José Marcos García Méndez
Expediente 203/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 203/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Marcos García Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho auto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Por otra parte, por cuanto ve al original del incidente de suspensión dado que se concedió la suspensión definitiva, procede su depuración, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del citado ordenamiento; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la resolución interlocutoria en el que se concedió la suspensión definitiva y el presente proveído. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.
- Incidental
Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho auto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Por otra parte, por cuanto ve al original del incidente de suspensión dado que se concedió la suspensión definitiva, procede su depuración, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del citado ordenamiento; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la resolución interlocutoria en el que se concedió la suspensión definitiva y el presente proveído. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a seis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual remite el informe justificado y anexos del Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de Huamantla, Tlaxcala, así como los cuadernos incidentales derivados del juicio de amparo 69/2023 de su índice; por tanto, sustitúyase la caratula de los referidos cuadernos para su correcta identificación con el número 203/2023 de la estadística propia. Acúsese recibo. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, y toda vez que es un hecho notorio la tramitación del juicio de amparo 1197/2022 promovido por José Marcos García Méndez, del índice de este Juzgado de Distrito, se considera que en el presente asunto se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo anterior pues se considera que la parte quejosa consintió el acto reclamado. A efecto de demostrar lo anterior, es indispensable mencionar que dicha causal establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En relación a dichos plazos, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen que el plazo genérico para presentar una demanda es de quince días, computadas a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto que reclama, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. Asimismo la ley establece excepciones a dicho término, sin embargo el acto sobre el que se analiza la causal de improcedencia en estudio no se sitúa en alguna de las hipótesis de excepción descritas en el arábigo 17 de la Ley de Amparo, por lo que es claro que respecto al mismo aplica la regla genérica de quince días para presentar la demanda constitucional, contados a partir del día siguiente en que la quejosa se ostente sabedora de dicho acto o de su ejecución. En ese sentido, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, tenemos que el plazo genérico para presentar la demanda se computa según la hipótesis en el que se ubique, esto es: - Desde el día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación la parte quejosa del acto que reclama. - A partir de día siguiente a aquel en que haya tenido conocimiento. - Al día siguiente en que la parte quejosa se ostente sabedora de dicho acto o de su ejecución. Ahora bien, de una recta interpretación del último de los preceptos citados, se desprende que los supuestos son excluyentes entre sí, y no guardan orden de prelación alguno; por tanto, es claro que la intensión del legislador fue la de establecer que el termino para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del siguiente al en que se verifique cualquiera de aquellos. Entonces tenemos que para que se actualice la segunda hipótesis relatada, es a partir del día siguiente en que haya tenido conocimiento del acto que reclama, de esa manera, el plazo para la promoción del juicio biistancial iniciará a contar a partir del día siguiente, o bien, que al promover la demanda de amparo se obstante sabedor de ellos. Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado la falta de emplazamiento al proceso administrativo ********así como todo lo actuado, del índice de la autoridad responsable. Asimismo, como hecho notorio se trae a la vista el juicio de amparo 1197/2022 del índice propio, promovido por el aquí quejoso José Marcos García Méndez, en el que reclamó la orden verbal de separar del cargo al quejoso como policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, Transito y Protección Civil Municipal de Huamantla, Tlaxcala; así como su ejecución. Admitida que fue la demanda de amparo, mediante auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el referido juicio de amparo 1197/2022, se tuvo por recibido el informe justificado del Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, en el que ofreció como prueba la documental consistente en el Procedimiento extraordinario C.M.S.P.C.H.J./P./E./005/2022, y se dio vista a las partes. De lo anterior se obtiene como se adelantó, que la parte quejosa consintió el acto reclamado lo anterior pues la parte quejosa tuvo conocimiento del acto desde el ocho de noviembre de dos mil veintidós -fecha en que fue notificado referido el auto de siete de noviembre del mismo año- y la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, se presentó hasta el dieciocho de enero de dos mil veintitrés; esto es, fue promovida de manera extemporánea, al haber trascurrido el plazo de quince días para ello. De ahí que, si la parte quejosa, tuvo conocimiento del acto reclamado que tilda de inconstitucional desde el ocho de noviembre de dos mil veintidós -fecha en que fue notificado referido el auto de siete de noviembre del mismo año-; y la demanda de amparo fue presentada el dieciocho de enero de dos mil veintitrés (conforme a la boleta de turno que obra en autos) ya había transcurrido el plazo de quince días, que para promover el juicio constitucional establece el artículo 17 de la Ley de Amparo; lo anterior se considera, pues a partir de que el quejoso José Marcos García Méndez se ostentó sabedor de los actos de autoridad en cuestión, al día en que se recibió su líbelo de amparo, transcurrió en exceso los quince días por lo que es de concluirse que fue presentada en forma extemporánea. Lo que significa que el plazo legal de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción de su demanda, transcurrió del diez de noviembre de dos mil veintidós al uno de diciembre de dos mil veintidós, previo descuento de los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis y veintisiete de noviembre de dos mil veintidós, por ser sábados y domingos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la preinvocada legislación...... En mérito de lo expuesto, es que se considera que, la parte quejosa consintió de manera tácita dicho acto, toda vez que no promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que el acto reclamado encuadre en las excepciones que prevé el mismo numeral. Es aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 139-144, Primera Parte, Séptima Época, página 13, que establece: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad.". Asimismo, como sustento de lo anterior, resulta también ilustrativa la jurisprudencia ..... "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. .... Así las cosas, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación los numerales 61, fracción XIV, 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, al quedar actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia estudiada, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que se fijaron las diez horas con tres minutos del trece de marzo de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, sin embargo, dadas las consideraciones precisadas en líneas que anteceden, se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos dicha audiencia. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que mediante proveído de tres de marzo pasado, se reservó acordar lo conducente respecto de la ampliación de demanda que promueve la parte quejosa; en atención a ello, no ha lugar acordar dicha ampliación de demanda, dado que en esta fecha se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a tres de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que obra un billete de depósito cuya devolución no ha sido solicitada, por lo cual, es pertinente tomar en consideración que el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación refiere que los depósitos al cuidado de la Tesorería prescribirán a favor del erario federal el plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que pudo ser exigida jurídicamente su devolución o entrega por el depositante o por sus legítimos beneficiarios. Ahora bien, de actuaciones se aprecia que en proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte, se dejó a disposición de la parte quejosa Francisco Javier Hernández Cuapio, el billete de depósito número N 823129, expedido por el "Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito", por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) que se exhibió para que surtiera efectos la suspensión definitiva. De igual forma, se advierte que en ese proveído se hizo saber al referido quejoso que contaba con el término de dos años para solicitar a este órgano jurisdiccional la entrega de dicho documento, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en ese lapso, prescribiría a favor del erario federal, conforme al artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Dicho auto le fue notificado por lista el dieciséis de octubre de dos mil veinte, por lo cual dicha notificación surtió efectos el día diecinueve de octubre de ese año, de conformidad por lo previsto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En mérito de todo lo expuesto, es evidente que a la fecha en que se actúa (tres de marzo de dos mil veintitrés) ha transcurrido el término concedido al quejoso Francisco Javier Hernández Cuapio, sin que éste haya comparecido a la devolución del depósito en cuestión. En tal virtud, toda vez que a la presente fecha se ha cumplido el término a que se refiere el numeral 50 de la Ley de Tesorería de la Federación vigente y al abstenerse el quejoso Francisco Javier Hernández Cuapio, de gestionar la devolución del billete de depósito indicado, se declara que el mismo ha prescrito a favor del fisco federal; en consecuencia, con transcripción de este proveído, remítase a la Dirección General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales, de la Tesorería de la Federación el citado documento de depósito, para que en su momento realice su cobro y su monto lo ingrese al erario federal. Notifíquese.
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