José Manuel Segura García

Expediente 847/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 28 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
847/2017
Año
2017
Actuaciones
28
Última actuación
01/02/2018

Partes del expediente

  • José Manuel Segura García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, a uno de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, de autos se aprecia que la parte quejosa acompañó a la demanda de amparo impresiones fotográficas; en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlo, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dicho documento será destruido junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 847/2017, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido en la misma fecha por razón de turno a este Juzgado Octavo, José Manuel Segura García, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: 1. Agente Determinador del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia Investigadora Sector Central 2. Agente Determinador del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia Investigadora Sector Ciudad Renacimiento. 3. Agente Determinador del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia Investigadora Sector Costa Azul. 4. Agente Determinador del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia Investigadora Sector Barrios Históricos. 5. Agente Determinador del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia Investigadora Sector Garita. 6. Agente Determinador del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia Investigadora Sector Zapata. 7. Agente Determinador del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia Investigadora Sector Coloso. 8. Agente Determinador del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia Investigadora Sector Jardín. 9. Agente Determinador del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia Investigadora Sector Mozimba. EJECUTORAS: 10. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora Sector Central. 11. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora Sector Ciudad Renacimiento. 12. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora Sector Costa Azul. 13. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora Sector Barrios Históricos. 14. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora Sector Garita. 15. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora Sector Zapata. 16. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora Sector Coloso. 17. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora Sector Jardín. 18. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora Sector Mozimba. 19. Coordinador de Zona de la Policía Investigadora Ministerial con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero. 20. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Primera Agencia Investigadora con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS: La orden de localización y/o presentación y/o detención, así como su cumplimiento. SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrada bajo el número 847/2017, se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en un auto de privación de la libertad cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este juzgado. SEGUNDO. Negativa del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes con justificación negaron los actos que se les atribuyen, consistentes en la emisión de una orden de localización y/o presentación y/o detención, en contra del quejoso José Manuel Segura García. Ahora bien, tomando en cuenta el contenido negativo de los informes relacionados y del estudio de las constancias que obran en el sumario, las que surten efectos probatorios plenos en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la litis constitucional por remisión expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que, el quejoso no rindió prueba alguna tendente a demostrar la existencia de los actos que reclama y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por las citadas autoridades responsables, no obstante el conocimiento oportuno que de aquellos tuvieron. Así las cosas, no habiéndose acreditado la existencia de los actos atribuidos a las autoridades responsables y cuya inconstitucionalidad se acusa, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado del Sector Renacimiento, con sede en esta ciudad, pues así lo reconoció al rendir su informe con justificación; certeza que se corrobora además con las copias de las constancias que integran la carpeta de investigación 12030290100628020917, allegada a este sumario por dicha autoridad responsable al rendir su informe justificado, a la cual se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. Respecto del Coordinador de Ministerios Públicos Sector Renacimiento, del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, si bien es cierto, al rendir su informe justificado, negó los actos que se le reclaman, sin embargo, mediante proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, se requirió a la citada autoridad para que aclarara dicho informe, pues el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado del Sector Renacimiento, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que la autoridad citada en primer término había emitido una orden de búsqueda, localización y presentación; por tanto, en auto de veintinueve de noviembre del año en curso, dicha autoridad dio cumplimiento con el requerimiento precisado e indicó que aceptaba los actos reclamados, adjuntando copia certificada del oficio 5342 mismo que se encuentra agregado a la carpeta de investigación 12030290100628020917, a la cual se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. CUARTO. Improcedencia. No obstante la certeza de los actos reclamados, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, oficiosamente se examina una causa de improcedencia que conduce al sobreseimiento en el juicio, que es la prevista en la fracción XVI del numeral 61 del ordenamiento en cita y que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.)." Los actos consumados se entienden como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza se pueden clasificar en: a) Actos consumados de modo reparable; y, b) Actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquellos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de los mismos. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Ahora bien, en el caso se estima actualizado el segundo supuesto, ya que dada la naturaleza del acto en estudio, ni física ni materialmente, podría obtenerse la restitución de la garantía que aducen los quejosos les fue transgredida, según se verá a continuación. De las constancias que en copia certificada remitió el Coordinador de Ministerios Públicos Sector Renacimiento, del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, se advierte que mediante acuerdo ministerial de cinco de octubre de dos mil diecisiete, emitido dentro de la carpeta de investigación 12030290100628020917, que se instruye al quejoso por el delito de sustracción de menores (doloso), en agravio de Erendira del Carmen Segura Beltran, se dejó sin efectos la orden reclamada documental a la cual se le otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 202 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, es inconcuso que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, lo anterior, ya que como se indicó, el pasado cinco de octubre del año en curso, se dejó sin efectos la orden reclamada emitida en contra del quejoso José Manuel Segura García, en razón de que se presentó de manera voluntaria ante el coordinador responsable a efecto de rendir su deposado ministerial. Por tanto, si el motivo de impugnación que dio lugar a la tramitación de la instancia constitucional fue orden de localización y/o presentación y/o detención dictada en contra del quejoso dentro de la indagatoria 12030290100628020917, y este se presentó de manera voluntaria a declarar ante la responsable el cuatro de octubre de dos mil diecisiete y como consecuencia el cinco del citado mes, se dejó sin efectos la misma, es evidente que en el caso, ha sido consumado el acto reclamado. Ello es así, ya que de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, pues el acto reclamado ha sido ejecutado, es decir, la restricción momentánea de la libertad en contra del quejoso José Manuel Segura García, con motivo de la orden de localización y/o presentación y/o detención que fue emitida en su contra para rendir declaración ministerial. Entonces al haberse consumado irreversiblemente la violación -restricción momentánea de la libertad del quejoso con motivo de la orden de localización y/o presentación y/o detención reclamada-, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue momentáneamente privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los perjuicios que tal acto pudo ocasionar; es improcedente el juicio de garantías, al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen los derechos humanos, y se insiste, la sentencia tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a la autoridad que tuvo participación en el mismo. En estas condiciones, la orden de localización y/o presentación y/o detención reclamada dejó de tener vida jurídica. Luego, es patente que desapareció el motivo que dio origen al presente juicio. Ante ello, se evidencia que el acto reclamado, en cuanto a su finalidad, ya se consumó, en virtud de que la orden de comparecencia era con el objeto de recabar el deposado ministerial del quejoso, lo que sucedió cuando este acudió ante la autoridad ministerial para responder sobre los hechos denunciados. Por lo tanto, tal acto quedó consumado de manera irreparable por haberse realizado todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente; por consiguiente, el quejoso ya no puede ser restituido al estado en que se encontraba antes de la violación reclamada. Así, ante la dificultad jurídica de devolver al goce de los derechos que estiman transgredidos, el juicio de amparo resulta improcedente. Consecuentemente, se hace innecesario entrar al examen de la constitucionalidad de la orden de localización y/o presentación y/o detención reclamada, ya que con fundamento en los artículos 61, fracción XVI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento del juicio. Determinación que se hace extensiva respecto del Coordinador de Zona de la Policía Investigadora Ministerial, con sede en Chilpancingo, Guerrero, aun cuando no se cuenta con su informe justificado ni acuse de recibo del que conste que haya recibido el oficio de notificación por medio del cual se le solicitó, ya que dada la calidad de ejecutora con que fue designada, al haber negado las autoridades ordenadoras la existencia de la orden de localización y/o presentación y/o detención reclamada, sin prueba en contrario del quejoso, no podría llevar a cabo la ejecución de un acto inexistente. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la tesis de jurisprudencia invocada a pie de página en este asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúa en vigor y por ende aplicable al presente juicio, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 847/2017, promovido por José Manuel Segura García, contra los actos y las autoridades precisados en el resultando primero de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación 1 del Distrito Judicial de Tabares, con el visto bueno del Titular y Coordinador de las Unidades de Investigación del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, mediante el desahoga el requerimiento formulado en proveído de veinte de diciembre del año en curso y al efecto remite la copia certificada solicitada como complemento de su informe justificado rendido en autos, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero, veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte en proveído de veintinueve de noviembre del año en curso, se tuvo por recibida la aclaración del informe justificado del Ministerio Público de la Unidad de Investigación 1 Sector Renacimiento del Distrito Judicial de Tabares, con el visto bueno del Titular y Coordinador de las Unidades de Investigación del Ministerio Público Sector Renacimiento del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, del cual se advierte que aceptó el acto reclamado, sin embargo, indicó que dejó sin efectos el acto reclamado con motivo de la comparecencia voluntaria del quejoso, sin que haya adjuntado constancias que así lo acrediten, pues del oficio 5342 de la carpeta de investigación 12030290100628020917, únicamente se advierte que ordenó dejar sin efectos la orden de búsqueda y localización de la menor Erendira del Carmen Segura Beltrán. En mérito de lo anterior, requiérase al Ministerio Público de la Unidad de Investigación 1 Sector Renacimiento del Distrito Judicial de Tabares, para que en el término de tres días a que se refiere el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, por disposición expresa de su artículo 2°, siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada completa del acuerdo mediante el cual dejó sin efectos la orden de localización y/o presentación y/o detención emitida en contra del quejoso José Manuel Segura García, así como de su comparecencia voluntaria. Con el apercibimiento que de ser omisa, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia programada para el día de hoy, según se advierte de la certificación de cuenta se difiere para las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL QUINCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese.

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