José Marcos Sosa Navarrete
Expediente 2325/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2325/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 16/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Marcos Sosa Navarrete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio número SSP/DJ/53916/2021, signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por medio del cual cumple con el requerimiento efectuado por acuerdo de doce de diciembre pasado. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes de dicho oficio y relaciónense en la audiencia constitucional relativa. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma la licenciada Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se advierte que mediante oficio número NARCOMENUDEO 14/2022, de fecha tres de noviembre de dos mil veintidós, solicitó a la diversa autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, que en un término de tres días hábiles computados legalmente realizara las gestiones pertinentes a fin de que le fuese entregado al aquí quejoso José Marcos Sosa Navarrete, el vehículo marca Plymouth, línea Grand Voyager, modelo 1997, con número de serie 1P4GP44R7VB311930 y con placas de circulación ZCC-465-D, del Estado de Yucatán, el cual se encuentra en las instalaciones del depósito vehicular ABIMERHI. Por tanto, a fin de resolver en este asunto lo que en derecho corresponda, requiérase a la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, comunique a este Juzgado Federal, si a la presente fecha ha hecho entrega del vehículo en cuestión al peticionario del amparo José Marcos Sosa Navarrete; debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten; o bien, manifieste el impedimento que tiene para ello. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, sin centavos, moneda nacional) conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción IV, de la Ley de la Materia y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 1a./J.163/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, enero de 2006, visible en la página 319, con número de registro 176291, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Por otra parte, tomando en consideración lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que hasta la presente fecha la autoridad responsable encargado del Depósito Vehicular Abimerhi, con sede en esta ciudad, no ha rendido su informe justificado en el presente asunto, no obstante haber sido oportunamente notificada según se advierte de la boleta de notificación correspondiente. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable encargado del Depósito Vehicular Abimerhi, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación de este acuerdo, remita a este Juzgado Federal, copia certificada de las constancias que acrediten la existencia del acto reclamado; o bien, el impedimento que tiene para ello. Apercibida que de no hacerlo dentro del término fijado, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, sin centavos, moneda nacional) conforme a lo dispuesto en el artículo 259, de la Ley de la Materia y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/97, del Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro número 199454, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, señalándose como nueva fecha y hora para su celebración el día VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LAS DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, donde se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles, con relación a las vistas que se dieron en proveídos de ocho y nueve de noviembre del año actual; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. ..." Así como la jurisprudencia 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Común, visible en la página 151, registro: 170081, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. ...". Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado, residente en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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