José Manuel Simental Salinas

Expediente 508/2011 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 39 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
508/2011
Año
2011
Actuaciones
39
Última actuación
09/02/2017

Partes del expediente

  • José Manuel Simental Salinas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    VISTO EL ESTADO DE AUTOS, SE TIENE POR CONSENTIDO EL CUMPLIMIENTO DADO AL FALLO PROTECTOR EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO... EN CONSECUENCIA, ARCHIVESE ESTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO... CON LA INDICACION DE QUE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACION...

  2. Principal

    Visto el estado procesal de autos, del que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa sin que al efecto haya hecho manifestación alguna sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido proveído y este juzgado procede a pronunciarse al respecto. Conviene recapitular que José Manuel Simental Salinas promovió el juicio de amparo en que se actúa al estimar vulnerado su derecho fundamental de acceso a la justicia, ante la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado para dictar laudo en el procedimiento burocrático 102/2008. Luego, mediante sentencia de veintiséis de octubre de dos mil once, en auxilio de este órgano jurisdiccional, el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, por una parte sobreseyó el juicio pero por otro lado, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el tribunal responsable proveyera lo conducente y conforme a la legislación burocrática aplicable, llevara a cabo la ejecución del laudo dictado en el procedimiento 102/2008-VI, salvo que sobrevinieran causas imputables a las partes u otras autoridades. Falló que quedó firme mediante acuerdo de seis de marzo de dos mil doce. Cabe apuntar que en el laudo respecto del que se conminó a su ejecución conforme los extremos del amparo otorgado, se condenó a la autoridad responsable básicamente a realizar dos cosas. La primera, consistente en la reinstalación del trabajador, aquí quejoso, en el puesto que desempeñaba (auditor de obra) y a reconocerle antigüedad a partir del uno de diciembre de dos mil cuatro. La segunda, al pago de las cantidades liquidadas por concepto de salarios caídos, horas extras, prima adicional a horas extras, prima vacacional, aguinaldo y compensación por el mes de noviembre de dos mil siete, en los montos determinados en el laudo de dos de septiembre de dos mil once. Pues bien, por lo que se refiere al primer tópico contenido en el laudo a ejecutarse, de autos se desprende que mediante oficio agregado por auto de doce de mayo de dos mil quince, el Síndico Procurador del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, remitió copias certificadas de diversos oficios mediante los cuales la administración municipal que representaba comunicó las gestiones realizadas para la reinstalación de José Manuel Simental Salinas en su puesto como auditor de obra con categoría de trabajador de base, y con antigüedad a partir del uno de diciembre de dos mil cuatro (fojas 355 a 382). Constancias de las que es posible colegir que el quejoso, efectivamente fue reinstalado en el puesto que desempeñaba, tal como lo instruyó el Síndico Procurador del XX Ayuntamiento de Tecate, al Oficial Mayor de esa administración municipal, así como del memorándum suscrito por el Jefe de Recursos Humanos del propio ayuntamiento en cita (fojas 357-356). Atinente al pago de las prestaciones liquidadas en el laudo condenatorio, mediante oficio agregado por auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, la Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado comunicó la suscripción de convenio de pago celebrado entre el Síndico Procurador del XXI Ayuntamiento de Tecate, Baja California, y José Manuel Simental Salinas; acuerdo en el que los suscribientes pactaron para efectos del finiquito de las prestaciones, primero, un pago inicial de cien mil pesos moneda nacional ($100,000.00), y en segundo lugar, cincuenta y dos ministraciones en montos fijados, a cubrirse los días dieciséis de cada mes, comenzando el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, hasta el dieciséis de enero de dos mil veintiuno (17/10/2016 - 16/01/2021). En complemento, mediante oficio recibido el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, el tribunal responsable comunicó el acuerdo de dieciocho de ese mismo mes y año, a través del cual se previno al aquí quejoso para que en el término de tres días ratificara el convenio ya descrito, y manifestara su conformidad con la recepción del primer pago parcial, bajo apercibimiento en caso de no hacerlo, se tendría por conforme con el acuerdo y por recibido el pago inicial. Posteriormente, mediante oficio recibido el siete de diciembre de dos mil dieciséis, al tribunal responsable informó que por auto de uno de diciembre del año próximo pasado, hizo efectivo el apercibimiento decretado contra el actor respecto del convenio de pago, por lo que lo elevó a categoría de laudo ejecutoriado con efectos de observancia por las partes, y a partir de ello requirió a la administración municipal demandada para que acreditara el cumplimiento del pago parcial correspondiente. Conforme con lo relatado, queda de relieve que la sentencia de amparo ha quedado cumplida en sus extremos. Ello es así, puesto que el núcleo esencial del fallo protector consistía en que el tribunal de conflictos burocráticos responsable llevara a cabo la ejecución del laudo. En ese sentido, es claro que tal obligación se encuentra colmada en la medida que, por lo que hace a la reinstalación del quejoso, quedó demostrado que en efecto se le restituyó en el puesto de trabajo que desempeñaba con antelación a la controversia (en puesto, base y antigüedad). Adicionalmente, en relación con el pago de las prestaciones económicas, en la medida que a través del convenio de pago celebrado entre el quejoso y el Síndico municipal, queda de relieve que a fin de cubrir el monto total de ellas, las partes acordaron un programa de finiquito en parcialidades conforme el programa consignado en el propio convenio que, de ser puntualmente observado, culminará en enero de dos mil veintiuno. De ese modo, como se adelantó, es dable afirmar que la sentencia amparatoria se encuentra cumplida habida cuenta que a instancia del tribunal responsable, la parte demandada acató el laudo condenatorio a través de la reinstalación del quejoso y la suscripción del convenio de pago para solventar el adeudo económico. No se soslaya que ante la consideración previa exista la circunstancia de que el programa del convenio de pago se extienda hasta enero de dos mil veintiuno; sin embargo, tal condición no es óbice para tener por cumplida la ejecutoria de amparo puesto que ello es consecuencia, precisamente, de la ejecución del laudo condenatorio; máxime que tratándose de la etapa para hacer efectivo el laudo, corresponde al trabajador la carga procesal para procurar que ello se realice, es decir, de ocurrir ante la autoridad laboral a instar que se solvente la condena bajo apercibimiento que de no hacerlo en el plazo previsto por ley, se configure la prescripción del derecho a ejecutar habida excepción que, en el caso, ello comenzará a partir de la data prevista para la conclusión del convenio de pago. En las relatadas condiciones, se establece que la autoridad responsable verificó el cumplimiento del laudo condenatorio dictado en el procedimiento burocrático 102/2008-VI, tal como se le conminó en la sentencia de amparo; por tanto, se establece que la parte quejosa fue restituida en el goce de su derecho vulnerado tal como lo exige el artículo 77, fracción I, en relación con el 196, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo. Así, se considera que la sentencia de amparo se encuentra cumplida en su totalidad y que no existe defecto o exceso en ello. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    ...SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE FECHA VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE... "Visto el estado procesal de autos, del que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa sin que al efecto haya hecho manifestación alguna sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido proveído y este juzgado procede a pronunciarse al respecto. Conviene recapitular que la parte quejosa promovió el juicio de amparo en que se actúa al estimar vulnerado su derecho fundamental de acceso a la justicia, ante la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado para dictar laudo en el procedimiento burocrático 102/2008. Luego, mediante sentencia de veintiséis de octubre de dos mil once, en auxilio de este órgano jurisdiccional, el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, por una parte sobreseyó el juicio pero por otro lado, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el tribunal responsable proveyera lo conducente y conforme a la legislación burocrática aplicable, llevara a cabo la ejecución del laudo dictado en el procedimiento 102/2008-VI, salvo que sobrevinieran causas imputables a las partes u otras autoridades. Falló que quedó firme mediante acuerdo de seis de marzo de dos mil doce. Cabe apuntar que en el laudo respecto del que se conminó a su ejecución conforme los extremos del amparo otorgado, se condenó a la autoridad responsable básicamente a realizar dos cosas. La primera, consistente en la reinstalación del trabajador, aquí quejoso, en el puesto que desempeñaba (auditor de obra) y a reconocerle antigüedad a partir del uno de diciembre de dos mil cuatro. La segunda, al pago de las cantidades liquidadas por concepto de salarios caídos, horas extras, prima adicional a horas extras, prima vacacional, aguinaldo y compensación por el mes de noviembre de dos mil siete, en los montos determinados en el laudo de dos de septiembre de dos mil once. Pues bien, por lo que se refiere al primer tópico contenido en el laudo a ejecutarse, de autos se desprende que mediante oficio agregado por auto de doce de mayo de dos mil quince, el Síndico Procurador del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, remitió copias certificadas de diversos oficios mediante los cuales la administración municipal que representaba comunicó las gestiones realizadas para la reinstalación de José Manuel Simental Salinas en su puesto como auditor de obra con categoría de trabajador de base, y con antigüedad a partir del uno de diciembre de dos mil cuatro (fojas 355 a 382). Constancias de las que es posible colegir que el quejoso, efectivamente fue reinstalado en el puesto que desempeñaba, tal como lo instruyó el Síndico Procurador del XX Ayuntamiento de Tecate, al Oficial Mayor de esa administración municipal, así como del memorándum suscrito por el Jefe de Recursos Humanos del propio ayuntamiento en cita (fojas 357-356). Atinente al pago de las prestaciones liquidadas en el laudo condenatorio, mediante oficio agregado por auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, la Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado comunicó la suscripción de convenio de pago celebrado entre el Síndico Procurador del XXI Ayuntamiento de Tecate, Baja California, y José Manuel Simental Salinas; acuerdo en el que los suscribientes pactaron para efectos del finiquito de las prestaciones, primero, un pago inicial de cien mil pesos moneda nacional ($100,000.00), y en segundo lugar, cincuenta y dos ministraciones en montos fijados, a cubrirse los días dieciséis de cada mes, comenzando el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, hasta el dieciséis de enero de dos mil veintiuno (17/10/2016 - 16/01/2021). En complemento, mediante oficio recibido el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, el tribunal responsable comunicó el acuerdo de dieciocho de ese mismo mes y año, a través del cual se previno al aquí quejoso para que en el término de tres días ratificara el convenio ya descrito, y manifestara su conformidad con la recepción del primer pago parcial, bajo apercibimiento en caso de no hacerlo, se tendría por conforme con el acuerdo y por recibido el pago inicial. Posteriormente, mediante oficio recibido el siete de diciembre de dos mil dieciséis, al tribunal responsable informó que por auto de uno de diciembre del año próximo pasado, hizo efectivo el apercibimiento decretado contra el actor respecto del convenio de pago, por lo que lo elevó a categoría de laudo ejecutoriado con efectos de observancia por las partes, y a partir de ello requirió a la administración municipal demandada para que acreditara el cumplimiento del pago parcial correspondiente. Conforme con lo relatado, queda de relieve que la sentencia de amparo ha quedado cumplida en sus extremos. Ello es así, puesto que el núcleo esencial del fallo protector consistía en que el tribunal de conflictos burocráticos responsable llevara a cabo la ejecución del laudo. En ese sentido, es claro que tal obligación se encuentra colmada en la medida que, por lo que hace a la reinstalación del quejoso, quedó demostrado que en efecto se le restituyó en el puesto de trabajo que desempeñaba con antelación a la controversia (en puesto, base y antigüedad). Adicionalmente, en relación con el pago de las prestaciones económicas, en la medida que a través del convenio de pago celebrado entre el quejoso y el Síndico municipal, queda de relieve que a fin de cubrir el monto total de ellas, las partes acordaron un programa de finiquito en parcialidades conforme el programa consignado en el propio convenio que, de ser puntualmente observado, culminará en enero de dos mil veintiuno. De ese modo, como se adelantó, es dable afirmar que la sentencia amparatoria se encuentra cumplida habida cuenta que a instancia del tribunal responsable, la parte demandada acató el laudo condenatorio a través de la reinstalación del quejoso y la suscripción del convenio de pago para solventar el adeudo económico. No se soslaya que ante la consideración previa exista la circunstancia de que el programa del convenio de pago se extienda hasta enero de dos mil veintiuno; sin embargo, tal condición no es óbice para tener por cumplida la ejecutoria de amparo puesto que ello es consecuencia, precisamente, de la ejecución del laudo condenatorio; máxime que tratándose de la etapa para hacer efectivo el laudo, corresponde al trabajador la carga procesal para procurar que ello se realice, es decir, de ocurrir ante la autoridad laboral a instar que se solvente la condena bajo apercibimiento que de no hacerlo en el plazo previsto por ley, se configure la prescripción del derecho a ejecutar habida excepción que, en el caso, ello comenzará a partir de la data prevista para la conclusión del convenio de pago. En las relatadas condiciones, se establece que la autoridad responsable verificó el cumplimiento del laudo condenatorio dictado en el procedimiento burocrático 102/2008-VI, tal como se le conminó en la sentencia de amparo; por tanto, se establece que la parte quejosa fue restituida en el goce de su derecho vulnerado tal como lo exige el artículo 77, fracción I, en relación con el 196, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo. Así, se considera que la sentencia de amparo se encuentra cumplida en su totalidad y que no existe defecto o exceso en ello. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes."

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California en esta ciudad, al cual anexa acuerdo de uno de diciembre del presente año, que obra en el juicio laboral burocrático 102/2008-VI, con firmas autógrafas; por tanto, se le tiene informando que se encuentra en vías de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

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