José Marcos Pech Uc

Expediente 920/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
920/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
16/08/2019

Partes del expediente

  • José Marcos Pech Uc
  • José Marcos Pech Uc y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    AVISO: Mérida, Yucatán, nueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio FGE/DJ/AMP/FISC/1566/2019 suscrito por el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado, por suplencia del Fiscal General, al que anexa diversas constancias con las que pretende dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada por este Juzgado Federal; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, póngase el oficio de cuenta y anexo, a la vista de las partes por el término de tres días para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente; apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del citado numeral. Por otra parte, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria celebrada el doce de junio del año en curso, la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal acordó la readscripción del Juez Adrián Fernando Novelo Pérez, como titular de este órgano jurisdiccional, en sustitución del ahora Magistrado René Rubio Escobar, con efectos a partir del uno de julio de dos mil diecinueve; por lo que, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se da vista a las partes en el presente juicio por el término de tres días, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VIII. ART. 27 FRACC. I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Vista la cuenta que inmediatamente antecede, se agrega para que obre como legalmente corresponda el informe justificado signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, y anexo que acompaña consistente en las copias certificadas del cuaderno de amparo directo 001/2019 relativas al juicio laboral 256/2015, en el que señala que el once de julio del presente año, dio contestación a todos y cada uno de los memoriales que se mencionan en la demanda de amparo y ordenó continuar con el procedimiento de ejecución, por lo que requirió al demandado la garantía de subsistencia del trabajador en tanto se resuelve el juicio de amparo directo número 79/2019 que promovió el Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán en contra del laudo dictado por ese Tribunal el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, mismo que refiere ya fue notificado a la parte quejosa el quince de julio del año en curso. Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable remitió con su oficio de cuenta, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. Resulta importante señalar que al resolver la contradicción de tesis 339/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Esa ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 15/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, registro 2000011, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Al sostenerse lo anterior no se soslaya que en la etapa de ejecución el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, sin embargo, en la ejecución de laudo, es necesario no sólo la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones; de ahí que la ejecución forzosa del laudo, no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, por lo que debe atenderse al escrito que se presentó ante la responsable. En el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, la omisión de acordar en relación la ejecución de la condena contenida en el laudo de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en virtud de no haberse cubierto la cantidad fijada en concepto de subsistencia en el juicio laboral 256/2015, absteniéndose de despachar el auto de requerimiento de pago y embargo en contra del Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán. Sin embargo, de las copias certificadas que el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, remitió junto con su informe de mérito, a la que este órgano de control constitucional le confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en autos del juicio laboral 256/2015, por auto de once de julio de dos mil diecinueve se acordaron los escritos que la parte quejosa presentó el tres de mayo y veintisiete de junio del año en curso y al hacerlo determinó que no fue procedente su petición de que se ejecute el laudo en virtud de la suspensión que se concedió en el amparo directo que la ahí parte demandada promovió; asimismo consideró que al no haberse cubierto la cantidad que se determinó como garantía para la subsistencia del trabajador, emitió auto de requerimiento de pago equivalente a cuatro meses de salario para garantizar la subsistencia del ahora quejoso; respecto del embargo instado determinó que éste no es procedente por no estar previsto en la Ley de la materia. Este acuerdo fue notificado a la parte quejosa el quince de julio del año en curso. Actuaciones que fueron posteriores a la fecha de presentación de la demanda, que lo fue el dos de julio del año que transcurre, por lo que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado desde el momento en el que el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios acordó los escritos que la parte quejosa presentó dentro del periodo de ejecución del laudo y a los que hizo referencia en la demanda de amparo y ésta determinación la hizo del conocimiento de la parte quejosa; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la conducta omisiva que se impugna, toda vez que en virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso, por similitud de razón la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas consideraciones, respecto del particular acto que se reclama al Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual motiva el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no se hubiere puesto a la vista de las partes el informe justificado que rindió la autoridad responsable, por cuanto que en el presente caso, de conformidad con los párrafos que anteceden, se actualizó una causal de improcedencia de manera notoria y manifiesta, que autoriza a sobreseer en el juicio fuera de audiencia. No se soslaya que la parte quejosa señaló como acto reclamado, la denegación de Justicia por parte de la responsable ante la omisión de acordar en relación a la ejecución de la condena contenida en el laudo de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en virtud de no haberse cubierto la cantidad fijada en concepto de subsistencia en el juicio laboral 256/2015, absteniéndose de despachar el auto de requerimiento de pago y embargo en contra del Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán; lo anterior en atención a que este asunto debe resolverse con base en la función del acto reclamado y la etapa procedimental en la cual se encuentra el juicio de origen; de ahí que si a la fecha ya se emitió el acuerdo relacionado con la solicitud de la quejosa a la autoridad responsable, entonces se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia en estudio. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 15/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, registro 2000011, de rubro "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA"; antes transcrita. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del cinco de agosto de dos mil diecinueve. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación, que se hubiese realizado la reserva al emplazamiento a juicio del tercero interesado Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, toda vez que por el sentido en que se resuelve este juicio, es evidente que no se le vulnera derecho alguno.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria celebrada el doce de junio del año en curso, la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal acordó la readscripción del Juez Adrián Fernando Novelo Pérez, como titular de este órgano jurisdiccional, en sustitución del ahora Magistrado René Rubio Escobar, con efectos a partir del uno de julio de dos mil diecinueve; por lo que, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se da vista a las partes en el presente juicio por el término de tres días, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga. Por otra parte, toda vez que de autos se advierte que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado no fue emplazado de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso c) de la Ley de Amparo; en tales condiciones, mediante oficio que al efecto se gire con transcripción del presente proveído, del auto admisorio y copia certificada de la demanda de amparo, dése a la Agente antes citado, la intervención que legalmente le corresponde como lo establece el precepto legal antes citado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

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