José Marcos Campos García
Expediente 1916/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1916/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/12/2016
Partes del expediente
- José Marcos Campos García
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de diciembre de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y la certificación de la Secretaria, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra el proveído de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE MÉRITO, para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. 1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que José Marcos Campos García, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de diez de noviembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, se procede a acordar el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: 2DESECHAMIENTO En primer lugar, debe indicarse que de la lectura integral al escrito de demanda, así como al diverso aclaratorio se advierte que José Marcos Campos García, promueve la presente instancia constitucional por propio derecho y que señala como acto reclamado la omisión por parte del Director General de Protección Civil del Estado de Puebla, de dar contestación al escrito signado por Guillermina Reynaud Porta, presentado ante la Dirección General de Protección Civil el diecinueve de julio de dos mil dieciséis. Para justificar lo anterior, acompañó a la demanda de amparo copia del escrito de mérito, en el que se aprecia que efectivamente quien signó la petición contenida en el mismo fue Guillermina Reynaud Porta. Establecido lo anterior, el suscrito considera que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 1°, y 5, fracción I, todos del citado ordenamiento legal, que disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Para el estudio de la causa de improcedencia invocada resulta importante destacar que la legitimación, en general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta. Luego, debe distinguirse la legitimación en el proceso de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro; en cambio, la legitimación en la causa consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Prosiguiendo con el estudio del motivo de improcedencia resulta importante mencionar que de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es un medio de control de la Constitución que sirve para impugnar actos que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, al mismo tiempo, es protector del ámbito competencial entre las autoridades federales y locales, en la medida en que estos violen derechos humanos. De lo anterior se sigue que, la legitimación para acudir al juicio de amparo necesariamente debe estar vinculada con el objeto mismo, es decir, con la protección a las garantías individuales y su consiguiente restitución; sin embargo, tal aspecto también se rige por otras normas y principios íntimamente relacionados con el tema, como son el principio de instancia de parte y el diverso principio de agravio personal y directo. Por lo que hace al principio de instancia de parte, debe señalarse que de acuerdo con lo establecido en el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos implica que el juicio de garantías debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, esto es, se promueve por vía de acción. Lo anterior significa que el juicio de amparo sólo puede iniciarse, tramitarse y resolverse, en virtud de que la parte que se dice agraviada por un acto de autoridad, su apoderado o represente legal, lo acciona ante los tribunales competentes. Por lo tanto, sólo los titulares de las garantías constitucionales y en su defecto su apoderado o representante legal, que consideran se ha violado en su perjuicio pueden hacer valer la acción de amparo. En cambio, de acuerdo con el principio de agravio personal y directo no sólo basta que el juicio de amparo se inicie a instancia de parte, sino que ésta tiene que haber resentido un agravio personal y directo; dicho principio se encuentra contenido en el artículo 6 de la Ley de Amparo, conforme al cual el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Luego, es dable sostener que de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de amparo está reservada únicamente a quienes resientan un agravio (daño o perjuicio) actual o inminente de forma directa e inmediata, con motivo de un acto de autoridad, en sus derechos legítimamente tutelados por la ley fundamental o en su caso a quienes los representen legalmente. Ahora, resulta necesario precisar que el promovente acude a la presente instancia constitucional, por propio derecho, a reclamar la omisión por parte del Director General de Protección Civil del Estado de Puebla, de dar contestación al escrito signado por Guillermina Reynaud Porta, presentado ante la Dirección General de Protección Civil el diecinueve de julio de dos mil dieciséis. Esto, sin necesidad de mayor análisis, permite advertir que no es el promovente quien resiente el agravio de que se habla, lo cual, como se dijo, constituye una condición necesaria para la promoción del propio amparo. Refuerza lo anterior, el hecho de que el mismo promovente refiere en su demanda, en la parte donde designa al "tercero perjudicado", que Guillermina Reynaud Porta fue quien promovió el acto reclamado. Así, se reitera lo señalado con anterioridad en el presente proveído, con independencia que el ocursante señalara que fue él quien presentó directamente el escrito de mérito ante la autoridad que señaló como responsable, en atención a que se le nombró como perito independiente de protección civil en el convenio anexo al mismo, pues esa circunstancia no lo legitima para ejercer la presente acción de amparo al no ser titular de derecho alguno que pueda ser objeto de protección mediante el juicio de garantías. En consecuencia, al actualizarse la referida causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
ORDEN DE TRAMITAR INCIDENTE Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la ampliación de demanda de amparo, acuérdese lo relativo a la solicitud de suspensión formulada por Jehová Percino Zacarías, contra actos del Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana en el Estado de Puebla y otra autoridad. 2 PETICIÓN DE INFORME PREVIO Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138, fracciones II y III y 142, ambos de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la notificación de este auto, enviándoles al efecto copia simple del escrito de ampliación de demanda, apercibidas que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado, y se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en cita, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Signifíquese a la parte quejosa que si el Administrador de la Oficina de Servicios Directos Poder Judicial Siglo XXI, o en su caso el Actuario Judicial de la Adscripción devuelve los oficios que contienen la trascripción de este proveído por inexistencia de las autoridades destinatarias, se tendrán como inexistentes y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV de la ley de la materia; 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente. 3 AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, para que se lleve a cabo la audiencia en este incidente. 4 SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO Ahora bien, de la lectura íntegra del escrito de ampliación de demanda, se desprende que los actos respecto de los cuales se solicita la medida cautelar, guardan relación y se hacen derivar de los mismos efectos solicitados de los actos reclamados originalmente, los cuales se traducen en que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se lleven a cabo actos traslativos de dominio o tiendan a desposeer al aquí quejoso respecto del bien embargado en el juicio ejecutivo civil 1125/2015, del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, o aquellos que pudieran resultar de difícil reparación en perjuicio de la parte quejosa. Por lo que si los efectos para los que solicita la medida cautelar vía ampliación de demanda, son idénticos a los solicitados en su demanda primigenia, y respecto de lo cual mediante auto dictado el treinta de septiembre (suspensión provisional) e interlocutorias de siete y diecisiete de octubre, todos del año en curso, se proveyó sobre la medida cautelar solicitada, de manera provisional y en definitiva, LA CUAL LE FUE CONCEDIDA para los efectos precisados en las referidas interlocutorias. Esta circunstancia implica que, por derivar los actos reclamados vía ampliación de los originalmente reclamados, y respecto de los cuales se ocupó en las aludidas resoluciones, hoy resulte procedente negar la suspensión provisional solicitada, pues no determinarlo así, implicaría otorgar una nueva suspensión para los mismos efectos. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil dieciséis. 1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por José Marcos Campos García, contra actos del Director General de Protección Civil del Estado de Puebla y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1916/2016; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2PREVENCIÓN A efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede, con fundamento en lo establecido en los artículos 10, 11, 108, fracción I, y 114, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, requiérase a José Marcos Campos García, para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Aclare si la presente instancia constitucional la promueve por propio derecho o en su carácter de apoderado legal de Guillermina Reynaud Porta. Lo anterior, en atención a que del proemio del escrito de demanda de amparo se advierte que promueve por propio derecho; sin embargo, de la lectura integral de la misma, así como de la documental que anexó se desprende que Guillermina Reynaud Porta, fue quien signó la solicitud presentada el diecinueve de julio de dos mil dieciséis ante la Dirección General de Protección Civil del Estado de Puebla, y que aquí constituye el acto reclamado. Por tanto, en caso de comparecer como apoderado legal de Guillermina Reynaud Porta, deberá exhibir constancia legal que acredite dicha circunstancia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. (.). Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta. Sirve de apoyo, por analogía la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, enseguida se citan: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. (Época: Novena Época. Registro: 200084. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Julio de 1996. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 43/96. Página: 48). En la inteligencia de que el escrito aclaratorio que presente la ocursante, deberá ser en original con cuatro copias del mismo y del documento con el que acredite su personalidad para correr traslado de la siguiente manera: dos para las autoridades señaladas como responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito, y una más para emplazar a la parte tercero interesada; lo anterior, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Se apercibe a la parte inconforme que de no dar cumplimiento a la presente prevención en los términos indicados, se proveerá lo relativo a la admisión de la demanda teniendo a José Marcos Campos García por su propio derecho. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta, asimismo se hace constar que no autorizó a persona alguna para oír y recibir notificaciones. 4 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 5 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 6 RESERVA DE INFORMACIÓN Hágase saber a las partes, que de conformidad con los artículos 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, -aplicable al caso concreto de conformidad con el artículo 2º Transitorio del decreto por el que se expidió la ley en cita-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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