José Manuel Tenorio Paco
Expediente 3/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 3/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/01/2022
Partes del expediente
- José Manuel Tenorio Paco
Actuaciones
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California con residencia en la ciudad de Mexicali; atento a su contenido se le tiene informando que mediante proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós dentro del juicio de amparo 1460/2021 de su índice se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por José Manuel Tenorio Paco. En consecuencia, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso j), del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente y aunadamente hágase las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó y firma José Manuel Basio Aguilar, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco y de conformidad con el oficio CCJ/ST/4796/2021, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. JMBA/VMMF/jpsj
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el oficio número 37667/2021, de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, que remitió, que remitió la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California, al cual adjuntó los autos originales del juicio de amparo 1460/2021, de su índice, promovido por José Manuel Tenorio Paco, por su propio derecho, contra actos de la Subsecretaria del Sistema Estatal Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en Mexicali, Baja California y de otras autoridades; del que se advierte que el Juzgado oficiante, estimó carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda que nos ocupa, de conformidad con los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y ordenó remitirlo al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en turno, con sede en esta ciudad, el cual por razón de turno tocó conocer del asunto a este Juzgado. En consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de Juzgado que corresponda, bajo número 3/2022-IV. Ahora, quien suscribe disiente respetuosamente de las consideraciones en las que la autoridad oficiante se apoyó para declarar su incompetencia legal en favor de este Juzgado y, por tanto, no se acepta la competencia planteada por los motivos que a continuación se precisan. En el caso, la autoridad oficiante señala que se actualiza la hipótesis establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que señala que será competente el Juez de Distrito del lugar en donde se haya ejecutado el acto reclamado, dado que la parte quejosa señaló como tal el traslado ejecutado el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, del Centro de Reinserción Social de Mexicali, al Centro de Reinserción Social El Hongo I, con sede en Tecate, Baja California y, toda vez que a la presentación de la demanda ya había sido materializado fuera de la jurisdicción de ese Juzgado de Distrito, consideró que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo relativa, debiendo conocer de ella el Juez de Distrito en esta ciudad, por ser quien ejerce jurisdicción en el lugar donde se finalizó la materialización de la orden de traslado reclamada. En el caso concreto, este órgano jurisdiccional estima que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, consistente en la orden de traslado y su ejecución, no se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, sino la diversa prevista en el segundo párrafo, por las consideraciones siguientes. Al efecto, es pertinente citar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto legal transcrito prevé tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: 1. Cuando el acto reclamado tenga ejecución material, será competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Cuando el acto reclamado tenga ejecución material y ésta pueda darse en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez ante quien se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado carezca de ejecución, será competente el Juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior se desprende que para las dos primeras reglas competenciales, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, a diferencia de la tercera que no la requiere. Aunado a lo anterior, es pertinente destacar que lo que distingue a las dos primeras reglas competenciales, que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito, pues la primera regla se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción. En cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 3a. XLIX/93 emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trece, tomo XII, septiembre de mil novecientos noventa y tres, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 206707, que señala: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión "a prevención" que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto". Es oportuno destacar que, si bien es cierto, en el segundo párrafo únicamente se prevé que será competente el Juez ante quien se presente la demanda, lo cierto es que dicha disposición no puede ser interpretada literalmente, sino de manera armónica con el contenido integral del numeral respectivo. Así, del artículo 37 invocado, como se anticipó, se desprende que las dos primeras reglas competenciales se refieren a actos que requieren de ejecución material, en ese sentido, tratándose de actos susceptibles de ser ejecutados, siempre deberá atenderse al lugar de ejecución como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Entonces, se concluye que cuando el acto reclamado se esté ejecutando, haya sido ejecutado o pueda ser ejecutable en dos o más distritos judiciales, será competente para conocer del amparo biinstancial el Juez de cualquiera de esas demarcaciones, a prevención. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.13 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página mil novecientos cuarenta y uno, tomo III, libro seis, mayo de dos mil catorce, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2006496, que señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UN ACTO EJECUTADO O EJECUTABLE EN DOS O MÁS DISTRITOS JUDICIALES. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE CUALQUIERA DE ESAS DEMARCACIONES, A PREVENCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece: "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.". Sin embargo, ese enunciado normativo no debe entenderse literal y aisladamente en el sentido de que podrá conocer del asunto cualquier Juez de Distrito del país. Antes bien, es necesario interpretarlo en armonía con el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que la demanda de amparo indirecto deberá presentarse "ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse". De esta disposición se infiere que, tratándose de actos susceptibles de ser ejecutados, siempre deberá atenderse al lugar de ejecución como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Así, mediante la interpretación de la norma secundaria conforme al precepto constitucional, se concluye que cuando el acto reclamado haya sido ejecutado o pueda ser ejecutable en dos o más distritos judiciales, será competente para conocer del amparo biinstancial el Juez de cualquiera de esas demarcaciones, a prevención". Luego, tomando en consideración que, en el caso concreto, el acto reclamado lo constituye una orden de traslado de un centro penitenciario a otro y su ejecución, es decir, se trata de un acto de autoridad por medio del cual se autoriza el cambio de ubicación física del reo de un establecimiento de reclusión a uno diverso, es claro que se trata de un acto que tiene ejecución material y, que para que se lleve a cabo lo ordenado por la autoridad, se dispone de tres momentos que comprende dicha orden, que son los siguientes: a) El primero que consiste en la emisión de la orden y su ejecución inicial que se traduce en extraer al reo del lugar de donde está recluido; b) El segundo que consiste propiamente en el traslado material del reo, a un lugar distinto; y, c) El tercero es aquel por el cual se ingresa al reo al nuevo centro de reclusión, etapa ésta en la que culmina la ejecución de la orden. De lo anterior se sigue que la orden de traslado y su ejecución debe ser considerado como un acto de tracto sucesivo, ya que desde la emisión de dicha orden, hasta su conclusión, se suscitan una serie de hechos continuos tendentes al traslado de la persona, es decir, atendiendo a la naturaleza jurídica de la orden, tenemos que sus efectos no se agotan con la sola emisión, sino que, con motivo de su ejecución, aquéllos se prolongan en el tiempo, y en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en otro centro penitenciario. Con lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que cuando el acto reclamado consiste en la orden de traslado se surte la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, pues el acto tiene ejecución material y ésta pueda darse en más de un distrito, por lo que es competente para conocer de la demanda relativa el Juez de Distrito de cualquiera de esas demarcaciones, a prevención. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página doscientos veinticinco, tomo XXVIII, julio de dos mil ocho, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 169343, que señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Conforme al artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno. Contradicción de tesis 90/2007-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 12 de marzo de 2008. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. Tesis de jurisprudencia 35/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiséis de marzo de dos mil ocho." Aunado a lo anterior, debe señalarse que de la ejecutoria relativa se obtiene que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que la circunstancia de que con la reclusión del interno en el nuevo centro penitenciario culmina la ejecución de la orden de traslado, no le quitaba la característica de ser parte integrante de un todo que conforma un acto de tracto sucesivo. En efecto, destacó que lo anterior se corrobora con el hecho de que si la tercera etapa no tuviera verificativo no se estaría frente a una orden de traslado sino ante un acto de diversa naturaleza. En otras palabras, si la ejecución de una orden de traslado se integra con tres momentos distintos y temporalmente bien diferenciados (razón por la que se consideró que su naturaleza jurídica es la de un acto de tracto sucesivo), es inconcuso que el último momento constituye parte de tal ejecución, pues no se le podría escindir para considerarlo un acto autónomo en la medida en que su existencia está condicionada a que se hayan actualizado las etapas previas. De ahí que, como se anticipó, el hecho de que la orden de traslado se haya materializado por completo, no tiene el alcance de modificar la naturaleza del acto reclamado, por lo que continúa siendo de tracto sucesivo y, por tanto, se sigue surtiendo la hipótesis de competencia prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 63/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable en la página novecientos treinta y tres, tomo I, octubre de dos mil diecinueve, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2020829, que señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN PARA TRASLADAR A UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SU EJECUCIÓN NO HA INICIADO, O BIEN, HA CONCLUIDO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia, para esta Primera Sala esa circunstancia de ningún modo le quita la naturaleza jurídica de acto de tracto sucesivo, pues su ejecución se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin. Esta condición, relacionada con la esencia del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Tampoco debe confundirse la indicada naturaleza jurídica del traslado con su eventual inexistencia, pues de llegarse a resolver en el momento procesal oportuno que no es cierta, tal situación no daría lugar a la incompetencia territorial del órgano de control constitucional ante el cual se estuviera tramitando el asunto, sino al sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia". Precisado lo anterior, es dable destacar que, en el caso concreto, de la información que obra en autos se obtiene que el acto reclamado comenzó a ejecutarse en la ciudad de Mexicali, Baja California, por ser el lugar donde se encontraba recluido el quejoso José Manuel Tenorio Paco en el momento que inició la ejecución de la orden de traslado que combate, y se sigue ejecutando en la ciudad de Tecate, Baja California, lugar en que se encuentra el Centro de Reinserción Social El Hongo I en el que finalmente fue internado el quejoso. Por tanto, si la demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Mexicali, Baja California y fue turnada en esa misma fecha al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esa ciudad, es claro que es dicho Juzgado quien resulta competente para conocer de la demanda de amparo promovida por José Manuel Tenorio Paco contra actos de la Subsecretaria del Sistema Estatal Penitenciario de Baja California, con sede en Mexicali y de otras autoridades, por ser quien previno en el conocimiento. En ese contexto, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada para conocer del juicio de amparo 1460/2021 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, por las razones expuestas en este proveído. En consecuencia, con copia de la demanda de amparo y demás constancias; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. Devuélvase el expediente original del juicio de amparo 1460/2021 y anexos que acompaña al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali; solicítese acuse de recibo, y de no tener inconveniente legal alguno haga del conocimiento de este Juzgado la determinación que asuma sobre el particular. En otro orden, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. De igual forma, con motivo del esquema de trabajo implementado por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se faculta a los Actuarios de la adscripción para que las notificaciones que se ordenen en este asunto, se practiquen, incluso, a través de medios tecnológicos; en el entendido de que, en todos los casos, deberán recabar las constancias que permitan verificar plenamente la entrega al destinatario de la comunicación de que se trate. Asimismo, se EXHORTA a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy Fe. AMC/VMMF/jlfb
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