José Manuel Zenteno Sánchez
Expediente 258/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 258/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/03/2019
Partes del expediente
- José Manuel Zenteno Sánchez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el ocurso signado por ********* por el que da cumplimiento a la prevención realizada en auto de seis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 14-18). DESECHAMIENTO Del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, deriva que contra el acto reclamado, la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos, se observa que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el órgano de control constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XVI, julio de 2002, página 448, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". En efecto, de la demanda de amparo se obtiene que el quejoso *********** es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil *********** del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad. Asimismo, que el acto reclamado lo constituyen diversas actuaciones que señala como violaciones procesales en el procedimiento de remate, específicamente el acuerdo de ocho de febrero de dos mil diecinueve, emitido en los autos del citado juicio mercantil, por el cual se tuvo por aprobado el remate del bien inmueble embargado así como la adjudicación a favor del ********** declarando firme el diverso proveído de veintiocho de enero de esta anualidad. En tales condiciones, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". Al respecto conviene precisar que el principio de definitividad a que se refiere la fracción invocada, consiste en un requisito de procedibilidad de la pretensión, según el cual, para impugnar un acto de la autoridad jurisdiccional por la vía del juicio de amparo, deben agotarse necesariamente todos los recursos ordinarios o medios de defensa previos que regula la ley del acto reclamado. Ahora, del contenido de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que la cuantía del asunto asciende a la cantidad de ************ por concepto de suerte principal; por ello, debe decirse que, en este asunto se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el quejoso antes de acudir al juicio de amparo, por encontrarse en el supuesto que prevé el artículo 1334 del Código de Comercio, debieron hacer valer en contra del auto reclamado, el recurso de revocación, de acuerdo a las siguientes consideraciones: Es así, porque en relación al auto de de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ************* del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, el Código de Comercio en su artículo 1340, establece lo siguiente: "Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $662,957.06 (Seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339". De donde se advierte la improcedencia del recurso de apelación cuando un asunto, por su monto se ventile en los Juzgados de Paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a *********** por concepto de suerte principal. En otro orden de ideas, el artículo 1334 del Código de Comercio señala que los autos y decretos que no se encuentren en el supuesto de ser impugnados a través del recurso de apelación, por exclusión serán revocables, medio de defensa previsto en los numerales 1334 y 1335 del cuerpo normativo invocado, los cuales disponen: "ARTÍCULO 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". "ARTÍCULO 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso". Así las cosas, conforme al cuadro normativo señalado, se aprecia que los autos que causen un gravamen irreparable a las partes en un procedimiento mercantil, sólo podrán ser impugnados a través del recurso de apelación, pero dicha regla tiene una condición imperativa que prevé el numeral 1340 del Código de Comercio, la cual consiste en que la apelación no procederá cuando la cuantía del negocio sea inferior a ************* moneda nacional ********** por concepto de suerte principal, suma que cada año se actualizará acorde al contenido del artículo 1339 de la legislación mercantil en cita. Establecido lo anterior, se reitera, que el acto reclamado en esta vía consiste en el acuerdo de ocho de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual, el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, tuvo por aprobado el remate del bien inmueble embargado así como la adjudicación a favor del ************* declarando firme el diverso proveído de veintiocho de enero de esta anualidad Asimismo, que la suerte principal reclamada en dicho juicio natural asciende a la cantidad de ************ por concepto de suerte principal. En tales consideraciones, es evidente que la suerte principal del referido juicio de origen no excede de la suma de ************ por concepto de suerte principal; por tanto, se determina que contra el acuerdo de ocho de febrero de dos mil diecinueve emitido en el juicio ejecutivo mercantil ********** del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con domicilio en esta ciudad, procede el recurso de revocación que prevén los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, medio de defensa que debió agotar el quejoso previamente a comparecer a la instancia constitucional pues determinar lo contrario, sería omitir la orden imperativa del artículo 1334 mencionado. En consecuencia, como de la demanda de amparo se obtiene que el aquí quejoso es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil ************* resulta claro, que entonces, estaba en facultad de interponer el recurso de revocación de que se trata, y por ende, al no haberlo hecho así, es obvio que no observó el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es evidente que el multicitado auto reclamado no puede ser analizado de primera intención por este órgano de control constitucional, pues contra el mismo procede el medio de impugnación mencionado, por virtud del cual puede ser revocado dicho acto. Consecuentemente, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida contra el auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ************ del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad, al actualizarse de manera notoria una causa de improcedencia. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXII, septiembre de 2010, página 157, registro electrónico 163734, que dispone: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación". Apoya a lo anterior, la tesis jurisprudencial 70/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro 1, tomo I, diciembre de 2013, página 401, registro electrónico 2005047, de contenido siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)". Asimismo, cabe precisar que el artículo 1334 del Código de Comercio en relación a los diversos 1341 y 1344 del ordenamiento mencionado, interpretados en sentido contrario, establecen que los autos dictados en los juicios ejecutivos mercantiles, en el periodo de ejecución de sentencia, que no sean apelables, admiten el recurso de revocación, pues no es exacto que la regla general contenida en el primer precepto citado, únicamente se refiera a los autos y decretos dictados en el periodo del conocimiento del negocio, ya que el capítulo relativo a ejecución de sentencias, no consigna excepción alguna al respecto. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis emitida por la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta época, tomo LXXI, pagina 1306, registro electrónico 352724, de rubro y texto siguiente: "REVOCACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, CONTRA AUTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Los autos dictados en los juicios ejecutivos mercantiles, en el periodo de ejecución de sentencia, que no sean apelables, admiten el recurso de revocación, establecido por el artículo 1334 del Código de Comercio, disposición que es aplicable, en relación con lo dispuesto por los artículos 1341, segunda parte, y 1344 del ordenamiento mencionado, interpretados en sentido contrario, pues no es exacto que la regla general contenida en el precepto primeramente citado, únicamente se refiera a los autos y decretos dictados en el periodo de conocimiento del negocio, ya que el capítulo relativo a ejecución de sentencias, no consigna excepción alguna al respecto". Apoya a lo expuesto la jurisprudencia VI.2o.C.J/190 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Materia común, tomo XII, agosto de 2000, Página 1019, Registro electrónico 191356, del tenor siguiente: "ADJUDICACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. EN CONTRA DEL AUTO QUE LA APRUEBA DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. El auto que aprueba la adjudicación, esto es, que declara fincado el remate a favor del acreedor, causa un gravamen que lógicamente no es susceptible de ser reparado en sentencia definitiva; por tanto, el agraviado, previamente a la proposición del juicio de garantías, debe agotar el recurso de apelación previsto por el artículo 1341 del Código de Comercio o el de revocación contemplado en el artículo 1334 de esa misma legislación, según sea el caso, con el objeto de acatar el principio de definitividad". No pasa inadvertido para este juzgado de distrito, que la propia Ley de Amparo, prevé determinadas excepciones al principio de definitividad y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello; en interpretación de esta norma, ha incorporado algunas otras hipótesis específicas; sin embargo, no se actualiza ninguna de ellas, como se verá enseguida: I. Los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; dicha excepción no se actualiza al no reclamarse esos actos en el presente asunto. II. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; hipótesis que tampoco se actualiza por virtud de que no se reclaman esos actos por la parte quejosa. III. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; hipótesis que en el presente caso no se actualiza, toda vez que como se desprende de los antecedentes del acto reclamado se advierte que el promovente figura como parte demandada dentro del juicio de origen, tan es así, que no señaló como acto reclamado el emplazamiento. IV. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; excepción que no se surte por virtud de que el medio de defensa no requiere mayor interpretación por virtud de que está claramente definido, por lo que su fundamento es suficiente. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Ilustra a lo anterior la tesis aislada 2a.LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XII, julio de 2000, página 156 del rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". Tampoco pasa desapercibido para este juzgador, que el acto reclamado pudiera ocasionarle algún perjuicio de difícil reparación al quejoso; pues, con independencia de ello, para que proceda el amparo, previamente debe interponerse el medio ordinario de defensa. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 11/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, materia común, libro 55, junio de 2018, tomo I, página 8, registro electrónico 2017117, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Por consiguiente, y al ser esta una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por ************ Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, de texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por *********** contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 258/2019-VII. PREVENCIÓN El artículo 74 de la Ley de Amparo establece que al resolver mediante sentencia, el Juez de Distrito debe hacer una fijación clara y precisa de los actos reclamados, en congruencia con lo cual, el artículo 114 de la legislación en cita, estatuye como causa para aclarar la demanda, la circunstancia de que el acto reclamado no esté precisado de manera clara, ya que ello será indispensable para fijar la litis, pues no es posible que en la sentencia final que se dicte pueda hacerse una fijación clara y precisa de los actos reclamados, si la parte no hace una exposición clara y concreta de lo que verdaderamente está reclamando, ya que es sabido que la litis se forma con el escrito inicial de demanda y el acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente no cumple con lo ordenado en el artículo 108, fracciones III y IV, por lo que se hace necesaria la prevención en términos del diverso 112, en relación con el precepto 114, fracciones I y IV, todos de la Ley de Amparo. Los ordinales mencionados son del tenor siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame". "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite(.) "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley Ahora bien, la parte quejosa en su escrito de demanda señaló como acto reclamado el siguiente: IV. OMISION RECLAMADA: a) OMISIÓN DE NOTIFICAR PERSONALMENTE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 27 DE MAYO DE 2015, b). OMISION DE NOTFICAR LA PRIMERA ACTUACION, CUANDO SE DEJO DE ACTUAR POR MAS DE SEIS MESES EN EL JUICIO PRINCIPAL, c). OMITIO NOMBRAR UN PERITO EN REBELDIA DEL DEMANDADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1257, PARRAFO TERCERO, Y 1410 DEL CODIGO DE COMERCIO, TODA VEZ QUE LA PRUEBA DEBE SER COLEGIADA. ACTO RECLAMADO: a). ADMISION ILEGAL DEL AVALUO EMITIDO POR EL PERITO *********** SIN QUE HAYA PRESENTADO ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE CARGO NI RATIFICADO Y DISERNIDO DEL MISMO, b) ORDENAR SIN FUNDAMENTO LEGAL ALGUNO QUE EL SUSCRITO PRESENTARA AVALUO DENTRO DEL PLAZO DE 10 DIAS, Y VIOLADO EL CONTENIDO DEL ARTICULO 1410, TODA VEZ QUE UNICAMENTE OBRA EN EL SUMARIO UN AVALUO DEL BIEN INMUEBLE EMBARGADO. C) VIOLACION AL ARTÍCULO 1411 DEL CODIGO DE COMERCIO, CONSISTENTE EN LA ADJUDICACION QUE DE MANERA DIRECTA LA RESPONSABLE OTORGO AL ********** S.A., DEL INMUEBLE DE MI PROPIEDAD EMBARGADO, DESCRITO EN EL AUTO DE FECHA 28 DE ENERO DEL AÑO 2019, Y LA ADMISIÓN DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, DEL LIC. ************ NOTARIO PUBLICO NUMERO 118 DEL ESTADO, PARA QUE ELABORE LA ESCRITURA DE ADJUDICACION, ASI COMO LA DETERMINACION EN EL SENTIDO DE QUE EL SUSCRITO QUEJOSO, OTORGUE LA ESCRITURA DE ADJUDICACION A FAVOR DE LA ACTORA ********* S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO *************** Posteriormente, en los antecedentes, refiere que no ha sido emplazado para comparecer al juicio. Con el objeto de acordar lo que proceda sobre la admisibilidad de la demanda de referencia, con apoyo en los artículos 108, fracciones III y IV, 112, 114, fracciones I y IV, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad realice lo siguiente: I. Precise si compareció al juicio ejecutivo mercantil ************** Si es su deseo señalar como acto reclamado la diligencia de emplazamiento y, en su caso, la fecha en que se llevó a cabo dicha diligencia; de ser así, indique si señala como autoridad responsable al actuario adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla. 3. Asimismo, indique el monto de la suerte principal del negocio y las demás prestaciones a las que fue condenado en la sentencia a que hace alusión. 4. Además, deberá precisar el estado procesal del juicio, es decir, la última actuación y la fecha de la misma. Todo lo anterior, pues de las manifestaciones que realiza bajo protesta de decir verdad, se desprende que es parte demandada, por lo que tiene acceso al expediente de origen. 5. Además, se le requiere a fin de que acompañe las copias suficientes de su escrito de aclaración para su distribución entre las partes a que se refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo, que en este caso son seis, una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, una para la autoridad responsable y, en su caso, una más para la nueva autoridad que indique, así como dos para el incidente de suspensión y una para el tercero interesado; además, si señala como autoridad responsable al actuario adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, deberá exhibir una copia más de la demanda de amparo. Cobra aplicación al caso por su contenido, la tesis aislada número XX.57 K, visible en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, marzo de 1996, Tribunales Colegiados de Circuito, de la novena época, con el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Tiene apoyo el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, tesis VI.1o.C.18 K novena época, Página: 1716, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. Si la resolución dictada por un Juez Federal previene al quejoso para que ajuste su demanda a los términos del artículo 116 de la Ley de Amparo, y lo requiere para que exhiba las copias necesarias para emplazar a las partes conforme al artículo 120 de la ley de la materia, es claro que contiene una prevención oscura e imprecisa, porque el artículo 146 del citado cuerpo de leyes, le obliga tácitamente a precisar con claridad cuáles son las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el quejoso esté en aptitud de subsanarlas en tiempo pues, de no hacerlo así, dicha autoridad federal viola en perjuicio del quejoso las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, lo que motiva ordenar su reposición". APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del numeral 114, penúltimo párrafo de la ley en la materia. Se apercibe también a la promovente, que de declarar falsamente ante esta autoridad lo solicitado, se tendrá a lo dispuesto por el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que a la letra reza: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN. Cuando en términos de lo previsto en el primer párrafo, del artículo 146, de la Ley de Amparo, el juez de Distrito previene al promovente del juicio de garantías para que colme alguno de los requisitos necesarios de la demanda, establecidos en el precepto 116 del propio ordenamiento, con el apercibimiento de ley, verbigracia exprese el acto reclamado o lo precise y, el promovente incumple con satisfacer tal requerimiento, debe concluirse que ulterior auto de desechamiento de esa demanda se ajuste a lo ordenado en el segundo párrafo, del dispositivo legal invocado en primer término". DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como lugar de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado; y por autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, ya que *********** no cuenta con su cédula en el registro y consulta de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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