José Manuel Vega Bernabé
Expediente 782/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 782/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Manuel Vega Bernabé
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio 938/2023, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y toda vez que en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se remitió el expediente a que corresponde el presente cuaderno al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, quien mediante diverso del treinta siguiente, se avocó al conocimiento del mismo; por tanto, remítase al Juez Federal el citado comunicado; para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa con carácter de Juez de Control, mediante el cual comunica que en audiencia intermedia celebrada el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, relativa a la causa penal 545/2022, seguida a ..., por el delito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina, previsto y sancionado en el artículo 194 fracción I, en relación con el numeral 193, ambos del Código Penal Federal, en concordancia con el artículo 245 de la Ley General de Salud, conducta que se les atribuye en términos del artículo 9, párrafo primero y 13, fracción III, del Código Penal Federal; se determinó diferirla, por lo que se fijaron las doce horas con quince minutos del uno de septiembre de dos mil veintitrés, sala 1, para que tenga verificativo la audiencia intermedia o eventual procedimiento abreviado. De lo cual este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número 4794/2023, signado por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso con el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 927/2021, en virtud de que el tercero interesado tercero interesada... interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, así como el escrito original de agravios, copia simple del mismo y tres tomos de prueba, para la substanciación del recurso de revisión hecho valer; informando que se registró con el número 192/2023, además que remitió el citado asunto al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, con motivo del returno planteado; lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: orelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida... que tiene reconocido ante la autoridad responsable y que acredita con copia autorizada del acuerdo de trece de mayo de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio laboral de origen 1A-2151/2020, y que este órgano jurisdiccional le reconoce de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo; contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. En tales condiciones, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrará el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Por tanto, en esos términos se ordena formar y registrar el expediente impreso, y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 782/2023. Ahora bien, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado: ".IV. ACTO RECLAMADO.- La omisión de las responsables de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, a quienes se les reclama: 1). La indolencia de realizar el emplazamiento a la parte demanda, ya que la autoridad ordenadora a actuado de forma tardía para girar el exhorto mediante oficio glosado en autos, así como la autoridad ejecutora ha sido omisa en diligenciar el referido exhorto a efecto de ejecutar el emplazamiento infringiendo con lo establecido en el artículo 758 de la Ley de la Materia; y 2). En forma inminente señala fecha lejana para la celebración de la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepción, prevista por el numeral 873 de la Ley en cita, actos derivados del expediente Ordinario Laboral Número 1A-2251/2020. ." Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado, los cuales fueron narrados bajo protesta de decir verdad, se desprende que el quejoso manifestó: "ÚNICO.- Mediante escrito se presentó demanda laboral por parte del trabajador actor, en contra de los ahora terceros interesados la cual fue admitida en trámite por la hoy autoridad responsable ordenadora, en ese tenor ordenado el emplazamiento, mismo que se tiene realizar mediante exhorto, el cual no se ha realizado a la fecha, la ordenadora emitió el Exhorto a través del oficio 674/2023-MBR, de fecha 8 mayo del año 2023 fijando una fecha remota para la celebración de audiencia prevista por el numeral 873 de la Ley del Ramo, por lo que esta parte asistió ante la JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON RESIDENCIA EN CIUDAD DE MEXICO, a llevar el mencionado exhorto, recibido por esa Autoridad, hoy ejecutora, con data 22 DE MAYO DEL AÑO 2023, mismo que hasta hoy día no se ha acordado ni, por lo anterior las Juntas responsables son omisas en cumplir con la ley, una por no requerir a la ejecutora para que lleve a cabo el emplazamiento y la ejecutora ha sido omisa en diligenciar el referido exhorto a efecto de ejecutar el emplazamiento infringiendo con lo establecido en el artículo 758 de la Ley de la Materia. " Así, del contenido íntegro de la demanda de amparo y de los anexos adjuntos a la misma, se advierte que la parte quejosa José Manuel Vega Bernabé, reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, la omisión emplazar a la parte demandada en el domicilio ubicado en la calle Venuztiano Carranza número 115, colonia centro, delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, ello con motivo del exhorto remitido por la similar Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a quien, a su vez, le reclama la omisión de requerir la diligenciación del citado exhorto a aquella autoridad. En ese sentido, debe hacerse referencia al artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del invocado precepto legal, se desprenden tres reglas de competencia de los Jueces de Distrito en función de la posible ejecución del acto reclamado, a saber: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juzgador ante el que se presente la demanda; y, 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior se advierte que, por regla general, es la ejecución de los actos lo que determina la competencia de los jueces de distrito, por lo que resulta necesario hacer algunas consideraciones al respecto, en relación con las reglas competenciales antes indicadas. Por lo que hace a la primera regla, es el lugar en donde vaya a ejecutarse el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito; es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar en donde los actos de ejecución se vayan a realizar, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Esto es, cuando se trata de actos susceptibles de ser ejecutados, siempre deberá atenderse al lugar efectivo de su ejecución, como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Es conveniente precisar que un acto de autoridad, si no es absolutamente negativo o totalmente declarativo, se desenvuelve normalmente en dos fases: una, es la decisoria u ordenadora, y otra, la ejecutiva. Así, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo en el que se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse al lugar en donde éstos se realicen o traten de realizarse, de tal manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial. Luego, es el sitio en donde los actos reclamados se ejecuten, vayan a ejecutarse o vayan a ejecutarse materialmente lo que define la competencia de los Jueces de Distrito, de modo que para fijar la competencia para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida en contra de actos que requieren una ejecución, necesariamente debe atenderse a la localidad en que deben cumplirse o materializarse tales actos, pues es ahí en donde se producen consecuencias en el mundo fáctico. En la segunda regla, si los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte en favor de cualquiera de los órganos de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, ante el juzgado de distrito en donde se presentó la demanda. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juzgado de Distrito es el lugar en donde la parte quejosa decidió presentar la demanda. En ese estado de cosas, de conformidad con los parámetros normativos que existen en la materia de competencia por razón de territorio, debe tenerse presente la naturaleza del acto reclamado (requiere ejecución material o carece de ésta), así como sus características fundamentales (acto complejo o simple, con ejecución en diferentes lugares o en un lugar determinado), para establecer en cuál de las reglas precisadas se ubica el supuesto particular, conforme a los datos que de manera más objetiva y razonable puedan permitir concluir la asignación de la competencia relativa según el momento procesal en que esto deba ocurrir. Con relación a lo anterior, al resolver la contradicción de tesis 327/2021, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, en razón a que paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, con motivo de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, entonces, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión de un órgano jurisdiccional de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. El anterior criterio dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3668, Libro 13, Tomo IV, Mayo de 2022, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal: " COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo." Así, en el caso concreto se advierte que la parte quejosa José Manuel Vega Bernabé, reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, la omisión emplazar a la parte demandada en el domicilio ubicado en la calle Venuztiano Carranza número 115, colonia centro, delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, ello con motivo del exhorto remitido por la similar Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a quien, a su vez, le reclama la omisión de requerir la diligenciación del citado exhorto a aquella autoridad. Así las cosas, se estima competente para conocer de la demanda en trato al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, pues la omisión reclamada lleva inmersa una ejecución que tiene materialización en el lugar en que ejerce su jurisdicción territorial calle Venuztiano Carranza número 115, colonia centro, delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, como se advierte del exhorto remitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán mediante oficio 674/2023-MBR, a la diversa Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, el cual fue recibido en la oficialía de parte de ésta última el veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Por lo tanto, se considera que es un Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el que debe conocer y, en su caso, resolver el presente juicio de amparo, ya que el acto reclamado consiste en la omisión emplazar a la parte demandada en el domicilio ubicado en la calle Venuztiano Carranza número 115, colonia centro, delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, ello con motivo del exhorto remitido por la similar Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a quien, a su vez, le reclama la omisión de requerir la diligenciación del citado exhorto a aquella autoridad. Consecuentemente, remítase el juicio de amparo 782/2023, al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, previo cuaderno de antecedentes que se ordena formar, solicitándole informe si acepta o no la competencia declinada en su favor. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y fórmese el cuaderno correspondiente. Asimismo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, en el la Calle ... Ahora bien, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
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