Jose Manuel Valencia Martinez
Expediente 1126/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1126/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Manuel Valencia Martinez
- Primera Sala En Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio /2022/AT, signado por el Juez de Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla, y atento a su contenido, téngasele acusando recibo de los trece discos versátiles digitales derivados de la causa penal 14/2021/JO/CENTRO-PONIENTE, que remitió para la substanciación del presente controvertido constitucional; de lo que toma conocimiento este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos, el sobre devuelto por el Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial de la Federación, con sede en San Andrés Cholula, mismo que contiene el oficio 587.2 dirigido a la autoridad Juez de Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla, con la razón: "La autoridad citada no hay en Atlixco". En tales condiciones, se ordena reexpedir el referido oficio a la denominación correcta, esto es, al Juez de Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el escrito signado por ***, por medio del cual presenta demanda de amparo indirecto en contra de la resolución emitida por la Primera Sala Colegiada en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, de tres de noviembre de dos mil veintidós, por medio del cual desecha el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, en el cual declaró inadmisible el recurso de apelación. Ahora bien, visto el estado de autos se advierte que en proveído de veintiséis de octubre del año en curso, se desechó la demanda al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, contra auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, a través del cual se determinó la inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto por el defensor particular del quejoso, contra la sentencia de primer grado, emitida en el procedimiento penal instaurado en su contra. En tales condiciones, y dado que presenta nueva demanda, previa copia que se agregue al presente expediente para que obre como constancia, remítase el escrito de cuenta, esto es, la demanda de amparo indirecto promovida por *** a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a fin de que, por su conducto, sea remitida al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, que por turno le corresponda conocer de la misma. Notifíquese por lista a la parte promovente y cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Agréguese a los autos el oficio III-4214/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al cual se adjunta el original del amparo D-56/2022 de su índice; con motivo de la resolución de incompetencia de seis de octubre de dos mil veintidós, en el referido sumario constitucional. Toda vez que de dichas constancias se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en sesión de seis de octubre de dos mil veintidós, en el amparo directo 56/2022, se declaró legalmente incompetente, por razón de la vía, para conocer del presente asunto respecto del acto que reclama a la autoridad responsable Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia, en el toca penal 21/2022 de su índice, consistente en: - El auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, a través del cual se determinó la inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto por el defensor particular del quejoso ***, contra la sentencia de primer grado, emitida en el procedimiento penal instaurado en su contra. Al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el suscrito juez de Distrito se avoca al conocimiento de dicha demanda de amparo. Acúsese recibo de estilo. DESECHAMIENTO. Así, respecto del citado acto reclamado, el suscrito juzgador Federal advierte que la demanda de amparo que se analiza deviene improcedente, pues se actualiza de forma notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En efecto, como anteriormente se precisó el quejoso combate el auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, a través del cual se determinó la inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto por el defensor particular del quejoso ***, contra la sentencia de primer grado, emitida en el procedimiento penal instaurado en su contra; por tanto, es evidente que tal acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, conforme a lo estipulado en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." Del contenido del citado precepto, se advierte que la parte quejosa se encuentra legitimada para combatir la determinación que aquí reclama, pues se trata de un proveído de trámite, que no resuelve en definitiva el asunto, como lo señala el numeral 67, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. El trámite para impugnar tales determinaciones se encuentra previsto en el artículo 466 del ordenamiento legal antes indicado, como a continuación se expone: "Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." De modo que, la parte quejosa previamente a acudir al juicio de amparo, se encuentra obligada a agotar el medio ordinario de defensa de mérito, en virtud de que a través de dicho medio puede lograr la modificación, revocación o nulificación del acto que por esta vía constitucional pretende combatir. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.C. J/259, cuyos rubro y texto, son del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria, sin que en el caso opere alguna de las excepciones que señalan los incisos a), b) y c) de dicho precepto legal, pues el acto reclamado no es uno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Tampoco se trata de persona extraña al procedimiento; y la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, caso en el cual la parte quejosa quedaría en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Esto porque, el recurso procede contra resoluciones o autos de mérito trámite que se resuelven sin substanciación; entendiéndose como las actuaciones de mero trámite, como ya se dijo, las que no deciden las cuestiones de fondo o aspectos esenciales del procedimiento; y por la expresión "sin substanciación", se entiende a que no existe debate previo de las partes, lo que se actualiza en el caso a estudio. Bajo esa perspectiva, resulta indudable que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en la citada fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del aludido acto reclamado; por lo que, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. Sustenta lo antes expuesto, la siguiente jurisprudencia: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." DOMICILIO. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el Centro de Readaptación Social del Puebla, lugar donde se encuentra privado de la libertad. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Juan Raúl Valencia Martínez, atento a que de los datos proporcionados acredita encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO EN LÍNEA. Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión por así haberlo solicitado expresamente; y, mediante oficio al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.
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