José Manuel Soria

Expediente 835/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
835/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • José Manuel Soria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio CEDES MAT/DIR/SUBDIR/2244/2023, firmado por la Directora del Centro de Ejecución de Sanciones, con asentamiento en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 24630/2023, que contiene inserto el auto de siete de los corrientes, en el que se declaró ejecutoriada la sentencia y se ordenó el archivo de este juicio; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, en la que se decretó el sobreseimiento en este juicio; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, se determina que este expediente es susceptible de destrucción. Como lo dispone los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el artículo 20 antes citado. Cabe precisar que el citado Acuerdo General establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días hábiles a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por las partes, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 835/2023-II, promovido por ********************, contra actos de la Directora del Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el catorce de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, turnado el diecisiete de ese mismo mes y año a este Juzgado de Distrito, ********************, promovió juicio de amparo indirecto, en el que como autoridad responsable y acto reclamado señaló lo siguiente: Autoridad responsable: La Directora del Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad. Acto reclamado: "La inminente orden de reingresarme al centro penitenciario en dónde actualmente he estado en virtud de la sentencia que se me dictó." (sic) SEGUNDO. Trámite. El diecisiete de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de garantías, la cual quedó registrada bajo el número 835/2023-II; asimismo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Aunado a lo anterior, se concedió de plano la suspensión para el efecto de que se suministrara la atención y medicamentos necesarios para su padecimiento en la clínica que fue internado, esto es, hospitalizado, a menos que el médico tratante bajo su más estricta responsabilidad determinara que era innecesario o inconducente su permanencia en el nosocomio, dándole de alta, lo cual debería quedar debidamente documentado y justificado, lo anterior no obstante que el Director del Hospital General Alfredo Pumarejo, con sede en esta ciudad, no haya sido señalado con el carácter de autoridad responsable, tiene la obligación de cumplir con la medida suspensional que se decretó en tanto que el quejoso se encontrara interno en dicho nosocomio. Una vez integrado este asunto, tuvo verificativo la audiencia constitucional según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Así, del estudio integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que los actos que reclama la parte quejosa consiste en: La orden de reingreso al Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad. La falta de atención médica especializada. TERCERO. Presunción de certeza de los actos reclamados. La Directora del Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad, al rendir su informe justificado, omitió señalar si son ciertos o no los actos que se le atribuye; por tanto se presume la certeza de los mismos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXV, página 2169, con registro digital 325171, que dice: "INFORMES JUSTIFICADOS IMPRECISOS. Si los informes justificados no son claros y explícitos sobre la existencia o inexistencia del acto reclamado, la autoridad responsable no cumple con los requisitos que exige la Ley de Amparo para tal caso, operando en consecuencia, la presunción legal a que se refiere el artículo 149 de dicho ordenamiento, teniéndose como cierto el expresado acto reclamado. Esto sucede en el caso en que el informe justificado no es lo suficientemente claro y categórico para admitir, sin género de dudas, que la autoridad responsable niega el acto que se le imputa, pues si bien dice que no "ha dado orden alguna para despojar de su parcela" al quejoso, por otra expresa que se ha "concretado a obedecer órdenes superiores", sin explicar si esas órdenes, son en el sentido de que respete la parcela del quejoso o lo prive de su posesión." Igualmente, la jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se analizan las causas de improcedencia. Al respecto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; artículo y fracción que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." En relación con la causal en cita se invoca la tesis aislada P.CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 197367, visible en la página 71, Tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, en su Novena Época, la cual es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." El criterio anterior establece que para que concurra la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto reclamado por la parte quejosa quede insubsistente y que las cosas vuelvan al estado actual que tenían antes de la violación constitucional reclamada, tal como si se hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal; de tal manera, que ese acto ya no le perjudique a la agraviada y pueda disfrutar del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Para el caso sujeto a estudio, debe resaltarse que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la orden de reingreso al Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad y la falta de atención médica especializada. Sin embargo, de las constancias que obran en el presente expediente y que fueron exhibidas por la Directora del Centro de Ejecución de Sanciones y el Director del Hospital General, ambos de esta ciudad, se aprecia que el tres de julio de dos mil veintitrés, el Jefe del departamento médico del centro penitenciario en comento, solicitó fuera excarcelado el quejoso para ingresarlo al nosocomio aludido (foja 29 anverso), ahí se le diagnosticó síndrome nefrótico e hipertensión arterial sistémica; asimismo, al estar internado se realizó biopsia renal, en la cual se reportó diagnóstico de glomerulopatía membranosa, esclareciendo la etiología del síndrome nefrótico, ante lo cual se inició manejo con pulsos de esteroide con metilprednisolona; asimismo, se asentó en la nota médica que obtuvo una buena evolución clínica; además, se generó cita para reingreso a esa unidad en un mes para administrar ciclos de ciclofosfamida; aunado a cita abierta a urgencias; asimismo, se asentó un plan consistente en: Prednisona 40 mg VO por 7 días (semana 1) Prednisona 30 mg VO por 7 días (semana 2) Prednisona 20 mg VO por 7 días (semana 3) Trimetoprim/sulfametoxazol 80/400 mg c/24 horas por 30 días Fluconazol 100 mg VO c/24 horas por 14 días Motivo por el cual se dio de alta y egresó el veinticuatro de julio del año en curso (foja 40). Al medio de convicción relacionado con antelación, este juzgador le otorga el valor de prueba plena en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo; siendo suficientes para acreditar sin lugar a dudas la circunstancia que en ellos se contienen. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número 226, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. Aunado a ello, a través del oficio 1787/2023, el Director del Hospital General de esta ciudad, indicó que el aquí quejoso contaba con cita para el día diecinueve de agosto para reingresar a dicho nosocomio para continuar con el tratamiento intravenoso, en espera de evolución para cita posterior (foja 39). Atento a lo anterior, si originalmente la causa de pedir de la parte agraviada, fue a la responsable la orden de reingreso al Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad y la falta de atención médica especializada, puesto que el propio centro médico dio de alta al aquí quejoso dada su buena evolución clínica; asimismo, se continúa suministrando la atención especializada para su padecimiento en el Hospital General de esta ciudad; por tanto, resulta obvio que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado y, como consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías, contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; siendo procedente sobreseer en esta contienda constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la apuntada legislación. Por las consideraciones que la conforman, aplicables al caso concreto, se cita el contenido de la jurisprudencia por reiteración 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 193758, visible en la página 38, del Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, Materia Común, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracción V, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por ********************, por los motivos y razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo constitucional Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, diez de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el informe rendido por el Director del Hospital General de esta ciudad, mismo que le fue requerido mediante oficio 21045/2023, de siete de agosto del año en curso, adjuntado la constancia respectiva; en consecuencia, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes a fin de que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

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