José Manuel Vega Urias

Expediente 226/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
226/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
28/05/2021

Partes del expediente

  • José Manuel Vega Urias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días hábiles que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 97 fracción I inciso a), de dicha normatividad, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada la demanda que generó el presente juicio. En consecuencia, de conformidad con el numeral 2 de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo parágrafo del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro.

  2. Principal

    notificación personal

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se notifica por medio de lista el acuerdo de doce de mayo de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, que dice: ".se tiene por no presentada la demanda de amparo ." Se tiene por notificado en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de ley de amparo, en virtud de no haber comparecido a este juzgado de distrito, a oír y recibir notificación personal.

  4. Principal

    notificación personal. se notifica a la parte tercero interesada Estudios y Proyectos para la Economía Popular, Asociación Civil, el proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar: Agréguense a los autos únicamente para que obren como corresponda, los oficios remitidos en representación del Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, con sede en Mexicali, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento respecto a su contenido, en atención a que dicha constancia se recibió vía correo electrónico el quince de abril de dos mil veintiuno y fue motivo del proveído de dieciséis de abril siguiente. En otro orden, atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a las partes por auto de cinco de abril del año en curso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por lo que se procede al examen de los elementos que obran en el expediente, para resolver si la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Así, de un análisis de las constancias de autos se revela que en el presente juicio, por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada por este Juzgado el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Roberto González González, contra los actos que reclamó del autoridad responsable Juez Primero de lo Penal de este Partido Judicial y Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, para efecto de que la primera de las citadas responsables: "Deje insubsistente la resolución que pronunció el veintitrés de julio de dos mil diecinueve, en la que decretó auto de formal prisión en contra de Roberto González González, por el delito de fraude, previsto y sancionado por el artículo 218 del Código Penal para el Estado de Baja California. En su lugar dicte otra en la que establezca que no se acredita el engaño como verbo rector del cuerpo del delito precisado." Proveído dentro del cual se requirió a la citada responsable el cumplimiento dado a dicha ejecutoria de amparo. Así, en proveído de veinticuatro de marzo del presente año, se tuvo por recibido el oficio firmado por la Juez Primero de lo Penal de este Partido Judicial, a través del cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en comento y al efecto adjuntó copia certificada de la resolución de término constitucional emitida el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en los autos de la causa penal 245/2019, de su índice. Resolución en la que, tanto al inicio de sus considerandos, como dentro del primer punto resolutivo, dejó insubsistente la resolución de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, pronunciada en la causa penal 245/2019. Asimismo, dentro del considerando cuarto de la citada resolución, abordó el estudio relativo al cuerpo del delito de fraude previsto y sancionado por el artículo 218 del Código Penal para el Estado de Baja California y siguiendo los lineamientos del fallo protector otorgado, precisó los razonamientos lógico jurídicos por los cuales no existía constancia probatoria idónea que acreditara la existencia del engaño como verbo rector del cuerpo del delito antes precisado y en ese orden, consideró ocioso entrar al estudio de la probable responsabilidad en que hubiera incurrido el aquí quejoso Roberto González González por la comisión del antijurídico en mención y por ende, decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley en favor de Roberto González González, por el delito de fraude. Asimismo, se advierte que dentro de los considerandos quinto y sexto de su resolución de plazo constitucional en análisis, la autoridad jurisdiccional responsable, ordenó la inmediata libertad del impetrante de mérito, para lo cual giró la boleta de libertad correspondiente, al Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, lugar en que se encontraba recluido el quejoso de que se trata. Así, mediante proveído de cinco de abril de la anualidad que transcurre, previo requerimiento por parte de este juzgado de distrito, se tuvo por recibido el informe rendido por parte de la diversa autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, en el sentido de que el quejoso Roberto González González, fue puesto en libertad a las dieciocho horas con cuarenta y seis minutos del diecinueve de marzo del actual, en cumplimiento a la boleta de libertad girada por la Juez Primero de lo Penal de este Partido Judicial, dentro de la causa penal 245/2019. En ese orden de ideas, es evidente que con lo realizado por las autoridades responsables obligadas al cumplimiento del fallo protector cumplieron con los efectos del mismo, por lo que, atendiendo los lineamientos de lo establecido en los artículos 192, 196 y 214 de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, se determina que la ejecutoria de amparo ha quedado debidamente cumplida. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

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