José Manuel Urías Falomir
Expediente 483/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 483/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/10/2022
Partes del expediente
- José Manuel Urías Falomir
- Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación Y Arbitraje, Con Residencia En Ensenada, Baja California
Actuaciones
- Principal
nsenada, Baja California, trece de octubre de dos mil veintidós. Vista a certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que la ley establece, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra del auto de veinte de septiembre del presente año, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracció II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicació supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro que corresponda. En términos del artículo vigésimo primero inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio Acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo vigésimo primero del Acuerdo mencionado. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), se hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso dejado el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en el domicilio de la parte quejosa, y se le notifica el auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, que dice: "Ensenada, Baja California, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Visto; agréguense a los autos para que obren como corresponda, los informes justificados rendidos por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ensenada, Baja California y su actuario, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, acompañándose copia certificada de las constancias relativas al expediente laboral 567/2021, de su índice. En ese contexto, atento al contenido de los informes y constancias de referencia, el que suscribe determina que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" Ello, en virtud de que el acto reclamado en este juicio constitucional se hizo consistir esencialmente en la omisión de emplazar a las partes demandadas en el juicio laboral de origen 567/2021 del índice de dicha autoridad. Sin embargo, de las constancias que remitió la autoridad señalada como responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ensenada, Baja California, en apoyo a su informe justificado, se advierte que el treinta de agosto del año en curso, el actuario adscrito a dicha junta emplazó a la parte demandada en el juicio de origen de referencia, cuya omisión, es materia del juicio de derechos fundamentales en el que se actúa. De esta manera, es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado sus efectos, y por consiguiente la posible violación de derechos fundamentales alegada, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera la hipótesis de la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 Fracción V del citado ordenamiento legal. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, se dejan sin efecto las providencias decretadas en el presente expediente, así como el señalamiento de la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las partes y hágase la anotación respectiva en el libro de juzgado correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Ensenada, Baja California, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda que promueve José Manuel Urías Falomir, por conducto de Oswaldo López Orantes, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ensenada, Baja California y otra autoridad; personalidad que acredita de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, con tres acuerdos de ocho de febrero, dos de mayo y diecisiete de agosto, todos del año en curso, emitidos en el expediente laboral 567/2021, del índice de la citada junta, los cuales cuentan con sello y firma en original; fórmese el expediente respectivo, previo registro en el libro del Juzgado correspondiente bajo el número 483/2022-III; en consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Sin que sea el caso tramitar el incidente de suspensión de los actos reclamados, en virtud de no haber sido solicitado. Se señalan las nueve horas con treinta minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a las autoridades responsables al que deberán anexar copia certificada de las constancias que lo apoyen, mismas que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes aquél en que reciban el oficio en el que se les solicita, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras, en lo individual, a una multa de 100 cie unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de 9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de 96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la pena en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con los actos reclamados, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, se solicita a las autoridades responsables que de manera preferente remitan el informe justificado a la dirección de correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para la mencionada autoridad responsable, como en éste Juzgado de Distrito y que de igual manera, proporcione una dirección de correo electrónico oficial a fin de establecer comunicación en los casos que se estime necesario. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que si bien se les otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se les exhorta que en el momento que cuenten con la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a las autoridades que tienen la obligación de recibir el oficio que se les gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de 2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. En relación con la parte tercero interesada que menciona, este juzgado de Distrito se reserva el acuerdo respectivo hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable, y en su caso las constancias que lo apoyen, a fin de constatar a quién o a quiénes les asiste tal carácter y el domicilio correspondiente para su emplazamiento. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte, las documentales que acompañó a su escrito de demanda de amparo, así como la instrumental de actuaciones y presuncional, en su doble aspecto legal y humano, mismas que se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Por otro lado, se tiene por señalado el domicilio procesal que indica y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Manuel Cabrera Díaz y Elizabeth Martínez Celaya, ya que de la certificación secretarial se advierte que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Jesús Eduardo Martínez Salgado, en virtud de que no se encuentra registrada su cédula en el sistema antes mencionado. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de los actuarios de este juzgado, realicen las notificaciones que se ordenen en el este asunto. Se autoriza al secretario de este juzgado a efecto de que firme los oficios derivados en el presente sumario constitucional y se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. En otro contexto, se exhorta a las partes, para que continúen el presente asunto bajo el esquema de "juicio en línea", por las facilidades que éste representa en tiempos de la pandemia que actualmente afecta al ser humano, principalmente la protección que genera al no tener que presentar las promociones de manera física y poder recibir las notificaciones de manera electrónica; asimismo, proporcionen un número de teléfono móvil y un correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar la secretaria. Finalmente, con fundamento en el artículo 5o., fracción IV de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo.
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