José Manuel Tricio Cerro
Expediente 1212/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1212/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- José Manuel Tricio Cerro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que la totalidad de las partes han quedado notificadas de la sentencia dictada en el presente asunto, así como del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión de la autoridad responsable. Remisión de recurso de revisión. En consecuencia, y toda vez que los presentes autos se encuentran debidamente integrados, remítanse al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, a efecto de que substancie el recurso de mérito, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 89 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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Torreón, Coahuila de Zaragoza; nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Oficio. Se recibe el oficio que remite la autoridad responsable Administradora Local de Recaudación de esta ciudad, mediante el cual informa que entregó a la parte quejosa, el cheque relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos correspondientes. Vista. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con las constancias que remite la autoridad responsable y para que acuda a la oficina que se indica, recoja el cheque, y lo haga efectivo, lo que debe hacer del conocimiento de este juzgado en cuanto ello suceda. Se comisiona. Ahora bien, con fundamento en el artículo 211 de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de la adscripción, para que notifique el oficio de cuenta a la parte quejosa, y le manifieste que en las oficinas de la autoridad responsable fue puesto a su disposición el cheque a su nombre con motivo del cumplimiento del fallo protector, para que acuda a recogerlo con documento oficial que le identifique. Requerimiento. Requiérase a la quejosa para que en el plazo de tres días, contado a partir de que sea legalmente notificada de este proveído, informe si ya compareció a recoger el cheque en las instalaciones de la autoridad responsable. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no comparecer dentro del término que para tal efecto se le concede, o bien, no informar la imposibilidad que tenga para ello, este juzgado, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional con las constancias que obran en autos y se le tendrá por desinteresada. Se requiere cumplimiento. Por otra parte, se advierte que la responsable no ha dado cabal cumplimiento a la totalidad de los lineamientos de la ejecutoria de amparo; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable Administradora Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, realice la desincorporación de la esfera jurídica de la parte quejosa de los artículos tildados de inconstitucionales y, remita constancia que acredite tal situación. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO Torreón, Coahuila de Zaragoza; nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Oficio. Visto lo de cuenta, se recibe el oficio signado por la Director de Asuntos Jurídicos en el Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio. Recurso de revisión. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el referido medio de impugnación, por lo que, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, a efecto de que substancie el recurso de mérito, anexando el original y copias del escrito de interposición del recurso y agravios, para los efectos legales correspondientes. Cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia certificada de las constancias necesarias que permitan conocer la historia procesal completa del Juicio de Amparo en que se actúa. Traslado. Con excepción de la parte recurrente, distribúyanse entre las demás partes copia del referido medio de impugnación, para los efectos legales correspondientes. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que corresponda. Notifíquese personalmente.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las nueve horas con treinta minutos del nueve de octubre de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión de la licenciada Maribel Villanueva Salas, secretaria que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del agente del Ministerio Público del Federación adscrito, y las pruebas documentales ofrecidas; así como con las intervenciones ministeriales de la Fiscal de la adscripción, recibidas en esta fecha registradas con los números de orden 20312 y 20311. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. La Secretaria da cuenta, con los alegatos formulados por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. El Juez acuerda: De conformidad con el numeral 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidos los alegatos de las partes que los formularon. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, ********************solicitó el amparo protección de la justicia federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se trascriben: "III.- Autoridad responsable.- --- a) Director de Administración del Agua, del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (.) --- IV.- Acto reclamado. --- 1. La omisión y/o abstención de la autoridad responsable de emitir y notificar la resolución definitiva correspondiente a la solicitud de prórroga de título, en donde se solicitó la prórroga de los derechos del título de concesión ********************, presentados el día ********************, con el número de expediente administrativo ********************." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado y mediante proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; asimismo, se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 1212/2023-IV-A, motivo por el cual, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado correspondiente y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito, lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, con relación al diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, carece de ejecución por ser de carácter omisivo y, además, la demanda de amparo fue presentada en el lugar en donde este Juzgado de Distrito ejerce la jurisdicción referida. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, que establece lo siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo". SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo y de las constancias que integran el expediente en que se actúa, la parte quejosa reclama lo siguiente: I. La omisión de resolver sobre la solicitud formulada el ********************, respecto a la solicitud de prórroga de título en relación a la concesión ********************, registrada con el número de expediente administrativo ********************. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Director de Administración del Agua, del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, no obstante rindió su informe en sentido negativo, sin embargo, tal manifestación se endereza con respecto a que la misma no tuvo oportunidad de resolver la solicitud planteada por la parte quejosa el ********************, debido a la suspensión de términos y plazos de los procedimientos de la Comisión Nacional del Agua en relación a un incidente de seguridad a la infraestructura tecnológica a nivel nacional. De lo expuesto por la autoridad, deriva que implícitamente reconoció su participación en los actos reclamados. Por identidad de razones, se cita la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Tomo XIV, correspondiente al mes de Julio de 1994, página 391, Materia Común, con registro 211004 de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del acto atacado por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En ese sentido, el suscrito no advierte se actualice alguna causal de improcedencia de oficio, ni alegada por las partes, por lo que es procedente examinar la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, por no ser indispensable para la resolución del asunto y no existir obligación de realizarla para este juzgador. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 1340, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil quinientos dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional, 1. Común, 1a. Parte-SCJN, Décima Primera Sección, que es del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉXTO. Estudio de fondo. Es esencialmente fundado el concepto de violación expuesto, y suficiente para conceder la protección constitucional. La parte quejosa argumenta, esencialmente, que la omisión que atribuye a la autoridad responsable conculca en su perjuicio el derecho fundamental impartición de justicia pronta y expedita, consagrado en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en tanto que a la fecha, sin justificación legal, no se ha emitido la respuesta a la solicitud registrada con el número de expediente administrativo ********************, por la que se solicitó una prórroga de título en relación a la concesión ********************, presentada el ********************. Ahora bien, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.". (Lo resaltado es de este juzgado) Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su jurisprudencia establecida, ha definido el derecho fundamental contenido en el citado precepto constitucional, como el derecho público subjetivo que tiene toda persona dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita -esto es, sin obstáculos- a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades se decida sobre las mismas y, en su caso, se ejecute esa decisión. Así, las autoridades administrativas deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, pues el derecho fundamental señalado tiene como fin que el gobernado tenga un acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, a fin que las autoridades administrativas respectivas resuelvan sobre la legalidad o ilegalidad del procedimiento administrativo y, en consecuencia, ejecuten el contenido de las resoluciones administrativas que emitan, ello a fin de preservar lo dispuesto en el artículo 17 constitucional. En este sentido, cabe destacar que si bien es cierto, los actos dictados dentro de un procedimiento administrativo, en razón de su naturaleza, no implican la realización de una función jurisdiccional en tanto que en ellos no existe un órgano independiente ante el que se dirima una controversia, sino que se trata de un mero control interno de legalidad de la propia administración responsable de los actos impugnados, en ejercicio de un control jurídico que tiende más a la eficacia de su actuación, que es de orden público, que a la tutela de intereses particulares, de manera que dentro de los procedimientos generalmente no rigen los principios de igualdad de las partes, ni de contradicción, puesto que no hay demandado, ni existe un juzgador imparcial. No obstante lo anterior, se considera que en los procedimientos administrativos rige, en lo esencial, el derecho fundamental de impartición de justicia pronta y completa que consagra el artículo 17 de la Constitución Política, lo cual implica que los principios que conforman ese derecho subjetivo público, deberán adecuarse a las diversas finalidades de esos medios de defensa. Por consiguiente, no solo los órganos pertenecientes al Poder Judicial son los únicos encargados de administrar e impartir justicia, pues los organismos que formalmente son integrantes del Poder Ejecutivo, no tienen impedimento legal para sustanciar diversos procedimientos administrativos, y de emitir sus resoluciones dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, así como de cumplir con las resoluciones que emitan dentro de esos términos. Es ilustrativa al caso, la tesis 1ª.CLV/2004, emitida por la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 409, que establece lo siguiente: "ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LOS ÓRGANOS PERTENECIENTES AL PODER JUDICIAL NO SON LOS ÚNICOS ENCARGADOS DE REALIZAR ESA FUNCIÓN. Es cierto que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Sin embargo, de ese precepto constitucional no se desprende que los órganos pertenecientes al Poder Judicial sean los únicos encargados de administrar e impartir justicia, ni que los organismos que formalmente son integrantes del Poder Ejecutivo tengan impedimento para sustanciar procedimientos administrativos y emitir sus resoluciones, tan es así, que en el artículo 73, fracción XXIX-H, de la propia Constitución, se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, que no pertenecen al Poder Judicial, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y que tienen a su cargo dirimir las controversias suscitadas entre la administración pública federal y los particulares, así como para establecer las normas para su organización, funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones, de ahí que la administración e impartición de justicia que tutela el artículo 17 constitucional, puede desempeñarse por órganos del Estado que, aunque no son formalmente integrantes del Poder Judicial, están en aptitud de realizar actos en sentido material e intrínsecamente jurisdiccionales, sin importar que el órgano estatal que los realice pertenezca al Poder Legislativo, al Judicial o al Ejecutivo, siempre y cuando la ley los autorice para ello y no haya prohibición constitucional al respecto". Asimismo, conviene dejar establecido que el artículo 17 de la Constitución Federal establece los siguientes derechos fundamentales: 1. La prohibición de la autotutela o "hacerse justicia por propia mano". 2. El derecho a la tutela jurisdiccional. 3. La abolición de costas judiciales. 4. La independencia judicial. 5. La prohibición de la prisión por deudas del orden civil. De estos derechos fundamentales, el segundo puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión; no obstante ello, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida. De la misma manera, debe tomarse en consideración, que del derecho fundamental a la impartición de justicia consagrado a favor de los gobernados, se desprenden los principios siguientes: a. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. b. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. c. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. d. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda esa función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Estas consideraciones han sido sustentadas en las jurisprudencias de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con los números 1a./J. 42/2007 y 2a./J. 192/2007, visibles en la página 124, del Tomo XXV, Abril de 2007, y en la página 209, XXVI, Octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, respectivamente, que establecen lo siguiente: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos". "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". El derecho fundamental de tutela jurisdiccional o de acceso a la justicia, se desprende la denominada de "ejecución de resoluciones" o de "justicia cumplida", que otorga a los gobernados el derecho de que las resoluciones dictadas en su favor se cumplan de manera total, ya que se estima que de no existir esta, la prerrogativa constitucional primeramente señalada no podría verse satisfecha. Ilustra lo expuesto, la tesis V.1o.C.T.58 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 2460, que dispone lo siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL O DE ACCESO A LA JUSTICIA. DICHA GARANTÍA CONTIENE LA SUBGARANTÍA DE "EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES" O DE "JUSTICIA CUMPLIDA", QUE OTORGA A LOS GOBERNADOS EL DERECHO DE QUE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE CUMPLAN CABALMENTE. La garantía de tutela jurisdiccional o de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene a la vez la subgarantía de "ejecución de resoluciones" o de "justicia cumplida", que otorga a los gobernados el derecho de que los fallos dictados a su favor por las autoridades jurisdiccionales se cumplan cabalmente, ya que de otra manera la prerrogativa constitucional primeramente indicada no podría verse satisfecha". Del mismo modo, debe destacarse que el artículo 17 constitucional, consagra, además, la garantía de seguridad jurídica, la cual se traduce en que las autoridades judiciales no pueden retardar indefinidamente su función de administrar justicia debido a que deben impartirla en forma rápida y expedita, lo cual implica que tiene la obligación de resolver los procedimientos que se ventilen ante ellas en los términos que establece la legislación aplicable. Por otro lado, en el caso particular, debe acudirse al texto de los artículos 22 y 30 de la Ley de Aguas Nacionales, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 22. "La Autoridad del Agua" deberá contestar las solicitudes dentro de un plazo que no excederá de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente (.)" "Artículo 30. "La Comisión" en el ámbito nacional y los Organismos de Cuenca en el ámbito de las regiones hidrológico - administrativas, llevarán el Registro Público de Derechos de Agua en el que se inscribirán: I. Los títulos de concesión y asignación de aguas nacionales, y sus bienes públicos inherentes, así como los permisos de descargas de aguas residuales señalados en la presente Ley y sus reglamentos; II. Las prórrogas concedidas en relación con las concesiones, asignaciones y permisos; III. Las modificaciones y rectificaciones en las características de los títulos y actos registrados; IV. La transmisión de los títulos de concesión en los términos establecidos por la presente Ley y sus reglamentos; V. La suspensión, revocación o terminación de los títulos enunciados, y las referencias que se requieran de los actos y contratos relativos a la transmisión de su titularidad; VI. Las sentencias definitivas de los tribunales judiciales y administrativos, en las que se ordene la modificación, cancelación o rectificación de los títulos de concesión o asignación, siempre que dichas sentencias sean notificadas por el órgano jurisdiccional, por la autoridad competente o presentadas por los interesados ante "la Comisión" o el Organismo de Cuenca que corresponda; VII. Las resoluciones emitidas por el Titular del Ejecutivo Federal o por el Tribunal Superior Agrario que amplíen o doten de agua, previa la emisión del título de concesión por "la Autoridad del Agua"; VIII. Los padrones de usuarios de los distritos de riego, debidamente actualizados; IX. Los estudios de disponibilidad de agua referidos en el Artículo 19 BIS y otras disposiciones contenidas en la presente Ley, y X. Las zonas reglamentadas, de veda y declaratorias de reserva de aguas nacionales establecidas conforme a la presente Ley y sus reglamentos. El Registro Público de Derechos de Agua por región hidrológico - administrativa, proporcionará el servicio de acceso a la información y difusión de la misma, acerca de los títulos de concesión, asignación y permisos de descarga a que se refiere la presente Ley, así como a los actos jurídicos que, conforme a la misma y sus reglamentos, precisen de la fe pública para que surtan sus efectos ante terceros. La prestación de este servicio causará los derechos correspondientes que se especificarán por Autoridad competente en términos de Ley. "La Comisión" dispondrá lo necesario para que opere el Registro Público de Derechos de Agua por región hidrológico - administrativa en los Organismos de Cuenca y con base en los registros de éstos, integrará el Registro Público de Derechos de Agua en el ámbito Nacional. Los actos que efectúe "la Autoridad del Agua" se inscribirán de oficio; los relativos a la transmisión total o parcial de los títulos, así como los cambios que se efectúen en sus características o titularidad, se inscribirán a petición de parte interesada, por orden de presentación y cuando se satisfagan los requisitos que establezcan los reglamentos de la presente Ley". (Lo resaltado es propio) Como puede constatarse, de los preceptos legales antes trascritos se advierte, que las solicitudes de expedición, prórroga, suspensión y terminación de concesiones, asignaciones o permisos que de conformidad con los artículos 22 y 30 de la Ley de Aguas Nacionales deban ser inscritos, deberán de quedar asentados dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la fecha en que se realicen. Por consiguiente, tal como lo aduce la parte quejosa, es claro que la autoridad responsable infringe los derechos fundamentales previstos en el artículo 17 constitucional, ya que sin justificación legal, no se ha dado respuesta a la solicitud presentada el ********************, de expediente administrativo ********************, relativa al trámite de prórroga de la concesión ********************, no obstante lo dispuesto en los artículos 22 y 30 de la Ley de Aguas Nacionales, los cuales establecen que las solicitudes de expedición, prórroga, suspensión y terminación de concesiones, asignaciones o permisos, deben ser inscritos de oficio y, deberán quedar asentados dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la fecha en que se realicen. Lo anterior es así, pues desde el ********************, fue recibida por la autoridad responsable la solicitud con número de expediente administrativo ********************, relativa al trámite de prórroga de la concesión ********************, sin que a la fecha se hubiere efectuado pronunciamiento alguno al respecto; circunstancia que ha sido originada por la propia inacción de la autoridad y que implica incertidumbre jurídica, así como una prolongación sin justificación legal en el dictado de una determinación que establezca las bases para seguirse en la instancia. En ese sentido, al estimarse que el derecho fundamental de acceso a la justicia no es un beneficio para el particular, sino un derecho del gobernado para que se le administre justicia dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades se decida sobre las mismas y, en su caso, se ejecute esa decisión; se colige que el cumplimiento de las resoluciones administrativas no puede quedar al arbitrio de la propia autoridad, pues como se precisó, el actuar de la responsable es un control interno de legalidad de la propia administración, en ejercicio de un control jurídico que tiende más a la eficacia de su actuación, que es de orden público, lo cual no se rigen en los principios de igualdad de las partes, ni de contradicción, puesto que no hay demandado, ni existe un juzgador imparcial. Así, la omisión por parte de la autoridad responsable, al no emitir pronunciamiento alguno respecto de la solicitud con número de expediente administrativo ********************, no se encuentra justificada dicha tardanza. Como se adelantó, no pasa inadvertido para el suscrito juzgador, lo manifestado por la autoridad responsable en su informe justificado, en el sentido que en la Comisión Nacional del Agua se presentó una suspensión de términos y plazos respecto a todos los procedimientos que se efectúan debido a un incidente de seguridad a la infraestructura tecnológica a nivel nacional del ********************, por lo que la misma no tuvo oportunidad de resolver la solicitud planteada por la parte quejosa el ********************, no obstante, a la fecha no se tiene noticia fehaciente de que dicho trámite haya concluido, además de que, como se vio, ya transcurrió en exceso el término legal para llevarlo a cabo, por lo que subsiste la infracción constitucional destacada, según así fue razonado. Por lo anterior, es inconcuso que debe concederse el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para los efectos que enseguida se precisarán. SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: i. El ******************** resuelva de inmediato lo relativo a la omisión en que ha incurrido de dar respuesta la solicitud con número de expediente administrativo ********************, relativa al trámite de prórroga de la concesión ********************, presentada el ********************. ii. Acaecido lo anterior, deberá notificar formalmente dicha determinación a la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************contra el acto que reclamó de la autoridad responsable precisada en el considerando tercero, para los efectos señalados en el último considerando de la presente ejecutoria. Notifíquese.
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