José Manuel Vázquez Real
Expediente 489/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 489/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Manuel Vázquez Real
Actuaciones
- Principal
Agréguense a los autos los oficios del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Ténganse por recibidos los oficios, por medio de los cuales el Juzgado indicado acusa recibo del juicio de amparo 489/2017-I, del índice de este Órgano Jurisdiccional, el cual fue remitido en virtud de que éste se declaró legalmente incompetente, por lo cual informa que se avocó al conocimiento del asunto y formó cuaderno de amparo, mismo que fue registrado con el número 492/2017. En consecuencia, y toda vez que el Juzgado de Distrito precitado se avocó al conocimiento del asunto que dio origen al presente; archívese este expediente como definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Por otra parte, se precisa que el presente expediente es susceptible de ser destruido y no es de relevancia documental; asimismo, este expediente deberá conservarse en el archivo de este juzgado por el término de tres años a partir de esta fecha. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida contra el acto de la Dirección General de Bachilleratos y Dirección de Sistemas Abiertos, ambas dependientes de la Secretaría de Educación Pública. Fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 489/2017-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. De la lectura de los actos reclamados, y conceptos de violación vertidos en el escrito de la demanda, se advierte que el promovente del amparo reclama de las autoridades señaladas como responsables: De la Dirección General de Bachilleratos dependiente de la Secretaría de Educación Pública, la negativa de registrar el certificado de conclusión de estudios medio superior. De la Dirección de Sistemas Abiertos de la Secretaría de Educación Pública, girar oficios y la documentación necesaria que acredite la terminación de estudios de nivel medio superior del ahora quejoso, ante la autoridad correspondiente. Al respecto el suscrito considera que no es a este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, a quien corresponde conocer de la demanda en estudio, pues se estima que los actos reclamados son de naturaleza administrativa, por las razones y fundamentos que a continuación se exponen: De los numerales transcritos se desprende que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa, conocerán de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; de los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden. Asimismo, de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; así como de aquéllos que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren los artículos 50, fracción II y 51, fracción III, de la legislación en cita. Además, los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán de los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio y de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, los Jueces de Distrito en Materia de Trabajo conocerán de los amparos que se promuevan contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; de los juicios que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo; de los juicios que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de la autoridad distinta de la judicial; contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio. Por otro lado, es importante señalar que para resolver lo procedente en relación con la incompetencia planteada, se deberá de tomar exclusivamente en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no solo las leyes que las partes invoquen. En el caso, el quejoso se duele de la negativa de la Dirección General de Bachilleratos dependiente de la Secretaría de Educación Pública, de registrar el certificado de conclusión de estudios medio superior, así como la omisión de la Dirección General de Sistemas Abiertos, de dicha Secretaría, de girar los oficios y documentación necesaria que acredite la terminación de estudios. Bajo ese contexto, este Juzgado estima que los actos reclamados son de naturaleza administrativa, porque, no se vincula al quejoso directamente con la relación de trabajo que surge entre patrón y trabajador o hechos íntimamente relacionados con ella, sino que se trata de un acto del orden administrativo, encaminado a obtener el registro de su certificado de estudios medio superior, atribuido a dos autoridades de naturaleza administrativa. Ello en razón de que para considerar que un conflicto corresponde a la competencia laboral, debemos considerar sus elementos distintivos, esto es, existen actos cuyo contenido material tienen por objeto aspectos eminentemente laborales, como la sindicalización, la huelga y la contratación colectiva, y todos aquellos derechos mínimos tutelados por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, que el acto reclamado tenga su origen en un conflicto obrero-patronal. En cambio, en el tópico relacionado con los actos de naturaleza administrativa, se destacan como elementos distintivos que se den con motivo de la aplicación de una ley federal, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas, cuando se controvierten disposiciones de observancia general en dicha materia, o bien, de aquellos asuntos promovidos contra actos de autoridad distinta de la judicial, como sucede en el particular. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal se declara incompetente legalmente para conocer de la demanda de amparo; por ende, remítase la misma, así como sus anexos y las cuatro copias de traslado, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turno, solicitándole atentamente que emita el acuse de recibo de estilo y comunique la resolución que emita al respecto. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, resulta innecesario notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa, el no estar comprendida la incompetencia dentro de los supuestos previstos en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora, en atención a lo dispuesto en la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizados para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que el quejoso menciona, por no acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, aunado a que se omitió precisar los términos en los cuales se les otorga la autorización legal. Se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Notifíquese.
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