que el hecho de que se encontraba privado de su libertad, como aduce el promovente, no es impedimento legal para suscribir la demanda de garantías. Por tanto, ----- carece de legitimidad para reclamar en esta vía, al no advertirse afectación de manera directa e inmediata a su interés jurídico, toda vez que viene al amparo a nombre de -----, como su representante legal y no acredita tener esa calidad de ninguna forma, pues no allega con su escrito de demanda o escrito aclaratorio ningún documento para hacerlo; asimismo, no se ostenta como defensor de -----, y si lo hiciera no sería admisible su demanda puesto que no manifiesta haber proceso o juicio instaurado contra dicha persona; así como de igual manera no se encuentra en los supuestos que prevé el artículo 15 de la ley de la materia como para que pudiera promoverlos cualquier persona en su nombre. En tales condiciones, en virtud que el promovente del amparo carece de legitimación en el presente juicio constitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 5 fracción I, ambos de la ley de amparo vigente, por lo que con fundamente en el 113 de la citada ley, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia, en virtud de que aun substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación diversa.
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