José Manuel Vallejo Alvarado

Expediente 613/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 47 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
613/2019
Año
2019
Actuaciones
47
Última actuación
08/04/2021

Partes del expediente

  • José Manuel Vallejo Alvarado
  • Director del Centro de Reinserción Social de Pénjamo, Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 47.

  1. Principal

    Juzgado Menor Mixto de Pénjamo, Guanajuato; atento a su contenido, téngase debidamente diligenciado el despacho 1029/2020 (orden 1530/2020) de la estadística de este órgano jurisdiccional. Dese de baja la referida comunicación del libro de gobierno correspondiente y háganse las anotaciones conducentes.-En esa medida, téngase al quejoso debidamente notificado, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Visto la certificación de cuenta agréguese a los autos el oficio signado por el Director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Pénjamo, Guanajuato, mediante el cual informa que el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el quejoso fue intervenido quirúrgicamente respecto a su padecimiento y reingresado a dicho centro penitenciario. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que mediante sentencia dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se negó el amparo al quejoso; determinación que el once de septiembre del año próximo pasado causó ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes y se ordenó el archivo del presente juicio como asunto concluido.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Pénjamo, Guanajuato, mediante el cual informa la data en que el quejoso José Manuel Vallejo Alvarado será trasladado a las instalaciones del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío en León, Guanajuato, a efecto de intervenirlo quirúrgicamente por el especialista en cirugía de columna, al servicio de neurocirugía. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que mediante sentencia dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se negó el amparo al quejoso; determinación que el once de septiembre del año en curso causó ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes y se ordenó el archivo del presente juicio como asunto concluido. No obstante lo anterior, como lo solicita la autoridad oficiante, se ordena testar los datos relativos a la fecha y hora de la excarcelación del quejoso.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por José Manuel Vallejo Alvarado, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, debido a que el veinticuatro de agosto de dos mil veinte se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se negó el amparo respecto de la omisión de las autoridades responsables de brindar atención médica al quejoso. Determinación que, el once de septiembre del año en curso causó ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes y se ordenó el archivó del presente juicio como asunto concluido. No obstante lo anterior, hágase del conocimiento del quejoso que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un mecanismo de control denominado petición administrativa que constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, por medio del cual la persona privada de su libertad puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. La anterior afirmación se obtiene de la interpretación sistemática de los siguientes artículos: "(..) Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. (..)" De conformidad con lo anterior, la persona privada de la libertad puede reclamar actos de las autoridades penitenciarias, a través de la petición administrativa, la cual se encuentra prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal; por tanto, queda expedito su derecho de acudir a dicho medio legal. En vista de ello, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles líbrese atento despacho al Juez Único Menor Mixto, residente en Pénjamo, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda se constituya con las formalidades de ley en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de esa ciudad, lugar en el que José Manuel Vallejo Alvarado se encuentra recluido y le notifique el presente proveído.

Quedan 43 actuaciones en este expediente

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