José María Anguiano Nava

Expediente 498/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
498/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
11/04/2018

Partes del expediente

  • José María Anguiano Nava

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico (fojas 154 a 155 y 174 a 185), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de nueve de marzo de la presente anualidad (foja 186), se dio vista a la parte quejosa con los oficios mencionados con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. En ese tenor, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo Vigente, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete (fojas 101 a 119), se determinó por un lado, sobreseer y por el otro, conceder a la parte quejosa "Desarrolladora Punta Bahía", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de sus apoderados Carlos Alberto Palomera Pérez y Salvador Eduardo Rodríguez Badillo, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. [.] 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $116,675.20 (ciento dieciséis mil seiscientos setenta y cinco pesos 20/100 moneda nacional, que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. [.] 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto". De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: a) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los ordinales 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal; y b) El remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), relativo a la cuota fija mínima, respecto de la cantidad de $116,675.20 (ciento dieciséis mil seiscientos setenta y cinco pesos 20/100 moneda nacional, con motivo de la inscripción de instrumento público; la cual debía ser actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado en el Buzón Judicial, el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 154 y 155), el Recaudador responsable, por conducto del Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia de la transferencia bancaria a nombre de la quejosa "Desarrolladora Punta Bahía", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y del que se advierte que devolvió la cantidad de $116,395.20 (ciento dieciséis mil trescientos noventa y cinco pesos 20/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por concepto de devolución de pago de lo indebido. Luego, mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho (fojas 156 y 157), se analizó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo de mérito y se determinó que ésta no se encontraba cumplida en su totalidad, en razón de que la cantidad devuelta por la autoridad responsable de mérito no se encontraba actualizada; en consecuencia, se le requirió de nueva cuenta, a efecto de que diera total cumplimento con el fallo protector y remitiera las constancias que así lo acreditaran. En atención a lo anterior, mediante diverso oficio y anexos recibidos el ocho de marzo de la presente anualidad (fojas 174 a 185), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria citada, informó que había emitido el cheque por concepto de actualización y su entrega a la parte quejosa. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $116,675.20 (ciento dieciséis mil seiscientos setenta y cinco pesos 20/100 moneda nacional, menos la suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), que corresponde a cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, da como resultado un total de $116,395.20 (ciento dieciséis mil trescientos noventa y cinco 20/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $116,395.20 (ciento dieciséis mil trescientos noventa y cinco 20/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el once de julio de dos mil diecisiete y el diecinueve de enero de la presente anualidad, se efectuó la devolución mediante transferencia bancaria a la parte quejosa. Ahora, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de diciembre de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de junio de dos mil diecisiete entre el índice para el mes de diciembre de ese mismo año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil diecisiete fue de 126.408; y para el mes de diciembre de ese año de 130.813. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.03484. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $116,395.20 (ciento dieciséis mil trescientos noventa y cinco 20/100 moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $120,450.40 (ciento veinte mil cuatrocientos cincuenta pesos 40/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $116,395.20 (ciento dieciséis mil trescientos noventa y cinco 20/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $4,055.08 (cuatro mil cincuenta y cinco pesos 08/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad total de $120,451.28 (ciento veinte mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 58/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el comunicado de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit y anexo, a través del cual en vía de cumplimiento al fallo protector envía copia certificada de diversas constancias; sin embargo, agréguese a los presentes autos sin mayor acuerdo, en virtud de que no es parte en este juicio de amparo, máxime que el cinco de julio de dos mil diecisiete, se ordenó su archivo definitivo.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la constancia secretarial que antecede, a través de la cual********************, en su carácter de perito oficial, ratificó ante la presencia judicial en todas y cada una de sus partes el contenido del dictamen pericial presentado por el mismo, el trece de marzo de la presente anualidad; por tal razón, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su dispositivo 2°; con dicho dictamen dése vista a las partes, por el término de tres días posteriores al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga.

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