José María Arce Rioboo

Expediente 843/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
843/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
07/12/2020

Partes del expediente

  • José María Arce Rioboo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el acuerdo de doce de noviembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda, sin que el quejoso haya interpuesto el medio de impugnación referido; en consecuencia, con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en términos de su ordinal 2, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese como asunto como totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se considera que este expediente es susceptible de ser destruido, una vez cumplidos tres años contados a partir de la fecha en que se actúa, de conformidad con el artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo. Además, atendiendo al prudente arbitrio del suscrito juzgador, este expediente no tiene relevancia documental para ser conservado y no se ubica dentro de alguno de los supuestos contenidos en las fracciones del artículo 15 del acuerdo mencionado.

  2. Principal

    Visto el contenido de la razón de cuenta se advierte la imposibilidad de la actuaria adscrita para notificar personalmente al quejoso *******, el acuerdo de doce de noviembre de dos mil veinte, en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, notifíquese a la citada parte procesal dicha determinación, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales, por medio de lista, de conformidad con los artículos 27, fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo anterior, se transcribe el auto de doce de noviembre de dos mil veinte para conocimiento del quejoso de referencia. "Naucalpan de Juárez, Estado de México, a doce de noviembre de dos mil veinte.Visto el escrito de demanda firmado por José María Arce Rioboo, por propio derecho, contra el acto del Juez Décimo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, que hace consistir en el proveído dictado catorce de agosto de dos mil veinte, dentro del juicio de Controversia del Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar número 238/2020, a través del cual se fijó cantidad liquidada por concepto de alimentos provisionales que debe cubrir el demandado a favor de la parte actora en dicho sumario; regístrese su ingreso en el libro de juicios de amparo bajo el número 843/2020-VI, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Amparo, provéase lo conducente.DESECHAMIENTOEn ese sentido, el numeral 113 de la legislación de la materia establece que el juez de Distrito examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.Sirve de apoyo la tesis I.1o.A. J/4 de la Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII (mayo de 1998), página 890, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes."Precisado lo anterior, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta en atención a que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." Del artículo transcrito se desprende un principio fundamental del juicio de amparo el de definitividad, el cual consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el inconforme acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. De lo contrario, es decir, si las partes dentro del procedimiento de origen no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades del juez de origen. Al caso resulta aplicable la tesis I.6o.C. J/37 de la Novena Época, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV (mayo de 2002), página 902, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Ahora, al respecto conviene precisar que los numerales 1.360 y 5.74 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, señalan lo siguiente: "Artículo 1.360.- Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación; II. Apelación; III. Queja." "Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." Con base en lo anterior, se advierte que en contra del acto reclamado (auto de catorce de agosto de dos mil veinte), el quejoso debió de hacer valer el recurso de revocación, ya que el mismo procede en contra de los dictados fuera de audiencia, cuando se trata de juicios sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar. Con base en lo anterior, se advierte que en contra del auto de catorce de agosto de dos mil veinte, dictado en el juicio de Controversia del Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar número 238/2020, el quejoso debió de interponer el de revocación, por ser el procede en contra tal determinación. Por tanto, el promovente tiene la carga de agotar previo a la promoción del juicio de amparo, el recurso de revocación, con la finalidad de cumplir con el principio de definitividad que rige al primero, a través del cual pueda declararse la invalidez de los actos que en esta vía combate, lo que omitió. En las relatadas condiciones, al estar acreditado que el inconforme contaba con un medio de defensa que tiene el alcance de modificar la determinación recurrida (revocación), antes de acudir a la presente instancia, que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, debió agotar éste recurso; sin embargo, no lo hizo, como se advierte de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró en su demanda, entonces es claro que el acto reclamado carece de definitividad; de ahí que se actualice la improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo que se corrobora con la Jurisprudencia 986, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 678, del Tomo VI, Materia Común, Parte TCC, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del siguiente tenor: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Lo anterior, sin que obste que no se cuente con las constancias correspondientes, pues la certeza que se tiene respecto del recurso que procede contra la determinación reclamada, se obtiene precisamente de los preceptos legales transcritos, relativos al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, por lo que se tiene plena convicción de que se actualiza la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Apoya lo considerado la Jurisprudencia VI.3o.C. J/62, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII (febrero de 2006), página 1665, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Así como, la Jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), del Decima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, página 729, cuyo rubro y texto es: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Y la diversa Jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, cuyo rubro y texto es: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". Por lo expuesto, fundado y motivado, atento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA firmada José María Arce Rioboo, por propio derecho, por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DEL QUEJOSO Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el que señala en la demanda que se provee. Asimismo, en términos del artículo 12 de la ley de la materia, se tiene por autorizadas a las personas que menciona, siempre y cuando cuenten con el registro de la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, en caso contrario, solo podrán oír notificaciones e imponerse de autos. Asimismo, se tiene por autorizadas a las personas que refiere, a quienes faculta únicamente para oír notificaciones y recibir documentos, en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la ley reglamentaria referida. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON EL QUEJOSO En términos de lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta al quejoso a fin de que transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá proporcionar un nombre de usuario que les permita promover, consultar el expediente electrónico y que se practiquen las notificaciones por la misma vía. De igual forma, se le requiere a fin de que proporcione un correo electrónico y un número telefónico a efecto de entablar comunicaciones no procesales. Debiéndose entender que únicamente son un medio alterno de comunicación, ya que la notificación que se realice a través de la lista o personalmente, según corresponda, es la que servirá como base para computar los términos y plazos procesales del presente juicio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles para que el actuario de la adscripción practique alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. INFORMACIÓN PÚBLICA En términos de los numerales 1, 3, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución que se dicte en este juicio de amparo, constituye información pública, y considerando que la misma puede contener información reservada o confidencial, en términos de los artículos 110 y 113 de la citada legislación, se elaborará una versión pública de ella. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena al secretario que supervise que el Analista Jurídico Especializado realice la captura diaria de los datos que asegure la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario supervise que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y resoluciones relacionadas con este juicio, a fin de que concuerden en su totalidad con el expediente impreso. Notifíquese personalmente al quejoso, de conformidad con los artículos 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo. Así lo proveyó y firma ******, Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en términos del oficio CCJ/ST/1259/2020, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de ********, secretario quien autoriza y da fe. Doy fe."...

  3. Principal

    Se advierte que se encontraban señaladas las catorce horas del once de noviembre de dos mil veinte, para la toma de muestras necesarias de la escritura y firma del quejoso, a efecto de desahogar la pericial ofrecida en autos, sin que la perito oficial y el quejoso hayan acudido a la hora y fecha indicadas, encontrándose debidamente notificados para ello, como se advierte de autos. Por otro lado, agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual la perito oficial ********************, informa la imposibilidad que tuvo de acudir al local que ocupa este juzgado, toda vez que en dicha fecha le fue programada la visita anual al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zuribán, para valoraciones y estudios de laboratorio y gabinete, como seguimiento al tratamiento otorgado, por participar en un protocolo de investigación sobre diversa enfermedad, por lo que solicita se requiera al quejoso y, al efecto, propone otra fecha. En consecuencia, se REQUIERE al quejoso para que debidamente identificado se presente al local que ocupa este juzgado a las CATORCE HORAS DEL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que ante la presencia de la perito oficial proporcione las muestras necesarias de su escritura y firma a fin de que ella cuente con los elementos necesarios para desahogar la prueba pericial ofrecida; además, que deberá exhibir documentos originales que cuenten con su firma. Apercibido que de no hacerlo dentro del lapso que se le concede para ello, incurrirá en una medida de apremio consistente en una multa de CIEN Unidades de Medida y Actualización.

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