José Manuel Valenzuela Corona
Expediente 192/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 192/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Manuel Valenzuela Corona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
En seis de junio de dos mil veintidós, la Secretaria certifica: Que el plazo de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio transcurrió del dieciséis al veintisiete de mayo del dos mil veintidós, toda vez que fue notificada el doce de mayo del año anteriormente citado. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Con lo anterior y con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que se sobreseyó el juicio, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidente de la Junta Especial número siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe de ley, reconoce la existencia del acto que se le reclama. En tal virtud, se encuentra probada la existencia del acto combatido al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno del Alto Tribunal, publicada en la foja 231, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, su certeza se corrobora con las constancias que la responsable adjuntó a su informe de ley, consistente en copia certificada de las que integran el juicio laboral número J-VII-827/2019, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º., atendiendo a su naturaleza de documental pública. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal , de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo, antes de proceder al estudio de los motivos de disenso que atañen el fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia cuya materialización aleguen las partes o se aprecian actualizadas oficiosamente, ya que ello implica una cuestión de orden público, tal y como se establece en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No obstante la existencia del acto reclamado, en los términos que se precisan en el considerando anterior, no será sometido a análisis constitucional, en razón que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente, por tratarse de una cuestión de orden público, en términos de lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. A fin de dar claridad al problema planteado, resulta necesario hacer una narración de antecedentes, del acto reclamado, los cuales de desprenden de las constancias que remitió la autoridad responsable: a. Mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil diecinueve, José Manuel Valenzuela Corona, demandó en la vía ordinaria laboral a Juan Santiago Rodríguez Hernández y otros, la indemnización constitucional por despido injustificado y otras prestaciones. b. Demanda que correspondió conocer a la Presidente de la Junta Especial número siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, quien la registró con el número de expediente J-VII/827/2019 y admitió a trámite el trece de noviembre de dos mil diecinueve, señalando fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. c. El veintidós de marzo de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en la que la responsable ordenó reservar su admisión y/o desechamiento a fin de realizar una mejor valoración y apreciación de las pruebas ofertadas por las partes. d. En acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós, la Presidente de la Junta Especial número siete, admitió las pruebas ofrecidas por las partes. Ahora, como el acto reclamado consiste en la abstención de la responsable de pronunciarse sobre la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas y ello ya ocurrió, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 , de la Ley de Amparo. Para acreditar la postura anterior, es necesario hacer las siguientes precisiones. La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien, porque virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución a la parte directamente agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, se tiene que, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías, o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y, c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 197367, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se evidencia, como se relacionó con antelación, que el dieciocho de abril de dos mil veintidós, la autoridad responsable admitió las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral de origen. En esa tesitura, se pone de manifiesto que el acto reclamado, ha dejado de surtir sus efectos, en mérito de que la omisión que reclamaba fue subsanada, toda vez que la autoridad se pronunció respecto de los medios de prueba ofertados y de los cuales se reclamaba la omisión de pronunciarse sobre su admisión y/o desechamiento. Así las cosas, queda de manifiesto que han cesado los efectos del acto reclamado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda (treinta y uno de marzo de dos mil veintidós), la autoridad responsable emitió nueva determinación, en la que se pronunció sobre los medios de prueba ofertados (dieciocho de abril de dos mil veintidós). Circunstancia que genera a favor del quejoso la restitución en el goce de las derechos violados en términos de lo establecido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, por lo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto que inicialmente destacó como reclamado ya no le agravia, razón por la que, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respectó de la abstención de la autoridad responsable de pronunciarse sobre los medios de convicción anunciado en el juicio laboral de origen, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide a este órgano de control constitucional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, página 335, Séptima Época, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, no es el caso de atender el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación, atendiendo al sentido de la presente sentencia; máxime que no invoca causales de improcedencia. Tiene aplicación por las razones que informa el criterio, de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO" . QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 192/2022, promovido por José Manuel Valenzuela Corona, contra actos de la Presidente de la Junta Especial número siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, ante Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, secretaria que autoriza y da fe." . FIRMADO.
- Principal
En veintinueve de abril de dos mil veintidós, la Secretaria certifica: Que el término de ocho días de que disponen las partes para imponerse del informe justificado de la autoridad responsable se encuentra transcurriendo, con lo anterior, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, se desprende que el plazo de ocho días de que disponen las partes para imponerse del informe con justificación de la autoridad responsable se encuentra transcurriendo. 2. Diferimiento. En ese sentido, para que sea respetado el plazo de ocho días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, para su verificativo. Es aplicable, la tesis V.2o.P.A.4 K (10a.), sustentada por el segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa del Quinto Circuito, de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO ELQUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes - principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten". Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
En veintisiete de abril de dos mil veintidós, la Secretaria CERTIFICA: Que los terceros interesados JUAN SANTIAGO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ y ROSA MARÍA GALLARDO HERNÁNDEZ, fueron emplazados a juicio el pasado once de abril del año en curso, mediante lista, asimismo, que el plazo de tres días concedidos para señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, transcurrió del dieciocho al veinte de los corrientes, sin que lo hubiese hecho, con lo anterior y con el estado que guardan los autos, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: Terceros interesados. Vista la certificación de cuenta, se advierte que los terceros interesados JUAN SANTIAGO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ y ROSA MARÍA GALLARDO HERNÁNDEZ, fueron emplazados a juicio el pasado once de abril del año en curso, mediante lista, asimismo, que el plazo de tres días concedidos para señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, transcurrió del dieciocho al veinte de los corrientes, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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