José Manuel Soto Neri

Expediente 39/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 28 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
39/2022
Año
2022
Actuaciones
28
Última actuación
10/04/2023

Partes del expediente

  • Sindico Procurador del Ayuntamiento del Municipio de Mineral del Monte, Hidalgo
  • Ester Hernández Hernández
  • José Manuel Soto Neri
  • Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo
  • Abenamar Montaño Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Amparo en revisión

    Pachuca de Soto, Hidalgo, diez de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo de lo que refiere. Finalmente, toda vez que mediante ejecutoria de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, se modificó la sentencia recurrida y se sobreseyó el juicio promovido; en consecuencia, al no existir documento original que devolver, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; por otra parte, conforme a lo que dispone el inciso b), fracción III, del artículo 18, del capítulo séptimo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente en que se actúa es depurable y carece de relevancia documental; en consecuencia, consérvese la demanda y la sentencia, con excepción de las restantes actuaciones. Notifíquese.

  2. Amparo en revisión

    Pachuca de Soto, Hidalgo, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto; el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante oficio 3004, se remitió al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, la ejecutoria emitida en el presente asunto y el juicio de amparo indirecto 1093/2021-II-A con un anexo, tal como se advierte de la constancia de notificación agregada a foja 81 de autos. Finalmente, al haberse modificado la resolución recurrida y sobreseído el juicio de amparo indirecto, mediante ejecutoria dictada en el presente asunto, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro correspondiente, finalmente, al no existir documento original que devolver, con fundamento en los artículos 12, 14, y 18 fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es DEPURABLE y carece de relevancia documental, toda vez que no se encuentra en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del acuerdo citado, en consecuencia, consérvese el escrito de agravios y la sentencia, con excepción de las restantes actuaciones. Notifíquese.

  3. Amparo en revisión

    SE NOTIFICA A LAS PARTES POR MEDIO DE LISTA LA EJECUTORIA DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, EN LA QUE SE DECIDIO: "PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA RECURRIDA.- SEGUNDO.- SE SOBRESEE EN EL JUICIO PROMOVIDO." SE GIRA EL OFICIO A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, CON COPIA CERTIFICADA DEL TESTIMONIO DICTADO POR ESTE TRIBUNAL, Y AUTOS DEL SUBYACENTE; EN SU OPORTUNIDAD ARCHIVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO.

  4. Amparo en revisión

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el dictamen emitido por el Pleno de este Tribunal Colegiado de Circuito en la sesión ordinaria virtual celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el veintitrés de febrero pasado, en relación con el amparo en revisión 39/2022, interpuesto por Ester Hernández Hernández, del cual se advierte la posible actualización de una causa de improcedencia, por lo que debe sobreseerse en el juicio de amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia de la acción de amparo prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que da lugar a sobreseer en el juicio, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo y VI, ambos de la Ley de Amparo, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo ni de actos que afecten e personas extrañas a juicio. Ahora bien, la revisionista refiere que la Jueza de Distrito a quo no analizó la totalidad de los actos reclamados, pues todos se encuentran relacionados directamente con la ejecución de la sentencia, además de ser una consecuencia de fallo definitivo. El argumento anterior es fundado pero inoperante. Cierto, la operadora jurídica de amparo fijó como actos reclamados los siguientes: "- Todo lo actuado en el juicio ordinario civil 1125/2019, promovido por Omar Martínez Ávila, en contra de Esther Hernández Hernández (SIC); y, La diligencia de emplazamiento de veintiocho de enero de dos mil veinte, practicada en dicho juicio." Sin embargo, la ahora recurrente señaló como actos reclamados, también, los siguientes: Del Juez Segundo Civil de Tula de Allende, Hidalgo. El auto de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Sentencia de ocho de octubre de dos mil veinte. Auto de seis de noviembre de dos mil veinte. Auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Dictados dentro del juicio 1125/2019. Del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo. El gravamen de doce de marzo de dos mil veinte. Gravamen de primer aviso preventivo con número de entrada 854/2021. Gravamen de protocolización de Juicio Ordinario Civil. Gravamen de cancelación de la anotación preventiva inscrita en la partida ciento treinta y dos, tomo I, libro II, sección I, de veinte de julio de dos mil veintiuno. Otorgamiento y firma de escritura mediante juicio ordinario civil 1125/2019. Del Juez Civil y Familiar de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo. El oficio 388/2020 de veinticinco de febrero de dos mil veinte. El oficio 1669/2021 de dos de julio de dos mil veintiuno. Dictados dentro del exhorto 64/2020. Por tanto, efectivamente, existe la incongruencia reclamada por la recurrente. Ahora bien, ante la inexistencia de reenvió en esta instancia constitucional, a efecto de emitir el pronunciamiento correspondiente, se analizará cada uno de los actos reclamados indicados. Los actos atribuidos al Juez Segundo Civil de Tula de Allende, Hidalgo, son los siguientes: Auto de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno (sic), dicho proveído consta a foja 371 (trescientos setenta y uno) de los autos del juicio de amparo indirecto, en el que se tuvo por contestada la demanda incoada en contra de la quejosa, aquí recurrente. Sentencia de ocho de octubre de dos mil veinte, que obra glosada a fojas 372 a 374 (trescientos setenta y dos a trescientos setenta y cuatro idem), de la que se advierte que la parte actora Omar Martínez Ávila, probó los hechos constitutivos de su acción y la parte demandada no se excepcionó, por lo que se condenó a Esther Hernández Hernández, al otorgamiento y firma de escritura del inmueble identificado como lote número 05 cinco, de la manzana 12 doce, de la zona 1 uno, ubicado en el municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo. Auto de seis de noviembre de dos mil veinte, localizable a foja 375 (trescientos setenta y cinco idem) en el cual se realizó la aclaración del punto resolutivo cuarto de la sentencia definitiva dictada el ocho de octubre de dos mil veinte para quedar en los siguientes términos: " A). En cuanto al resolutivo cuarto.- 'Se condena a la C. ESTHER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ al otorgamiento y firma de la escritura correspondiente al inmueble identificado como lote número 05 cinco, de la manzana 12 doce, de la zona 1 uno, ubicado en el municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE 34.25 metros, linda con lote 06 y acceso de servicio; AL SURESTE: 12.18 metros, linda con lote 03; AL SUROESTE: 34.00 METROS, linda con lote 15; AL NORESTE: 11.05 metros, linda con calle Francisco I. Madero, a favor del C. OMAR MARTÍNEZ ÁVILA, lo cual deberá hacer dentro del término de 5 cinco días, contados a partir de que cause ejecutoria la presente resolución, en la Notaría Pública Número Cuatro del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, apercibida que en caso de no hacerlo así, el suscrito Juez la firmará en su rebeldía". Pues bien, al respecto debe decirse que dichos actos fueron dictados dentro del juicio 1125/2019, de manera que al no tener la quejosa el carácter de tercera extraña al juicio, tuvo oportunidad, en su momento de combatirlos; además, los conceptos de violación formulados en contra de la sentencia y aclaración respectiva, únicamente son en el sentido de que se condenó a "Esther" Hernández Hernández y no a "Ester" Hernández Hernández, lo cual, se trata de un error en el nombre de la quejosa que no afecta la seguridad jurídica de las partes, de modo que debe prevalecer el sobreseimiento decretado por la juez a quo también respecto de dichos actos. Apoya a lo anterior en lo conducente, la tesis P. XXVI/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997, página 122, Materias(s): Común, Novena Época, registro 199464 de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL, Y ACTOS POSTERIORES. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. En la jurisprudencia publicada con el rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." (último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página ciento sesenta y ocho), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en esos supuestos compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo; y, porque además, en esa vía el quejoso cuenta con la posibilidad de aportar las pruebas necesarias, para demostrar la ausencia o ilegalidad del emplazamiento. Asimismo, ha precisado que, de prosperar la acción, se invalidarían todas las actuaciones posteriores. Ahora bien, cuando se estima que el emplazamiento es legal, o sea, en la hipótesis contraria a la señalada, y se reclaman los actos posteriores al emplazamiento, como pueden ser la sentencia o laudo dictados en el procedimiento respectivo, esto último no faculta al Juez de Distrito para declararse legalmente incompetente para conocer de los actos posteriores al emplazamiento, estimando que deben ser impugnados en el juicio de amparo directo. Ciertamente, cuando se declara ilegal o inexistente el emplazamiento, el amparo que se concede a la quejosa lógicamente no puede limitarse a esa diligencia, sino que se extiende a todas sus consecuencias, comprendiendo incluso actos, como pueden ser la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, así como los de ejecución, observándose en este punto que la actuación del Juez no se limita a la concesión del amparo por cuanto al emplazamiento, ni se declara incompetente para conocer de los restantes actos, sino que su resolución abarca o comprende a todos los reclamados. Por la misma razón, cuando el emplazamiento se estima legal, ello no conlleva declarar la incompetencia del Juez de Distrito para conocer de los actos posteriores, pese a que ellos, dentro de la regla general establecida por el artículo 158 de la Ley de Amparo, sean impugnables en la vía directa, pues si se procediera de esa manera se daría lugar a una violación al principio de indivisibilidad de la demanda y a la posibilidad de la existencia de sentencias contradictorias. La competencia del Juez de Distrito para conocer de los restantes actos reclamados una vez establecida la legalidad del emplazamiento, deriva de la misma regla específica a que se refieren los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, esto es, de la circunstancia de que la acción del quejoso se sustentó en el hecho de que su situación se equipara a la de un tercero extraño a juicio. Así, aunque se reclame también una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, el Juez debe seguir conociendo del asunto y resolver como proceda en relación con estos actos, dado que la cuestión relativa al emplazamiento se encuentra estrechamente vinculada con ellos al constituir su presupuesto. Desde luego, en el procedimiento ante el Juez de Distrito, las pruebas que el quejoso puede ofrecer y rendir en esa hipótesis, únicamente son las referidas a la legalidad del emplazamiento y no las relativas a los restantes actos, pues la aplicación de la regla específica se funda en la posibilidad de permitir al quejoso demostrar la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, exclusivamente. Esta delimitación es necesaria porque, de otra manera, se podrían afectar las defensas de la autoridad responsable y las del tercero perjudicado. Evidentemente, si la premisa de que parte la acción del quejoso, o sea de la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, no se justifica, queda sujeto a las consecuencias que puedan derivarse de dicha consideración, dentro de las que pueden encontrarse la improcedencia del juicio por lo que respecta a los actos posteriores al emplazamiento.". Respecto al diverso auto de seis de noviembre de dos mil veinte, se advierte a foja 379 (trescientos setenta y nueve) que se trata del proveído en el que se acordó de conformidad la expedición de copias certificadas de lo todo lo actuado en el expediente 1125/2019, proveído que no le ocasiona perjuicio alguno a la quejosa, aquí recurrente, pues si su afectación con relación dicho proveído la hace depender de quien solicitó las copias es "Esther" Hernández Hernández y no "Ester" Hernández Hernández, como se dijo con antelación, dicha cuestión tampoco afecta derechos fundamentales de la disconforme, aunado a la falta de prueba sobre la diferencia subjetiva que alega existe. Auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio 1125/2019, que obra a foja 382 (trescientos ochenta y dos del juicio de amparo indirecto) mediante el cual se ordena la cancelación de la anotación preventiva de la demanda. En este punto, destacar que dicho acto es consecuencia directa de la firma en rebeldía ordenada por el Juez de origen el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, por lo que no es un acto autónomo sino íntimamente vinculado con la ejecución de la sentencia, de manera al no tener el carácter de tercera extraña al juicio, permanece la causal de improcedencia del juicio de amparo decretada en el fallo revisado, en ese aspecto. Por cuanto hace a los actos reclamados al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, consistentes en: El gravamen de doce de marzo de dos mil veinte. Gravamen de primer aviso preventivo con número de entrada 854/2021. Gravamen de protocolización de Juicio Ordinario Civil. Gravamen de cancelación de la anotación preventiva inscrita en la partida ciento treinta y dos, tomo I, libro II, sección I, de veinte de julio de dos mil veintiuno. Otorgamiento y firma de escritura mediante juicio ordinario civil 1125/2019. Así como los reclamados al Juez Civil y Familiar de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, consistentes en: El oficio 388/2020, de veinticinco de febrero de dos mil veinte. El oficio 1669/2021, de dos de julio de dos mil veintiuno. Dictados dentro del exhorto 64/2020. Al respecto, dichos actos son atribuidos al Juez Civil y Familiar de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo y Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, en su calidad de autoridades ejecutoras, sin que se impugne el acto de la ordenadora, por lo que al no reclamarse vicios propios, resulta improcedente su análisis. Es aplicable a lo anterior por las consideraciones que la rigen, la jurisprudencia V.2o. J/6 emitida por el anterior, Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y que este órgano colegiado comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Junio de 1995, página 267, Materias(s): Común, Novena Época, registro 204875, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios". De ahí que contra esos actos sea improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, por lo que también se debe sobreseer respecto de los actos reclamados al Juez Segundo Civil de Tula de Allende, Hidalgo, consistentes en los autos de seis de noviembre de dos mil veinte, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno y veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictados en el juicio 1125/2019, así como del Juez Civil y Familiar de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, que hizo consistir en los oficios 388/2020, y 1669/2021, de veinticinco de febrero de dos mil veinte y dos de julio de dos mil veintiuno, dictados en el exhorto 64/2020, de su estadística y del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, el gravamen de doce de marzo de dos mil veinte, gravamen de primer aviso preventivo con número de entrada 854/2021, gravamen de protocolización de Juicio Ordinario Civil, Gravamen de cancelación de la anotación preventiva inscrita en la partida ciento treinta y dos, tomo I, libro II, sección I, de veinte de julio de dos mil veintiuno y otorgamiento y firma de escritura mediante juicio ordinario civil 1125/2019. Por ende, en el caso sobrevino la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que da lugar a sobreseer en el juicio, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo y VI, ambos de la Ley de Amparo. Ante tal circunstancia, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte recurrente para que, en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga. Apoya a lo anterior por las consideraciones que la rigen la jurisprudencia P./J. 4/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, de abril de 2015, Tomo I, Materia Común, página 6, registro 2008789, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA, CUANDO SE ADVIERTE DE OFICIO UNA CAUSAL DISTINTA A LA EXAMINADA POR EL JUEZ DE DISTRITO. De la interpretación sistemática de la exposición de motivos del proyecto de decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, así como de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos y de los artículos 64 y 112 a 115 de la ley aludida, se aprecia la ampliación de la protección de los derechos fundamentales del gobernado. De este modo, en razón de esa salvaguarda ampliada, es que debe existir un procedimiento adecuado regido por el párrafo segundo del artículo 64 citado; de ahí que si en la resolución de un recurso de queja interpuesto en contra del desechamiento de plano de la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado de Circuito advierte de oficio la actualización de una diversa causal de improcedencia que no fue alegada por las partes, ni analizada por el órgano inferior, dará vista a la parte recurrente para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga. Lo que resulta necesario, además, en virtud de que, al conocer del referido recurso y concluir que el respectivo juicio de amparo es improcedente por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia, emite una resolución definitiva e inimpugnable, a diferencia de las determinaciones que sobre ese aspecto dicta el órgano jurisdiccional que en primera instancia conoce de la demanda de amparo indirecto." Lo anterior bajo el entendido de que la misma deberá ser publicada en lista electrónica y las manifestaciones que considere pertinentes, podrán ser presentadas directamente ante la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados de este Circuito (OPC), buzón judicial, o bien mediante el Portal de Servicios en Línea. Hecho lo anterior, devuélvanse los presentes autos al suscrito, para formular el proyecto de resolución correspondiente. Notifíquese.

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