Jose Manuel Solano Solis
Expediente 922/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 922/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jose Manuel Solano Solis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que interpusiera recurso de revisión en su contra; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y con base en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO y pasados treinta días de la citada fecha. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa, mediante oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y a la autoridad responsable.
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Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y a la autoridad responsable.
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ACTUARIO: SE NOTIFICA POR LISTA LO SUIGUIENTE: Visto el estado de autos....Ahora bien, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente; y analizar de manera preferente las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en artículo 62 de la Ley de Amparo. Así las cosas, la suscrita juzgadora advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. (.)". De esta norma se sigue que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Para que se actualice la causa de improcedencia en estudio se requiere necesariamente que concurran los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida, se genere una situación, en la cual, no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior se obtiene de la tesis CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro digital 199808, o en la página 219, del Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Luego, de la copia certificada de las constancias relativas al recurso de revocación 20/2022 del índice de la Dirección Jurídica responsable, a la que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, se desprende lo siguiente: 1. El treinta y uno de agosto dos mil veintidós, por una parte se admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto por el aquí peticionario de amparo José Manuel Solano Solís, contra la resolución de quince de julio del año en curso, dictada en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 107/2020 del índice de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado de Veracruz y por otra se negó la suspensión de la ejecución de la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por tres meses, con motivo de la citada resolución, por los motivos ahí expuestos. 2. Con fecha siete de octubre actual, se dictó la resolución administrativa relativa al recurso de revocación en la que en su resolutivo primero se determinó modificar la resolución de quince de julio de dos mil veintidós, dictada en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 107/2020 del índice de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado de Veracruz, para los efectos precisados en dicho fallo. Asimismo, en el resolutivo segundo se hizo del conocimiento del impetrante de amparo José Manuel Solano Solís, que de conformidad con el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tiene el derecho de promover juicio contencioso administrativo, contra dicha resolución administrativa, ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, dentro del término de quince días. Luego, de lo narrado, se aprecia que dicha autoridad responsable, resolvió en definitiva el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, contra la determinación de quince de julio del año en curso, emitida en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 107/2020, el pasado siete de octubre de dos mil veintidós. Así, la anterior reseña pone de manifiesto que existe un cambio de situación jurídica en el recurso de revocación 020/2022 de origen, que impide entrar al estudio de la constitucionalidad de la negativa de la suspensión reclamada a la responsable, ya que al resolver el medio de impugnación de donde emana la negativa reclamada, es incuestionable que deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones cometidas en agravio del quejoso y que pudo haber sufrido, por parte de la autoridad administrativa, por no poder decidirse respecto del acto reclamado en la demanda de garantías, sin afectar la nueva situación jurídica creada precisamente por la emisión del fallo de siete de octubre de dos mil veintidós. Es aplicable por no oponerse a la actual ley de Amparo, en términos de su artículo sexto transitorio, la tesis localizable bajo el registro digital 221961, o en la página 145, del Tomo VIII, Septiembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso". Así como la tesis XII.1.34 C, visible en la página 1096, del Tomo XIII, Mayo de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. Cuando en un procedimiento civil ya se citó para oír sentencia y ésta no se dicta, y no existe acuerdo o razón que justifique tal omisión, eso constituye, de hecho, una situación jurídica en sentido negativo; por ende, si luego se dicta un acuerdo en que con determinados argumentos y con base en algunas disposiciones de derecho se suspende el procedimiento, lo anterior constituye una nueva situación jurídica diversa y autónoma, pues en el primer caso hay una omisión lisa y llana y en el segundo es un acto distinto que produce el mismo efecto dilatorio, pero con determinada fundamentación y motivación. Por ende, no se puede conceder el amparo para el efecto de que se dicte sentencia, pues ello vendría a trastocar la nueva situación jurídica, constituida por un acto que sí existe y que contiene su propia sustancia formal, y que podría ser constitucional o no; sin embargo, ello dependerá del estudio del mismo, que no puede ser hecho en un amparo relativo a otro acto con el que no guarda relación ni secuencia". Por consiguiente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y a la autoridad responsable.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, diez de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ****, mediante el cual, se le tiene desahogando el requerimiento efectuado en proveído de veintisiete de septiembre de la presente anualidad, en virtud de que, manifiesta bajo protesta de decir verdad que señala como autoridad responsable a la Dirección Jurídica de la Contraloría General del Estado de Veracruz; por tanto, en tiempo y forma se tiene por desahogado el requerimiento que le fue formulado en el proveído de mérito, por lo que provéase lo conducente respecto de la demanda de amparo promovida contra actos del Director General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y otras autoridades, la cual fue registrada bajo el número 922/2022-II-A. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa y escrito aclaratorio, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la Jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso los hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En el caso particular, de la lectura de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se aprecia que en el capítulo de autoridades responsables, el quejoso señala con dicho carácter a las siguientes: ORDENADORAS 1. Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados Federal. 2. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Secretario General de Gobierno Federal y/o Secretario de Gobierno Federal. 4. Diario Oficial de la Federación. 5. La Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. EJECUTORA 5. Director General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. De igual forma, con independencia de las anteriores señala como responsable al Director de la Dirección Jurídica de la Contraloría General del Estado de Veracruz. Autoridades de quienes reclama en el ámbito de su competencia lo siguiente: a) La emisión y/o expedición, promulgación y publicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en específico el artículo 222, en el ámbito de sus respectivas facultades, como norma heteroaplicativa. b) La resolución de quince de julio de dos mil veintidós, dictada en el Procedimiento Administrativo ****del índice de la Dirección de Responsabilidades Administrativos de la Contraloría General del Estado de Veracruz, como primer acto de aplicación del arábigo precitado. c) El oficio número CGE/DGRA/4103/2022 de ocho de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual, se le notifico la aludida resolución, emitido dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad ****del índice de esa Dirección. Asimismo, reclama de la autoridad ejecutora Director General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. d) El acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictado en el recurso de revocación ****por el que se negó la suspensión de la ejecución de la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por tres meses, dictada en el Procedimiento Disciplinario Administrativo ****del índice de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado de Veracruz, instaurado contra el aquí quejoso. DESECHAMIENTO RESPECTO A LOS ACTOS IDENTIFICADOS EN LOS INCISOS A), B) y C), ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS Y EJECUTORAS. En el caso, la suscrita advierte, por lo que respecta al acto de aplicación del artículo tildado de inconstitucional, consistente en la resolución de quince de julio de dos mil veintidós, dictada en el Procedimiento Administrativo ****, del índice de la Dirección de Responsabilidades Administrativos de la Contraloría General del Estado de Veracruz, como primer acto de aplicación del arábigo precitado, así como su notificación a través del oficio número CGE/DGRA/4103/2022 de ocho de agosto de dos mil veintidós, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo... DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 en relación con el diverso 61, fracción XIX de la ley de la materia, se desecha parcialmente la presente demanda de garantías, respecto de las autoridades y actos que se les atribuyen que hacen consistir en la resolución de quince de julio de dos mil veintidós, emitida en el procedimiento administrativo ****, lo cual se hace extensivo a los artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al haber sida reclamada dicha determinación como primer acto de aplicación de la citada ley, así como respecto del oficio CGE/DGRA/4103/2022 de ocho de agosto de dos mil veintidós, el cual, no obstante que se pretende combatir como acto de notificación, este no fue señalado por vicios propios, sino como consecuencia la resolución aludida. Ahora, al no existir diversa causal de improcedencia pendiente de analizar, se procede a lo siguiente: SE ADMITE en sus términos la demanda de que se trata respecto del acto consistente en el acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictado en el recurso de revocación ****del índice de la Dirección Jurídica de la Contraloría General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por el que se negó la suspensión de la ejecución de la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por tres meses, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo primero, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108 y 110 de la Ley de Amparo. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete, haciéndole entrega de una copia de la demanda de garantías. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No ha lugar a tramitarse el incidente de suspensión, toda vez que si bien la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos, dicha medida fue solicitada únicamente respecto de aquellos respecto de los cuales se desechó la demanda de amparo, sin que medie petición alguna en relación al acto precisado en su escrito aclaratorio, por el cual se ordenó la admisión de la demanda, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 128 de la Ley de Amparo. LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL se señala para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, conforme lo establece el artículo 115 de la Ley de Amparo. SE PIDE INFORME JUSTIFICADO a la autoridad señalada como responsable, en términos de los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto que se le reclama, salvo prueba en contrario. Lo anterior, sin perjuicio que en sentencia se le imponga una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, el informe solicitado, podrá ser remitido a este juzgado vía ordinaria, al correo electrónico 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, por medio de cuenta de correo o vía telegráfica; sin embargo, salvo que resulte estrictamente indispensable, la autoridad responsable deberá abstenerse de remitir su informe por más de uno de los mencionados medios; esto a fin de evitar la duplicidad innecesaria de actuaciones. SE FORMULAN PREVENCIONES en aras de tutelar el derecho fundamental de administración de justicia contenido en el artículo 17 constitucional, evitando trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual para optimizar los recursos humanos y materiales a efecto de orientarlos en función de la resolución expedita del juicio: I. A la autoridad responsable, para que al rendir su informe justificado: a) Proporcione un correo electrónico en el cual se le puedan realizar las subsecuentes notificaciones, así como número de teléfono móvil para su confirmación. b) Comunique el cambio de situación jurídica y, en su caso, sí han ocurrido causas notorias de sobreseimiento. En caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c) Remita copia certificada completa y legible de las constancias que guardan relación con el acto reclamado y sean necesarias para la solución del juicio constitucional. En caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. d) Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s) que, en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá(n) enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida(s) que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. II. A la parte quejosa: a) Proporcionar un correo electrónico y un número de teléfono móvil para mantener contacto con este juzgado en futuras ocasiones. b) Que para el caso que alguna de las autoridades señaladas como responsables sea inexistente, o bien, su denominación sea incorrecta y no sea posible notificarla, una vez que se le dé vista de esa circunstancia, precise corrija o aclare el nombre de ésta, con el apercibimiento que de no hacerlo, entonces se le sancionará declarándola inexistente y suspendiendo de inmediato toda comunicación, sin que sea dable pronunciarse nuevamente al respecto, en la sentencia que en su caso se dicte. Ello, porque del análisis sistemático y armónico de los artículos 5º, fracción II, 108, fracción II, y 115 de la Ley de Amparo, se desprende que son parte en el juicio la autoridad o autoridades responsables, y que es obligación de la parte quejosa al formular su demanda de amparo, expresar a quiénes le otorga ese carácter, para efecto de que se les pida el informe justificado. RESPECTO A LOS TERCEROS INTERESADOS a que se refiere la fracción III del artículo 5, de la Ley de Amparo, se reserva acordar lo conducente hasta que obren en autos los informes justificados requeridos a las autoridades responsables y las constancias que en su caso acompañen a los mismos, de las cuales, en el supuesto de ser ciertos los actos reclamados, se podrá deducir a quiénes les surge tal carácter. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la parte quejosa, las documentales que anexa a su escrito inicial y aclaratorio, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto (legal y humano), con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2002576, cuyo rubro se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y a la autoridad responsable.
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