José Marcos Ramírez Miguel

Expediente 1761/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1761/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • José Marcos Ramírez Miguel

Actuaciones

  1. Incidental

    (...) se resuelve: PRIMERO. Se niega a ****************************************por propio derecho********************la suspensión definitiva solicitada********************contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en los considerandos segundo y tercero de este fallo********************por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. Se concede a ****************************************por propio derecho********************la suspensión definitiva solicitada********************contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en los considerandos segundo y tercero de este fallo********************por las razones expuestas en el considerando quinto. Notifíquese.

  2. Incidental

    Toluca, Estado de México; dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos los oficios signados por la Titular del Área de Ejecución y por el Actuario de la Junta Especial Número Cinco, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, mediante los cuales rinden sus informes previos; en ese sentido, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo; agréguense al expediente electrónico y físicamente a los autos, dese vista a las partes para que manifiesten lo que en su interés convenga y tómense en consideración en el momento procesal oportuno. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA III RADICACIÓN. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por********************, en su carácter de apoderado legal de ********************, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 1761/2023-III. PRECISION DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: El emplazamiento y como consecuencia todo lo actuado en los juicios laborales ******************** del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, del Estado de México (antes juicio ********************del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, del Estado de México), incluyendo el laudo y su ejecución. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." ADMISIÓN. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA. Acorde con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dese la intervención correspondiente. Motivo por el cual, notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público adscrito la radicación del presente juicio, dejando a su disposición en este Juzgado de Distrito, copia simple de la demanda y auto admisorio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en lo establecido por los numerales 125 y 128, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Del Pleno Del Consejo De La Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo de trece de octubre del año dos mil veintidós, fórmese por separado y tramítese el incidente de suspensión en original y electrónicamente. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las doce horas con cinco minutos del siete de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo dicha audiencia. SOLICITUD DEL INFORME JUSTIFICADO. En atención a los artículos 75, 115 y 117, de la ley de la materia, solicítese a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se les reclama; además, deberán señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiéraseles para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. En el entendido que de no existir inconveniente legal alguno, remitan el informe solicitado al correo electrónico institucional 6jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que lo hagan por la vía ordinaria. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria correspondiente. Se apercibe a las responsables que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiéraseles a las responsables, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado, apercibida que en caso de ser omisa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se harán acreedoras a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De igual forma, se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, informe a este órgano de control constitucional si en el expediente del cual emana el acto reclamado se han promovido diversos juicios de amparo, por lo que en caso de ser así deberán comunicar ante qué autoridades se radicaron, el número de registro y el estado procesal de los mismos, debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. APERCIBIMIENTO. En la inteligencia que de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. TERCERO INTERESADO. Ahora bien, resérvese acordar lo conducente al emplazamiento del tercero interesado, hasta en tanto obren en autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y las constancias de las cuales emana el acto reclamado. DOMICILIO. Por otra parte, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio precisado por la parte quejosa en su escrito de demanda, consistente en el usuario que proporcionó, el cual fue corroborado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Respecto al correo electrónico y número telefónico señalados como domicilio para oír y recibir notificaciones, los mismos no pueden tenerse como tal, ya que no están previstos en la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizados a ******************** en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia; asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones, a las persona restante, hasta en tanto registre su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, para que en el caso de que las autoridades responsables se negaren a recibir los oficios derivados del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación en ese momento, además de que si a consideración del suscrito se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se hará acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento del Actuario de la adscripción para que en el momento de la diligencia respectiva y de ser necesario, realice las aclaraciones correspondientes con relación a la denominación actual y correcta de la autoridad o autoridades que estén ejecutando el acto reclamado, a quienes deberá apercibir que en el supuesto de no recibir las notificaciones en comento, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley de Amparo, se hará acreedora de una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. NOTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  4. Incidental

    MESA III APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como está ordenado en auto de esta fecha dictado en el cuaderno principal relativo al juicio de amparo 1761/2023-III, promovido por ********************, en su carácter de apoderado legal de ********************, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje; con fundamento en lo establecido por los numerales 125 y 128, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, de trece de octubre del año dos mil veintidós, tramítese el incidente de suspensión en original y electrónicamente. SOLICITUD DE INFORME PREVIO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 138, fracción III, de la citada Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo el que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; al efecto, remítase copia simple de la demanda. En el informe requerido, las responsables tendrán que sujetarse a las hipótesis previstas en el numeral 140 de la Ley de Amparo, es decir, tendrán que expresar si son o no ciertos los actos que se les atribuyen y las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. En el entendido que, de no existir inconveniente legal alguno, remita el informe solicitado al correo electrónico institucional 6jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que lo haga por la vía ordinaria. Se apercibe a las responsables que en caso de ser omisas en rendir su informe previo, se presumirán ciertos los actos reclamados, para el sólo efecto de la suspensión, además de que se harán acreedoras a una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en el caso a estudio, el acto reclamado materia del presente incidente esencialmente, se hace consistir en: El emplazamiento y como consecuencia todo lo actuado en los juicios laborales ******************** del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, del Estado de México (antes juicio ********************del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, del Estado de México), incluyendo el laudo y su ejecución. MARCO JURÍDICO DE LA MEDIDA CAUTELAR. En principio, es de puntualizarse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128 y 129 de la Ley de Amparo, de los cuales se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, además, debe atender a la naturaleza de la violación alegada. En ese contexto legal, destaca que el estudio que debe realizarse atendiendo a la naturaleza de la violación alegada no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, a valorar si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa del quejoso, o más bien incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio no se le había conferido legalmente. Ante tal exigencia constitucional, a fin de pronunciarse respecto a la procedencia de la suspensión del acto reclamado y previo al análisis de si el otorgamiento de la suspensión causaría perjuicio al interés social o contravendría disposiciones de orden público, debe verificarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de esa medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del que debe partir el estudio de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del peticionario de garantías, pues de lo contrario, de no constatar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. En los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 139 de la Ley de Amparo se precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que la parte quejosa debe de reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado los cuales son: a) La naturaleza de la violación alegada; b) No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, c) Hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamando con perjuicios para la parte quejosa; y d) La apariencia del buen derecho. Consecuentemente, este juzgador deberá proveer respecto de la suspensión del acto reclamado en los términos precisados por la parte quejosa, ello en atención al contenido de la jurisprudencia 111/2003, publicada en la página 98 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2003, Tomo XVIII, materia común, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos.". Así las cosas, en virtud de que la parte quejosa únicamente solicita la suspensión del acto; atendiendo a las consideraciones sostenidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 1895, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, página 3035, cuyo contenido es: "SUSPENSIÓN EN MATERIA DE TRABAJO. El artículo 174 de la Ley de Amparo establece una facultad discrecional en favor de los miembros de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para conceder la suspensión de los laudos que se recurren en amparo directo y la Cuarta Sala de la Suprema Corte a sustentado el criterio de que la suspensión en materia de trabajo, es improcedente hasta por el importe de seis meses de salario, por ser éste el término considerado como necesario para la tramitación del juicio de garantías." Es pertinente indicar que se estima aplicable dicho criterio, pues la parte agraviada pretende que no se materialice la ejecución del laudo emitido en el juicio laboral ********************del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, del Estado de México, ello, porque es la parte demandada en dicho asunto, el trabajador tiene derecho a que se le haga entrega del pago de las prestaciones respecto de las cuales la autoridad responsable consideró procedente su acción, y mientras no se demuestre lo contrario, debe estimarse que los beneficios obtenidos del laudo, los requiere para subsistir; de tal manera, que si se promueve amparo, cualquier vía elegida en la que se pida la suspensión de la ejecución del laudo, debe garantizarse la subsistencia del trabajador en los términos del citado precepto 190 de la Ley de Amparo; con base en la jurisprudencia publicada con el número 612, página 498, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, en el Tomo VI, Materia Laboral, cuyos rubro y texto son: "SUSPENSIÓN CONTRA LAUDO. DEBE GARANTIZARSE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, AUN CUANDO AQUEL SE RECLAME EN AMPARO INDIRECTO. El artículo 174 de la Ley de Amparo establece las normas aplicables cuando se pide la suspensión de los actos reclamados al combatirse un laudo en amparo directo. Sin embargo, el contenido de tal disposición legal debe aplicarse también cuando se impugna un laudo en amparo indirecto, como ocurre en el supuesto de que la parte demandada reclame la falta de audiencia por no habérsele emplazado legalmente a juicio y, consecuentemente, impugne todo el procedimiento, incluyendo el laudo, o bien, cuando se trate de actos de ejecución de laudo. Ello es así porque en ambas situaciones existe tal similitud que las consecuencias legales no pueden ser distintas, desde luego cuando la parte que obtuvo es la obrera, máxime que los laudos son ejecutables de inmediato en la hipótesis de que al promoverse la demanda de garantías, no se solicite la suspensión del acto; además, en uno y en otro caso, tratándose del trabajador, legalmente ya tiene derecho a que se le haga entrega o pago de las prestaciones respecto de las cuales la Junta consideró procedente su acción, y, mientras no se demuestre lo contrario, debe estimarse que los beneficios que obtuvo del laudo los requiere para subsistir; de manera que si se promueve el amparo, cualquiera que sea la vía elegida y se pide la suspensión del laudo, debe garantizarse la subsistencia del trabajador, en los términos del mencionado artículo 174 de la Ley de Amparo." En esas condiciones, se estima procedente negar la suspensión provisional, por el monto necesario para que el trabajador subsista mientras se resuelve el juicio en lo principal con sentencia ejecutoriada, que debe ser el resultado de los seis meses del salario diario que perciba el trabajador, tiempo probable de duración de la tramitación del presente juicio de amparo. No se desatiende la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2016697 y bajo el rubro: "SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO. LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO, NO ES EXIGIBLE AL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO LABORAL, SINO EN SU CASO, LA GARANTÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO", pues lo que se analizó en dicho criterito fue respecto de terceros extraños ajenos a la relación jurídica procesal y en el presente caso, la parte quejosa es tercera extraña por equiparación al juicio laboral de origen, al ser la parte demandada en aquél. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, es procedente decretar en su favor la suspensión provisional, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y en su caso, no se lleve a cabo la ejecución del laudo únicamente por el excedente; ello hasta en tanto, se resuelva lo conducente en el suspensión definitiva. En el caso particular, de acuerdo con lo relatado por la parte quejosa en su escrito de demanda, se advierte que el monto al que se le condenó equivale a ********************, valor que será tomado en consideración por este Juzgado, para llevar a cabo la cuantificación correspondiente. Luego, al concederse a la parte quejosa la suspensión del acto reclamado para los efectos precisados con anterioridad, es evidente que el ahora tercero interesado, sufre daños y perjuicios en su patrimonio al no disponer, durante el tiempo que dure el juicio de amparo del numerario, así como de la privación de las ganancias lícitas que podría haber obtenido de haber incorporado en su esfera jurídica tal cantidad. Ahora, una vez precisado que constituye un hecho notorio la existencia de los daños y perjuicios, corresponde establecer a través de qué parámetro se deben cuantificar los mismos. La jurisprudencia que se originó de dicha contradicción de tesis, es la P./J. 71/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo I, página 5, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación." Así, se advierte del criterio que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a fin de cuantificar los daños y perjuicios que se generaron por el otorgamiento de una suspensión en un juicio de amparo, se debe recurrir para cuantificar los daños, al Índice Nacional de Precios al Consumidor y, para calcular los perjuicios, a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de veintiocho días; ambos indicadores publicados en el Diario Oficial de la Federación. En esa tesitura, en primer término se precisa que el monto que debe considerarse como base para realizar el cálculo de la garantía por los conceptos de daños y perjuicios, es la cantidad que le fue ordenada pagar a la parte quejosa, la cual asciende a ********************, tal y como lo manifestó la inconforme, bajo protesta de decir verdad al desahogar la prevención respectiva en el juicio principal. Luego, los montos a cuantificar por daños y perjuicios, que serán los que constituyan la garantía para que surta efectos la suspensión provisional de los actos reclamados, solicitada por el quejoso, pueden ilustrarse de la siguiente forma: DAÑOS Respecto a los daños, se toma como base el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), obtenido de la página web de Banco de México (http://www.banxico.org.mx/portal-inflacion/index.html), en donde se advierte que la inflación al mes de octubre de dos mil veintitrés (última publicada) fue de 0.38 por ciento, que se aplicará al monto de condena ********************), lo cual deberá multiplicarse por seis meses, que es el lapso probable que tardará en resolverse el amparo indirecto promovido por la ahora quejosa (contemplando el principal y en su caso el recurso de revisión) dando como resultado $40,787.94, (cuarenta mil setecientos ochenta y siete pesos 94/100 moneda nacional). Monto Porcentaje del INPC Resultado ******************** 0.38 $6,797.99 x 6 meses Total por concepto de daños $40,787.94 PERJUICIOS El monto total por el que se condenó a la parte quejosa, como se ha dicho, es de ********************, que multiplicado por el 11.507 por ciento anual (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a veintiocho días, vigente al día que se emite el presente, dato obtenido de http://www.banxico.org.mx), da como resultado $205,853.89 (doscientos cinco mil ochocientos cincuenta y tres pesos 89/100 moneda nacional), cantidad que al dividirse entre doce (meses del año), reporta la suma de $17,154.49 (diecisiete mil ciento cincuenta y cuatro pesos 49/100, moneda nacional), la cual al multiplicarse por seis meses (tiempo estimado de duración del juicio de amparo) reporta como cantidad final por concepto de perjuicios $102,926.94 (ciento dos mil novecientos veintiséis pesos 94/100 moneda nacional). Monto Porcentaje (TIIE a 28 días) Resultado ******************** 11.507 $205,853.89 $205,853.89 / 12 (meses del año)= 17,154.49 17,154.49 x 6 (meses del juicio)= 102,926.94 De ahí que sumando ambas cantidades (daños y perjuicios), da un resultado de ********************, por concepto de garantía para que surta efectos la medida cautelar. En la inteligencia de que se toma como referencia tanto el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) corno la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) publicada al momento de emitir esta determinación, por estimar que tal porcentaje refleja las condiciones del mercado de dinero y que, por su publicación tanto en el Diario Oficial de la Federación como en la página web del Banco de México (BANXICO), generan certeza a las partes de que se atiende al indicador, en términos generales, de la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad y las ganancias lícitas que obtendría de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio de amparo. En consecuencia, a efecto de que surta efectos la suspensión concedida, la parte quejosa deberá exhibir como garantía la cantidad de ********************, por concepto de posibles daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar a la parte tercera interesada, la cual podrá ser otorgada en billete de depósito del Banco del Bienestar o en cualquiera de las formas establecidas por la ley; en la inteligencia que en el supuesto de exhibirla en billete de depósito, deberá figurar la parte quejosa como depositante en autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1761/2023, pues de no satisfacer esos requisitos, no se tendrá por constituida; esta cantidad tiene por objeto reparar los daños e indemnizar los perjuicios que se pudieran ocasionar a los terceros interesados con la paralización del acto reclamado, en caso de no obtener la parte quejosa sentencia favorable al fallarse con sentencia firme el juicio en lo principal. En la inteligencia de que si no exhibe la garantía aludida dentro del término indicado, dejará de surtir efectos la medida cautelar de que se trata, lo cual se hará del conocimiento a las autoridades responsables, para que procedan a la ejecución del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 136 de la ley de la materia. Por otra parte, se precisa que si a la fecha, se ha llevado a cabo la ejecución del laudo, esta medida no tiene efectos restitutorios. Asimismo, la presente medida cautelar no es concedida respecto de actos diversos a los reclamados, o de actos realizados con posterioridad a la presentación de la demanda, ni que constituyan cuestiones no planteadas en ésta o bien si los actos reclamados provienen de diversas autoridades a las señaladas como responsables. DOMICILIO. Por otra parte, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio precisado por la parte quejosa en su escrito de demanda, consistente en el usuario que proporcionó, el cual fue corroborado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Respecto al correo electrónico y número telefónico señalados como domicilio para oír y recibir notificaciones, los mismos no pueden tenerse como tal, ya que no están previstos en la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizados a ********************, en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia; asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones, a las persona restante, hasta en tanto registre su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 9,095 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano