José Margarito Román Gaspar

Expediente 1240/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1240/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • José Margarito Román Gaspar

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1240/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. Igualmente, el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Admisión. Con fundamento en los artículos 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ********, contra los actos reclamados al Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia Policial, del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y otra autoridad . Incidente de suspensión. Fórmese únicamente un cuadernillo, de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo y con apoyo en el numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales Solicitud de informes justificados. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables para que rindan sus informes con justificación por escrito dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir sus informes fuera del lapso establecido por el primer párrafo del referido precepto, podrán ser tomados en cuenta si la parte quejosa estuvo en posibilidad de conocerlos y en el supuesto de no rendirlos se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario. En el entendido que deberán exponer las razones y los fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o la legalidad de los actos reclamados y acompañarán en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Igualmente, deberán informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo en contra del acto atacado en este asunto o alguno diverso relacionado con el proceso de origen. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se les impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la celebración de la audiencia constitucional. Cabe considerar que la fijación de la aludida audiencia, es atendiendo al segundo periodo vacacional de este órgano jurisdiccional, el cual comprenderá del dieciséis de diciembre de este año al uno de enero de dos mil veinticuatro. Emplazamiento a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Se otorga a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, la intervención que le corresponde en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, para ello, entréguesele una copia simple de la demanda. Pruebas. Con fundamento en lo estatuido por el ordinal 119 de la Ley de Amparo téngase a la parte quejosa anunciando la documental que adjuntó a la demanda de amparo, la cual será relacionada, admitida y desahogada en la audiencia constitucional conforme a lo previsto por los diversos 123 y 124 de la citada legislación. Formas de notificación y autorizados de la parte quejosa. Debido a que la parte quejosa, solicita el acceso al expediente electrónico y la realización de notificaciones por dicho medio a través del usuario *******, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario mencionado la utilización del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consulta del presente juicio y en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, realícense vía electrónica las notificaciones que surjan en este asunto al referido usuario. Hágase de su conocimiento que es su obligación aportar los datos correctos de los usuarios señalados. Instrúyase a la oficial judicial "A" (analista jurídico) del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este Juzgado, para que realice las gestiones administrativas correspondientes. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a ******* por contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, con el registro ****** y a las personas restantes que señala con las restricciones que impone este precepto, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos por así solicitarlo expresamente. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. Téngase al disidente por señalados el número de teléfono y correos electrónicos que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notificación a la autoridad responsable. Finalmente, en términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se publica en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con una copia simple de la demanda de amparo promovida por *****++, contra actos del Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia Policial, del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y otra autoridad, fórmese expediente y tramítese el correspondiente incidente de suspensión. Requerimiento de informes previos. Con fundamento en lo previsto por los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables sus informes previos, que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se le deberá acompañar copia de la demanda de amparo. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir sus informes a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Se les hace saber a las autoridades responsables que la no rendición del informe previo se sanciona con multa en términos de lo dispuesto por el arábigo 260, fracción I, de la Ley de Amparo y esa misma omisión permite tener por cierto el acto reclamado, según lo previsto por el numeral 142 de la citada ley reglamentaria. Fecha para la celebración de la audiencia. Para la celebración de la audiencia incidental, se señalan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Suspensión provisional. Previamente a determinar sobre la procedencia o no de la suspensión solicitada en la demanda de amparo, se transcribirá el artículo 128 de la Ley de la materia, que establece los requisitos que el juzgador debe observar para conceder una medida de esa naturaleza y se precisaran los actos que se tildan de inconstitucionales: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." En ese orden, de acuerdo con la finalidad de la suspensión, el examen de su procedencia debe partir del análisis de la naturaleza del acto o actos reclamados, para arribar a la conclusión de si pueden ser o no paralizados, en razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado; hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación de garantías relativa y, eventualmente, de ser posible material y jurídicamente, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se falla el juicio en lo principal, lo anterior al ponderar la figura de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora Sustenta lo referido la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible a página dos mil trescientos cuarenta y siete, libro diez, septiembre de dos mil catorce, tomo III, con registro 2007358, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal." Ahora, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 138 de la ley de la materia, es necesario precisar el acto reclamado, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la demandante del amparo: Autoridades responsables. Acto reclamado. Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia Policial, del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia Policial, del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. El acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se decretó la suspensión temporal de su cargo como Policía Primero -**-****, integrante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Movilidad y Protección Civil, del Municipio de Oaxaca de Juárez y la retención del setenta por ciento de su salario. Ahora bien, la parte quejosa solicitó la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, se ordene a las autoridades responsables la entrega inmediata del setenta por ciento de su salario que le han retenido desde junio del presente año, así como la reincorporación a su puesto de trabajo. No obstante lo anterior, es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que conforme a lo dispuesto por el arábigo 147, primer párrafo, de la Ley de Amparo en los casos en los que la suspensión sea procedente el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en la que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual puntualizó que significa que el Juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en el que deban quedar las cosas a partir de que se conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el disidente, sobre todo en los casos en los que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.) emitida por el Pleno del Máximo Tribunal Constitucional de la Nación, que informa: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Lo anterior es importante destacarlo porque la ley de la materia establece en su normativo 150 que la suspensión será procedente en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse sentencia firme en él. Por tanto, con fundamento en los artículos 139 y 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional, para efectos que las autoridades responsables, -de no haberse realizado- se abstengan de dictar resolución definitiva en el procedimiento administrativo que se le sigue al disidente, en la inteligencia que la medida cautelar no implica la suspensión del procedimiento; esto es, que las autoridades deberán continuar con las diligencias que estimen contenientes para la debida tramitación del expediente, pero sin llegar a pronunciar la determinación que resuelva el fondo del asunto. Ello debido a que en el supuesto de haberse emitido esa resolución, aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, operaría la proscripción en el sentido de no reinstalarlo. En virtud que, lo que se pretende es conservar la materia del juicio, sin que se causen daños de difícil o imposible reparación a la parte quejosa. En la inteligencia que esta medida cautelar, no implica que se reinstale al quejoso en su fuente de trabajo; esto es así, pues como bien lo determinó la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, los elementos de las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno (entre otros), quienes forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, derivada de lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, se encuentran en una situación especial, ya que "está prohibido reinstalarlos aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva; motivo por el que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él". Sirve de apoyo la jurisprudencia 76/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro digital 2001513, que dispone: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO. Atento a que la intención de la reforma al segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se enmarca en prohibir categóricamente que los miembros de las instituciones policiacas que hayan sido separados de su cargo sean reincorporados, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, es claro que, de concluir el procedimiento de separación de uno de ellos, acorde con las previsiones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con una resolución en que se determine tal separación, se generaría un daño irreparable al agraviado, consistente en la imposibilidad absoluta de ser reincorporado, aun cuando la autoridad jurisdiccional posteriormente resolviera que la resolución de separación fue injustificada, pues en este caso, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que proceda su reincorporación al servicio, razón por la que se actualiza la excepción a la regla general contenida en el artículo 138, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en el sentido de que si el daño o perjuicio es irreparable, la suspensión tendrá el efecto de impedir la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, sin que ello signifique que se siga perjuicio al interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, en la medida en que, por un lado, en el supuesto de que se trata el propio procedimiento de separación prevé la posibilidad de que se suspenda al policía en su función o servicio, hasta en tanto el Consejo de Profesionalización resuelva lo conducente, de forma que no se pone en riesgo el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad; y, por otro, la suspensión en el juicio de amparo no se otorga para paralizar toda la continuación del procedimiento administrativo de separación, sino exclusivamente su etapa final, esto es, para el único efecto de que no se dicte la resolución en el procedimiento administrativo mientras se decide el juicio de amparo en el fondo. Cabe precisar que la concesión de la suspensión definitiva en el juicio de amparo no implica la inobservancia del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, debido a que la prohibición de que se reinstale a uno de los elementos de los cuerpos de seguridad que ahí se mencionan, opera en un momento posterior al supuesto que se analiza, esto es, hasta que se dicte efectivamente la resolución en el procedimiento administrativo separando al elemento del cargo, pues de haberse emitido esa resolución, aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, operaría la proscripción aludida en el sentido de no reinstalarlo." Ahora bien, respecto de los efectos para los cuales solicitó la suspensión el quejoso, debe decirse que éstos son cuestiones de fondo que atañen a la sentencia que en su caso, se dicte en el expediente principal, por lo que no se hace pronunciamiento al respecto en el presente incidente de suspensión. Máxime que, de la lectura de su demanda de amparo se advierte que, bajo protesta de decir verdad, hasta el momento el quejoso continua percibiendo el treinta por ciento de sus emolumentos, esto es, el mínimo vital por lo cual la autoridad instructora se encuentra garantizando el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del disidente, hasta en tanto se resuelva el procedimiento que se le sigue, aunado al hecho de que de resultar favorable la resolución del mismo se le hará entrega de las percepciones retenidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 2/2017 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 39, febrero de 2017, tomo I, décima época, con registro digital 2013718, de rubro y texto siguiente: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS. En concordancia con los principios de presunción de inocencia y derecho al mínimo vital, previstos en los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 14, 16, 17, 27, 31 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que potencializan significativamente la protección de la dignidad humana, se concluye que el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en cuanto permite la suspensión temporal en el empleo y la retención de las percepciones del servidor público que es investigado, resulta conforme con el texto de la Norma Fundamental, particularmente con su artículo 113, siempre y cuando se interprete en el sentido de que la autoridad administrativa sancionadora contemple en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidades, el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, esto es, desde el momento en que el servidor público es notificado del inicio del procedimiento de responsabilidad y suspendido en sus labores y, por ende, en el pago de sus emolumentos, durante el periodo en que se lleven a cabo las investigaciones respectivas y hasta en tanto la autoridad no dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de responsabilidad. En esa virtud, la autoridad instructora debe garantizar el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del presunto responsable; de ahí que, en forma simultánea, habrá de determinar la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, la cual deberá ser equivalente al 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen, pues sólo en el supuesto de que se determine su responsabilidad y se le destituya del cargo de manera definitiva, al haber sido desvinculado de la institución, podrá buscar otra fuente de ingresos" Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa cita como argumento para la concesión de la suspensión provisional la tesis de rubro "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO PARA QUE NO SE PRIVE AL QUEJOSO DE SUS EMOLUMENTOS, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESTÉ SUSPENDIDO EN SU CARGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).", en virtud que la misma no es vinculante para este Juzgador, por tratarse de una tesis aislada emitida por un tribunal colegiado de un circuito diverso al en que reside este órgano jurisdiccional, aunado al hecho de que la misma se refiere a la suspensión definitiva y en estos momentos se analiza la procedencia de la medida cautelar provisional. En la inteligencia que, una vez que se resuelva el presente incidente y en su caso, se cuenten con mayores elementos, este Juzgador podría variar los efectos de la medida cautelar concedida. Duración. Esta medida cautelar en cuanto a su duración producirá efectos a partir del dictado de este acuerdo y hasta que se notifique a las responsables la interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva que se decrete en la audiencia incidental. Expedición de copias. Expídase a la parte quejosa copia certificada de esta determinación, autorizando a la persona que señala en el escrito inicial para recibirla; lo anterior, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos. Notificación a las autoridades responsables. Finalmente, en términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se publica en este Juzgado. Notifíquese.

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